El pleno del Consell d’Eivissa aprobó el 30 de noviembre 2016 de manera inicial la normativa cautelar que limita la construcción de viviendas en suelo rústico con el voto en contra de los consellers del Partido Popular, que criticaron la falta de consenso y diálogo con los sectores afectados por el cambio en el Plan Territorial Insular (PTI).

El portavoz del PP, Mariano Juan, apuntó que con la nueva norma «ustedes están haciendo una expropiación del valor de las fincas, lo que me recuerda al señor Chávez cuando iba por la calle e iba diciendo: ¡Exprópiese, exprópiese!».

Juan se refería con estas declaraciones a los cambios en las segregaciones en suelo rústico, que ahora serán inedificables excepto cuando provengan de donaciones de padres a hijos o por herencia. «Los propietarios de terrenos los venden cuando tienen alguna necesidad y ahora ustedes lo imposibilitan. Si cualquier ibicenco que tiene dinero y quiere hacerse una casa en Ibiza y no tiene un terreno no se lo podrán vender. Y si hereda una finca, no tiene dinero y tiene la cláusula de que no puede venderla durante 15 años no sé qué banco le dejará el dinero si no puede ejecutar la hipoteca», explicó Mariano Juan.

El portavoz ‘popular’ señaló que «todos queremos proteger el territorio pero no se puede confundir el proteger con prohibirlo todo. Obligan a que se abandonen los terrenos y tendrían que poner unas partidas para subvencionar a los propietarios de fincas rústicas para que las puedan arreglar y mantener», y añadió que en su formación creen que «es compatible el medio ambiente y la construcción moderada», así como que se impongan unas obligaciones para el mantenimiento de las fincas.

Por su parte, la consellera de Territori, Pepa Marí, defendió que las construcciones en suelo rústico «son cada vez más impactantes» y que de continuar con esta tendencia «acabaremos hipotecando a las futuras generaciones». «Desde la responsabilidad debemos situarnos en la idea esencial de no malgastar el territorio de Ibiza», explicó Marí, quien reconoció que «el camino no será fácil» porque los intereses «son muchos y muy fuertes».

La portavoz de Podem–Guanyem, Viviana de Sans, aseguró que se le ponía la «piel de gallina» cada vez que la Ciotupha «tenía que aprobar mansiones de 800 m2, que evidentemente no eran para una familia».

Según De Sans, aunque los terrenos «tienen propietarios, el paisaje es un bien común» que se debe proteger, por lo que aprobar la norma cautelar era «muy importante». «Había que parar este despropósito de ver grandes mansiones en zonas protegidas, que lo único que hacen es romper el paisaje», añadió De Sans.

La portavoz del grupo del PSOE, la vicepresidenta Marta Díaz, ha recordado en los últimos cinco años el 49% de las casas que se construyeron en suelo rústico fueron de más de 400 m2. «Es evidente que en suelo rústico se está especulando y que se construye para hacer negocio y no para vivir», indicó la vicepresidenta socialista.

Además de las restricciones en las segregaciones, la normativa cautelar aprobada ayer también establece un volumen máximo de 900 m3 del conjunto de las edificaciones en una finca en suelo rústico, y la prohibición de viviendas en terrenos Red Natura 2000, en zonas con riesgo de incendio o zonas forestales. Las piscinas tampoco podrán superar los 60 m3 de volumen.

La normativa cautelar entrará en vigor el día después de su publicación en el BOIB y regirá durante un plazo máximo de tres años o hasta la modificación del PTI.

Publicado: 11 de Enero de 2017