En los últimos tiempos se viene afirmando que la prueba indiciaria se ha convertido en la reina de las pruebas en el proceso penal. Su importancia y trascendencia actual es evidente. Uno de los ejemplos nos lo suministra su utilización para la acreditación de los elementos típicos btanto subjetivos como objetivosb integrantes del delito de blanqueo de capitales [arts. 301 (LA LEY 3996/1995) y ss. Código Penal 1995 (en adelante CP)] como lo demuestra el examen y análisis de la doctrina jurisprudencial y constitucional. Así, la STS, Sala 2.ª, de 11 de noviembre de 2010, (LA LEY 199027/2010) dictada en los Autos de Recurso de Casación núm. 638/2010, nos recuerda que «el delito de blanqueo de dinero procedente de tráfico de drogas es de aquellos que la prueba directa será prácticamente imposible de obtener dada la capacidad de camuflaje y hermetismo con que actúan las redes clandestinas de elaboración y distribución de drogas, así como del lavado del dinero proveniente de tal actividad, por lo que recurrir a la prueba indirecta será inevitable». En dicha sentencia se destaca, en línea con anteriores pronunciamientos jurisprudenciales (vid., por ejemplo, SSTS, Sala 2.ª, de 14 de septiembre de 2005 y de 1 de marzo de 2005), que ya el art. 3, apartado 3.º, de la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 20 de diciembre de 1988 bBOE de 10 de noviembre de 1990b previene de la legalidad de la prueba indiciaria para obtener el juicio de certeza sobre el conocimiento, intención o finalidad requeridos como elementos de los delitos que se describen en el párrafo 1.º de dicho artículo, entre los que está el de blanqueo de dinero [art. 3, apartado primero, epígrafe b)].

La prueba indiciaria o por indicios deviene, por tanto, la prueba más habitual en la práctica para acreditar los elementos integrantes del delito de blanqueo de capitales tipificado en el art. 301 del Código Penal (LA LEY 3996/1995). En todo caso, como destaca la STS, Sala 2.ª, de 1 de junio de 2009 (LA LEY 119126/2009), dictada en los Autos de Recurso de Casación núm. 1703/2008, la dificultad probatoria generalmente concurrente en este tipo de delitos, no dulcifica las exigencias probatorias que se requieren para cualquier otro comportamiento delictivo. La STS, Sala 2.ª, de 16 de diciembre de 2008, dictada en los Autos de Recurso de Casación núm. 254/2008, afirma que para cumplir las exigencias típicas en este tipo de delito es necesario, en primer lugar, acreditar que el dinero tenía un origen delictivo y, en segundo lugar, que el acusado lo conocía o lo debía conocer, dadas las circunstancias. En dicha sentencia se alude, como datos relevantes para estimar acreditado el origen ilícito, a la existencia de movimientos rápidos de cantidades importantes de dinero, de origen no demostrado y realizados con finalidad asimismo no demostrada, en cuanto no aparecen las operaciones comerciales que los explican, y la ausencia casi total de documentación adecuada de las operaciones. En relación con el origen delictivo del dinero, la sentencia menciona como indicios relevantes el que se trataba de operaciones inusuales y carentes de justificación documentada y la carencia de ingresos de quienes las encargaban; la condición del acusado como experto en operaciones de cambio de moneda en divisas; y el elevadísimo importe de las salidas dinerarias sin contravalor real, legal, declarado, conocido ni acreditado.

La citada STS de 11 de noviembre de 2010 relaciona y enumera los indicios que considerada más determinantes bpor su habitualidadb para estimar acreditado el delito de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas:

·        1.º. En primer lugar, el incremento inusual del patrimonio o el manejo de cantidades de dinero que por su relevancia cuántica, dinámica de las transmisiones y tratarse de efectivo pongan de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias.

·        2.º. En segundo lugar, la inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias.

·        3.º. En tercer lugar, la constatación de algún vínculo o conexión con actividades de tráfico de estupefacientes o con personas o grupos relacionados con las mismas (vid., también, SSTS, Sala 2.ª, de 1 de junio de 2011, dictada en los Autos de Recurso de Casación núm. 1251/2011; de 10 de marzo de 2011, dictada en los Autos de Recurso de Casación núm. 2004/2010; de 16 de diciembre de 2010, dictada en los Autos de Recurso de Casación núm. 1543/2010; 24 de noviembre de 2010, dictada en los Autos de Recurso de Casación núm. 1056/2010).

En la misma línea, la STS, Sala 2.ª, de 25 de abril de 2007 (LA LEY 23162/2007), dictada en los Autos de Recurso de Casación núm. 2334/2005, enumera como indicios, para demostrar que las cantidades de dinero objeto de la conducta proceden de un delito y concretamente de un delito de tráfico de drogas, los siguientes: la cantidad de dinero afectada; los cauces poco usuales en operaciones lícitas por los que se le hace circular; el recurso a dinero en metálico; la intervención de personas distintas del auténtico titular; la ocultación de la procedencia; la ocultación del verdadero titular; la sucesión de operaciones o movimientos no racionalmente justificados; la inexistencia de negocios lícitos que acrediten el origen; y la relación de quien aporta el dinero o de otras personas implicadas con el tráfico de drogas por alguna vía.

Por su parte, la STS, Sala 2.ª, de 22 de julio de 2011 (LA LEY 120082/2011), dictada en los Autos de Recurso de Casación núm. 2199/2010, menciona como indicios más habituales en esta clase de infracciones:

·        b la importancia de la cantidad del dinero blanqueado;

·        b la vinculación de los autores con actividades ilícitas o grupos o personas relacionados con ellas;

·        b lo inusual o desproporcionado del incremento patrimonial del sujeto;

·        b la naturaleza y características de las operaciones económicas llevadas a cabo, por ejemplo, con el uso de abundante dinero en metálico;

·        b la inexistencia de justificación lícita de los ingresos que permiten la realización de esas operaciones;

·        b la debilidad de las explicaciones acerca del origen lícito de esos capitales, o

·        b la existencia de sociedades «pantalla» o entramados financieros que no se apoyen en actividades económicas acreditadamente lícitas.

La STS, Sala 2.ª, de 8 de abril de 2008 (LA LEY 31968/2008), dictada en los Autos de Recurso de Casación núm. 1696/2007, concede especial relevancia a la existencia de operaciones inusuales en la práctica bancaria y/o financiera, pues la circulación del dinero que se blanquea transcurre en varias fases, de las cuales, las primeras suelen caracterizarse por su naturaleza o aspecto extravagante, aunque posteriormente, el dinero se mueva dentro de los cauces más habituales.

La mencionada STS de 16 de diciembre de 2008 cita como indicio relevante el incumplimiento por el sujeto de sus obligaciones legales, en relación con actividades de cambio de moneda en divisas, de comunicar a los organismos públicos competentes, por iniciativa propia, cualquier hecho u operación respecto al que exista indicio o certeza de que está relacionado con el blanqueo de capitales. Dicha sentencia llega a afirmar que «Es claro que en relación con las operaciones de cambio de monedas en divisas, carente según la sentencia, de justificación alguna en operaciones comerciales verificables o al menos con apariencia de realidad, el silencio del recurrente es demostrativo de que conocía que cantidades de dinero tan elevadas, a cuyo movimiento contribuía con sus conocimientos específicos y su actividad, necesariamente procedería de operaciones delictivas, dada su falta de soporte en operaciones reales cuya existencia nunca ha podido ser explicada».

El Tribunal Constitucional ha avalado, también, la utilización de la prueba indiciaria para la acreditación de este tipo de delitos. A título de ejemplo, la STC 148/2009 (LA LEY 104366/2009) denegó el amparo solicitado por la recurrente quien había sido condenada por un delito de blanqueo de capitales procedentes de un previo delito de robo cometido en la cámara acorazada de una sucursal bancaria. Según la sentencia el otro recurrente en amparo que había sido condenado por su participación en el delito de robo entregó su parte a la recurrente, quien compró diversos locales abonados en metálico y depositó cantidades de dinero en diversas cuentas corrientes, siendo intervenidas joyas procedentes del botín en el domicilio que compartían ambos recurrentes. Los indicios que fundamentaron la condena por el delito de blanqueo de capitales fueron los siguientes: a) la existencia de una relación sentimental entre ambos recurrentes que, a pesar de ser negada por éstos, se consideraba probada a partir tanto de las propias declaraciones de ambos en que se reconocía que vivían en la misma casa, como del resultado de la diligencia de entrada y registro que se realizó en dicho domicilio; b) las diversas compras de inmuebles que llevó a cabo la recurrente con pagos en metálico; c) los aumentos de saldos en sus cuentas corrientes con posterioridad al robo, y d) el hallazgo en el domicilio que compartían ambos recurrentes de las libretas de las cuentas y de joyas sustraídas en las cajas de seguridad del banco. Aumento del patrimonio que había sido especialmente evidente tras el robo y que no quedaba justificado por la actividad que la recurrente afirmó venía desarrollando para ganarse la vida. Para el Tribunal Constitucional este cuadro indiciario era suficiente para estimar destruida la presunción de inocencia y la inferencia llevada a cabo por los Tribunales ordinarios superaba el test de conclusividad exigido por la doctrina constitucional (vid. STC 220/1998 (LA LEY 10641/1998)).

Cuando la acusación se formula por el subtipo agravado previsto en el párrafo segundo del art. 301.1 CP (LA LEY 3996/1995), esto es, cuando los bienes tengan su origen en alguno de los delitos relacionados con el tráfico de drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, la doctrina jurisprudencial viene afirmando que el origen de los bienes no tiene por qué tratarse de una concreta operación constitutiva de un delito de tráfico de drogas, pues de ser así, ya se produciría una condena concreta por ellos, lo que no exige el precepto legal. La citada STS, Sala 2.ª, de 25 de abril de 2007, recordando lo afirmado en anteriores pronunciamientos jurisprudenciales, destaca que ni en la definición del delito de blanqueo ni en la definición de la forma genérica de receptación se exige la previa condena por el delito del que proceden los bienes que se aprovechan u ocultan (vid., también, las citadas SSTS de 22 de julio de 2011 y de 24 de noviembre de 2010). La ausencia de semejante requisito en el tipo cuestionado es, por lo demás, rigurosamente lógica desde una perspectiva de política criminal puesto que, tratándose de combatir eficazmente un tráfico de drogas en todos los tramos del circuito económico generado por dicha delincuencia, carecería de sentido esperar, en la persecución penal de estas conductas, a que se declarase la responsabilidad de quien en el tráfico hubiera participado. Según dicha sentencia es suficiente la demostración de una vinculación objetiva del autor o de sus actuaciones con el tráfico de drogas que, en unión con los demás datos disponibles, permita deducir la procedencia del dinero.

En relación con esta exigencia de conexión, la doctrina jurisprudencial viene reclamando que la misma resulte plenamente acreditada mediante la prueba practicada bgeneralmente indiciariab, sin que pueda consistir en cualquier conexión, más o menos evanescente, con el delito antecedente y sin que, además, dicho origen ilícito pueda presumirse. La ya mencionada STS de 1 de de junio de 2009 descartó que para acreditar dicha conexión fuera suficiente con la aportación de un escrito de acusación formalizado por el Ministerio Público (en el caso analizado, del Ministerio Fiscal portugués, que había sido incorporado a las actuaciones por Comisión Rogatoria), sin mayores datos.

Sobre el riesgo de una eventual inversión de la carga de la prueba en este tipo de delitos, como criterio de facilitación probatoria, la referida sentencia del TS de 11 de noviembre de 2010 afirma que «El dato a tener en cuenta es que existió prueba de cargo indiciaria y sugerente de la existencia de dinero sin otra justificación que el tráfico de drogas y sin invertir la carga de la prueba al acusado se le requiere para que justifique aspectos que de ser lícitos y legales, serían fácilmente demostrables o por lo menos aportar circunstancias y datos justificativos de otra realidad que la que la acusación le atribuye. En tal tesitura el tribunal de instancia, partiendo de la exigencia de prueba de cargo indiciaria, puede valorar, como un indicio más, la ausencia de justificación de algo fácilmente justificable».

Acerca de dicha cuestión la STS, Sala 2.ª, de 26 de octubre de 2009 (LA LEY 223173/2009), dictada en los Autos de Recurso de Casación núm. 371/2009, afirma que para resolver la dificultad probatoria en este tipo de delitos no es admisible la solución apuntada por un sector doctrinal minoritario consistente en la inversión de la carga de la prueba, esto es, que incumba al imputado acreditar el origen regular de los bienes. Planteamiento que rechaza por ser contrario al principio constitucional de la presunción de inocencia, conforme al cual corresponde a quien sostenga la acusación cuidar de que queden demostrados los hechos punibles y la participación que en ellos hubiera tenido el inculpado. En el caso analizado la sentencia estimó acreditados unos incrementos patrimoniales no justificados pero tal dato, por sí solo, en atención a las circunstancias concurrentes, no era suficiente para concluir bmás allá de toda duda razonableb que los mismos procedían de algún delito contra la salud pública tal como exige el subtipo agravado (art. 301.1, párrafo segundo CP (LA LEY 3996/1995)). La sentencia absolvió a las recurrentes, hijas y yerno de la condenada por un delito de tráfico de drogas, al no resultar suficientemente acreditado que tuvieran conocimiento de que el dinero con el que se adquirieron las propiedades procedía del narcotráfico.

La doctrina jurisprudencial viene otorgando, en este tipo de delitos, la condición de indicio a las explicaciones inverosímiles y/o carentes de lógica de los acusados, o a la debilidad de dichas explicaciones o a la ausencia de toda explicación alternativa razonable o convincente sobre el origen y/o procedencia de los bienes. A tal efecto, la citada STS, Sala 2.ª, de 1 de marzo de 2005 declara que «En estos casos se trata únicamente de constatar que existiendo prueba directa de los elementos objetivos del delito y de la participación en el hecho del acusado, no se le contrapone una explicación racional y únicamente verosímil sino que por el contrario las manifestaciones del acusado, por su total ausencia de explicación alternativa plausible, refuerzan la convicción racionalmente deducida de la prueba practicada». Por su parte, la STS, Sala 2.ª, de 19 de enero de 2005 (LA LEY 790/2005), dictada en los Autos de Recurso de Casación núm. 1489/2003, menciona como indicio a la ausencia de toda explicación por parte del recurrente sobre tales adquisiciones y el destino que pensaba darles, y añade que no se trata de que tenga que probar su inocencia, lo que supondría una inadmisible manifestación de inversión de carga de la prueba, «más limitadamente lo que está diciendo, que ante la existencia de prueba de cargo vía indicios, le era exigible ofrecer una explicación exculpatoria que eliminase o disminuyera la naturaleza incriminatoria de aquellos indicios, y en esta dialéctica, el silencio manifestado o las explicaciones inverosímiles confirman y refuerzan la potencia incriminatoria de aquellos indicios. En definitiva, la falta de explicación plausible equivale a que no hay explicación posible...».

La atribución jurisprudencial de la condición de indicio a la ausencia por parte del acusado de explicación alternativa sobre el origen del dinero, o a la debilidad o inverosimilitud de la misma, exige de una breve reflexión a la luz de la conocida como doctrina Murray fijada en la STEDH caso Murray contra Reino Unido, de 8 de febrero de 1996. Dicha sentencia establece algunas condiciones para la eventual utilización probatoria del silencio del acusado. Por un lado, la previa advertencia por el Tribunal al acusado de las eventuales consecuencias que pueden derivarse de su silencio, total o parcial. Por otro lado, que la acusación formulada cuente con un sólido respaldo probatorio que permita concluir que la convicción de culpabilidad del acusado no descansa de manera principal o prevalente en el silencio del acusado o en su negativa a contestar a determinadas preguntas. En esta misma línea la STC 300/2005 (LA LEY 10538/2006) afirma que «la futilidad del relato alternativo del acusado, si bien es cierto que no puede sustituir la ausencia de prueba de cargo, so pena de asumir el riesgo de invertir la carga de la prueba, sí puede servir como elemento de corroboración de los indicios a partir de los cuales se infiere la culpabilidad».

Una adecuada interpretación de dicha doctrina, respetuosa con el derecho a guardar silencio y el derecho a no confesarse culpable (art. 24.2 CE (LA LEY 2500/1978)), debería llevarnos a negar todo valor probatorio al silencio del acusado y/o a la inverosimilitud de su relato o coartada y, por tanto, a descartar la tesis jurisprudencial que le atribuye la condición probatoria de indicio. Su valor, como destaca un sector de nuestra doctrina, es meramente argumentativo (o argumental) en la medida en que se limita a reforzar la racionalidad de la inferencia de participación criminal del acusado obtenida a partir de los indicios aportados por la acusación. Indicios que, por tanto, deben reunir, por sí mismos, la condición de sólidos y suficientes. Inferencia de participación que ante la ausencia de una hipótesis fáctica alternativa creíble y/o verosímil, aportada y acreditada por el acusado, adquiere un mayor grado de conclusividad e, indirectamente, robustece la hipótesis fáctica incriminatoria de la acusación.

La debilidad y/o inverosimilitud de la explicación del acusado sobre el origen del dinero o de los bienes no puede ser utilizada como un criterio de facilitación probatoria para la acusación ni como un mecanismo de reducción del estándar de prueba exigido en el proceso penal. La acreditación de los elementos integrantes del delito de blanqueo de capitales exige de la concurrencia de indicios sólidos y concluyentes que permitan inferir bmás allá de toda duda razonableb la participación del acusado en los hechos. La ausencia de una explicación alternativa razonable se limita, por tanto, a robustecer la racionalidad y conclusividad de la inferencia de participación alcanzada por el Tribunal sobre la base de un cuadro indiciario lo suficientemente rico y sólido y, a su vez, plenamente acreditado.


Blanqueo de capitales, presunción de inocencia y prueba indiciaria

Manuel MIRANDA ESTRAMPES

Fiscal ante el Tribunal Constitucional

Diario La Ley, Nº 7736, Sección Tribuna, 15 Nov. 2011, Año XXII, Ref. D-432, Editorial LA LEY

Publicado: 28 de Noviembre de 2014