Desde un punto de vista estrictamente conceptual no resulta de gran dificultad establecer una distinción entre la sociedad civil y la comunidad de bienes, dado que la sociedad civil implica una relación jurídica de carácter obligatorio derivado de una relación contractual, y la comunidad de bienes no es sino una relación de hecho, una situación fáctica conforme a la que dos o más personas comparten la titularidad de un mismo bien o derecho.

Consecuentemente, la distinción en esta fase no se plantea de carácter estrictamente conceptual o genérico, sino que viene determinada con referencia a la posibilidad de que dos o más personas tengan intención de constituir una comunidad de bienes (una copropiedad) sobre un negocio o una empresa, y que los comuneros (copropietarios) puedan a través de dicha situación de hecho ejercitar la actividad empresarial.

Ciertamente, tanto la doctrina como la jurisprudencia han admitido la posibilidad de que un determinado negocio pueda ser detentado por una serie de comuneros o copropietarios, fundamentalmente, porque su método de adquisición no ha sido originario, sino que se haya producido como consecuencia de cualquier otro negocio jurídico (adjudicación de una herencia, por ejemplo). Si el negocio estuviera explotado indirectamente, es decir, si fueran terceras personas las que asumieran la responsabilidad de llevarlo a cabo, no habría ningún problema. El problema, y en lo que la jurisprudencia y doctrina no acaban de adoptar una posición común y uniforme, radica en el supuesto de que los copropietarios quieran adquirir la condición de empresarios.

En tal caso, nos resulta difícil admitir la posibilidad de que la sociedad se explote conforme a las normas de la comunidad de bienes, que están pensadas para el uso o disfrute de un bien en mano común, que no puede alterarse sin el consentimiento de todos ellos, cuando buena parte de los elementos que conforman el devenir de una sociedad son elementos variables.

Publicado: 8 de Enero de 2018