El delito de estafa (art. 248.1 CP) se comete cuando mediante una conducta engañosa -afirmación de hechos falsos o desfiguración de los verdaderos- un sujeto (sujeto activo) induce a error a otro (sujeto pasivo), de tal forma que éste realice una disposición patrimonial -entrega de una cosa o prestación de un servicio- que redunda en beneficio de aquél y en su propio perjuicio o en el de un tercero.

El delito se consuma cuando se lleva a cabo la disposición patrimonial por el sujeto pasivo. A efectos de determinar la competencia territorial, que generalmente viene atribuida al lugar de comisión del delito, que no es otro que el de su consumación, los tribunales, sin embargo, tras el Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2005, suelen aplicar la denominada “teoría de la ubicuidad”, que considera competente a cualquiera de los Tribunales de los lugares en los que ha tenido lugar alguno de los elementos típicos, ya sea el que realiza el sujeto activo (engaño), ya sea el que lleva a cabo el sujeto pasivo (desplazamiento patrimonial), correspondiendo el conocimiento del asunto a aquél que haya iniciado la investigación con anterioridad.

La distinción entre el delito y la falta (art. 623.4 CP) depende de si la cuantía de lo defraudado excede de 400 euros.

Entre el engaño y el error debe existir una relación, de forma que aquél pueda ser considerado “bastante” para provocar el error en el sujeto pasivo que motiva el desplazamiento patrimonial. La suficiencia del engaño se valora atendiendo a criterios objetivos y subjetivos: se considera bastante cuando el sujeto pasivo no debiera haber evitado el error mediante una conducta diligente, exigible socialmente en el marco del hecho concreto ejecutado. Así, la jurisprudencia más reciente, en aplicación del principio de autoprotección de la víctima, suele excluir la estafa en aquellos supuestos en los que el sujeto pasivo, especialmente si se trata de empresas, no lleva a cabo las verificaciones precisas para determinar la solvencia de la contraparte o no comprueba datos que constan en registros públicos.

El concepto de engaño es decisivo para delimitar la estafa de ilícitos civiles (“contratos civiles criminalizados”), que se distinguen del delito, porque en éste existe desde el inicio una intención de incumplir el contrato (“dolo antecedente”).

Por lo que se refiere al perjuicio económico, no es posible incluir en este concepto las meras expectativas de lucro que no se encuentran reconocidas jurídicamente.

El delito exige dolo y ánimo de lucro, como elemento subjetivo adicional, sin que pueda, por tanto, ser cometido de forma imprudente.
  
Circunstancias agravantes (art. 250 CP): prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses: antes de la reforma operada por LO 5/2010, de 22 de junio: i) cosas de primera necesidad, viviendas u otro bien de reconocida utilidad social; ii) simulación de pleito o fraude procesal; iii) uso de cheque, pagaré, letra de cambio en blanco o negocio cambiario ficticio; iv) abuso de firma de otro o alteración documental; v) bien del patrimonio artístico, histórico, cultural o científico; vi) especial gravedad por la cuantía y situación en la que se deja a la víctima o su familia; vii) abuso de relaciones personales o credibilidad empresarial. Si concurren la circunstancia i) con la vi) o la vii): prisión de 4 a 8 años y multa de 12 a 24 meses. La falsificación de un cheque y su utilización posterior para cometer una estafa se solía sancionar como concurso de delitos entre la estafa agravada y la falsedad en documento mercantil (art. 392 CP). Tras la reforma llevada a cabo mediante LO 5/2010, de 22 de junio, las circunstancias agravantes específicas del delito de estafa se han modificado en dos sentidos: por una parte, ha desaparecido la referente al uso de cheque, pagaré, letra de cambio en blanco o negocio cambiario ficticio, y por otra, se introduce una agravante nueva cuando el valor de la defraudación supere los 50.000 euros. La pena también se eleva cuando concurra esta nueva circunstancia o las anteriores vi) o vii) con la i).

Estafas específicas: i) estafa informática (art. 248.2 a) y b) CP); ii) estafa mediante tarjetas de crédito, débito o cheques de viaje (art. 248.2 c) CP); iii) estafa inmobiliaria (art. 251.1º y 2º CP); iv) otorgamiento de contrato simulado (art. 251.3º CP).

La LO 5/2010, de 22 de junio, a fin de luchar contra los fraudes informáticos, ha introducido una modificación en el art. 248.2 CP, en el que además de considerar supuestos de estafa la utilización de manipulaciones informáticas o artificios semejantes para conseguir la transferencia no autorizada de activos, y la fabricación, introducción, posesión o facilitación de programas informáticos específicamente destinados a la comisión de estafas, se incorpora en su apartado c) la utilización de tarjetas de crédito o débito o de cheques de viaje o sus datos en operaciones que perjudiquen al titular o a un tercero.    

Además, se reconoce tras la reforma de 2010 la posible responsabilidad penal de la persona jurídica en los delitos de estafa. A tal efecto, la LO 5/2010 añade un art. 251 bis que contempla las penas que pudieran ser de aplicación a la persona jurídica: multa del triple al quíntuple de la cantidad defraudada, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años, o multa del doble al cuádruple de la cantidad defraudada en los demás casos. Se prevé la posibilidad de aplicar alguna otra de las penas previstas en el art. 33.7 CP, siempre que se cumplan los requisitos del art. 66 bis CP.




Publicado: 3 de Marzo de 2016