I. INTRODUCCIÓN
Como nos recuerda CUADRADO PEREZ, con el acuerdo de voluntades alcanzado por las partes (“duorum vel plurium in idem placitum consensus”), concluye el proceso de formación del contrato, durante el cual se ha debatido sobre el contenido del mismo y se han buscado puntos de encuentro entre los respectivos intereses de las partes.
Cuando el objeto del contrato es complejo, o es compleja la situación de una de las partes contratantes,  en la formación de aquel están comprendidos actos o series de actos que preceden o pueden preceder a la perfección del mismo, y que tienen esta finalidad última.
La doctrina tradicional suele distinguir tres fases o momentos principales en la vida de un contrato, que son la generación, la perfección y la consumación. La primera comprende los preliminares o proceso interno de formación del contrato (se trata de un período preparatorio que da como resultado una serie de actos, de los cuales surge el consentimiento contractual); la fase de perfección, viene determinada por el cruce o encuentro de voluntades de las partes y constituye el nacimiento del contrato a la vida jurídica; y, por último, está la fase de consumación que comprende el período de cumplimiento del fin para el cual el contrato ha sido celebrado o, lo que es lo mismo, la realización o efectividad de las prestaciones derivadas del contrato.
Ahora bien, esta delimitación aparente, en la práctica queda reducida a dos fases o etapas, que son la anterior a la celebración del contrato y la fase posterior, que es la de ejecución, quedando en la formación del contrato incluidas los actos o la serie de actos que preceden o pueden preceder a la perfección del mismo. La formación del contrato puede ser instantánea, lo que ocurre cuando su preparación es obra de un solo acto de los otorgantes, o puede serlo sucesiva, lo que ocurre cuando la determinación de los elementos que lo integran por su especialidad técnica o su importancia económica exige discusiones de sus elementos y condiciones a fin de poder precisar su contenido. Normalmente, en estos supuestos de formación sucesiva, pueden existir diversas etapas mediante las cuales se van perfilando los elementos sobre los que se ha de prestar el consentimiento.
Los llamados tratos preliminares, pues, ocupan una importante posición en el “iter contractual”, siendo un elemento tendente a su formación. En la “praxis” habitual, no hay contrato en el que las partes, antes de su conclusión, “hablen”, “discutan”, “ajusten”. Sin embargo, como señala LASARTE, pese al conocimiento histórico y la constatación sociológica de su existencia, nuestro Código Civil, al igual que ocurre en la mayoría de sistemas jurídicos, no dedica norma alguna a los tratos preliminares.
Queremos dedicar estas líneas a analizar los llamados tratos preliminares; su significado y alcance, su desarrollo, la forma en que se deben comportar las partes mientras negocian y, especialmente, las consecuencias de dicha actuación. Para ello y como primer paso, consideramos oportuno fijar una definición de “tratos preliminares”.

II. Concepto de tratos preliminares
1. La Doctrina

A) Doctrina civilista.
Varias son las definiciones que ofrece la Doctrina que, desde el punto de vista del derecho civil, se ha ocupado de los tratos preliminares. El profesor LASARTE manifiesta que, en determinados casos, “el paradigma formativo de oferta y aceptación suele verse precedido en la práctica de una serie de conversaciones, trueque de información, adelanto de condiciones contractuales no cerradas..., que se conocen como tratos preliminares.”
VALPUESTA FERNÁNDEZ los define como “aquellos contactos que se producen entre las partes preparatorios de la celebración de un futuro contrato, que tienen un contenido muy variado, pues pueden consistir en simples conversaciones, remisiones de escritos, en estudios técnicos.....”. También PUIG BRUTAU habla de ellos como aquella laboriosa negociación que precede al contrato durante la cual, las partes están obligadas a comportarse con la buena fe que corresponda a los usos sociales.
Para MENÉNDEZ MATO, los tratos preliminares son aquellos actos precontractuales en sentido estricto, no esenciales para el nacimiento definitivo del contrato, y cuyo contenido consiste en un conjunto de conversaciones y actividades dirigidas a informarse y negociar los futuros términos del contrato.
El maestro DIEZ PICAZO, identifica los tratos preliminares con “los actos que los interesados y sus auxiliares llevan a cabo con el fin de elaborar, discutir y concertar un contrato”, pudiendo consistir, “en conversaciones o negociaciones, pero también en manifestaciones escritas, redacción de proyectos, minutas o borradores.”
RIVERO HERNANDEZ señala que, a veces, los contratos se concluyen “mediante unas conversaciones o tratos preliminares o preparatorios de la convención, más o menos complicados y prolongados, según la importancia y trascendencia del contrato que se pretende celebrar”, siendo susceptibles de generar gastos y el intercambio entre las partes de notas, memorias, borradores y minutas de posibles estipulaciones al objeto de poder ir perfilando el compromiso que van a adquirir y sus consecuencias.
Por su parte, RAGEL SANCHEZ define los tratos preliminares como aquellos actos realizados con el fin de elaborar, discutir o concertar los elementos de un futuro contrato, que se manifiestan de determinadas maneras, sea verbalmente, por conversaciones, escritos (cartas, proyectos, y borradores) o por medios telemáticos, siempre que no se alcance un acuerdo global definitivo. También GUARDIOLA se refiera a ellos y resalta que a veces se recogen en documentos escritos a los que se suele denominar acuerdos o cartas de intención, gentelmen's agreement, o memorando de principios.  
A su vez, CUADRADO PEREZ, refiriéndose a los tratos preliminares, señala que “ a través de todo tipo de actividades de relación (reuniones, discusiones, exploraciones, formulación de cláusulas concretas, acuerdos parciales, borradores...), las partes intentan acercar sus posturas y converger en lo que posteriormente constituirá el acuerdo de voluntades, después de haber evaluado la conveniencia acerca de la estipulación de dicho contrato”, pudiendo desarrollarse tales tratos “de modo verbal o por escrito, con independencia que luego el contrato se estipule documentalmente”, siendo “indiferente el medio a través del cual las partes expresan sus posiciones en la negociación: teléfono, carta, reuniones, correo electrónico etc.”, no albergando los documentos en que se recogen los tratos declaraciones de voluntad, sin perjuicio de su valor probatorio. Los tratos preliminares, para el autor, finalizan con la conclusión del contrato o bien con la ruptura de los tratos.
ALONSO PEREZ afirma que los tratos preliminares constituyen el elemento objetivo de una relación jurídica precontractual, de características propias y constituido por todo un conjunto de actos conversaciones..., destinado a remover obstáculos y a debatir el eventual contenido del contrato, resaltando que durante tal negociación, suelen producirse notables desembolsos o valores económicos de distinta índole que alguien ha de soportar si no se llega a concluir el contrato.
ROMAN GARCIA resalta también el carácter de los tratos preliminares como elementos para la formación de la voluntad contractual, implicando un debate entre las partes en torno al eventual contrato posterior, para la cual, se intentan aproximar los puntos de vista con voluntad de intercambiar opiniones y discutir sobre el contenido del negocio. En el mismo sentido, OSSORIO MORALES y OSSORIO SERRANO  consideran que constituyen la fase preparatoria que suele preceder a la celebración de todo contrato, “durante la cual se intercambian ofertas y propuestas mutuas, que acaban por coincidir, sin que sea posible determinar, en la mayor parte de los casos, quien es el oferente y quien es el aceptante.”
Finalmente, GARCIA-GRANERO COLOMER, define los mismos como aquellos “tratos realizados con el fin de elaborar, discutir o concertar los términos de un contrato”, que “se desenvuelven como una etapa esencialmente preparatoria destinada fundamentalmente a remover obstáculos y a debatir el eventual contenido del contrato“ y se manifiestan, “de determinadas maneras, sea verbalmente, por conversaciones, escritos (cartas, proyectos, y borradores) o por medios telemáticos, siempre que no se alcance un acuerdo global definitivo. En la contratación actual tenemos como muestra de ellos la petición de presupuestos para contratar ciertos trabajos, o en las conversaciones o tanteos que preceden a la conclusión de contratos, sobre todo de cierta envergadura.”

B) Doctrina mercantilista.

Frente a la postura adoptada por la doctrina civilista, en el ámbito del derecho mercantil, son escasos los autores que mencionan y se ocupan de los tratos preliminares, cuanto menos a nivel de reconocer su existencia y definirlos. No obstante,  traemos a colación la opinión de GOMEZ CALERO quien señala que antes de que “concurran oferta y aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato, puede mediar un periodo más o menos largo en el que tienen lugar los tratos preliminares tendentes a perfeccionar el contrato.”
También desde la perspectiva de la contratación mercantil, señala GARCIA-PITTA Y LASTRES que los tratos preliminares son “una fase de intercambio de propuestas y contrapropuestas y, a veces, incluso de conclusión de verdaderos “contratos preliminares” o “preparatorios”. Continúa el autor manifestando que si el contrato o contratos que se van a celebrar constituyen una operación de cierta complejidad, “parece evidente que la negociación de algunos -muchos- contratos mercantiles irá frecuentemente precedida  de acuerdos preparatorios que incluso pueden ellos mismos, poseer la condición de verdadero contratos preliminares.”

C) La definición formulada por los Tribunales de Justicia.
La Jurisprudencia de los Tribunales también han formulado diversas definiciones de los tratos preliminares:
El Tribunal Supremo, en su sentencia de fecha 10 octubre 1980 (RJ 1980\3623) señala que es frecuente: «........ que el proceso formativo del contrato se inicie con manifestaciones de voluntad, contenidas en tratos preliminares o conversaciones previas que los interesados mantienen sin fuerza vinculante antes de decidirse a la celebración del negocio y mediante cuales se comunican sus respectivas aspiraciones...”
También la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 10 de junio de 1996 (TOL 217526), se refiere a ellos e identifica los tratos preliminares con “las negociaciones tendentes a la perfección del contrato con la celebración efectiva del mismo ”.
O la de fecha 16 de diciembre de 1999, (TOL 2586) señalando que: “dentro de la figura jurídica de los denominados tratos preliminares (Vorverhandlungen Trattative), teoría construida por la doctrina germánica y razonablemente asimilada por la española; la cual se puede definir como el conjunto de actos y operaciones que los intervinientes realizan con el fin de discutir y preparar un contrato. Y desde luego hay que afirmar que dichas operaciones se desenvuelven en un área nebulosa y desde luego evanescente, pues las mismas hay que enfocarlas desde un punto de vista muy amplio -ideas, especulaciones, planteamientos pero que siempre tendrán un denominador común, como es no suponer acto jurídico alguno, ya que de dichas referidas operaciones no se derivan, de manera inmediata efectos jurídicos mensurables...”
Otra definición podemos hallarla en la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 23 de septiembre de 1993 (AC 1993\2109):  “...Bupón es el tratadista que de modo más preciso ha distinguido, dentro del amplio período precontractual, las fases diferentes que en él pueden observarse, al exponer que desde que se inicia el establecimiento de un vínculo obligatorio hasta que efectivamente surge, hay una serie de actos intermedios que constituyen su generación y de las cuales coloca en primer lugar «los hechos de naturaleza diversa, que no tiene aún el concepto de actos jurídicos, sino que a lo más revelan en el agente ánimo de obligarse, sin precisar todavía los términos de la obligación», si bien es cierto que de esta conclusión no saca consecuencias jurídicas. También Castán distingue claramente los tratos preliminares dentro del período contractual, y al diferenciar el precontrato de otros institutos afines, afirma que no ha de confundirse el contrato preliminar con la mera oferta, ni con la promesa no aceptada o «pollicitatio» (que no es todavía contrato, sino un antecedente del mismo, y que no obliga al promitente por regla general), ni con los tratos, tanteos o discusiones que suele preceder a la celebración del contrato (los cuales tampoco vinculan todavía a las partes); en los tratos o negociaciones previas, sigue diciendo, «es lícito el disentimiento por cualquiera de las partes, si bien cuando concurran los elementos de la culpa y del daño, podría surgir la obligación del resarcimiento, en fuerza de los principios de la culpa extracontractual (culpa «in contrahendo»)...”
O la Audiencia Provincial de Madrid, sentencia de fecha 12 de junio de 2001 (JUR 2001\252065):  “Los tratos preliminares son los actos que los interesados llevan a cabo con el fin de elaborar, discutir y concretar el contrato en sus elementos esenciales, nunca accesorios o complementarios, ya que esto último se hace salvo que se pacte otra cosa, cuando ya se ha contratado, es decir, cuando se ha prestado el consentimiento sobre los puntos esenciales y determinantes en virtud de los cuales se perfecciona aquél... “

3. Nuestra opinión sobre los rasgos definitorios de los tratos preliminares
Examinada la definición de los tratos preliminares formulada por nuestra Doctrina y los Tribunales de Justicia, entendemos que en los tratos preliminares se dan los siguientes rasgos definitorios:
- Pueden consentir en una generalidad de actos que van, desde una simple y mera conversación o consulta verbal (v.gr. ¿vendes tu coche?), pasando por reuniones, elaboración de bocetos, proyectos, borradores, informes, hasta, incluso, la suscripción de un contrato preciso para el desarrollo de los tratos y la conclusión del contrato proyectado.
Por ejemplo, respecto de la compraventa de empresa, las cartas de intenciones,  los documentos de suministro de información sobre la empresa cuya venta se proyecta y de confidencialidad de la misma, los relativos al “due diligence” o a la valoración de la compañía.....
- Que pueden ser tanto unilaterales como bilaterales, y no son esenciales e imprescindibles para la conclusión del futuro contrato, (esto es, cabe concluir un contrato sin haberse llevado a cabo tratos preliminares, aunque, normalmente, cuanto más complejo sea aquel los tratos siempre se darán) y se inician cuando las partes del futuro contrato se ponen en contacto, bien sin que exista propuesta alguna de contrato, bien existiendo una oferta firme de contratación. En este último caso, las partes discutirán durante los tratos sobre los términos de esta propuesta inicial, buscando su modificación hasta llegar a un contrato satisfactorio para ambos. Como recuerda  RIVERO HERNANDEZ, los tratos preliminares pueden iniciarse tanto mediante el sondeo por una parte de las posibles ventajas u oportunidad de negocio (¿esta usted interesado en vender su piso?) o como respuesta a una oferta precisa, concreta y definitiva para contratar (a la oferta de venta del piso por X millones de euros, la respuesta de interesarse por el número de habitaciones, importe de los gastos de comunidad, forma de pago del precio, gastos y tributos de la operación...).
- Cuya formulación y desarrollo puede realizarse tanto verbalmente como en forma escrita, por cualquier medio, (carta, fax, correo electrónico.....) y  durante un periodo de tiempo más o menos largo, en el que las partes pueden ir llegando a acuerdos parciales y seguir discutiendo los puntos pendientes hasta la conclusión del acuerdo.
- Que son llevados a cabo por las partes del eventual y futuro contrato, por si o por sus representantes o mandatarios, y en los que pueden intervenir terceros. Ni que decir tiene, que en contratos medianamente complejos, la asistencia durante los tratos de abogados, economistas u otros profesionales es habitual. Incluso que actúen en representación de alguna de las partes. Por otro lado, es factible que en los tratos preliminares intervengan terceros ajenos a las partes que negocian el contrato. Piénsese, en una compraventa de un inmueble en el que las partes no se ponen de acuerdo sobre el precio del mismo, y encargan a un arquitecto su valoración.
- Que es susceptible de producir efectos entre las partes y respecto de terceros aun cuando se abandonen las negociaciones y, por tanto, no se concluya el contrato. V.gr.  el contrato de confidencialidad que se firma para acceder a información de una sociedad que se pretende adquirir. Aun cuando la venta no se  concluya al no llegar a un acuerdo, la obligación de confidencialidad subsistirá. O en el perito a quien se encarga una valoración: si las partes abandonan la venta proyectada, deberán abonar los honorarios del mismo con independencia de tal abandono.
Cuyo destino final es la conclusión de un contrato. Por tal motivo, los tratos preliminares finalizan con tal conclusión o con el abandono de las negociaciones por una o ambas partes intervinientes.

III. TRASCENDENCIA DE LOS TRATOS PRELIMINARES
1. Trascendencia de los tratos preliminares

La doctrina, de manera unánime, considera que los tratos preliminares no constituyen, per se, ningún acto jurídico en sentido estricto, pues de ellos no derivan efectos jurídicos de manera inmediata. Es decir, no se ha creado entre las partes una relación jurídica originada por la voluntad de iniciar los tratos o conversaciones.
Los tratos preliminares no tienen el valor de contrato pues las partes intervinientes tratan, ofrecen, regatean, condicionan, e incluso, pueden alcanzar acuerdos parciales, pero no totales y firmes. Por ello, puede afirmarse que las partes intervinientes no están contratando entre sí, pues al iniciar los tratos preliminares, no crean o quieren crear una vinculación jurídica. No engendran ninguna vinculación contractual ni existe una obligación de contratar. Como señala RODRÍGUEZ TORRES, a través de los tratos preliminares, las partes quieren discutir no contratar. En esta fase, no hay necesariamente una voluntad de contratar sino que se pretende comentar, intercambiar informaciones o discutir acerca del eventual contenido del negocio futuro.
Por ello, puede afirmarse, de acuerdo con CUADRADO PEREZ, que en los tratos preliminares “falta el elemento volitivo necesario para la formación del contrato ya que las partes no tienen el propósito de vincularse por la mera negociación.”. A través de los tratos preliminares, se pretende tratar y negociar las líneas esenciales del futuro contrato, sin que se produzca una vinculación desde ya.
Lo anterior no implica que los tratos preliminares sean intrascendentes o irrelevantes desde el punto de vista jurídico, pues no sólo pueden generar la llamada responsabilidad precontractual, sino que también es clara su trascendencia en orden a la formación de la voluntad contractual y en orden a la interpretación del contrato. También influyen en la posible ineficacia del contrato  y en la integración del mismo. Sobre estos aspectos, volveremos más adelante.
Además, pese a que de ellos no nace una relación jurídica o una obligación de contratar, es posible que durante el desarrollo y como consecuencia de los mismos, surjan vínculos jurídicos o contractuales distintos del contrato proyectado, bien entre las partes o bien entre alguno o algunos de estos con terceros. Lo que parece evidente es que, como señala RAGEL SANCHEZ, si los tratos no cuajan, los intervinientes no están obligados a contratar, pues la vinculación entre ellos no tiene carácter contractual. No existe, por lo tanto, compromiso alguno en orden a una posterior vinculación contractual.
El problema, como nos recuerda CUADRADO PEREZ, reside en lo difuso de distinguir entre acuerdo parcial inserto en unos tratos preliminares y un contrato perfecto. Para resolver tal cuestión, entiende el autor, acertadamente en nuestra opinión, que el contrato se estimará concluido cuando se haya llegado a un acuerdo entre las partes sobre los elementos esenciales del mismo y, además, este presente su voluntad de contratar, que se ha de manifestar, añadimos nosotros con cita de la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 1 de abril de 1992 (RJ 1992\3093), mediante actos de voluntad claros e inequívocos, al tener el consentimiento que ser libre y conscientemente emitido, manifestado por actos concluyentes, expresos o tácitos, pero que aflore al exterior después de una deliberada decisión, existiendo el contrato solamente cuando confluyen o se aúnan dos voluntades sobre la cosa y la causa que han de constituirlo (art. 1262 del CC).
Así resuelve nuestra Jurisprudencia, la cuestión examinada. Traemos a colación las sentencias del Tribunal Supremo de fecha 19 de noviembre de 2003 (TOL 324481), 30 de octubre de 205 (TOL 1117), 10 de junio de 2005 (TOL 667484), 15 de junio de 1994 (TOL 208814), 12 de abril de 1993 (TOL 178610) o 15 de febrero de 1996 (TOL 217367). También la antes citada sentencia de fecha sentencia del Tribunal Supremo de fecha 1 de abril de 1992 (RJ 1992\3093), que señala la inexistencia de contrato en unos tratos preliminares concluidos sin acuerdo sobre la cosa y el precio y sin prestación del consentimiento a obligarse por las partes. O la sentencia del Alto Tribunal de fecha 25 de enero de 1980 (RJ 1980\26).

2. Tratos preliminares e interpretación de los contratos
Como acabamos de decir, los tratos preliminares, una vez concluido el contrato, pueden servir para conocer la voluntad contractual de las partes e interpretarla. Recuerda ALONSO PEREZ, que los tratos preliminares han dejado su impronta en el contrato y pueden ser adecuados para su hermenéutica.
A efectos de la interpretación del contrato, el artículo 1281 del Código Civil es la primera y principal norma hermenéutica subjetiva en el área contractual, cuyo origen, de una manera muy clara, se encuentra en el derecho romano y que puede plasmarse de una manera resumida, pero no totalmente exacta, en el aforismo «in claris non fit interpretatio». La doctrina jurisprudencial, aun partiendo de la base de afirmar como indiscutible, al interpretar dicho precepto, la preferencia del sentido literal de los términos de un contrato en caso de una claridad esencial, sin embargo, la matiza en el sentido de la obligación de tener en cuenta otros datos, como es el de la conducta completa de los contratantes, constituida por sus actos anteriores, coetáneos y posteriores al contrato, y aquí hace entrar en juego el artículo 1282 de dicho Código, para conocer su voluntad.
Ciertamente, el artículo 1282 Código Civil establece que “para juzgar la intención de los contratantes deberá atenderse principalmente a los actos de éstos, coetáneos y posteriores al contrato”, excluyendo en su tenor literal los anteriores al mismo. Sin embargo, como señala RAGEL SANCHEZ, aunque el art. 1282 CC no los cita, los tratos preliminares  tienen incidencia a la hora de interpretar la voluntad de las partes al contratar.
GARCIA-GRANERO COLOMER basa la inclusión de anterior afirmación en una interpretación extensiva del citado precepto, incluyendo en el mismo los actos preliminares. Sin embargo, aun cuando el resultado final es idéntico, entendemos que la cuestión no debe resolverse con una aplicación extensiva de la norma citada, sino partiendo del contenido de la misma, que en ningún momento excluye los actos anteriores de la interpretación contractual ex art. 1282 CC.
En este sentido, y como señala el profesor LASARTE, el art. 1282 CC  no excluye  “la consideración de los actos precontractuales (en particular, los tratos preliminares), los cuales asumen también relevancia en sede interpretativa que, se afirma con razón, serán más espontáneos y desinteresados que los actos postcontractuales”. Son, precisamente, estos actos anteriores, los que pueden aclarar mucho la voluntad de los contratantes, pues es en la fase posterior donde la voluntad se forma y queda definida.
En la misma línea, OSSORIO MORALES Y OSSORIO SERRANO afirman que “muchas veces, los que se llaman actos preparatorios, los actos realizados por las partes cuando proyectan y preparan el contrato, pueden suministrar también elementos de juicio muy expresivos para averiguar la intención y el propósito que les indujo a contratar, por lo cual se estima generalmente que también estos actos anteriores han de tenerse en cuenta para interpretar los contratos”, continuando en el sentido que “realmente, la letra del precepto no excluye esa posibilidad, pues al decidir que se atenderá principalmente para juzgar de la intención de los contratantes a los actos de estos coetáneos y posteriores al contrato, no veda al intérprete acudir con el mismo fin a los actos anteriores.”
Abundando en lo anterior, LOPEZ Y LOPEZ señala que “posiblemente el Código piensa que lo más significativo son los actos de los contratantes coetáneos y posteriores, y a ellos subordinado, el tenor literal, pero no impide utilizar datos  que ni sean actos, en su sentido más estricto (v.gr. un borrador no es un acto) ni que estos actos sean anteriores al contrato. En conclusión, el art. 1282 CC significa que en materia de interpretación contractual no sólo se puede recurrir a datos fuera del tenor literal, al objeto de averiguar la común intención de los contratantes,  sino que estos datos están constituidos por la conducta de los mismos, significativa en el orden contractual y apreciada en toda su complejidad.”
La Jurisprudencia del Tribunal Supremo es clara y rotunda al respecto, siendo de señalar la sentencia de fecha 11 de marzo de 2003 (RJ 2003\2571);  12 de noviembre de 1984 (RJ 1984\5548);  28 de noviembre de 1997 (RJ 1997\8723); 10 de abril de 1997 (TOL 215225) o la de fecha 26 de julio de 1995 (TOL 211017).  Con relación a la mal llamada “Jurisprudencia Menor”, traemos a colación la sentencia de la Audiencia Provincial de Soria, de fecha  21 de febrero de 2000 (AC 2000\856).
Eso sí. En el supuesto de discrepancia entre los actos preliminares al contrato y los coetáneos o posteriores al mismo, deberán prevalecer estos últimos.

3. Tratos preliminares e integración del contrato
Por otro lado, y como veremos más adelante, no podemos olvidar que el principio rector y guía de los tratos preliminares es el principio de la buena fe (art. 7 CC). Y que el art. 1258 CC, establece que los contratos se integrarán por la buena fe, el uso y la ley. En esta línea, entendemos con RIVERO HERNÁNDEZ que los tratos preliminares tendrán una relevancia a efectos de la integración contractual a través de la buena fe reclamada en el art. 1258 CC. Piénsese en los acuerdos parciales a que se hubiesen llegado durante el desarrollo de los tratos preliminares.
Por ello, de acuerdo con MARTINEZ DE AGUIRRE y con fundamento en el principio de la buena fe, entendemos que la información precontractual integra el contenido del contrato aun cuando no haya sido recogida en el mismo. Ello sin perjuicio, añadimos, de aquellos supuestos en que, por mandato de la ley, la información precontractual expresamente se integra en el contrato (por ejemplo, el contenido del folleto reseñado en el art. 8 de la Ley 42/1998, de 15 de diciembre, sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles y normas tributarias).

4. Tratos preliminares e ineficacia del contrato
Finalmente, y siguiendo a RAGEL SANCHEZ, los tratos preliminares también influirán y tendrán trascendencia en orden a la posible ineficacia del contrato por ausencia o vicios de los elementos esenciales (dolo, error, etc.).  

IV. DIFERENCIACIÓN DE LOS TRATOS PRELIMINARES CON LA OFERTA, EL PRECONTRATO Y LA OPCION DE COMPRA

Definidos los tratos preliminares y determinado su valor e incidencia, creemos conveniente distinguir la figura aquí analizada de otras con las que, frecuentemente y de manera especial en sede jurisdiccional, se suele confundir. Concretamente:

1. Tratos preliminares y oferta
Entendemos que los tratos preliminares y la oferta son figuras claramente diferenciadas.  En efecto, mientras la oferta está directamente encaminada a la formación del contrato, siendo un elemento esencial del mismo (art. 1262 CC, que señala que el consentimiento contractual se manifiesta por el concurso de la oferta y la aceptación), los tratos preliminares carecen de tal esencialidad: su ausencia no condiciona la existencia del contrato. Como señala LASARTE, la propuesta contractual que realiza una persona (oferente) en cuanto es  aceptada por la otra (aceptante), da lugar a la celebración del contrato (perfección). Por el contrario, las actuaciones en que consisten los tratos preliminares no constituyen una oferta sino que, precisamente, pretenden conducir a la formulación de la emisión de esta oferta contractual, desapareciendo si no se emite esta última.
Sigue LASARTE en el sentido que los tratos no suponen la fijación definitiva de una oferta, sino la realización de los actos preparatorios de un eventual e hipotético contrato que, a lo mejor, se celebra. En palabras de GUARDIOLA, mientras los tratos preliminares tienden a formar una oferta, esta pretende de manera directa la conclusión del contrato, añadimos nosotros, con la indicación para su aceptación, de elementos esenciales del contrato que se pretende cerrar.
Por otro lado y como señala CUADRADO PEREZ, mientras en la formulación de una oferta hay una voluntad de una de las partes de contratar con la aceptación de la otra, en los tratos preliminares, como dijimos arriba, no hay una voluntad de obligarse o contratar, sin perjuicio de los efectos y responsabilidad que se puedan derivar de dichos tratos.  En la misma línea, se manifiestan  GUARDIOLA y GARCIA-GRANERO COLOMER, y resaltan que en la oferta hay un elemento intencional de obligarse; en los tratos preliminares únicamente se pretende concretar los resultados de una negociación, sin un animo ab initio de obligarse. En palabras de LLODRA GRIMALT y frente a los tratos, la oferta contractual supone la intención seria de obligarse por la simple aceptación de la misma. Por ello, como dijimos arriba, es preciso que la oferta contenga los elementos esenciales del contrato, sin que necesario para fijar su contenido un nuevo acuerdo tras la aceptación de la oferta.
En la misma línea, señala el Tribunal Supremo, sentencia de 10 octubre 1986 (RJ 1980\3623) y 31 de diciembre de 1998 (RJ 1998\9772).

2. Tratos preliminares versus precontrato y opción de compra
Como señala MENÉNDEZ MATO es difícil diferenciar los tratos preliminares y el precontrato. Especialmente, cuando el precontrato es verbal. La diferencia esencial entre ambas figuras reside en el carácter contractual del precontrato frente a los tratos preliminares.  En efecto y como dijimos arriba, éstos últimos son aquellos actos llevados a cabo por las partes del eventual y futuro contrato por si o por sus representantes, y en los que pueden intervenir terceros, conducentes a la formulación de una eventual oferta contractual que, aceptada, conduzca a la conclusión del contrato. Y en tales tratos preliminares, las partes intervinientes, no están contratando entre sí, pues al iniciar los mismos no crean o quieren crear una vinculación jurídica.
Por el contrario, el precontrato, definido por el profesor LASARTE como aquel por “el que las partes se obligan a celebrar un futuro contrato, ora mediante la prestación de nuevo consentimiento respecto de este, ora mediante la manifestación de una sola de las partes, por entender que la otra se encuentra ya vinculada por el primer contrato”, es un autentico contrato que vincula a las partes con su suscripción y despliega sus efectos obligacionales entre las partes, con los correspondientes efectos caso de incumplimiento. Además, como señala la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 3 de junio de 1998 (TOL 1851), el precontrato, en tal sentido, es el final de los tratos preliminares, no una fase de ellos.
Igual ocurre con la opción de compra, definida por RANGEL SÁNCHEZ como el Convenio en virtud del cual una persona concede a otra, durante un tiempo determinado la posibilidad de celebrar un contrato en el futuro, recogiéndose los requisitos indispensables para su existencia, la cosa, el precio..., cuya naturaleza contractual al igual que el precontrato y a diferencia de los tratos preliminares, nadie discute.
La línea divisoria entre el precontrato o la opción de compra y los tratos preliminares va a ser difusa en numerosas ocasiones (Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 8 de febrero de 1996), pudiendo afirmarse, con RAGEL SANCHEZ que si los elementos básicos del contrato proyectado en el precontrato o la opción de compra no están determinados (por ejemplo, art. 1451 I.1 CC, la conformidad en la cosa y en el precio en la promesa de compra o venta), no estaremos en presencia de un precontrato u opción sino de unos tratos preliminares.
En el mismo sentido, vid la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 22 de octubre de 2001 (TOL 66486), que ante la alegación por una parte de la existencia de una compraventa con arras confirmatorias, el Tribunal entiende que no existe tal contrato sino simples tratos preliminares por no estar determinado el precio ni la cosa.  O la de fecha 11 de abril de 2000 (TOL 2610), en el mismo sentido respecto de una opción de compra.
También la Sentencia de fecha 3 de junio de 1998 (TOL 1851), que analiza un documento consistente en un compromiso de intenciones, catalogándolo como tratos preliminares y no como un precontrato al faltar los elementos esenciales del contrato proyectado; así como la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, de fecha 30 de octubre de 1999 (RJ 1999\9745), al establecer que nos hallamos ante tratos preliminares y no una promesa de venta al faltar los elementos esenciales de tal contrato futuro. O la sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca de fecha 28 de abril de 2000 (AC 2000\3231), que establece la existencia de tratos preliminares y no un precontrato por idéntico motivo.

V. TIPOS CONTRACTUALES RESPECTO DE LOS QUE ES SUSCEPTIBLE LA SUSTANCIACION DE TRATOS PRELIMINARES
Nos planteamos si todo negocio jurídico  “inter vivos” de contenido patrimonial, puede ir precedido de tratos preliminares o si, por el contrario, hay determinados tipos contractuales que, por su naturaleza, excluyen su existencia.
Antes de resolver tal cuestión, entendemos que una idea debe quedar clara: como ya se dijo arriba, los tratos preliminares no son obligatorios e indispensables para la formación de un contrato. En determinados supuestos, la formulación de la oferta y la aceptación puede ser instantánea y automática, o formularse ambas en un plazo de tiempo breve, sin necesidad o, incluso, imposibilitando la llevanza de trato preliminar alguno. En otros supuestos, normalmente por la complejidad de la operación, el carácter no profesional de alguna o todas las partes intervinientes..., esta labor de aproximación hasta la formulación de la oferta normalmente existirá.  Por ello, de acuerdo con el profesor LASARTE, es difícil formular el ámbito propio de los tratos preliminares, pues es una cuestión de carácter básicamente casuístico. Un mismo tipo contractual, según las circunstancias que concurran en cada caso, puede dar lugar o no a tratos preliminares.
Sin perjuicio de lo anterior y en nuestra opinión, todos los negocios jurídicos inter vivos con un contenido patrimonial, son susceptibles de ser objeto de tratos preliminares. No obstante, hay determinados supuestos en los que, cuanto menos, se cuestiona tal afirmación. Vamos a analizarlos a continuación.

1. Indiferencia de la naturaleza civil o mercantil del contrato

La existencia de una fase precontractual en el ámbito de la contratación civil entendemos no es discutida por nadie. Sin embargo, respecto de la contratación mercantil, nos hallamos con que la doctrina mercantilista no sólo elude el estudio de los tratos, sino que, incluso, afirman que dado que los contratos mercantiles se concluyen en masa, se imposibilita  una fase prolongada de tratos precontractuales al contrario de cuanto sucedería en el ámbito de la contratación civil.
Discrepamos de lo anterior. Siguiendo a GARCIA-PITA, en el tráfico mercantil se producen dos fenómenos cuanto menos contradictorios. De un lado, una contratación automática, despersonalizada y objetiva cuando del tráfico de mercancías y determinados servicios se trata. De otro, hay contratos basados en la máxima confianza y en el que el conocimiento de las condiciones singulares de cada contratante es fundamental. Y parece difícil deslindar cual de ambos supuestos se da con mayor frecuencia.
En cualquier caso, parece que la existencia de tratos preliminares en contratos como el de comisión, agencia, distribución, esto es, contratos intuitu personae, es indudable. Más aun en supuestos como una fusión de sociedad o una compraventa de  empresa a través de la denominada compra de capa, precedida frecuentemente de tratos o negociaciones preliminares (que duran, como mínimo, bastantes meses). Que decir de contratos como el de franquicia, préstamo bancario al consumo o el de seguro, en el que, expresamente y como veremos más adelante, existen regulados deberes precontractuales concretos.
Pero, incluso, en supuestos de contratos concluidos en masa es susceptible la existencia de tratos preliminares. Cita GOMEZ CALERO como ejemplo de la contratación en masa típica de la empresa mercantil, las adquisiciones realizadas en Grandes Almacenes. Y tomando ese ejemplo, pensemos en el supuesto de un señor o una señora que pasa la mañana del sábado en unos grandes almacenes cuyo nombre esta en la cabeza de todos. Paseando por la planta de moda de dicho establecimiento, se cruza de bruces con un precioso traje que le llama su atención y una señorita vendedora dispuesta a contarle maravillas sobre el mismo y lo bien que le sienta. Ante esta situación  y pese a que no había acudido al citado establecimiento con ánimo de adquirir nada, el señor o la señora puede directamente comprarlo o interesarse por su precio, por las condiciones de lavado, si es posible arreglar las mangas o la cintura y subir los bajos y cuando podría disponer del vestido y a la vista de lo que le informa la vendedora, en escasos minutos decide si compra o el vestido o sigue su paseo de largo.
Esta situación plasmada, que si se tratará de una modesta tienda del barrio, se ampliaría a cuestionar y regatear sobre el precio que figura en el escaparate o a la venta a fiado (“me lo llevo, si te lo pago la semana que viene cuando cobre”), entendemos está plenamente incardinada en la figura de los tratos preliminares.
Concluyendo, entendemos también aplicables los tratos preliminares a la contratación mercantil. Y, de acuerdo con MENÉNDEZ MATO, también al ámbito laboral y al administrativo.

2. Casos especiales de los contratos
A) Contratos lucrativos
En los contratos lucrativos, una de las partes contratantes se enriquece u obtiene un beneficio a consecuencia del contrato sin asumir carga o contraprestación alguna. Ejemplo de tal tipo de contrato es la donación o el comodato. Normalmente este tipo de contrato, basado en la liberalidad y la atribución de un beneficio patrimonial, parece incompatible con la presencia de tratos preliminares en la formación del contrato.  Sin embargo, tal conclusión entendemos que no es correcta. Al menos, respecto de los contratos que no puedan considerarse estrictamente gratuitos. Piénsese, por ejemplo, en la donación sometida a condición o modo, en las que la fase de tratos preliminares entendemos tiene su cabida como base para que el donatario, pueda reflexionar acerca de la conveniencia de aceptar la donación ofrecida.
Pero es más. Incluso en otros contratos gratuitos la fase de tratos preliminares no está excluida. Por ejemplo, el comodato o contrato por el que una parte presta a otra una cosa no fungible para que la use por cierto tiempo y, posteriormente, la devuelva (art. 1740 I CC). Aun siendo esencialmente gratuito (art. 1740 II CC) el contrato examinado, la importancia que tiene el plazo del préstamo (toda vez que hasta que transcurra el mismo el comodante no puede reclamar la cosa prestada (art. 1749 CC)) o las obligaciones que asume el comodante y el comodatario, hace que las partes antes de otorgar el comodato precisen saber el uso que se pretende dar a la cosa y durante cuanto tiempo, cuales son los gastos ordinarios precisos para su uso, que valor tiene la cosa para el caso de pérdida. La averiguación de tales informaciones y la reflexión sobre las mismas tienen, sin lugar a duda, cabida en el ámbito de los tratos preliminares.

B) Contratos instantáneos
También se considera como ajenos a los tratos preliminares los contratos instantáneos o aquellos cuya completa ejecución se lleva a cabo en un acto temporal único o en un breve lapso temporal.
En este tipo de contratos, el aspecto temporal condiciona la existencia de los tratos preliminares, impidiendo que las partes puedan discutir y negociar sobre la conclusión del contrato. Sin embargo, en determinados supuestos si que podrán dar los tratos preliminares. Recordamos lo dicho arriba sobre las adquisiciones en Grandes Almacenes. O más sencillo, la compra de unos pasteles en el horno. Normalmente, miras, comparas, preguntas y, finalmente, compras. Todo en cuestión de segundos. Y en este sentido, recordar que los tratos preliminares, normalmente, serán bilaterales, pero también pueden ser unilaterales, como actividad o conjunto de actividades previas de una parte interesada en la formación del contrato.
Pero es más, este tipo de contratación en masa, en la mayoría de los casos, tiene por destinatarios a consumidores. Y respecto a ello, existe unos deberes precontractuales expresamente recogidos en la legislación de consumidores, que, de per se, constituyen una fase preliminar. Más adelante volveremos sobre este asunto.

C) Contratos de adhesión
Nos referimos a aquellos contratos, tan frecuentes en la realidad actual, en el que una de las partes formula unilateralmente el proyecto del contrato que está dispuesta a celebrar y, la otra parte, si quiere celebrarlo, no puede hacer otra cosa que aceptar las condiciones que se le imponen.
El contrato de adhesión, como señala PUIG BRUTAU y su propio nombre indica, “no queda redactado como resultado de una negociación, con su tira y afloja (give-and-take bargain), sino que una de las partes, el cliente, no puede discutir las condiciones del contrato y ha de adherirse al contrato que ya ha redactado la otra parte.”
Sus rasgos caracterizadores, siguiendo nuevamente a PUIG BRUTAU, son: a) contenido uniforme e inalterable del contrato que responde a un modelo standard, normalmente condiciones generales redactadas en letra impresa pequeña, casi ilegible, que pocas veces se lee; b) se da en contratación en masa, viniendo el cliente obligado a aceptarlo o rechazarlo; c) la oferta se mantiene general, sin que el oferente se preocupe de elegir a la otra parte; y d) las partes no están situadas en situación de igualdad. Todo lo anterior, hace que por parte de la doctrina se considere que en tales contratos de adhesión no existe fase preparatoria del contrato ni negociaciones previas.
Discrepamos nuevamente de la anterior conclusión. Entendemos que los tratos preliminares pueden darse, y normalmente se dan, en este tipo de contrato que examinamos. Y la mejor manera de verlo, es con un ejemplo.
Piénsese en la compra de un automóvil en un concesionario. Un examen del contrato de compraventa basta para percatarse que se trata de unas condiciones generales redactadas en letra con una fuente tan diminuta que, si intentas leerlo, o no acabas o, si acabas, tienes la vista cansada para toda la semana. Pese a ello, cuando se acude al Concesionario, el comprador, particular o empresario, se interesa por las prestaciones del modelo, su consumo (normalmente para elegir un modelo diesel o gasolina), prestaciones, garantías... También prueba el coche, dando una vuelta, conduciendo el mismo y negocia el precio, obteniendo normalmente un descuento o una dádiva (las famosas alfombrillas o el radiocasete o compact-disc de regalo). A la vista de la información obtenida y la prueba, decide o no comprar el coche y, caso afirmativo,  suscribe el contrato de adhesión correspondiente.
La actuación anterior, que es fácilmente reconducible a otras mercancías como ordenadores, motocicletas, etc., siempre sometidos a contratos de adhesión, está plenamente incardinada en el ámbito de los tratos preliminares, como elemento formativo de la voluntad contractual, con independencia del contenido impuesto del contrato que se suscriba. Incluso, en otro tipo de contratos distinto de los reseñados, junto a las condiciones generales, se acompañan las particulares, que recogen los pactos alcanzados por las partes previa negociación preliminar (piénsese, en un contrato de seguro, suministro, obra...).

D) Contratos normados o forzosos

Respecto a estos tipos de contrato, en aras a una mayor brevedad, nos remitimos a lo dicho con anterioridad.
Concluyendo pues, en nuestra opinión, todos los negocios jurídicos inter vivos con un contenido patrimonial, son susceptibles de ser objeto de tratos preliminares, con independencia que se lleven a cabo o no. Y la realidad práctica habitual, es que tales tratos se llevan a cabo cada vez más.

VI. LA BUENA FE Y TRATOS PRELIMINARES. LA ACTUACIÓN DE LAS PARTES DURANTE LA FASE DE TRATOS PRELIMINARES.

Como dejamos dicho “ut supra”, los tratos preliminares no constituyen, per se, ningún acto jurídico en sentido estricto, pues de ellos no derivan efectos jurídicos de manera inmediata. Sin embargo, durante esta fase del iter contractual, las partes deben comportarse siguiendo determinadas pautas o deberes, siquiera sean mínimos.Concretamente, la actuación de las partes en los tratos preliminares debe ir guiada por la buena fe: deben actuar de buena fe y lealmente.
La aplicación de este principio a los tratos preliminares es indudable y unánime en nuestra doctrina, teniendo su base en el carácter de principio general del derecho español, la aplicación analógica del art. 1258 CC y la aplicación directa de la cláusula general contenida en el art. 7.1 CC en relación con los derechos ejercitables en la etapa de  preparación del contrato. Como señala GARCIA-GRANERO COLOMER, las partes tienen la obligación de comportarse lealmente, no sólo durante el desarrollo del contrato, sino en la fase previa a la celebración del mismo, conforme a los imperativos marcados por la buena fe entendida en un sentido objetivo, no atendiendo a la persona sino a un modelo de conducta ajustado a patrones externos, añadimos nosotros, que sea aplicable con mayor o menor amplitud a cada una de las personas intervinientes a la vista de las circunstancias subjetivas concurrentes en cada uno de ellos.  
Ciertamente, frente a lo anterior, podría argumentarse que en la fase de tratos preliminares falta el elemento volitivo de contratar: los tratos, por así decir, no obligan. Sin embargo, no es menos cierto que, como señala ALONSO PEREZ, en tal fase concurren dos elementos: por un lado, el objetivo, esto es, las actuaciones de las partes dirigidas a la formación del contrato y que es inherente a la relación social (que no jurídica) que constituyen los tratos preliminares y, por otra, el sujetivo, derivado de los principios generales del ordenamiento y que obliga a quien intervenga en los tratos a actuar de buena fe y lealmente como dejamos dicho arriba.
Esta actuación de buena fe, se plasma en la necesaria asunción de determinados deberes que examinaremos a continuación. Ello sin perjuicio que las partes intervinientes en los tratos, puedan modular el régimen de tal conducta mediante acuerdos previos en los que se recojan los derechos y deberes de cada parte en la fase precontractual y sus consecuencias.

1. Deber de información durante los tratos preliminares

A) Deber genérico de información
Las partes de los tratos preliminares, genéricamente, están obligados no sólo a suministrar información durante el desarrollo de los mismos, sino también a no ocultarla. Creemos que nadie pone en duda la existencia de tal deber. Las dudas surgen a la hora de determinar cual debe ser la extensión y límites del mismo, cuyo fundamento se halla en el citado principio de la buena fe que preside la actuación de las partes durante la fase precontractual, y en evitar situaciones de desequilibrio de conocimiento entre los contratantes a efectos de formar su voluntad contractual, sea por la propia técnica de formación del contrato (piénsese en la adhesión a condiciones generales, la contratación electrónica...) u otras circunstancias (ignorancia o falta de conocimientos técnicos...).
Compartiendo la opinión de LLOBET I AGUADO, no es posible establecer el contenido y la extensión de la obligación de información, pues depende de múltiples circunstancias, especialmente, de la complejidad del negocio, el destinatario y el emisor de la información. Como punto de partida, y estando conformes con GARCIA RUBIO, cada parte debe velar por sus propios intereses y por tanto debe procurarse  la información necesaria acerca del negocio que se pretende celebrar (llamémosle información activa o principio de autoinformación): tanto si la misma es accesible o publica, acudiendo a la fuente de información, como, si no lo es, solicitándola de la otra parte interviniente en las negociaciones.
Desde luego, vid CUADRADO PEREZ , no basta con evacuar la información solicitada, que, huelga decirlo, deberá ser veraz. El principio de la buena fe obliga a las partes a comunicarse las circunstancias desconocidas por la otra parte y que pueden ser definitivas para la formación de la voluntad contractual y la prestación del consentimiento: la buena fe obliga a uno de los contratantes a instruir al otro que se encuentra en una imposibilidad de informarse, sobre los hechos que conoce.
Sin perjuicio de lo expuesto, consideramos que este deber no tiene que ser entendido desde un sentido amplio o excesivamente gravoso. Como señala CUADRADO PEREZ la solicitud de información debe ser la precisa y necesaria para salvaguardar los intereses personales y patrimoniales de las partes. En palabras de VALPUESTA FERNÁNDEZ, debe ser suficiente, debiendo ser suministrada en tiempo oportuno y de forma comprensible y asequible al destinatario.
Eso sí, siempre, de acuerdo con GOMEZ CALLE, con el límite del derecho a la intimidad de la persona, de su improcedencia cuando la contraparte puede informarse (autoinformarse) sin necesidad de acudir a la otra y sin perjuicio de que la parte suministradora de la información pueda requerir de la receptora peticionaria el reembolso de los costes de tal suministro. Y, repetimos, siempre desde la perspectiva de la defensa leal de los propios intereses.

B) Derecho de información y consumidores
Como señala GARCIA-GRANERO COLOMER, este deber genérico de información puede ser insuficiente cuando una de las partes es un consumidor y la falta de información puede afectar a la formación de su consentimiento contractual. El  consumidor, normalmente en una posición de inferioridad frente a al comerciante o empresario dada su ignorancia o falta de conocimiento en la materia, precisa un “plus” de información sobre el objeto del contrato y sus circunstancias materiales, físicas y jurídicas, información, cuya obtención sería difícil y costosa de obtener.  Por ello, como señala GOMEZ CALLE, debe serle suministrado los datos que pueden ser decisivos para la formación contractual, citándose a título de ejemplo, datos personales o comerciales de ambos contratantes, productos, características, modo de utilización, riesgos, precio y su forma de pago, garantías para el supuesto de aplazamiento de tal pago, impuestos, gastos, situación de cargas y gravámenes, situación jurídica, registral y urbanística caso de inmuebles, desistimiento contractual...
Por ello, debe destacarse la existencia de numerosas normas que imponen una serie de exigencias concretas en cuanto a la información que debe darse al consumidor con carácter previo a la contratación (ello pese a que LDGCU no se contiene una norma general de este tipo). En este sentido, y a título de ejemplo,  traemos a colación:
a) El art. 8 de la Ley 42/1998, de 15 de diciembre, sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico  y normas tributarias, modificada por la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, relativo a la información general que debe darse al futuro comprador de los derechos citados.
b) Los arts. 19 (relativo a la información en actividades de promoción de ventas),  39  y  40 (relativos a las propuestas de contratación y su contenido) y 47 (información a la ejecución del contrato.) de la Ley Orgánica 2/1996, de 15 de enero, complementaria de la Ordenación del Comercio Minorista.
c) Los arts. 16, 17, 18 y 19  de la Ley 7/1995, de 23 de Marzo, de Crédito al Consumo.
d) El art. 27 de la Ley 32/2002 de 11 de julio, de servicios de la Sociedad de Información y del Comercio Electrónico, así como el art. 2 del Real Decreto de 17 de diciembre de 1999 que regula la contratación telefónica o electrónica con condiciones generales en desarrollo del artículo 5.3 de la Ley 7/1998, de 13-4-1998 (RCL 1998\960), de condiciones generales de la contratación sobre Condiciones Generales de Contratación Telefónica o electrónica.
e) Arts. 2 a 10, ambos inclusive del Real Decreto 515/1989, de 21 abril sobre Protección de los consumidores en cuanto a la información a suministrar en la compraventa y arrendamiento.
f). El Art. 3 de la Ley 21/1995, de 6 de julio, reguladora de los viajes combinados.
Concluyendo, como señala DE LA CUESTA y VALPUESTA, esta información sirve para que el consumidor pueda conocer con todo detalles las características del producto o servicio ofrecido, de forma que su consentimiento o negativa se otorguen con total consentimiento, cumpliendo una función de equilibrar una situación de asimetría de información. Ello sin perjuicio de que, por ejemplo el folleto en la antes llamada “multipropiedad”, sirva de oferta irrevocable en el plazo especificado en el mismo, respecto del cual, precisamente la ley establece cual debe ser su contenido para que informe sobre sus elementos esenciales del producto o servicio que ofrece.

C) Deber de información y contrato de franquicia
Una de las causas más importantes del fracaso de los sistemas de franquicia es el carácter incompleto o engañoso de la publicidad de reclutamiento que, en la fase previa a la celebración del contrato, el franquiciador da al franquiciado. Para evitar estas situaciones, la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, en su art. 62, párrafos segundo y tercero, establece una serie de cautelas a favor del franquiciado, tendentes a garantizar una prestación de consentimiento libre y con la debida información.
Junto a la inscripción del franquiciado en un Registro, establece el art. 62, párrafo tercero LOCM, que con una antelación mínima de veinte días a la firma de cualquier contrato o precontrato de franquicia, o entrega por parte del futuro franquiciado al franquiciador de cualquier pago, el franquiciador deberá haber entregado al futuro franquiciado, por escrito, la información necesaria para que pueda decidir libremente y con conocimiento de causa su incorporación a la red de franquicia y, en especial, los datos principales de identificación del franquiciador, descripción del sector de actividad del negocio objeto de franquicia, contenido y características de la franquicia y de su explotación, estructura y extensión de la red y elementos esenciales del acuerdo de franquicia.
El contenido de dicha información, es detallado por el Real Decreto 2485/1998, que en su artículo 3, efectúa la siguiente enumeración de información, que debe ser escrita, y veraz y no engañosa:
a) Datos de identificación del franquiciador: nombre o razón social, domicilio y datos de inscripción en el Registro de Franquiciadores, así como, cuando se trate de una compañía mercantil, capital social recogido en el último balance, con expresión de si se halla totalmente desembolsado o en qué proporción y datos de inscripción en el Registro Mercantil, cuando proceda.
Cuando se trate de franquiciadores extranjeros, además, los datos de inscripción en los registros de franquiciadores a que vengan obligados, de acuerdo con las leyes de su país o Estado de origen. De tratarse de franquiciado principal se incluirán, además, las circunstancias anteriores respecto de su propio franquiciador.
b) Acreditación de tener concedido para España, y en vigor, el título de propiedad o licencia de uso de la marca y signos distintivos de la entidad franquiciadora; y de los eventuales recursos contra aquellos, si los hubiere, con expresión, en todo caso, de la duración de la licencia.
c) Descripción general del sector de actividad objeto del negocio de franquicia, que abarcará los datos más importantes de aquél.
d) Experiencia de la empresa franquiciadora, que incluirá, entro otros datos, la fecha de creación de la empresa, las principales etapas de su evolución y el desarrollo de la red franquiciada.
e) Contenido y características de la franquicia y de su explotación, que comprenderá una explicación general del sistema del negocio objeto de la franquicia, las características del «saber hacer» y de la asistencia comercial o técnica permanente que el franquiciador suministrará a sus franquiciados, así como una estimación de las inversiones y gastos necesarios para la puesta en marcha de un negocio tipo. En el caso de que el franquiciador haga entrega al potencial franquiciado individual de provisiones de cifras de ventas o resultados de explotación del negocio, éstas deberán estar basadas en experiencias o estudios, que estén suficientemente fundamentados.
f) Estructura y extensión de la red en España, que incluirá la forma de organización de la red de franquicia y el número de establecimientos implantados en España, distinguiendo los explotados directamente por el franquiciador de los que operen bajo el régimen de cesión de franquiciado, con indicación de la población en que se encuentren ubicados y el número de franquiciados que hayan dejado de pertenecer a la red en España en los dos últimos años, con expresión de si el cese se produjo por expiración del término contractual o por otras causas de extinción.
g) Elementos esenciales del acuerdo de franquiciado, que recogerá los derechos y obligaciones de las respectivas partes, duración del contrato, condiciones de resolución y, en su caso, de renovación del mismo, contraprestaciones económicas, pactos de exclusivas, y limitaciones a la libre disponibilidad del franquiciado del negocio objeto de franquicia.
Con relación a la citada información, nos planteamos cuales son las consecuencias del incumplimiento de tal información. Sin perjuicio de la comisión de una infracción administrativa leve contemplada en el art. 64.h) LOCM, sancionable de acuerdo con lo dispuesto en el art. 68.3 LOCM, desde la esfera de jurídico privada y descartando la nulidad de pleno derecho del contrato, cabría sostener la existencia de una responsabilidad precontractual y la eventual anulabilidad del contrato por error.
Finalmente, el art. 4 del citado Real Decreto, señala que el franquiciador podrá exigir al potencial franquiciado, un deber de confidencialidad de toda la información precontractual que reciba o vaya a recibir del franquiciador. En nuestra opinión, el incumplimiento de tal obligación, en modo alguno puede suponer la nulidad del contrato de franquicia que posteriormente se celebre, sin perjuicio de la eventual responsabilidad del franquiciado por ruptura de ese deber de guarda. Si el contrato de franquicia no se llega a realizar, nos encontraremos ante un supuesto de responsabilidad precontractual evidente.

2. Deber de diligencia en la respuesta
El art. 248 del Código de Comercio, al regular el contrato de comisión, establece un deber a cargo del comisionista, según el cual si recibe un encargo y lo rehusa, está obligado a comunicar al comitente tal circunstancia por el medio más rápido posible, debiendo que el comisionista confirmarlo, en todo caso, por el correo más próximo al día en que recibió la comunicación. Junto a la anterior, y vinculada al rehúse, surge la obligación de prestar la debida diligencia en la custodia y conservación de los efectos que el comitente le haya remitido, so pena de responder del daño que sufra.
Como señala HERNÁNDEZ MARTI, el citado precepto establece un deber precontractual consistente en contestar a una oferta (algo muy poco habitual en la legislación), deber que debe reputarse inherente a la profesión de comisionista. Compartimos la opinión de VICENT CHULIA en el sentido que la obligación contenida en el art. 248 Ccom. y la figura del comisionista debe asimilarse a cualquier empresario mercantil que realiza contratos por encargo de otros.
Este deber de respuesta, fácilmente extraíble del citado precepto, entendemos que debe extenderse, con base al principio de la buena fe, a toda parte interviniente en los tratos preliminares, debiendo fijarse el nivel de inmediatez en tal respuesta, a aquel corresponda con una actuación diligente a la vista de las circunstancias subjetivas y objetivas concretas.

3. Deber de secreto respecto de la información recibida
Como acabamos de ver, las partes de los tratos preliminares se suministran diversas informaciones precisas para poder decidir sobre la conveniencia de contratar y en que términos. Esta información puede ser muy simple, normalmente pública (por figurar en Registros u Oficinas Públicas, piénsese en la situación urbanística o de cargas de un terreno que se pretende adquirir) o más compleja y reservada (objetivos comerciales, formulas, procesos, listados de clientes...).
Como es opinión pacífica en la doctrina, existe un deber de guarda, de secreto, relativo a toda la información suministrada, de contenido patrimonial (o no), con ocasión de los tratos preliminares, siempre que sea confidencial, esto es, no pública o conocida por la generalidad, viniendo dada la intensidad de ese deber de secreto, en cualquier caso, por la naturaleza del contrato proyectado .
Según CUADRADO PEREZ, este deber tiene su fundamento en el propósito de evitar que quien participa en negociaciones sufra perjuicio alguno por el mero hecho de permitir que la contraparte conozca ciertas informaciones reservadas con relevancia patrimonial. Como dejamos dicho, entendemos que no es preciso que la información suministrada sea patrimonial, basta que sea confidencial o no conocida para que esté cubierta por el deber analizado, incluso aunque sea personal.

4. El deber de custodia y conservación
Este deber, hace referencia a la obligación que asume una de las partes interesada en la conclusión del contrato, de custodiar y proteger el objeto del mismo.
No nos referimos a la custodia y guarda, por ejemplo, de la documentación recibida en base a un ejercicio del derecho de información. Tal obligación viene recogida y amparada en el deber de secreto antes examinado. Aquí nos referimos a aquellos supuestos en que una de las partes, para deliberar y decidir sobre la celebración del contrato, precisa el examen y comprobación de la cosa objeto del mismo. Piénsese en el coche que se entrega por el concesionario para probar antes de efectuar una oferta o la inspección de mercancías antes de realizar un pedido.
Como señala GARCIA RUBIO, se trata de evitar que el objeto del futuro contrato, como consecuencia de los tratos, queden expuestos a riesgos y peligros que, si no se celebrasen, no existirían.  Por lo tanto, si como consecuencia de la inspección reseñada, la mercancía objeto de los tratos sufre algún deterioro o menoscabo, la parte inspeccionante incurrirá en responsabilidad.

5. El deber de protección
Por otro lado, se afirma por parte de la doctrina la existencia del llamado deber de protección, según el cual, y en base al principio de buena fe y la confianza entre las partes, debe protegerse la persona y bienes de la otra parte durante la fase de tratos preliminares.
Esta doctrina, tiene su origen y fue desarrollado por la doctrina alemana a partir del llamado caso “Linolelum”, decidido  por el Reichsgericht el 7 de diciembre de 1911, y que hacía responsable al titular de un establecimiento comercial (una tienda de tapices), por las lesiones sufridas en su pie por una clienta mientras examinaba mercancía (rollos de tapices colgados que se le cayeron). Se considera que quien daña a la otra parte, en su patrimonio o persona debe responder.
Este deber de protección ha sido objeto de crítica al  considerar que entre los deberes precontractuales no se encuentra el deber de protección, o que tales hechos deben regirse por la responsabilidad aquiliana. Sin embargo, en derecho alemán tal deber de protección aparece recogido actualmente en el Código Civil alemán (BGB) parágrafo 311.2, considerado por CUADRADO PEREZ, el desarrollo legislativo de la culpa in contrahendo a la que más adelante nos referiremos.
En España, nuestra doctrina, considera tal deber incorporado al art. 1902 del Código Civil. Sin perjuicio de ello, compartimos la opinión de CUADRADO PEREZ en el sentido que este deber de protección, entendido genéricamente, debería integrar a los antes expuestos de custodia y  conservación.

6. Limitaciones a las negociaciones paralelas
Ciertamente nuestra mejor doctrina considera que las negociaciones paralelas, esto es, cuando uno de los intervinientes de los tratos preliminares, a su vez, mantiene, con respecto al mismo objeto o futuro contrato y al mismo tiempo, tratos preliminares con otra persona, no es contrario al principio de la buena fe que debe regir las actuaciones entre las partes.  
Sin embargo, entendemos que la anterior regla quiebra cuando las partes han pactado la negociación en exclusiva. O si se ha recibido de la contraparte información suficiente relativa al meritado objeto o contrato futuro o las conversaciones se hallan muy avanzadas. En estos dos últimos supuestos, la buena fe parece aconsejar la no llevanza de negociaciones paralelas.
Manifiesta GARCIA-GRANERO COLOMER que, pese a la admisibilidad de las negociaciones paralelas, se considera conveniente informar a la otra parte del hecho de que se mantienen las mismas. Discrepamos de la opinión. Entendemos que, salvo en los supuestos anteriormente reseñados, las negociaciones paralelas no pueden ser objeto de limitación o condicionamiento en su desarrollo. Máxime cuando ningún compromiso de contratar se está adquiriendo durante la fase de tratos preliminares.
Es más, la praxis habitual nos lleva a afirmar que ante tal tipo de información, el receptor tiende a pensar que no se trata más que de una argucia a efectos de “presionar” y forzar la conclusión del contrato. Por ejemplo, en la compraventa de un piso: cuando el vendedor dice “decídanse que tengo otros señores que han preguntado por el piso y tienen interés en comprarlo”, normalmente, la respuesta interna del potencial comprador suele ser “si esto es así, ¿porque me lo vendes? No hay tal tercero interesado en el piso.”

7. Deber de iniciar y continuar las negociaciones con intención de concluirlas y de no abandonarlas sin justa causa

La invocación de tales deberes parece una contradicción a la vista de la naturaleza y trascendencia de los tratos preliminares. Como dijimos, ut supra,  en el desarrollo de los tratos preliminares, las partes no están contratando ni existe un ánimo de contratar, pues al iniciarlos, no crean o quieren crear una vinculación jurídica. Por tal razón, debe reconocerse a las partes que intervienen en la misma la posibilidad de desistir y dar por cerradas unilateralmente las negociaciones. De otra manera, como señala CUADRADO PEREZ se estaría entorpeciendo sobremanera el tráfico jurídico, dado que nadie se atrevería a comenzar los tratos, salvo que tuviese la completa certeza de que acabarían culminado en un contrato, coartando la libertad de contratación y la autonomía de la voluntad.  
No obstante lo anterior, esta facultad de desistimiento tiene un limite: el principio de buena fe que debe regir la actuación precontractual de las partes. Y en este sentido, puede afirmarse que es contrario al precitado principio:
- Iniciar los tratos preliminares sin un interés o voluntad de concluirlos.
- Pese a haber iniciado los tratos con tal voluntad, continuarlos o prolongarlos siendo consciente de que no se va a concluir el contrato.
-Finalmente, es contraria al principio de buena fe la actuación de quien, pese a iniciar y continuar los tratos preliminares de buena fe, con ánimo de concluirlos, injustamente, los abandona.
En este caso, el problema con que vamos a encontrarnos es determinar cuando se produce el abandono injusto. Y en este sentido, como señala RAGEL, no podemos olvidar que la buena fe en la formación del contrato, no obliga a continuar las negociaciones, salvo cuando se ha suscitado en la otra parte la confianza en la celebración del contrato. Si se defrauda esa confianza sin justa causa que lo justifique, nacería la necesidad de reparar el daño ocasionado.
Esta es la solución que ofrece el Códice Civile italiano, art. 1337, según el cual se entienden abandonados injustificadamente los tratos preliminares cuando el desarrollo de estos ha originado una cierta confianza en la otra parte sobre la conclusión del contrato.  
Esta misma idea subyace en la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 14 de junio de 1999 que exige para que la ruptura de los tratos preliminares sea injustificada: a) La suposición de una razonable situación de confianza respecto de la plasmación del contrato; b) el carácter injustificado  de la ruptura de los tratos; c) la efectividad de un resultado dañoso y c) relación de causalidad entre ese daño y la confianza suscitada.
Examinemos dichos criterios, unánimemente admitidos por nuestra doctrina, y que se sintetizan en:

A) Existencia de una confianza tutelable
Esto es, que las conversaciones hayan provocado en la otra parte, la confianza de que las negociaciones llegarían a buen fin, defraudando legítimas expectativas en tal sentido. Esta confianza, que no debe consistir en una mera percepción subjetiva sino que debe estar contrastada en criterios objetivos, puede surgir en un tiempo más o menos largo, de muy variada forma: naturaleza objeto del contrato, circunstancias de los intervinientes; contenido de los tratos (v.gr. amplitud de la información solicitada y/o facilitada)..., siendo primordial un avanzado estado de las negociaciones.
Concretamente, esta confianza tutelable puede considerarse que existe cuando se han examinado los elementos esenciales del futuro contrato. Esta es la postura mayoritaria en la doctrina y jurisprudencia italiana e incluso ha sido recogida en el anteproyecto de Código Europeo de Contratos (Pavía), art. 6.3, que señala que si “en el curso de los tratos las partes han examinado ya los elementos esenciales del contrato, de manera que de ello se prevé una eventual conclusión,  la parte que suscite respecto de la otra una confianza razonable en cuanto a su estipulación, obra contra la buena fe desde que interrumpe las negociaciones sin motivo justificado.”
Sin perjuicio de lo anterior, encontramos difícilmente conciliable la anterior doctrina con la naturaleza de los tratos preliminares, en los que no hay ni existe un ánimo de contratar, pues al iniciarlos, las partes no crean ni quieren crear una vinculación jurídica. Por tal razón, no parece lógico confiar en la conclusión de un contrato a cuya realización no está obligada la otra parte. Por tal razón, entendemos que esa confianza tutelable debe ir relacionada más que nada con un correcto desarrollo de los tratos, es decir, con un comportamiento serio y leal de la contraparte. En palabras de GARCIA RUBIO, con el deber de actuar seria y consecuentemente. Y en esta línea, se manifiesta nuestro Tribunal Supremo, sentencia de fecha 14 de junio de 1999 (TOL 2364).

B) Abandono injustificado de los tratos preliminares
Junto a la existencia de esa confianza objeto de tutela, debe concurrir un abandono injustificado de los tratos preliminares por la otra parte de los tratos.
A la hora de determinar que se entiende por ruptura injustificada de tratos, nos encontramos no sólo con lo indeterminado del término injustificado, sino también con la colisión que respecto de la naturaleza de los tratos preliminares supone impedir el abandono de las negociaciones cuando uno lo considera oportuno a la vista que la facultad de decidir sobre la conveniencia de concluir o no el contrato, corresponde exclusivamente al ámbito de la esfera individual. Antes de la aparición de la confianza tutelable, la parte puede, arbitrariamente, abandonar las negociaciones. Por ello, como señala CUADRADO PEREZ, es preciso hallar un punto de equilibrio entre esa confianza tutelable y la autonomía individual decisoria de las partes durante los tratos preliminares. Este punto, es extremadamente difícil de fijar y precisar, máxime cuando la decisión de abandonar la negociación normalmente se apoya en motivos personales, y, por tanto, subjetivos.
Compartiendo la opinión de CUADRADO PEREZ, no parece admisible la simple invocación de razones subjetivas para desistir de la negociación. Tampoco motivos que ya eran conocidos o que, con una mera actuación diligente, debería de haber conocido. Para determinar lo justificado o no del desistimiento en la negociación precontractual, es precisa una ponderación comparativa entre los intereses de las partes intervinientes, siendo motivo de abandono, a título de ejemplo, la aparición de ofertas más beneficiosas, la variación de las circunstancias existentes en el momento de inicio de los tratos, la excesiva prolongación sin avance alguno...

C) Existencia del daño
Para que surja obligación de resarcir, ha de existir un daño relevante que se irroga a través de la actuación contraria a la buena fe y una relación entre el daño y la confianza.

VII. LOS TRATOS PRELIMINARES Y LA GENERACIÓN DE RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL
1. Fundamento de la llamada responsabilidad precontractual: la buena fe

Como señala VALPUESTA FERNÁNDEZ, en los supuestos en que actuaciones contrarias a la buena fe desembocan en un contrato, sea nulo o lesivo para los intereses de la otra parte, o supongan el incumplimiento de una obligación, el incumplimiento de los especiales deberes entre las partes entran a formar parte de dicho supuesto que cuentan con una regulación más acabada en nuestro Ordenamiento (arts. 1300, 1474 y ss, 1200 o 1487 CC). Por el contrario, si el contrato no se celebra, no existe una respuesta clara en parte porque se considera con buen criterio que los tratos preliminares no vinculan a contratar, toda vez que las partes pueden desistir de ello en base a la autonomía de la voluntad.
Sin embargo, durante la fase de los tratos preliminares, los intrervinientes deben actuar guiados por la buena fe, cumpliendo los deberes a su cargo durante la fase de negociación. Si se falta a esa buena fe, indispensable para que los tratos puedan iniciarse y continuar adecuadamente, se incurre en un tipo de defraudación que puede generar, si produce daños, una obligación de indemnizar, nunca a la celebración del contrato o la asunción de las obligaciones que del mismo derivarían.  Esto es, con fundamento en el citado principio de la buena fe en sentido objetivo, la conducta incorrecta o maliciosa de las personas que mantienen estos tratos o conversaciones preliminares a la contratación, que cause un daño, dará lugar a la llamada responsabilidad precontractual.

2. Naturaleza jurídica de la responsabilidad precontractual: ¿supuesto de responsabilidad contractual o extracontractual?
A) Tesis contractualista
Según esta línea doctrinal, la responsabilidad aquí examinada debe ser reputada como contractual, siendo aplicable por lo tanto, como recuerda MENÉNDEZ MATO, el plazo de prescripción de 15 años previsto en el art. 1964 CC y lo dispuesto en los arts. 1106 y 1107 del mismo cuerpo legal a efectos del cálculo de la indemnización, así como la existencia de una presunción iuris tantum de responsabilidad sobre el incumplidor de la obligación.
En esta línea doctrinal, cabe situar a PUIG BRUTAU, quien, ante una eventual aplicación de la responsabilidad extracontractual, considera que la responsabilidad precontractual ha de representar una protección más concreta para quien se ve perjudicado por una conducta desleal, dolosa o gravemente culposa, decantándose a tal fin, por la consideración contractual de la responsabilidad analizada. En apoyo de su argumento, recurre a la idea de dolo incidental, que obliga a quien lo haya empleado a indemnizar daños y perjuicios (art. 1270.2 CC), que sería procedente estimar con independencia de si se ha llegado o no a la válida celebración del contrato.
ALONSO PEREZ, también se manifiesta a favor de la tesis contractualista. Concretamente, considera que aun cuando la responsabilidad precontractual no es precisamente contractual y carece de una naturaleza autónoma en nuestro derecho, entiende más adecuado atribuirle tal naturaleza antes que la extracontractual, desde el punto de vista de la prescripción. Además, considera que el deber de actuar conforme a la buena fe, implica un deber inter partes cuyo incumplimiento genera una responsabilidad análoga a la contractual, basada aquella en el quebrantamiento de la lealtad y confianza entre las partes como consecuencia de iniciar las negociaciones y derivada de una conducta, dolosa, engañosa y desleal, productora de daño en el proceso de formación contractual.  
En la misma línea, PANTALEÓN PRIETO se decanta por la tesis contractualista, considerando que se puede extender la responsabilidad contractual  a los supuestos en que, entre dañante y dañado, ha existido una relación de contacto social, como serían los tratos preliminares. Además, considera que, desde un punto de vista práctico, a estas situaciones les conviene la aplicación de la responsabilidad contractual. También en esta línea contractualista, vid la opinión de GARCIA AMIGO o SANTOS BRIZ.
En nuestra opinión, la naturaleza contractual de la responsabilidad aquí considerada debe ser rechazada, toda vez que no nos parece adecuado fundar tal naturaleza, exclusivamente, en situaciones prácticas de prescripción. Por otro lado, no se conecta con la naturaleza de los tratos preliminares, en los que no existe obligación de contratar, ni aun en el supuesto que se estime la existencia de responsabilidad precontractual. Se parte de una especie de ficción de existencia de contrato, lo cual no nos parece admisible.

B) Tesis extracontractualista
Otra parte de la doctrina configura la responsabilidad precontractual como extracontractual. Consecuencia de ello, sería fijar el plazo de prescripción en un año (1902 CC), no existiría limitación alguna al resarcimiento del daño imprevisible, no importando que éste sea causado por dolo o culpa; y la carga de la prueba del daño causado correspondería a quien reclama la indemnización. Parece alinearse en esta línea RAGEL SANCHEZ, cuando manifiesta que los tratos preliminares “en ciertos casos producen efectos jurídicos, porque hacen nacer obligaciones de carácter extracontractual o, hablando más propiamente, de naturaleza precontractual.”
También se decanta por esta tesis MORENO QUESADA, quien  considera que el fundamento de la responsabilidad precontractual es la responsabilidad extracontractual del art. 1902, por cuanto posibilita la limitación de la exigibilidad de indemnización sólo a los casos en que sea realmente justificada, como sucede con los tratos mantenidos con finalidad diversa a la de contratar, que son supuestos de responsabilidad, así como DE LOS MOZOS, quien con la aplicación del art. 1902 CC, entiende que se pueden contraponer aquellas situaciones en que, mediando culpa, se aplique un tratamiento determinado que genere una responsabilidad, a aquellas otras en que o bien se grave por mediar mala fe o se aligere por mediar un comportamiento correcto o como mucho fundado en un error excusable.
Otros autores defensores del carácter aquiliano de la responsabilidad precontractual, son MENÉNDEZ MATO, quien considera que la conducta que deben seguir los intervinientes  durante los tratos preliminares, se encuentra recogida en el principio neminen laedere, esto es, en el momento en que uno de ellos ocasione al otro un daño ilegitimo, surgirá la obligación de indemnizar el daño causado, ALBALADEJO, LLOBET I AGUADO, MARTINEZ DE AGUIRRE ALDAZ, o BRENES CORTES
Nuestra Jurisprudencia unánimemente se decanta también por la naturaleza extracontractual de la llamada responsabildad precontractual.  Son de citar las sentencias del Tribunal Supremo de fecha 11 de abril de 2000 (RJ 2000\2434), 16 de diciembre de 1999, (TOL 2586); 14 de junio de 1999 (TOL 2364); 26 de febrero de 1994 (RJ 1994\1198); 15 de noviembre de 1993 (1993\9096) o  16 de mayo de 1988 (RJ 1988\4308).
También es de citar las sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 23 de septiembre de 1993 (AC 1993\2109) y 11 de octubre de 2005 (TOL 807873); o de la Audiencia provincial de Murcia de fecha 9 de enero de 2006 (TOL 942607).
No obstante, siguiendo a DIEZ PICAZO la objeción que cabe hacer a esta tesis cabe situarla en que la justificación de la aplicación del art. 1902, hay que ubicarla en el acto ilícito, que la lesión sea constitutiva de un fraude o estafa. Sin embargo, no parece que en el ámbito de los tratos preliminares, especialmente, en la retirada de las negociaciones, se dé tal ilícito acto. Máxime cuando las partes, por iniciar los tratos, no quedan vinculados a contratar.

C)Posición intermedia
Mantiene tal postura GONZALEZ MARTINEZ, según la cual, los múltiples y variados supuestos de responsabilidad precontractual que pueden aparecer en la práctica, impide encuadrarla dentro de la contractual o extracontractual, debiendo ir caso a caso aplicando una u otra según se adapte a la situación enjuiciada.  En la misma línea argumental, ASUA GONZALEZ manifiesta que  pese a considerar que a la responsabilidad precontractual podría ser aplicable sin problemas el art. 1902 CC, configurándose la ilicitud de la conducta por violación de las obligaciones impuestas por la buena fe en sentido objetivo, también considera  que hay argumentos para defender la aplicación de las normas previstas para la responsabilidad contractual.

D) Tertium genus de responsabilidad
GARCIA RUBIO, basa la responsabilidad en la teoría del abuso de derecho considerando que concurren los requisitos que tipifican a éste en un uso de un derecho objetivo o extremadamente legal, esto es, el derecho a abandonar los tratos, daño a un interés no protegido por una especifica prerrogativa jurídica y el carácter inmoral o antisocial del derecho.  
Señala LUNA SERRA que la responsabilidad precontractual no puede considerarse contractual y sus perfiles son más determinados y distintos que los aquiliana. Para el autor, supone una vulneración del principio general de la buena fe y por analogía con el supuesto contemplado en el art. 1258 CC, podría justificarse la indemnización de daños y perjuicios por el incumplimiento de esa conducta leal a la que están obligadas los tratantes.
Por su parte, MANZANARES, parte de la responsabilidad extracontractual como aplicable, sin embargo, amplia tal situación hacia una nueva responsabilidad en la que el incumplimiento de la obligación general de buena fe durante la formación del contrato, se establece como fuente de una responsabilidad especifica: la precontractual.  
En la misma línea, LASARTE considera aplicable a la responsabilidad precontractual el art. 1902 del CC “que, como ya sabemos, constituye el soporte fundamental de la  responsabilidad extracontractual, reconvertida en precontractual en atención a su concreto origen.” Sin embargo, considera igualmente aplicable a esta responsabilidad el principio general de la buena fe (art. 7.1 CC) y lo dispuesto en el art. 1258 CC.
DIEZ PICAZO, tras analizar y comentar las tesis contractualistas y las aquilianas, funda tal responsabilidad en el principio de la buena fe que rige en nuestro ordenamiento. Ello sin perjuicio que, en posteriores ediciones de su obra citada, no se decante por ninguna tesis y se limite a relatar las diversas existentes. También, VALPUESTA FERNÁNDEZ considera que la responsabilidad precontractual tiene su fundamento en el principio de la buena fe sin perjuicio que encuentre un fundamento normativo más inmediato cuando forma parte de un supuesto de hecho regulado específicamente, que le proporciona cobertura jurídica, sea este de responsabilidad contractual o extracontractual.
Nuestra opinión: la responsabilidad precontractual es un tipo independiente de la contractual y de la aquiliana, pese a serle aplicables los caracteres de esta última, guiada y presidida por el principio de la buena fe, haciendo nuestros, a este respecto, los argumentos de MANZANARES, y LASARTE arriba reseñados.

3. Actuaciones  de las partes durante los trámites preliminares que pueden ser objeto de responsabilidad precontractual
Antes de entrar a analizar las conductas en que la responsabilidad precontractual puede plantearse, consideramos oportuno remarcar dos ideas:
Por un lado, y como señala GARCIA-GRANERO COLOMER, no cabe partir de soluciones univocas a la hora de regular, contemplar o, incluso, sancionar situaciones generadas por el incumplimiento o ruptura de los tratos preliminares. Siguiendo a ROMAN GARCIA, debe atenderse a la situación de hecho que se plantea en cada caso concreto, quien añade que, en la mayoría de los casos, los efectos jurídicos que surjan serán idénticos a los que origina la aplicación del principio de la buena al cumplimiento de las obligaciones extracontractuales.  Y dado que no existe en nuestro ordenamiento jurídico norma especifica de tal responsabilidad, se construye mediante aplicaciones particulares de dicho principio dispersa en el Código Civil (arts. 1474 y ss; 1590; 1687, 1765 y 1804), permitiendo adecuar la aplicación normativa a las circunstancias de cada caso concreto. Como señala VALPUESTA FERNÁNDEZ, el comportamiento desleal o contrario a la buena fe pueden derivar hacia supuestos muy diferentes no susceptibles de tratamiento unitario.
Por otro, la cuestión objeto de examen se plantea con los tratos preliminares que no concluyen en contrato. Si se celebra el mismo, no se originará una responsabilidad por culpa in contrahendo sino directa y puramente contractual.
Expuesto lo anterior, pasamos a examinar los supuestos en que se puede generar responsabilidad como consecuencia de tratos preliminares que no concluyen en contrato. Y en esta línea, queremos seguir la doctrina de DIEZ PICAZO que al efecto distingue:
a)  Supuesto de concierto de un contrato nulo, conociendo una parte la existencia de la causa de nulidad y ocultándola a la otra.  Como señala VALPUESTA FERNÁNDEZ, el comportamiento de una de las partes, contrario a la buena fe, durante la formación del contrato, repercute de forma negativa en el mismo y puede contribuir a la celebración de un contrato nulo.
b) Alcanzado el acuerdo verbal, se desiste de él antes de la formalización el contrato escrito, necesario como forma ad solemnitatem. En este caso, como señala GARCIA-GRANERO COLOMER, el desistimiento es lícito pero existe un deber de resarcir los daños originados por la confianza suscitada por el acuerdo verbal.
c) Que las negociaciones hayan sido iniciadas de mala fe o prolongadas a partir de un momento de mala fe, sin una intención sería de concluir el contrato. Como señala GARCIA-GRANERO, el deber de indemnización se ampara en ese caso en el art. 1902 CC, al considerar que la mala fe si es un ataque ilícito a la esfera de libertad del otro contratante.
Esta actuación  puede ir precedida por una voluntad de buscar información no para la conclusión del contrato proyectado, sino para darle otro uso en beneficio propio o de tercero; una voluntad de impedir el inicio o “dinamitar”, si ya se han iniciado, las negociaciones sobre un bien con otra persona, etc.
d) Ruptura de las negociaciones comenzadas de buena fe, de forma injustificada. Sobre este aspecto, nos remitimos a lo dicho anteriormente en este trabajo.
También y aunque no se citan, dependiendo de que los tratos preliminares estén en marcha o, incluso, hayan sido cerrados de común acuerdo o justificadamente sin celebrar el contrato proyectado, son supuestos de responsabilidad precontractual el incumplimiento del deber de información, guarda, custodia y protección, de diligente respuesta y de mantener relaciones paralelas indebidas.
A tales supuestos, en principio, sería de aplicación el art. 1902 CC.
-Legitimado activamente, sería la persona a quien se le ha causado el daño. Pasivamente, quien ha incumplido el deber directamente, o sus auxiliares o apoderados. En caso de varios, entendemos aplicables la regla de la solidaridad.  

4. El daño indemnizable
Compartimos la opinión de RAGEL SANCHEZ al entender que el valor de la indemnización se refiere al llamado interés negativo o daño emergente, esto es, los gastos y desembolsos llevados a cabo en vista a la ejecución del contrato proyectado,
Igualmente consideramos con DIEZ PICAZO que la indemnización no incluye la pérdida de ofertas más favorables que en dicho tiempo hubiesen sido formuladas, ni el equivalente de la prestación o lucro cesante. Como dice RAGEL, si no se aprovecha una condición más ventajosa ofrecida por el tercero no puede pedir luego resarcimiento, pues hubiera sido justificada una ruptura de las negociaciones al existir un interés protegible de concluir los negocios en las condiciones más ventajosas posibles. Máxime, cuando determinar fielmente cuales son las otras condiciones es complicado, porque habría que tomar en consideración factores difícilmente determinables, incluso valorar las efectivas posibilidades de realizar otro contrato.
Si el incumplimiento precontractual consiste en el incumplimiento del deber de informar o guardar reserva, junto a esa reparación del interés negativo (piénsese en los gastos incurridos en el contrato que, a la vista de la información incompleta suministrada no se concluye), se podrá solicitar el suministro correcto de la información así como la reparación del daño causado por la falta, que igualmente procederá en el supuesto de incumplimiento de los deberes de custodia y protección.
Evidentemente, la carga de la prueba del daño, así como de la existencia de los presupuestos que dan lugar a la responsabilidad precontractual corresponde a quien lo alegue (Audiencia Provincial de Barcelona, sentencia de fecha 11 de octubre de 2005 (TOL 807873)





NOTAS:
  CUADRADO PEREZ, C. (Oferta, aceptación y conclusión del contrato, Bolonia 2003, pg. 33).
LASARTE C. (Principios de derecho civil III. Contratos, 7ª edición, Madrid 2003, pg. 75).
LASARTE C. (Principios, cit, pg. 75).
VALPUESTA FERNÁNDEZ, M.R. (Derecho Civil, Obligaciones y contratos. Obra colectiva  coordinada por VALPUESTA FERNÁNDEZ, M.R, Valencia 1998, pg. 394)
PUIG BRUTAU, J. (Compendio de Derecho Civil, Volumen II. Derecho de obligaciones, contratos y cuasi contratos, obligaciones derivadas de actos ilícitos. 3ª Edición, Barcelona, 1997, pg. 225).
MENÉNDEZ MATO, J.C. (La oferta contractual, Pamplona 1998, pg. 84).
DIEZ PICAZO, L. (Fundamentos de derecho civil, introducción, teoría del contrato, las relaciones obligatorias, Madrid 1970, pág. 188).
Citada esta definición por MARTINEZ DE AGUIRRE ALDAZ, C. (Curso de Derecho Civil (II) Derecho de Obligaciones, Obra colectiva coordinada por MARTINEZ DE AGUIRRE ALDAZ, C., Madrid 2000, pg. 370).
RIVERO HERNÁNDEZ, F. (Elementos de derecho civil. II Derecho de obligaciones, AA.VV, 3ª Edición revisada y puesta al día por RIVERO HERNÁNDEZ F., Madrid 2003, pg. 378).
RAGEL SÁNCHEZ, L.F.  (Estudio legislativo y jurisprudencial de derecho civil: obligaciones y contratos, Madrid 2000, pg. 238).
GUARDIOLA SACARRERA, E. (La compraventa internacional, Barcelona 1994, pg. 41).
  Sobre las cartas de intenciones, vid. LLODRA GRIMALT. F (“Letter of intent”, carta de intenciones, precontrato. Revista de Derecho Patrimonial Aranzadi, núm. 8, año 2002, pgs. 129 a 148).
CUADRADO PEREZ C., (Oferta, cit., pg. 35).
ALONSO PEREZ, M. (La responsabilidad precontractual. Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 1971, pg. 863 y 884, trabajo éste esencial para afrontar el estudio de los tratos preliminares y, por tanto, de obligada lectura).
ROMAN GARCIA, A. (El precontrato. Estudio dogmático y jurisprudencial, Madrid 1983, pg. 372) y GARCIA-GRANERO COLOMER, A.V. (Instituciones de derecho privado, tomo III, obligaciones y contratos, volumen 1º coordinado por SIMO SANTOJA V.L., Madrid 2002, pág. 333).
OSORIO MORALES, J. y OSORIO SERRANO, J.M. (Curso de derecho civil II, Derecho de obligaciones, contratos y responsabilidad por hechos ilícitos. 2ª edición, Valencia 2003, pg. 266)
GARCIA-GRANERO COLOMER, A.V (Instituciones, cit, pgs. 332 y 333).
GOMEZ CALERO, J. (Derecho mercantil 2. Obra colectiva coordinada por JIMÉNEZ SÁNCHEZ G.J. 4ª edición, Barcelona 1998, pg. 218).
GARCIA-PITA Y LASTRES, J.L. (Derecho mercantil de obligaciones, Parte General, Madrid 2003, pg. 413).
HERNANDO JIMÉNEZ, A. (El contrato de franquicia de empresa, Madrid 2000, pg. 86).
Sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña de fecha 25 de mayo de 2005 (TOL 838721).
CUADRADO PEREZ, C. (Oferta, cit, pg. 33).
RIVERO HERNÁNDEZ F., (Elementos, cit, pg. 378).
GOMEZ CALERO, J. (Derecho mercantil, cit, pg. 218) y CUADRADO PEREZ, C. (Oferta, cit, pg. 36).

En efecto, como señala MORENO QUESADA, B. (La Oferta del contrato. Revista de Derecho Notarial, 1956, pág. 120), los tratos preliminares no terminan con la emisión de una oferta sino con la formación del contrato, siendo éste su destino. Por tal motivo, si la oferta no es aceptada, continúan las negociaciones y, por tanto, los tratos preliminares.
VALPUESTA FERNÁNDEZ, M.R. (Derecho Civil, cit, pg. 394).
DIEZ PICAZO, L. (Fundamentos, cit, pg. 189).
En el mismo sentido, vid Tribunal Supremo, sentencia de fecha 16 de diciembre de 1999 (TOL 2586). También la sentencias de la Audiencia Provincial de Huesca de fecha 28 de abril de 2000 (AC 2000\3231) y de la Audiencia Provincial de Madrid, de fecha 12 de junio de 2001 (JUR 2001\252065).
GARCIA-GRANERO COLOMER, A.V (Instituciones de derecho privado, tomo III, obligaciones y contratos, volumen 1º coordinado por SIMO SANTOJA V.L,cit, pg. 333).
MARTINEZ DE AGUIRRE ALDAZ, C. (Curso, cit, pg. 371).
RODRÍGUEZ TORRES, J. (Reflexiones sobre el precontrato. Boletín de Información del Ilustre Colegio Notarial de Granada, separata núm. 25, febrero 1986, pg. 35).
ROMAN GARCIA, A. (El precontrato, cit, pg. 372) y GARCIA-GRANERO COLOMER, A.V (Instituciones, cit, pg. 333).
CUADRADO PEREZ, C. (Oferta, cit., pg. 37).
GARCIA-GRANERO COLOMER, A.V. (Instituciones, cit, pg. 334).
VALPUESTA FERNÁNDEZ, M.R. (Derecho Civil, cit, pg. 394) y GARCIA-GRANERO COLOMER, A.V. (Instituciones, cit, pg. 334).
GOMEZ CALERO, J. (Derecho mercantil, cit, pg. 218); VALPUESTA FERNÁNDEZ M.R. (Derecho Civil, cit, pg. 394); LASARTE, C. (Principios, cit, pg. 75) y GARCIA-GRANERO COLOMER, A.V. (Instituciones, cit, pg. 334).
DIEZ PICAZO, L. (Fundamentos, cit., pg. 189); LASARTE, C. (Principios, cit, pg. 75); VALPUESTA FERNÁNDEZ, M.R. (Derecho Civil, cit, pg. 394); RAGEL SÁNCHEZ, L.F. (Estudio, cit, pg. 239); RIVERO HERNÁNDEZ, F. (Elementos, cit,  pg. 378) y GARCIA-GRANERO COLOMER, A.V. (Instituciones, cit, pg. 334).
RAGEL SÁNCHEZ L.F. (Estudio, cit, pg. 239).
RIVERO HERNÁNDEZ F. (Elementos, cit,  pg. 378).
VALPUESTA FERNÁNDEZ, M.R. (Derecho Civil, cit, pg. 394).
RAGEL SÁNCHEZ, L.F. (Estudio, cit, pg. 240).
Igualmente, sentencia del Tribunal Supremo de fecha 1 de abril de 1992 (RJ 1992\3093).
También, vid. sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca de fecha 28 de abril de 2000 (AC 2000\3231).
CUADRADO PEREZ, C. (Oferta, cit, pg. 38).
También en el mismo sentido, la sentencia de la Audiencia provincial de Córdoba de fecha 17 de octubre de 1992 (AC 1992\1380); o la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias de fecha 22 de marzo de 2002 (JUR 2002\130113).
Otras sentencias a examinar, sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña de fecha 9 de enero de 2004 (845691).
DIEZ PICAZO, L. (Fundamentos, cit., pg. 189); LASARTE, C. (Principios, cit, pg. 75); VALPUESTA FERNÁNDEZ, M.R. (Derecho Civil, cit, pg. 394), con cita de la sentencia del Tribunal supremo de fecha 7 de diciembre de 1966; MARTINEZ DE AGUIRRE ALDAZ, C. (Curso, cit, pg. 371); RAGEL SÁNCHEZ, L.F. (Estudio, cit, pg. 239); y RIVERO HERNÁNDEZ, F. (Elementos, cit,  pg. 378).
ALONSO PEREZ M., (La responsabilidad, cit, pg. 867).
RAGEL SÁNCHEZ, L.F. (Estudio, cit, pgs. 239 y 326).
GARCIA-GRANERO COLOMER, A.V. (Instituciones, cit, pg. 334).
PARRA LUCAN, M.A. (Curso de Derecho Civil (II). Derecho de Obligaciones, AA.VV, coordinado por MARTINEZ DE AGUIRRE ALDAZ, C., cit, pg. 414) y RAGEL SÁNCHEZ, L.F. (Estudio, cit, pg. 239).
LASARTE C., (Principios, cit, pg. 115).
LASARTE C., (Principios, cit, pg. 75).
MARTINEZ DE AGUIRRE ALDAZ, C. (Curso, cit, pg. 371).
OSSORIO MORALES, J. y OSSORIO SERRANO, J.M. (Curso, cit, pg. 277).
LOPEZ y LOPEZ, A.M. (Derecho Civil, Obligaciones y contratos, AA.VV, coordinado por VALPUESTA FERNÁNDEZ M.R, Valencia 1998, pgs. 421 y 422).
También la sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo, de fecha 5 de noviembre de 1999 (AC 1999\2243); o de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 7 de mayo de 1998 (AC 1998\5536)
En este sentido, Tribunal Supremo, sentencia de fecha 11 de octubre de 1984 (RJ 1984\4773).
RIVERO HERNÁNDEZ, F. (Elementos, cit,  pg. 378).
MARTINEZ DE AGUIRRE ALDAZ, C. (Curso, cit, pg. 138).
RAGEL SÁNCHEZ, L.F. (Estudio, cit, pg. 239).
Vid. sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, de fecha 8 de marzo de 2004 (TOL 445189), que plantea la nulidad de una compraventa, rechazada por el Tribunal,  por error de consentimiento derivado de la información facilitada por el vendedor al comprador durante los tratos preliminares.
LLOBET I AGUADO, J. (El deber de información en la formación de los contratos, Madrid 1996, pg. 15) y  MENÉNDEZ MATO, J.C. (La oferta, cit. pg. 88 y 89).
LASARTE, C. (Principios, cit, pg. 68), que define tal oferta como aquella declaración de voluntad emitida con la intención de celebrar un contrato  y que, por ende, ha de contener todos los elementos necesarios para que con la mera aceptación de la otra parte se pueda decir que el contrato ha quedado perfecto.
Sentencia Audiencia Provincial de Madrid de fecha 27 de enero de 2006 (TOL 843986).
LASARTE, C. (Principios, cit, pg. 75). En el mismo sentido, LLODRA GRIMALT. F (“Letter of intent”, cit., 132).
GUARDIOLA SACARRERA, E (La compraventa, cit, pg. 42). También MENÉNDEZ MATO, J.C. (La oferta, cit, pg. 88).
En el mismo sentido, LLODRA GRIMALT. F (“Letter of intent”, cit, pg. 132); MENÉNDEZ MATO, J.C. (La oferta, cit. pg. 88) y LLOBET I AGUADO, J. (El deber de información, cit, pg. 21). También, vid. sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 23 de marzo de 2006 (TOL 945918).
CUADRADO PEREZ, C. (Oferta, cit, pg. 38).
GUARDIOLA SACARRERA, E. (La compraventa, pg. 42).
GARCIA-GRANERO COLOMER, A.V. (Instituciones, cit, pg. 334);  LLOBET I AGUADO, J. (El deber de información, cit, pg. 16).
LLODRA GRIMALT, F. (“Letter of intent”, cit, pg. 132).
  LLODRA GRIMALT, F. (“Letter of intent”, cit, pg. 132).
También, sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias de 24 de febrero de 2006 (TOL 888409) y de la Audiencia Provincial de Castellón de fecha 15 de marzo de 2006 (TOL 961631).
MENÉNDEZ MATO, J.C. (La oferta, cit, pg. 98).
GARCIA-GRANERO COLOMER, A.V. (Instituciones, cit, pg. 333).
También denominado promesa de contrato. Vid. LASARTE, C. (Principios, cit, pg. 77).
LASARTE C., (Principios, cit, pg. 77).
En el mismo sentido, vid MENÉNDEZ MATO J.C (La oferta, cit. pg. 99) y la sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña de fecha 8 de febrero de 2002 (AC 2002\2384), que, distinguiendo el precontrato de los tratos preliminares señala  que “El precontrato es ya en sí mismo un auténtico contrato, que tiene por objeto celebrar otro en un futuro, conteniendo el proyecto o la Ley de bases del siguiente: debiéndose, por esta especialidad, quedar atemperada su fuerza vinculante, o cumplimiento forzoso, a dos posiciones extremas: entender que no es posible obligar a la contraparte a la prestación del consentimiento, o a la emisión de una declaración de voluntad, en lo que consiste la obligación del futuro contrato, ya que esto es un acto estrictamente personal y no coercible, quedando viva únicamente la posibilidad de una indemnización por los daños y perjuicios causados...”.
RAGEL SÁNCHEZ, L.F. (Estudio, cit, pg. 246).
RAGEL SÁNCHEZ, L.F. (Estudio, cit, pg. 245).
        
La Sentencia de la Audiencia Provincial de la Rioja, de fecha 26 de septiembre de 2002 (AC 2002\2334), considera que existe una promesa de venta al haber conformidad sobre el objeto y el precio, aunque existiera alguna variación respecto de este último. La sentencia de la Audiencia Provincial de Avila de fecha 28 de septiembre de 2005 (TOL 777278).
Otras sentencias a consultar, Audiencia Provincial de Barcelona, sentencia de fecha 11 de octubre de 2005 (TOL 807873)
A título de ejemplo, la denominada compra de capa de una empresa.
LASARTE, C. (Principios, cit, pg. 75).
En el mismo sentido, HERNANDO GIMÉNEZ A. (El contrato de franquicia, cit, pg. 75) y DIEZ PICAZO, L. (Fundamentos, cit, pg. 269).
Contra, LASARTE C., (Principios, cit, pg. 75), quien considera que, comúnmente, los tratos preliminares brillan por su ausencia en los llamados contratos instantáneos, en masa y sometidos a condiciones generales de la contratación, en la mayor parte de contratos y en general en todos aquellos supuestos en que el contenido del contrato se encuentre virtualmente predeterminado y deje escaso margen de negociación a las partes.
Asi lo pone de manifiesto GARCIA-PITA Y LASTRES, J.L. (Derecho mercantil, cit, pgs. 414 y 415).
GARCIA-PITA Y LASTRES, J.L. (Derecho mercantil, cit, pg. 414).
Sobre los tratos preliminares en el contrato de seguro, vid BRENES CORTES, J. (Régimen jurídico de la solicitud y la proposición en el contrato de seguro. La formación del contrato de seguro, en Revista de Derecho Patrimonial, num. 12, año 2004, pgs. 89 a 94)
GOMEZ CALERO, J. (Derecho mercantil, cit, pág. 218).
Se toma el ejemplo, aun cuando la naturaleza civil de tal compraventa, para nosotros, es indudable.
MENÉNDEZ MATO, J.C. (La oferta, cit. pg. 85).
LASARTE, C. (Principios, cit, pg. 11).
ALONSO PEREZ, M. (La responsabilidad, cit, pgs. 879 y 880).
CUADRADO PEREZ C., (Oferta,  cit., pg. 36), quien, incluso, señala que la complejidad de los aspectos fiscales, inversores o de dinero negro que implica una donación, podrían dar lugar a discusiones o tratos previos entre bienhechor y beneficiario sobre como llevar por el camino más adecuado a la celebración del acto gratuito.
Siguiendo a  RAGEL SÁNCHEZ, L.F. (Estudio, cit, pg. 927 y 928), son obligaciones del comoditario: a) Conservar la cosa con la diligencia de un buen padre de familia (art. 1094 CC) y satisfacer los gastos ordinarios que sean de necesidad para el uso y conservación (art. 1743 CC), no respondiendo de los deterioros que sobrevengan a la cosa prestada por el solo efecto del uso y sin culpa suya; b) Responder frente al comodante por la pérdida de la cosa, aunque fuere por caso fortuito, cuando destinó la cosa a un uso distinto de aquel para el que se prestó o la conservó en su poder por mas tiempo del convenido (art. 1744 CC) o cuando la cosa se entregó con tasación, salvo pactó en contrario; y c)  restituir la cosa cuando la reclame el comodante y, en todo caso, el uso para el que la prestó.
Por el contrario, son obligaciones del comodante a) abonar los gastos extraordinarios causados durante el comodato para la conservación de la cosa prestada, siempre que el comodatario lo ponga en su conocimiento antes de hacerlos, salvo cuando fueren tan urgentes que no pueda esperarse el resultado del aviso sin peligro (art. 1751 CC); y b) hacer saber al comodatario los vicios de la cosa prestada, respondiendo en caso contrario de los daños sufridos por aquella causa.
  OSSORIO MORALES, J. y OSSORIO SERRANO, J.M. (Curso, cit, pg. 231).
  PUIG BRUTAU, J. (Compendio, cit, pg. 292).
  PUIG BRUTAU, J (Compendio, cit, pg. 292.)
GARCIA-GRANERO COLOMER, A.V .(Instituciones, cit, pg. 334)
VALPUESTA FERNÁNDEZ M.R. (Derecho Civil, cit, pg. 394).
ASUA GONZALEZ, C.I. (La culpa in contrahendo, Erandio, 1989, pg. 63 a 65).
GARCIA-GRANERO COLOMER, A.V. (Instituciones, cit, pg. 334 y 335), GARCIA RUBIO, P. (La responsabilidad precontractual en el derecho español, Madrid 1991, pg. 41 y ss).
GARCIA-GRANERO COLOMER, A.V. (Instituciones, cit, pg. 335).
GARCIA RUBIO, P. (La responsabilidad precontractual en el derecho español, cit, pg. 40 a 42. ASUA GONZALEZ C.I. (La culpa, cit. pág. 253 y 254) y GOMEZ CALLE, E. (Los deberes precontractuales de información, Madrid 1994, pg. 18).
ASUA GONZALEZ C.I. (La culpa, cit, pgs. 205 y 206); LLODRA GRIMALT. F (“Letter of intent”, cit., pg. 139). GARCIA RUBIO, P. (La responsabilidad, cit, pg. 41); GOMEZ CALLE, E. (Los deberes, cit, pg. 18) y  LLOBET I AGUADO, J. (El deber, cit, pg. 13).
Matiza lo anterior CUADRADO PEREZ, M. (Oferta, cit, pg. 46), al considerar que el estándar de conducta que ha de observarse no puede entenderse en un sentido uniforme. Para el autor citado, el contenido de la buena fe, debido a su carácter de cláusula general, no puede ser reducido a un concepto definido a priori. Variará y deberá ser concretado en cada caso concreto, a la vista de las concretas circunstancias concurrentes, que deberán ser analizadas desde una doble perspectiva, la objetiva, esto es, la naturaleza y contenido de del contrato que se pretende celebrar y subjetivas, las partes intervinientes y su ignorancia o calificación profesional.
En nuestra opinión, hay que partir de un patrón objetivo de conducta, que, en su mayor o menor amplitud, variara a la vista de las concretas circunstancias subjetivas concurrentes en las partes intervinientes. Por ejemplo, en la venta de un automóvil, el patrón de conducta exigible al vendedor no será el mismo si es un particular o un profesional del comercio, o el comprador es empresario o particular.
ALONSO PEREZ, M. (La responsabilidad, cit, pgs. 862 a 869, 887 y 888).
En el mismo sentido, CUADRADO PEREZ, M. (Oferta, cit, pg. 46).
Un exhaustivo estudio del deber de información puede hallarse en las excelentes monografías de LLOBET I AGUADO, J. (El deber de información en la formación del contrato, Madrid 1996) y GOMEZ CALLE E. (Los deberes precontractuales de información, Madrid 1994), ya citados.
GARCIA-GRANERO COLOMER, A.V. (Instituciones, cit, pg. 335); CUADRADO PEREZ, C. (Oferta, cit, pg. 48) y ALONSO PEREZ, M. (La responsabilidad, cit, pg. 881).
LLOBET I AGUADO, J. (El deber, cit, pg. 38).
LLOBET I AGUADO, J. (El deber, cit, pg. 40 y 41).
LLOBET I AGUADO, J. (El deber, pg. 42).
Vgr intervenga un consumidor.
No se puede pedir el mismo nivel de información a un profesional que a un particular. En el mismo sentido, LLOBET I AGUADO, J. (El deber, cit, pg. 52).
GARCIA RUBIO, P (La responsabilidad, cit, pg. 45).
CUADRADO PEREZ, C. (Oferta, cit, pg. 48 y 49).
GOMEZ CALLE, E. (Los deberes,  pg. 88 y 89).
LLOBET I AGUADO, J. (El deber, cit, pg. 39). En el mismo sentido GOMEZ CALLE, E. (Los deberes, cit, pgs. 89 a 91), quien distingue, respecto de la imposibilidad de autoinformación de las partes, razones objetivas, por complejidad técnica de un bien o especialización del servicio que hace que solo un experto pueda conocer e informar sobre los mismos o subjetivas, a la vista de las circunstancias personales del negociante (escasa formación, problemas lingüísticos, deslocalización, defectos físicos .....).
  CUADRADO PEREZ, M (Oferta, cit, pg. 48 y 49).
VALPUESTA FERNÁNDEZ M.R (Derecho Civil, cit, pg. 394).
  GARCIA CANTERO, citado por  GARCIA-GRANERO COLOMER, A.V. (Instituciones, cit, pg. 341), considera que debería plasmarse en la doctrina general del contrato, una obligación reciproca de información entre las partes sobre los puntos precisos para la prestación de un consentimiento libre y meditado. Discrepamos de la opinión, toda vez que entendemos que tal deber de información ya resulta indiscutible, a la vista del principio de buena fe contenido en los arts. 7 y 1258 CC, sin necesidad de constancia expresa.
GOMEZ CALLE, E. (Los deberes, cit, pgs. 123 a 127). Sobre los mecanismos de transmisión de la información, vid LLOBET I AGUADO J. (El deber, cit, pgs. 52 a 59)
GOMEZ CALLE, E. (Los deberes,  cit, pgs. 123 a 130).
GARCIA-GRANERO COLOMER, A.V. (Instituciones, cit, pg. 341) afirma la necesidad de mantener el equilibrio entre las obligaciones con especial protección al mas necesitado.
GARCIA-GRANERO COLOMER, A.V. (Instituciones, cit, pgs. 336 y ss).
GOMEZ CALLE, E. (Los deberes, cit, pg. 18).
Con relación a la citada Ley y, concretamente, su art. 8, nos remitimos a la monografía de MURNAT BERNAT, P.A, (La regulación Española de la Multipropiedad, 2 edición, Pamplona 2003). Para el autor, cit, pg. 178, las exigencias recogidas en el citado art. 8 cumplen una función de amparo y protección de los futuros compradores frente a las agresivas técnicas de captación y marketing empleada por los comerciales en estos tipos de negocio. En especial, respecto al documento informativo que alude el citado precepto, indica MURNAT BERNAT, P.A, cit pg. 179, que tiene una naturaleza de oferta vinculante durante un plazo de 7 días, tiene como finalidad que el adquirente tenga la suficiente información sobre el objeto que adquiere y tenga tiempo para reflexionar sobre ello, sin las prisas de perder la ocasión de celebrar un buen contrato. Esto es, se pretende evitar que el consumidor adquiera el aprovechamiento, presionado, sin la necesaria libertad y conocimiento pleno de las consecuencias de tal acto.
Nos remitimos al comentario de los citados preceptos obrantes en la obra colectiva “Comentarios a las Leyes de Ordenación del Comercio Minorista”, coordinado por BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. y LEGUINA VILLA, J., Madrid 1996.
Llamamos la atención sobre el hecho que la Ley citada regula tanto la concesión del crédito como el compromiso de concederlo. Y que la obligación de información precontractual contenida en el art. 16 es a instancia de parte: solo existirá la obligación de suministrar el documento con las condiciones del crédito  así lo solicita el consumidor peticionario del mismo. Tal documento, tendrá carácter de oferta vinculante.
Para un comentario de los citados preceptos, vid. GARCIA-PITA Y LASTRES, J.L. (Derecho mercantil, cit, pgs. 882 y 885 y 886) y, especialmente CLEMENTE MEORO, M.E. (Algunas consideraciones sobre la contratación electrónica, en Revista de Derecho Patrimonial Aranzadi, núm. 4, año 2000, pgs. 59 a 86. Especialmente, vid pgs. 67 a 70). El autor considera, cit, pg. 67, que el suministro de información previo al contrato, pretende igualar la desigual posición de partida entre el empresario, que conoce directamente el producto o servicio que ofrece, y el consumidor, que en los contratos a distancia no puede realizar una comprobación personal de las características.
También en materia de contratación a distancia en materia de servicios financieros destinados a los consumidores, hay que traer a colación la Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002.  Esta directiva, con la finalidad de evitar que el consumidor quede en una situación más desfavorable a la hora de formar su consentimiento como consecuencia del empleo de técnicas de comunicación a distancia, establece unas obligaciones de información precontractual a favor del consumidor en su art. 3. Esta información, que debe comunicarse de manera clara y comprensible por cualquier medio adaptado a la técnica de comunicación a distancia utilizada, entendemos viene regida igualmente por el principio de buena fe y referida a tres aspectos fundamentales el proveedor (art. 3.1.1), el servicio financiero propuesto (3.1.2), el contrato a distancia (3.1.3) y las vías de recurso (3.1.4).  Hay otros supuestos de información precontractual especifica en la directiva: La referida a la oferta a través de telefonía vocal (art. 1.3) y la información complementaria del art. 4 de la Directiva.
Al respecto vid. MUNAR BERNAT, P.A. (La directiva sobre contratos a distancia en materia de servicios financieros, en la obra colectiva Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor Luis Diez Picazo, Tomo II, Madrid 2003, pgs. 1189 a 1200, especialmente, pg. 1194).
DE LA CUESTA RUTE, J.M. y VALPUESTA GASTAMINZA, E. (Contratos mercantiles, Tomo I, obra colectiva coordinada por VALPUESTA GASTAMINZA, E., pgs. 92 y 93.)
ORTUÑO BAEZA, M.T. (Contratación mercantil, Volumen 1, obra escrita por GALLEGO SÁNCHEZ E. con la colaboración, entre otras, de la citada, Valencia 2002, pág. 432).
Para un examen exhaustivo de la citada información, vid RUIZ PERIS J.I (Los tratos preliminares en el contrato de franquicia, Pamplona 2000, pg. 175 a 208) y HERNANDO JIMÉNEZ A. (El contrato de franquicia de empresa, Madrid 2000, pg. 91 a 98).
ORTUÑO BAEZA, M.T. (Contratación, cit, pág. 434).
MARTINEZ SANZ, F. (De la actividad comercial en régimen de franquicia, en la obra colectiva Régimen jurídico general del comercio minorista. Comentarios a la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista y a la ley Orgánica 2/1996, de 15 de enero, complementaria de la Ordenación del Comercio minorista, Madrid 1999, pg. 728 y 729).
También RUIZ PERIS, J.I. (Los tratos preliminares en el contrato de franquicia, Pamplona 2000, pg. 213), quien, respecto a la eventual anulabilidad por error, señala que “nos hallamos ante un peculiar caso de error que presupone la realización de una conducta ilícita por el causante del error, el franquiciador. La de omitir la información debida o la proporcionada de forma insuficiente o no veraz. Conducta que puede ser dolosa, culposa o diligente. A nuestro juicio, al valorar la aptitud del error para determinar la anulabilidad del contrato, habrá que tener en cuenta no solamente la formación del conocimiento de la parte equivocada, el potencial franquiciado, esto es su culpabilidad o falta de culpabilidad en el error, sino también la conducta de la parte causante del engaño.”
Respecto a la responsabilidad precontractual, el autor citado continúa y señala que el franquiciador que no emplea la diligencia debida al informar al franquiciado, y no la emplea cuando incumple los deberes de información legalmente previstos, y omite la información o la  da de forma no veraz o insuficiente, es el causante del vicio de voluntad, error, del potencial franquiciado que determina la anulación del contrato y responsable por “culpa in contrahendo” frente a este cuando se produzcan las circurnstancias en las que jurisprudencia y doctrina reconocen su existencia.      
Para ORTUÑO BAEZA, M.T (Contratación mercantil, Volumen 1, escrito por GALLEGO SÁNCHEZ E., cit, pág. 434), las vías que podría utilizar el franquiciado serían, de un lado, la solicitud de anulación del contrato (arts. 1256 y 1301 CC) en los supuesto en que concurran los presupuestos del dolo causal que vicia el consentimiento, y, con independencia de ello, podrá solicitar la indemnización de daños y perjuicios si se hubieran producido. De otro lado, probablemente, sea posible encuadrar estos supuestos en los de dolo incidental (art. 1270.2 CC), entendiendo por tal aquel que no indique de forma determinante a la celebración del contrato, pero que rece sobre la circunstancia o condiciones determinante del mismo, de modo que el contrato así celebrado no puede satisfacer el interés de uno de los contratantes.”
HERNÁNDEZ MARTI, J. (Contratación internacional, obra colectiva coordinada por ESPULGUES MOTA C, 2ª edición, pg. 897 y 898).
VICENT CHULIA, F. (Introducción al derecho mercantil, 14ª edición, Valencia 2001, pg. 772).
VALPUESTA FERNÁNDEZ, M.R. (Derecho Civil, cit, pg. 394).
VALPUESTA FERNÁNDEZ, M.R. (Derecho Civil, cit, pg. 394)
CUADRADO PEREZ, C. (Oferta, cit, pg. 49 y 50).
LLOBET I AGUADO, J. (El deber,  cit, pg. 14).
GARCIA RUBIO, P. (La responsabilidad, cit, pg. 55)

CUADRADO PEREZ, C. (Oferta, cit, pg. 50 y 51).
  GARCIA-GRANERO COLOMER, A.V. (Instituciones, cit, pg. 342).
CUADRADO PEREZ, C. (Oferta, cit, pg. 50 y 51).
Por todos, vid. GARCIA RUBIO, P. (La responsabilidad, pg. 55 y 56).
GARCIA-GRANERO COLOMER, A.V. (Instituciones, cit, pg. 340)
CUADRADO PEREZ, C. (Oferta, cit, pg. 55 y ss).
CUADRADO PEREZ, C. (Oferta, cit, pg. 56).
RAGEL SÁNCHEZ, L.F. (Estudio, cit, pg. 240).
VALPUESTA FERNÁNDEZ, M.R. (Derecho Civil, cit, pg. 395).
Un exhaustivo estudio del citado precepto puede leerse en CUADRADO PEREZ, C. (Oferta, cit, pg. 33 a 74, con cita de la doctrina y jurisprudencia italiana que de él se han ocupado).
En el mismo sentido, vid.  Audiencia Provincial de Barcelona, sentencia de fecha 11 de octubre de 2005 (TOL 807873)
A título de ejemplo, LLOBET I AGUADO, J. (El deber, cit, pg. 20) o ASUA GONZALEZ C.I. (La culpa, cit, pg. 277).
ALONSO PEREZ, M. (La responsabilidad, pg. 913) y LLODRA GRIMALT. F (“Letter of intent”, cit, pg. 142).
ASUA GONZALEZ C.I. (La culpa, cit, pg. 277).
DIEZ PICAZO, L. (Fundamentos, cit, pg. 279) y LLODRA GRIMALT. F (“Letter of intent”, cit, 142).
También vid. la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de fecha 11 de septiembre de 2002 (TOL 418042) y de la Audiencia provincial de Barcelona de fecha 23 de septiembre de 1993 (AC 1993\2109).


Citada por CUADRADO PEREZ, C.
DIEZ PICAZO, L. (Fundamentos, cit, pg. 279) y LLODRA GRIMALT. F (“Letter of intent”, cit, pg. 143).
GARCIA RUBIO, P (La responsabilidad, cit, pg. 55 y 53 y ss).
CUADRADO PEREZ, C. (Oferta, cit, pg. 57 y 59).
CUADRADO PEREZ, C. (Oferta, cit, pg. 57 y 59).
VALPUESTA FERNÁNDEZ, M.R. (Derecho Civil, cit, pg. 395).
RIVERO HERNÁNDEZ, F. (Elementos, cit,  pg. 378).
RIVERO HERNÁNDEZ, F. (Elementos, cit,  pg. 378).
VALPUESTA FERNÁNDEZ, M.R. (Derecho Civil, cit, pg. 396) y DIEZ PICAZO, L. (Fundamentos, cit., pg. 192).
VALPUESTA FERNÁNDEZ, M.R. (Derecho Civil, cit, pg. 395); BRENES CORTES, J. (Régimen, cit, pg. 90 y 91); RIVERO HERNÁNDEZ, F. (Elementos, cit,  pg. 378); CUADRADO PEREZ, C. (Oferta, cit, pg. 57 y 59); LLODRA GRIMALT. F (“Letter of intent”, cit, pg. 141 y 142); ASUA GONZALEZ C.I. (La culpa, cit, pgs. 205 y 206); LLODRA GRIMALT, F. (“Letter of intent”, cit., pg. 139). GARCIA RUBIO, P. (La responsabilidad, cit, pg. 41); GOMEZ CALLE, E. (Los deberes, cit, pg. 18) y  LLOBET I AGUADO, J. (El deber, cit, pg. 13).
A la hora de analizar la llamada responsabilidad precontractual, hemos de partir de la denominada “culpa in contrahendo” y la doctrina de R. Von Ihering. Como señala LASARTE, la noción de culpa in contrahendo es una construcción original utilizada por el citado autor germánico  para explicar, genéricamente, ciertos supuesto de ineficacia o nulidad contractual a consecuencia de circunstancias que eran conocedoras por la otra parte. Continúa LASARTE, en el sentido que nos hallamos ante un concepto descriptivo, referido como categoría a contratos efectivamente celebrados aunque viciados de nulidad.  A partir de tal concepto, sigue el profesor citado, se ha otorgado por la doctrina un significado propio a la calificación de responsabilidad precontractual, según la cual, cuando la negociación preliminar tiene por objeto dañar a una de las partes o a un tercero hay que buscar un mecanismo de responsabilidad. LASARTE, C. (Los principios, cit, 76).
Sobre la evolución de la doctrina de Ihering, vid CUADRADO PEREZ, C. (Oferta, cit, pg. 66 a 70).
MENÉNDEZ MATO, J.C. (La oferta contractual, cit, pg. 100).
PUIG BRUTAU, J. (Compendio, cit, pg. 225)
ALONSO PEREZ, M. (La responsabilidad, cit, pg. 904).
GARCIA-AMIGO, M. (Lecciones de derecho civil, II. Teoría general de obligaciones y contratos, Madrid 1995, pág. 177).
SANTOS BRIZ, J. (Los contratos civiles. Nuevas perspectivas, Granada 1992, pg. 119).
MENÉNDEZ MATO, J.C. (La oferta, cit. pg.100).
RAGEL SÁNCHEZ, L.F. (Estudio, cit, pg. 240).
MORENO QUESADA B. (La Oferta, cit, pág. 43 y ss)
DE LOS MOZOS, J.L. (El principio de la buena fe. Sus aplicaciones prácticas en derecho civil español. Barcelona 1965, pgs. 223 y 224).
MENÉNDEZ MATO, J.C. (La oferta, cit. pg. 97).
ALBALADEJO GARCIA, M. (Derecho civil, Tomo II, Derecho de obligaciones. 11ª edición, Barcelona 2002, pg. 377 a 380).
LLOBET I AGUADO J. (El deber, cit, 18), quien, al tratar la responsabilidad precontractual, se decanta por aplicar el art. 1902 CC y la responsabilidad extracontractual.
MARTINEZ DE AGUIRRE ALDAZ, C. (Curso, cit, pg. 373).
BRENES CORTES, J. (Régimen, cit, pg. 93).
DIEZ PICAZO, L. (Fundamentos, cit., pgs. 190 y 191).
BRENET CORTES, J. (Régimen, cit, pg. 91).
ASUA GONZALEZ C.I (La responsabilidad, cit, pgs. 258 y 259).
GARCIA RUBIO, M.P. (La responsabilidad cit, pgs. 131 a 134).
Esta postura es criticada por LLOBET I AGUADO J. (El deber, pg. 18) al considerar que al aludir la autora antes citada al derecho a abandonar las negociaciones, se fuerza el término derecho para aplicar la doctrina del abuso de derecho, incluyendo en el mismo, cualquier prerrogativa jurídica, ya se trate de verdaderos derechos subjetivos, ya de simples libertades o facultades. Por otro lado, considera que la tesis mantenida por la autora conduce a la aplicación del art. 1902 CC. También parece que llega a la misma conclusión la sentencia de la Audincia Provincial de Burgos de fecha 14 de abril de 2005 (TOL 648054).
En el mismo sentido, partiendo del abuso del derecho y concluyendo en la entrada en juego del art. 1902 CC, vid la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 16 de diciembre de 1999 ya citada en este trabajo.
Citado por MARTINEZ DE AGUIRRE ALDAZ C, (Curso, cit, pg. 373)
MANZANARES SECADE (La naturaleza de la responsabilidad precontractual o culpa in contrahendo. Anuario de Derecho Civil, 1985, pg. 985 y ss).
LASARTE, C. (Principios, cit, cit, pg. 76).
DIEZ PICAZO, L. (Fundamentos, cit, pg. 202 y ss). En la edición del año 1993, pg. 274 y ss.
VALPUESTA FERNÁNDEZ M.R (Derecho Civil, Obligaciones y contratos, AA.VV, coordinado por VALPUESTA FERNÁNDEZ M.R, cit, pg. 395).
GARCIA-GRANERO COLOMER, A.V (Instituciones, cit, pg. 347 y 348).
ROMAN GARCIA, A. (El precontrato, cit, pg. 381)
VALPUESTA FERNÁNDEZ, M.R. (Derecho Civil, cit, pg. 396).
  RODRÍGUEZ TORRES, J. (Reflexiones, pág. 35).
DIEZ PICAZO, L. (Fundamentos, cit, pg. 191).También sigue a DIEZ PICAZO, MARTINEZ DE AGUIRRE ALDAZ C, (Curso, cit, pg. 373), VALPUESTA FERNÁNDEZ, M.R. (Derecho Civil, cit, pg. 396) y GARCIA-GRANERO COLOMER, A.V (Instituciones, cit, pg. 347 y 348), entre otros.
VALPUESTA FERNÁNDEZ M.R (Derecho Civil, cit, pg. 395).
GARCIA-GRANERO COLOMER, A.V (Instituciones, cit, pg. 347 y 348).
VALPUESTA FERNÁNDEZ, M.R (Derecho Civil, cit, pg. 396).
GARCIA-GRANERO COLOMER, A.V (Instituciones, cit, pg. 347 y 348).En el mismo sentido, VALPUESTA FERNÁNDEZ, M.R. (Derecho Civil, cit, pg. 396).
VALPUESTA FERNÁNDEZ, M.R. (Derecho Civil, cit, pg. 396).
  RAGEL SÁNCHEZ L.F. (Estudio, cit, pg. 241). VALPUESTA FERNÁNDEZ M.R (Derecho Civil, cit, pg. 396), señala a título de ejemplo estudios encargados, gastos de viajes realizados con ocasión del contrato frustrado.
DIEZ PICAZO, L. (Fundamentos, cit., pg. 192).
VALPUESTA FERNÁNDEZ, M.R. (Derecho Civil, cit, pg. 397).
En la sentencia de la Audiencia provincial de Murcia, de fecha 9 de enero de 2006 (TOL 942607), parece mantenerse que no es indemnizable, aun cuando la argumentación seguida en la misma es confusa.
RAGEL SÁNCHEZ, L.F. (Estudio, cit, pg. 241).
RAGEL SÁNCHEZ, L.F. (Estudio, cit, pg. 241).
VALPUESTA FERNÁNDEZ M.R (Derecho Civil, Obligaciones y contratos, AA.VV, coordinado por VALPUESTA FERNÁNDEZ M.R, cit, pg. 397)

BIBLIOGRAFÍA:
VIII. BIBLIOGRAFIA
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ALONSO PEREZ, M: La responsabilidad precontractual. Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, Madrid 1971.
ASUA GONZALEZ, C.I: La culpa in contrahendo, Erandio, 1989.
AA.VV: Comentarios a las Leyes de Ordenación del Comercio Minorista, coordinado por BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. y LEGUINA VILLA, J., Madrid 1996.
CLEMENTE MEORO, M.E: Algunas consideraciones sobre la contratación electrónica, en Revista de Derecho Patrimonial Aranzadi, núm. 4, año 2000
CUADRADO PEREZ, C:  Oferta, aceptación y conclusión del contrato, Bolonia 2003.
DIEZ PICAZO, L: Fundamentos de derecho civil. Introducción, teoría del contrato, las relaciones obligatorias, Madrid 1970 y 1993.
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INDICE:
SUMARIO
I. INTRODUCCIÓN. II. CONCEPTO DE TRATOS PRELIMINARES. 1. La Doctrina. A) Doctrina civilista. B) Doctrina mercantilista. 2. La definición formulada por los Tribunales de Justicia. 3. Nuestra opinión sobre los rasgos definitorios de los tratos preliminares. III. TRASCENDENCIA DE LOS TRATOS PRELIMINARES. 1. Trascendencia de los tratos preliminares. Planteamiento. 2. Tratos preliminares e interpretación de los contratos. 3. Tratos preliminares e integración del contrato. 4. Tratos preliminares e ineficacia del contrato. IV. DIFERENCIACIÓN DE LOS TRATOS PRELIMINARES CON LA OFERTA, EL PRECONTRATO Y LA OPCIÓN DE COMPRA. 1. Tratos preliminares y oferta. 2. Tratos preliminares versus precontrato y opción de compra. V. TIPOS CONTRACTUALES RESPECTO DE LOS QUE ES SUSCEPTIBLE LA SUSTANCIACIÓN DE TRATOS PRELIMINARES. 1. Indiferencia de la naturaleza civil o mercantil del contrato. 2. Casos especiales de los contratos. A) Contratos lucrativos. B) Contratos instantáneos. C) Contratos de Adhesión. VI. LA BUENA FE Y TRATOS PRELIMINARES. LA ACTUACIÓN DE LAS PARTES DURANTE LA FASE DE TRATOS PRELIMINARES. 1. Deber de información durante los tratos preliminares. A) Deber genérico de información. B) Derecho de información y consumidores. C) Deber de información y contrato de franquicia. 2. Deber de diligencia en la respuesta. 3. Deber de secreto respecto de la información recibida. 4.   Deber de custodia y conservación. 5. El deber de protección. 6. Limitaciones a las negociaciones paralelas. 7. Deber de iniciar y continuar las negociaciones con intención de concluirlas y de no abandonarlas sin justa causa.         A) Existencia de una confianza tutelable. B) Abandono injustificado de los tratos preliminares. C) Existencia del daño. VII. LOS TRATOS PRELIMINARES Y LA GENERACIÓN DE RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL. 1. Fundamento de la llamada responsabilidad precontractual: la buena fe. 2. Naturaleza Jurídica de la responsabilidad precontractual: ¿supuesto de responsabilidad contractual o extracontractual?. A) Tesis contractualista. B) Tesis extracontractualista. C) Posición intermedia. D) Tertium genus de responsabilidad. 3. Actuaciones durante los trámites preliminares que pueden ser objeto de responsabilidad precontractual. 4. El daño indemnizable. VIII. BIBLIOGRAFÍA.


Eduardo Aznar Giner

Editorial Tirant lo Blanch

Publicado: 1 de Diciembre de 2014