De antiguo se ha venido considerando a los delitos cometidos en el orden socioeconómico como delitos de cuello blanco, en el sentido de describir unos tipos delictivos caracterizados por abarcar connotaciones propias en el sujeto activo que les diferencian claramente de las circunstancias concurrentes en otros tipos delictivos. En realidad, estos delitos están englobados dentro del Título XIII CP (arts. 234 a 304 CP) bajo la denominación de delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

ÁNGEL CALDERÓN y JOSÉ ANTONIO CHOCLÁN señalan que la doctrina entiende que el orden socioeconómico viene referido a la regulación jurídica de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios (Bajo Fernández), o bien la regulación jurídica del intervensionismo estatal en la economía (Tiedemann), con lo que serían delitos de esta clase los que afectan al orden económico, en que cuanto interés social o colectivo consistente en el intervencionismo del poder público en la organización y desenvolvimiento de la economía de un país.

El Título está integrado por quince capítulos, tras la reforma del Código Penal de 2015 el décimo de los cuales (que comprende disposiciones comunes a los capítulos anteriores) parece dividir el Título en dos secciones diferenciadas:

  • 1) Los primeros diez capítulos ("De los hurtos", "De los robos", "De la extorsión", "Del robo y hurto de uso de vehículos", "De la usurpación", ''De las defraudaciones", (incluyendo la sección de la administración desleal y la de la apropiación indebida de forma independiente) “De la frustración de la ejecución (nueva redacción al capítulo VII para definir mejor el alzamiento de bienes, a lo que se añade el nuevo Capítulo VII bis (antes Capítulo VII) "De las insolvencias punibles que comprende los arts. 259 a 261 bis ", "De la alteración de precios en concursos y subastas públicas" y "De los daños")
  • 2) Los últimos cuatro capítulos ("De los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores", "De la sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural", "De los delitos societarios" y "De la receptación y otras conductas afines").

Esta peculiar ubicación del Capítulo X  y, en particular, la inserción en su seno del art. 268 CP  -que establece una exención de responsabilidad criminal por algunos delitos patrimoniales cometidos entre sí por ciertos parientes- se ha utilizado en la doctrina como argumento para afirmar que los primeros nueve capítulos incriminan delitos patrimoniales (esto es, delitos que lesionan o ponen en peligro el patrimonio) y los últimos cuatro Capítulos delitos socioeconómicos (en los que el bien jurídico tutelado sería el orden socioeconómico), de forma que los delitos recogidos en los Capítulos XI a XIVTítulo XIII CP , afectarían no sólo a intereses patrimoniales individuales, sino también a intereses supraindividuales ligados a la actividad económica.

Es cierto, como señala esta tesis, que las infracciones castigadas en los primeros capítulos del Título XIII  se corresponden fundamentalmente con los delitos patrimoniales "tradicionales" en los que la tutela se dirige de forma directa a intereses individuales; no obstante, cabe discutir que esta perspectiva netamente individual sea la dominante en el CapítuloVII bis ("De las insolvencias punibles") y VIII ("De la alteración de precios en concursos y subastas públicas"). Mayor reserva suscita la identificación de los delitos socioeconómicos con las infracciones castigadas en los Capítulos XI a XIVTítulo XIII CP , pues, por una parte, prevalece en algunas de éstas la protección de intereses patrimoniales de sujetos particulares (es el caso, entre otros, de los delitos relativos a la propiedad intelectual) y existen, por otra parte, infracciones sancionadas fuera del TítuloXIIIque cabría integrar cómodamente dentro de los delitos contra el orden socioeconómico (como los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o los delitos contra los derechos de los trabajadores, recogidos, respectivamente, en los Títulos XIV y XV, Libro II CP).

Con carácter general, y sin obviar las transformaciones que experimentan la mayor parte de las infracciones incluidas en el Título, cabe destacar principalmente la novedosa incriminación de los delitos relativos al mercado y a los consumidores en la Sección 3ª Capítulo XI  y de los delitos societarios en el Capítulo XIII .

Ahora bien,la necesidad de regular de forma clara y precisa los delitos que son objeto de la presente obra ha llevado al Parlamento a modificar recientemente el CP de nuevo con una ambiciosa reforma aprobada por el Parlamento en Junio de 2010, por la que se han introducido importantes reformas, sobre todo en los delitos socioeconómicos. Así, el propio Ministro de Justicia señalaba en el debate del Pleno del Senado de junio de 2010 a la reforma del CP que "cada vez somos más conscientes del grave daño social causado por los delitos económicos y por esa gran lacra que es la corrupción. El proyecto camina decididamente por la vía de la prevención de tales conductas. Y lo hace mediante la mejora técnica de delitos ya existentes para facilitar su aplicación, mediante una labor de mejora técnica que ha seguido muy de cerca las propuestas del grupo de Estados contra la corrupción y la doctrina penal española; y lo hace elevando las penas de algunos delitos especialmente relevantes, como el fraude a las haciendas públicas, los delitos urbanísticos, el cohecho o el tráfico de influencias. Y lo hace, finalmente, con la tipificación de nuevos supuestos como el que antes señalaba de la corrupción entre particulares, el acoso inmobiliario, el fraude de inversores, los delitos a través de Internet y, de modo muy especial, mediante la introducción por primera vez en nuestra historia jurídica y en nuestro sistema penal de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas".

A esta reforma se ha añadido otra en 2015 que define mejor estos delitos socioeconómicos al objeto de evitar que determinadas conductas queden impunes mejorando la redacción de las insolvencias punibles para abarcar todas las acciones que se lleven en estas fases y evitar que en las medidas de ocultamiento de bienes de los deudores se frustre el buen fin de la ejecución infringiendo lo dispuesto en el art. 589 LEC en la obligación de toda persona sobre la que recaiga un proceso de ejecución civil dentro de un proceso penal eluda la puesta en conocimiento del órgano judicial su relación de bienes con los que puede cobrar el perjudicado por el delito. Para ello se crea el nuevo capítulo de la “frustración de la ejecución” (arts. 257 a258 ter ).

Publicado: 8 de Enero de 2018