La versión definitiva de la norma territorial cautelar (la moratoria urbanística de Ibiza que afecta sólo al suelo rústico) ha entrado en vigor tras su publicación en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). Estará vigente durante un plazo máximo de tres años o hasta que se apruebe la revisión del Plan Territorial Insular (PTI). 

El equipo de gobierno ha cedido a la presión del sector agrario y en atención de las principales alegaciones presentadas por las tres cooperativas de la isla ha introducido «pequeños cambios», según la consellera de Territorio y Movilidad, Pepa Marí. 

Los técnicos del Consell han respondido a más de 2.400 alegaciones en contra de la moratoria, entre ellas las del Colegio de Arquitectos de Balears, que sostiene que la norma se puede considerar «nula o ilegal» al suponer, según su criterio, una modificación del PTI sin haber iniciado formalmente su revisión. 

El equipo de gobierno, que descarta este argumento, ha decidido, al amparo de los informes técnicos, aceptar sólo las propuestas que fundamentalmente podían afectar a la actividad agraria. Así, entre otras cosas, permite ahora que los anexos cuyo uso no sea el de vivienda no sumen al contabilizar la superficie máxima de protección. 

Además de impedir la edificación en zonas protegidas y forestales, la moratoria reduce los parámetros edificatorios para evitar, según justifica la izquierda, la construcción de mansiones y que se especule en suelo rústico.

Publicado: 1 de Mayo de 2017