La indemnización constituye el elemento clave de la Responsabilidad patrimonial, y convierte a la Administración en la obligada a hacerla efectiva y al particular al que se irrogó una lesión cubierta por el régimen de la responsabilidad patrimonial, en el destinatario del derecho a la reparación del daño sufrido.

La reparación, a tenor de la jurisprudencia, debe ser total, de manera que responda al "principio de plena indemnidad que se persigue con el reconocimiento de la responsabilidad" en relación con el perjuicio y los daños ocasionados, tanto materiales como morales, en su caso (STS Sala 3ª de 9 febrero de 2005). De hecho, como reconoce la STS Sala 3ª de 25 noviembre de 2004 "es doctrina jurisprudencial reiterada, referida a la responsabilidad patrimonial de la Administración, que la indemnización debe cubrir todos los daños y perjuicios sufridos hasta conseguir la reparación integral de los mismos, y con ello la indemnidad del derecho subjetivo o del interés lesionado".

El art. 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público determina las reglas aplicables para fijar la indemnización en cada caso, disponiendo lo siguiente:

La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado. En los casos de muerte o lesiones corporales se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social.

Existe un supuesto de dificultad específica de determinación del valor de la indemnización, y es el derivado de la reclamación de los "perjuicios o daños morales". La STS Sala 3ª de 25 noviembre de 2004 expresa esta dificultad del modo siguiente:

"en materia de indemnización de daños morales esta Sala del Tribunal Supremo ha declarado, hasta conformar doctrina legal (Sentencias, entre otras, STS Sala 3ª de 20 julio de 1996STS Sala 3ª de 5 febrero de 2000STS Sala 3ª de 7 julio de 2001STS Sala 3ª de 22 octubre de 2001), que "la fijación de la cuantía de la indemnización por los perjuicios morales sufridos, dado su componente subjetivo, queda reservada al prudente arbitrio del Tribunal de instancia, sin que sea revisable en casación siempre que éste haya observado los criterios jurisprudenciales de reparabilidad económica del daño moral y de razonabilidad en su compensación"

La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley 47/2003 , de 26 de noviembre, o, en su caso, a las normas presupuestarias de las Comunidades Autónomas.

De hecho, es doctrina legal reiterada por el Tribunal Supremo ( STS Sala 3ª de 11 febrero de 1995 y STS Sala 3ª de 2 julio de 1994) que la indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración debe cubrir los daños y perjuicios sufridos hasta conseguir la reparación integral de los mismos, lo que no se lograría, según expone "si el retraso en el cumplimiento de tal obligación no se compensa bien con la aplicación de un coeficiente actualizador o bien con el pago de intereses por demora, pues ambos sistemas propenden a la consecución de una reparación justa y, en consecuencia, procede señalar que la Administración estará obligada al resarcimiento con el abono del interés legal de las cantidades exigibles como principal desde que fueron reclamadas por los perjudicados hasta su completo pago, contabilizándose año por año conforme al interés básico del Banco de España, según el tipo fijado anualmente en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, cantidades que se concretarán en fase de ejecución de sentencia, a instancia de los respectivos reclamantes".

No dice nada la Ley respecto del posible reconocimiento de indemnización por el concepto del lucro cesante y del daño emergente, pero la jurisprudencia ha llenado tal laguna señalando que dicho reconocimiento no puede conducir, en ningún caso, a un enriquecimiento injusto, puesto que la indemnización ha de limitarse al daño emergente que genera el derecho a la indemnización. En ambos casos, por tanto, la doctrina jurisprudencial exige "una prueba rigurosa de las garantías dejadas de obtener, observándose que la indemnización de lucro cesante, en coherencia con reiterada jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (sentencia de 15 de octubre de 1986, entre otras) ha de apreciarse de modo prudente y restrictivo, puesto que no es admisible una mera posibilidad de dejar de obtener unos beneficios". (STS Sala 3ª de 25 febrero de 1998).

La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado.

Publicado: 8 de Enero de 2018