I. CONCEPTO Y FORMA DE EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL

La acción penal se puede definir, desde la esfera de los derechos individuales de la persona, como la facultad concedida a un individuo para iniciar un proceso penal; y, también, se puede definir desde la órbita de la actividad estatal, como la obligación del Estado de ejercer el ius puniendi ante la existencia de un hecho que reviste los caracteres de una infracción penal. Como se pude ver en ambos conceptos, que no son exclusivos ni excluyentes, la diferencia estriba básicamente en el sujeto que la lleva a cabo, y la naturaleza jurídica de la acción. En el primer caso es un derecho individual que puede tener cualquier ciudadano, con las excepciones que luego se verán y cuyo sustento está en el artículo 24 de nuestra Constitución Española; y el segundo no es un derecho subjetivo individual del Estado sino una obligación de éste para reestablecer el orden jurídico violado ante la infracción penal cometida por un individuo, manteniendo la paz social y sancionando al culpable. Sobre la base de la doble perspectiva de la acción penal nace el artículo 100 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882), el cual dispone que "De todo delito o falta nace acción penal para el castigo del culpable, y puede nacer también acción civil para la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios causados por el hecho punible". Esta acción podrá ser ejercitada directamente por los órganos del Estado o por los particulares a través de la acusación popular o particular, como luego expondremos, y siempre en atención al ilícito penal cometido. La acción penal ejercitada por una persona como manifestación de la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución Española (LA LEY 2500/1978) exige un pronunciamiento judicial motivado por el cual se le tenga por personado en la causa o denegándole su derecho. El ejercicio de la acción penal lleva aparejada la civil si el delito o falta de que se trate ha originado daños o perjuicios, de ahí que el artículo 112 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882) haga una presunción de iniciación de la vía civil cuando se acude a la penal; este precepto dispone que "Ejercitada sólo la acción penal, se entenderá utilizada también la civil, a no ser que el dañado o perjudicado la renunciase o la reservase expresamente para ejercitarla después de terminado el juicio criminal, si a ello hubiere lugar".

Cuando el Estado tiene conocimiento de la existencia de un hecho consistente en una infracción penal, debe hacer valer el ius puniendi a través del proceso penal. La forma en que puede manifestarse es a través de dos vías: la de la autoridad judicial, como parte integrante del Estado (tercer poder del Estado), que cuando tienen conocimiento de una infracción penal debe iniciar un proceso penal, cuyo objeto es averiguar si ese hecho se ha producido, y quién o quienes han sido sus responsables, sancionando, en su caso, a los autores, cómplices o encubridores. Y, una segunda vía, a través del Ministerio Fiscal, cuya función constitucional le hace ser un pilar básico del Estado de Derecho, defendiendo la legalidad y el orden público. El Ministerio Público está obligado, por la propia Constitución y su Estatuto de regulación, a ejercer la acción penal cuando tenga conocimiento de la existencia de un delito o falta.

La acción penal tiene cuatro características básicas:

·        1. El hecho que provoca el inicio del proceso penal. La acción penal no puede identificarse ni por la calificación jurídica que se haga de ese hecho (delito de homicidio, asesinato o cualquier otro) ni por la pena que se solicite, sino que debe identificarse con el hecho constitutivo de la infracción penal (muerte de una persona, por ejemplo). Esta diferencia es muy importante para delimitar el objeto del proceso y los efectos de la cosa juzgada material, así como la litispendencia, en virtud de la cual no puede iniciarse un pleito por ese mismo hecho. Por ello el artículo 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882) dispone que "Promovido juicio criminal en averiguación de un delito o falta, no podrá seguirse pleito sobre el mismo hecho; suspendiéndole, si le hubiese, en el estado en que se hallare, hasta que recaiga sentencia firme en la causa criminal. No será necesario para el ejercicio de la acción penal que haya precedido el de la civil originada del mismo delito o falta." A esta característica se le denomina delimitación objetiva del proceso.

·        2. La acción penal debe estar dirigida contra una o varias personas determinadas como responsables del hecho objeto de proceso. A esto se le denomina la delimitación subjetiva del proceso.

·        3. La acción penal debe estar integrada por la conjunción del hecho objeto de proceso y por el sujeto causante de éste. Es decir, además de la delimitación objetiva del proceso tiene que haber una delimitación subjetiva y ambas deben coincidir. En consecuencia, respecto del mismo hecho y del mismo responsable o inculpado, la acción es siempre una sola y la misma.

·        4. La última característica es la de la irrenunciabilidad de la acción penal. Una vez que se ha iniciado, dando origen a un procedimiento penal, ha de llegar hasta su conclusión, salvo en aquellas infracciones que dependen de la voluntad del perjudicado, como es el caso de los delitos privados. El artículo 106 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882) dispone que: "La acción penal por delito o falta que dé lugar al procedimiento de oficio no se extingue por la renuncia de la persona ofendida. Pero se extinguen por esta causa las que nacen de delito o falta que no puedan ser perseguidos sino a instancia de parte, y las civiles, cualquiera que sea el delito o falta de que procedan". El carácter irrenunciable de la acción penal es una manifestación de ésta como derecho personalísimo, toda vez que sólo afecta a la persona que la ejercita, por ello la renuncia, en aquellos casos que se permiten, sólo puede afectar y perjudicar a esa persona y no a los demás titulares de ese derecho; de ahí que el artículo 107 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882) establezca que "La renuncia de la acción civil o de la penal renunciable no perjudicará más que al renunciante; pudiendo continuar el ejercicio de la penal en el estado en que se halle la causa, o ejercitarla nuevamente los demás a quienes también correspondiere". Para la renuncia de la acción no se exige ningún requisito especial, salvo en los casos de la renuncia de la acción penal por parte de los padres o representantes legales de los menores cuando ejerciten los derechos de éstos, que deberá estar sometida la renuncia a lo preceptuado en los artículos 166 (LA LEY 1/1889) y 1810 del Código Civil (LA LEY 1/1889).

II. MOMENTO DE EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL

Como se desprende del precepto anteriormente citado, artículo 110 de la Ley procesal penal (LA LEY 1/1882), el momento preclusivo para la personación en el proceso para ejercitar la acción penal es el trámite de calificación del delito, que tiene lugar, en la denominada fase intermedia del proceso penal, mediante los denominados escritos de calificación provisional (artículo 650 de la Ley procesal penal (LA LEY 1/1882)). Dicha ley procesal, establece como una obligación del órgano judicial penal y de la Policía Judicial, la de realizar el denominado "ofrecimiento de acciones", o llamada del Juez de Instrucción al ofendido y perjudicado para que manifieste si desea o no sostener la acción penal, debiendo, por tanto, instruir al ofendido y perjudicado por el delito del derecho que le asiste a mostrarse parte en el proceso, mediante el nombramiento de abogado o de solicitar el nombramiento de uno de oficio, en el supuesto de ser titular del derecho de asistencia jurídica gratuita, y poder ejercitar de esta forma la acción penal, y en su caso, ejercitar también, la acción civil. Dicha obligación legal, se establece también en el seno del procedimiento penal de los menores de edad (artículo 4 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero (LA LEY 147/2000) de Responsabilidad Penal de los Menores).

Tras la reforma realizada por Ley 13/2009, de 3 de noviembre (LA LEY 19391/2009), de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial, el artículo 109 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882), atribuye al Secretario Judicial la función de instruir al ofendido de su derecho a mostrarse parte en el proceso y de renunciar o no a la restitución de la cosa, reparación del daño e indemnización del perjuicio causado, así como de la posibilidad y procedimiento para solicitar las ayudas que conforme a la legislación vigente le puedan corresponder. Además, se indica que el Secretario judicial debe procurar instruir de dicho derecho al ofendido ausente.

Éste ofrecimiento, ha de realizarse antes del dictado de cualquier auto de archivo o de sobreseimiento, ya que, en cualquier otro caso, se produciría el sacrificio del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de la Constitución (sentencia del Tribunal Constitucional 37/1993, de 8 de febrero de 1993 (LA LEY 2106-TC/1993)).

La omisión del mismo puede dar lugar a la nulidad de las actuaciones, salvo que el estado procesal del procedimiento permita su subsanación, calificando los hechos y proponiendo prueba. En éste sentido, el auto de 6 de abril de 2004 de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana indica, que podrá ser subsanada su omisión, "...si el estado del procedimiento permite aún al sujeto afectado el ejercicio eficaz de ese derecho en ese mismo proceso, es decir, comparecer en él en tiempo oportuno para poder conocer el material instructorio, calificar los hechos y proponer la prueba que sea de su interés (artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882)). Pero si no es así, si el procedimiento se encuentra ya en una fase que no permite esa actuación procesal, la situación que con dicha omisión se genera a aquel sujeto es de efectiva y manifiesta indefensión, sin posibilidad de subsanación alguna, pues aunque entonces se cumpliera formalmente con la instrucción al mismo de cuanto el artículo 109 establece, se trataría de una actuación completamente inútil, vacía de contenido y carente de toda eficacia, ya que de ningún modo podría realizar los actos que son sustanciales para la defensa de sus intereses".

Una vez personada una acusación en el procedimiento, los plazos para la presentación del escrito de acusación, son el de diez días desde el traslado de las diligencias previas, originales o mediante fotocopia, en el denominado procedimiento abreviado (artículo 780 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882)), plazo que es común para las acusaciones pública del Ministerio Fiscal, y particular, y de cinco días en el denominado procedimiento ordinario (artículo 650 de dicha Ley procesal).

Ahora bien, si meramente se notificó a las acusaciones la resolución que acuerda la realización del escrito de calificación, pero no se verificó el efectivo traslado de las actuaciones, no sería computable dicho plazo, ya que, el dies a quo, o comienzo del cómputo, sólo comienza a correr desde el efectivo traslado, no iniciándose el trámite de calificación mientras la parte a quien se concede no pueda evacuarlo por causas ajenas a su voluntad (Sentencias del Tribunal Constitucional 101/1989 (LA LEY 1745/1989), 208/1998 (LA LEY 10181/1998), y 160/2004 (LA LEY 14157/2004), entre otras). En éste sentido, la sentencia 264/2006 (LA LEY 112190/2006), de 11 de septiembre, de dicho Alto Tribunal, recogiendo toda la anterior doctrina indica, que "...Es, por tanto, evidente que el dies a quo del plazo previsto en el entonces vigente artículo 790.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882), ahora regulado en el artículo 780.1 del mismo texto legal, sólo comienza a correr desde que las actuaciones son puestas a disposición de la parte (ya sea acusadora o acusada, vide el artículo 784.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882)), pues únicamente mediante su atenta lectura es posible la correcta redacción de un escrito en el que, como era el caso, se solicita la apertura del juicio oral, se introduce la pretensión penal y se proponen los medios de prueba pertinentes para la defensa".

En el procedimiento penal del Juicio de Faltas, el ejercicio de la acción penal, además de poderse realizar mediante querella o personación con abogado y procurador, puede bastar con la presentación de la denuncia, si se trata de juicios de faltas en los que no comparezca el Ministerio Fiscal, al establecer la Ley procesal que en estos supuestos, la declaración del denunciante en juicio, afirmando los hechos denunciados, "tendrá valor de acusación, aunque no los califique ni señale pena" (artículo 969 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882)).

En la Ley orgánica 5/2010 (LA LEY 13038/2010) de reforma del Código Penal se han introducido algunas modificaciones sustanciales en materia de ejercicio de la acción penal que afectan a materia de prescripción de los delitos, ya que se eleva al plazo de cinco años la prescripción de la generalidad de los delitos derogando la posibilidad de la cifra de los tres años antes contemplada, y se modifica el párrafo cuarto y se suprime el párrafo quinto del apartado 1, se modifica el apartado 4 y se añade un apartado 5 al artículo 131, que quedan redactados como sigue:

"1. Los delitos prescriben:

[...]

A los cinco, los demás delitos, excepto los de injuria y calumnia, que prescriben al año.

4. Los delitos de lesa humanidad y de genocidio y los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, salvo los castigados en el artículo 614, no prescribirán en ningún caso.

Tampoco prescribirán los delitos de terrorismo, si hubieren causado la muerte de una persona.

5. En los supuestos de concurso de infracciones o de infracciones conexas, el plazo de prescripción será el que corresponda al delito más grave."

Además, se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 132, que queda redactado como sigue:

b2. La prescripción se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra la persona indiciariamente responsable del delito o falta, comenzando a correr de nuevo desde que se paralice el procedimiento o termine sin condena de acuerdo con las reglas siguientes:

1.ª Se entenderá dirigido el procedimiento contra una persona determinada desde el momento en que, al incoar la causa o con posterioridad, se dicte resolución judicial motivada en la que se le atribuya su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito o falta.

2.ª No obstante lo anterior, la presentación de querella o la denuncia formulada ante un órgano judicial, en la que se atribuya a una persona determinada su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito o falta, suspenderá el cómputo de la prescripción por un plazo máximo de seis meses para el caso de delito y de dos meses para el caso de falta, a contar desde la misma fecha de presentación de la querella o de formulación de la denuncia.

Si dentro de dicho plazo se dicta contra el querellado o denunciado, o contra cualquier otra persona implicada en los hechos, alguna de las resoluciones judiciales mencionadas en el apartado anterior, la interrupción de la prescripción se entenderá retroactivamente producida, a todos los efectos, en la fecha de presentación de la querella o denuncia.

Por el contrario, el cómputo del término de prescripción continuará desde la fecha de presentación de la querella o denuncia si, dentro del plazo de seis o dos meses, en los respectivos supuestos de delito o falta, recae resolución judicial firme de inadmisión a trámite de la querella o denuncia o por la que se acuerde no dirigir el procedimiento contra la persona querellada o denunciada. La continuación del cómputo se producirá también si, dentro de dichos plazos, el Juez de Instrucción no adoptara ninguna de las resoluciones previstas en este artículo.

3.ª A los efectos de este artículo, la persona contra la que se dirige el procedimiento deberá quedar suficientemente determinada en la resolución judicial, ya sea mediante su identificación directa o mediante datos que permitan concretar posteriormente dicha identificación en el seno de la organización o grupo de personas a quienes se atribuya el hecho.b

Con ello, se sigue el criterio marcado por el Tribunal Constitucional en materia de aceptación de la prescripción retrasándola al momento de la intervención judicial como parámetro para delimitarla, no al momento de la presentación de una denuncia o querella.

III. REFERENCIA CONSTITUCIONAL AL DERECHO A LA ACCIÓN PENAL

La derecho al ejercicio de la acción penal constituye una manifestación más, si bien dentro del proceso penal, del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales, denominado ius ut procedatur, en el ejercicio de los derechos e intereses legítimos a que tiene derecho toda persona, conforme viene establecido en el artículo 24 de la Constitución española (LA LEY 2500/1978).

Ahora bien, el Tribunal Constitucional, reiteradamente, ha declarado que éste derecho de acceso a la jurisdicción, no es un derecho incondicionado a la plena sustanciación del proceso penal, ni existe un derecho fundamental a la apertura del juicio oral ni un derecho a obtener condenas penales sino que es compatible con un pronunciamiento motivado del órgano judicial en la fase de instrucción del procedimiento que la ponga término anticipadamente, e incluso con la misma desestimación de la querella, conforme al artículo 313 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882), siempre que el órgano judicial entienda razonadamente que la conducta o los hechos imputados carezcan de ilicitud penal (Sentencias 176/2006, de 5 de junio, 41/1997, de 10 de marzo (LA LEY 4688/1997); 16/2001, de 29 de enero; 81/2002, de 22 de abril; 21/2005, de 1 de febrero; entre otras). En éste sentido, en la Sentencia 85/1997, de 22 de abril (LA LEY 5058/1997), de dicho Tribunal, se estima que el Juez de Instrucción tiene facultad para no acordar la apertura de juicio oral, y en consecuencia el sobreseimiento de un procedimiento penal, aún después de haber terminado la fase de instrucción.

A su vez, en la sentencia 186/1990 (LA LEY 1589-TC/1991), de dicho Alto Tribunal confirma las potestades de un Juez de Instrucción para controlar la solidez y verosimilitud de una acusación, manifestando que: "La Ley concede al Juez de Instrucción -no al órgano de enjuiciamiento- la facultad de controlar la consistencia o solidez de la acusación que se formula, pues (...) el artículo 790.6 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882), tras enunciar la regla general de la vinculación del instructor con la petición de apertura del Juicio, permite al Juez denegar la apertura del Juicio en dos supuestos, a saber: Cuando el hecho no sea constitutivo de delito, o ante la inexistencia de indicios racionales de criminalidad contra el acusado en cuyo caso acordará el sobreseimiento que corresponda. Pero este Juicio acerca de la improcedencia de abrir el Juicio oral -en definitiva de la improcedencia de la acusación formulada- de existir, es un Juicio negativo en virtud del cual el Juez cumple funciones de garantía jurisdiccional".

El hecho de que la ley, respecto de algunas infracciones, condicione la iniciación de un procedimiento penal, a la denuncia del agraviado o perjudicado, ello no conlleva dejar en manos de dicho denunciante o particular el derecho a penar, o ius puniendi, que pertenece al Estado, ni las penas impuestas en estas infracciones son contrarias al artículo 25.2 de la Constitución (LA LEY 2500/1978), porque, como declaró el Pleno del Tribunal Constitucional en su Sentencia 120/2000, de 10 de mayo (LA LEY 96826/2000), "...no se trata del ejercicio del ius puniendi por el particular, sino del ejercicio de la acción penal que pone en marcha el procedimiento a través del cual se instrumentaliza el ejercicio del ius puniendi por el Estado...", y a su vez añade, "...que el dejar en manos de la víctima la puesta en marcha del procedimiento penal ni tiene necesariamente efectos contrarios a la resocialización del autor de la infracción, ni tampoco a los fines preventivo-generales igualmente legítimos al amparo de nuestra Constitución. En efecto, basta reparar en que caso de existir denuncia de la víctima, se habrá iniciado el proceso penal y esta situación en nada difiere de la que se hubiera producido mediante una intervención del Ministerio Público tanto en lo que respecta a los fines de la pena como respecto a la reinserción social del condenado. Y si la víctima decide no denunciar la infracción, es obvio que, por no existir un proceso penal y una condena no se suscita el problema de la reinserción social y, al no haber un interés público suficiente para la persecución del delito, tampoco se suscita una alteración de los fines de la pena"

IV. TITULARIDAD DEL DERECHO DE ACCIÓN PENAL: RESTRICCIONES A SU EJERCICIO

Como peculiaridad propia de nuestra legislación, el Ministerio Fiscal no ostenta el monopolio del ejercicio de la acción penal, sino que ha de compartirla con los particulares. Por ello, los artículos 100 (LA LEY 1/1882) y 270 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882), establecen el carácter público de la misma, y la previsión, de que todos los ciudadanos españoles, sean o no ofendidos por el delito, pueden ejercitarla. Cuando la persona que ejercita la acción penal, es la directamente ofendida o perjudicada por el delito, se denomina acusación particular, y está exenta de la prestación de fianza (Véase la voz "acusación particular").

Cuando quien ejercita dicha acción, es la persona no ofendida por el delito, se denomina acusación popular, y debe prestar fianza. El reconocimiento de la posibilidad del ejercicio por parte de los ciudadanos de la acción popular, aparece inclusive, a nivel constitucional (artículo 125 de la Constitución). (Véase la voz "acción popular").

No obstante, en la Ley procesal penal, se exceptúan los siguientes supuestos del ejercicio de la acción penal: 1) Cuando no se goce de la plenitud de los derechos civiles, 2) Para el que hubiere sido condenado dos veces por sentencia firme como reo del delito de denuncia o querella calumniosa, por la que hay que entender actualmente, el delito de acusación y denuncia falsa, y 3) Para el Juez o Magistrado.

Ahora bien, en todos los supuestos anteriormente indicados, pueden ejercitar la acción penal por delitos o faltas cometidos contra sus personas o bienes o contra los de sus familiares más próximos (cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos consanguíneos, uterinos o afines). Y a su vez, respecto de los citados en los dos últimos números, éstos podrán ejercitar la acción penal por las infracciones penales cometidas contra la persona o bienes de los que estuvieses bajo su guarda legal (artículo 102 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882)).

Igualmente, tampoco pueden ejercitar acciones penales entre sí, los cónyuges, a no ser por delito o falta cometidos por el uno contra la persona del otro o la de sus hijos, y por el delito de bigamia, y los ascendientes, descendientes y hermanos, por naturaleza, adopción o afinidad, a no ser por delito o falta cometidos por los unos contra las personas de los otros (artículo 103 de la citada ley procesal penal (LA LEY 1/1882)).

En el delito de acusación y denuncia falsa, aunque el artículo 456.2 del Código Penal (LA LEY 3996/1995), hace referencia a la necesidad de la existencia de sentencia firme o auto firme, de sobreseimiento o archivo del Juez o Tribunal que haya conocido de la infracción imputada, y al mandato de proceder de oficio contra el denunciante o acusador siempre que de la causa principal resulten indicios bastantes de la falsedad de la imputación, ya el Tribunal Constitucional, indicó que dichas exigencias no podían limitar el derecho de acción (Sentencias de 6 de mayo de 1983 y 21 de mayo de 1984), además de que en dicho apartado se hace la salvedad de que ello lo será, "...sin perjuicio de que el hecho pueda también perseguirse previa denuncia del ofendido".

Cabría preguntarse, si las personas jurídicas pueden ejercitar la acción penal. No existe duda que sí pueden ejercer dicha acción, en tanto en cuanto, pueden ser sujetos pasivos de un delito cuando la persona jurídica pueda considerarse ofendida por el delito, así como las personas jurídico-públicas cuando su personación esté prevista por una ley, como ocurre con la Administración Local, en el supuesto prevenido en el párrafo tercero del artículo 110 de la Ley procesal penal (LA LEY 1/1882).

A su vez, el Ministerio Fiscal, tiene, tratándose de delitos públicos, la obligación de ejercitar todas las acciones penales que considere procedentes, exista o no acusador particular personado en el procedimiento. Dicha obligación, resulta excepcionada, cuando se trate de delitos en los que el Código Penal reserve exclusivamente a la querella privada, como ocurre, con los delitos de calumnia e injuria entre particulares (artículo 215 del Código Penal (LA LEY 3996/1995)), o cuando se trate de los denominados "delitos semipúblicos", es decir, aquellos que requieren denuncia del ofendido, si bien, si el ofendido o agraviado es una persona menor de edad, incapaz o desvalida, también podrá denunciar el Ministerio Fiscal (así, entre otros supuestos, se prevén en el artículo 201.1 del Código Penal (LA LEY 3996/1995), en algunos supuestos de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos; en el artículo 228 de la citada norma punitiva, para los delitos de abandono de familia previstos en los artículos 226 y 227; artículo 296 para los delitos societarios, salvo que la comisión del delitos afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas; artículo 191 del Código Penal (LA LEY 3996/1995), para proceder por los delitos de agresiones, abuso o acoso sexual, si bien se permite la apertura del procedimiento si el Ministerio Fiscal interpone querella; artículo 215 respecto del delito de calumnias e injurias contra funcionarios y autoridades; en los daños causados por imprudencia grave en cuantía superior a 80.000 euros, así como en algunas faltas de los artículos 620, 621, y 624 de dicha norma penal).

Ahora bien, una vez formulada la denuncia, el Ministerio Fiscal, deberá comparecer en el procedimiento para ejercitar la acción penal (artículo 105 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882) en relación con el artículo 3.4 de la Ley 50/1981 de 30 de diciembre (LA LEY 2938/1981), del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal) que establece como obligación del Ministerio Fiscal, la de "Ejercitar las acciones penales y civiles dimanantes de delitos y faltas u oponerse a las ejercitadas por otros, cuando proceda". No obstante, cuando se trate de faltas perseguibles a instancia de parte, el Fiscal General del Estado, puede impartir instrucciones para, en atención al interés público existente, dejar de asistir al juicio (artículo 969 de la Ley procesal penal (LA LEY 1/1882)).

De acuerdo con ello, la Instrucción 6/1992, de la Fiscalía General del Estado estableció la intervención preceptiva cuando las víctimas careciesen de la protección de un seguro obligatorio, y la conveniencia de su presencia cuando mediante la cobertura de dichos seguros, la imprudencia hubiese producido un resultado de muerte o lesiones graves. A su vez, la Circular 1/2003, de 7 de abril, actualizó los criterios sostenidos en la Instrucción anteriormente citada, manteniendo la intervención preceptiva en supuestos relacionados con actividades no cubiertas por el régimen de seguros obligatorios, tales como la siniestralidad laboral o imprudencias relacionadas con el ejercicio de una actividad profesional del que se derive muerte o lesiones graves, estableciendo la posibilidad de que el Fiscal Jefe respectivo, fuera de los anteriores casos, determinase la obligación de acudir a los juicios de faltas "en aquellas excepcionales ocasiones, en la que, en atención a las circunstancias de toda índole concurrentes y tras su debida ponderación, se estimase necesaria para la más eficaz protección del interés público en juego y de los derechos de los particulares implicados".

V. QUIEN ES ACUSADO DE LA COMISIÓN DE UNA INFRACCIÓN PENAL, ¿PUEDE EJERCITAR LA ACCIÓN PENAL COMO ACUSADOR PARTICULAR EN EL MISMO PROCESO?

Partiendo del hecho de que resulta evidente, que un solo suceso natural que da lugar a un único delito o infracción criminal no permite que pueda un acusado asumir simultáneamente la condición de parte acusadora, sin embargo, existen supuestos, como en algunos delitos de lesiones, en que concurren distintas acciones, provenientes tanto de la víctima como del acusado, planteándose, la interesante cuestión procesal, de si en una misma causa se puede ejercitar la acción penal como acusador particular por quien es víctima de determinados hechos, por ejemplo constitutivos de falta, que guardan relación con otros por los que simultáneamente se encuentra en situación de imputado o acusado.

El Tribunal Supremo, reunido en Sala General acordó el 27 de noviembre de 1998, que "con carácter excepcional, cabe la posibilidad de que una misma persona asuma la doble condición de acusador y acusado, en un proceso en el que se enjuician acciones distintas, enmarcadas en un mismo suceso, cuando, por su relación entre sí, el enjuiciamiento separado, de cada una de las acciones que ostentan como acusados y perjudicados, produjese la división de la continencia de la causa, con riesgo de sentencias contradictorias, y siempre que así lo exija la salvaguarda del derecho de defensa y de la tutela judicial efectiva".

Siguiendo dicha doctrina, la sentencia del citado Alto Tribunal de 10 de diciembre de 1998 (LA LEY 2914/1999), en un procedimiento por causación de lesiones recíprocas entre dos acusados, permitió el ejercicio de la acción penal de un acusado respecto de otro, que le había causado lesiones, acordando la nulidad y reposición de las actuaciones, porque además que así lo había admitido el auto de apertura de juicio oral, estimaba que concurrían las razones excepcionales expresadas para admitir esa doble situación procesal, "...ya que de no hacerlo así no sólo se le impediría el ejercicio de las acciones que legalmente le vienen atribuidas, con la consiguiente vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva y a que no se le pueda causar indefensión, sino que también se podrían producir sentencias contradictorias e injustas, como hacía mención la sentencia de esta Sala de 19 de enero de 1994, argumentando que el propio Ministerio Fiscal, en su escrito de acusación, la formuló no sólo contra este recurrente sino también contra el adversario, al que acusó de una falta, debiendo indemnizar al que y contra el que igualmente dirigió la acción como acusado. El Juzgado de Instrucción acordó la apertura del juicio oral de conformidad con los escritos de acusación".

VI. LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL

Esta se produce por diversas causas, que seguidamente veremos, pero aunque se extinga la acción penal, por regla general, subsiste la civil, salvo que la extinción proceda de haberse declarado por sentencia firme que no existió el hecho del que la civil hubiese podido nacer. En estos supuestos el ejercicio de la acción civil debe ejercitarse ante los Tribunales del orden jurisdiccional civil (artículo 116 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882)). En cambio, si se extinguiera la acción civil, o se dictara sentencia firme en procedimiento promovido ejercitando la acción civil, dichas circunstancias no afectan al ejercicio de la acción penal, que permanece incólume (artículo 117 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882)).

La acción penal, se extingue por la muerte del imputado, salvo lógicamente, que existan otros imputados, con los que proseguiría el procedimiento. Si se trata de un procedimiento con un único imputado, si la muerte tiene lugar en la fase de instrucción, el Juez de Instrucción debe dictar el auto de sobreseimiento libre prevenido en el artículo 637.3 de la Ley procesal penal (LA LEY 1/1882), y si tuviera lugar, una vez abierto juicio oral, debería dictarse una sentencia absolutoria. Ésta sentencia absolutoria, no puede contener en los hechos probados referencias a actuaciones del fallecido que figuraran en los escritos de acusación, ni tampoco incardinar su conducta en un tipo delictivo previsto en el Código Penal, ya que dicha persona, al haber fallecido, no puede ser juzgada (en éste sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 1993).

Por otra parte, si el fallecimiento del acusado tiene lugar durante el trámite de un recurso, y había sido absuelto en la sentencia de instancia, acreditándose su inocencia, el Tribunal Supremo, en sentencia de 20 de febrero de 1990, entendió que procedía, además de declarar extinguida la acción respecto del mismo y desligarle de la resolución final cualquiera que esta fuere, también el dictado de una sentencia confirmatoria de la absolutoria previamente dictada en la instancia, para salvaguardar la memoria del difunto y de su entorno social.

La renuncia del ofendido por el delito, no extingue la acción penal, tratándose de delitos públicos, si bien sí la extingue, cuando se trate de delitos o faltas que únicamente puedan perseguirse a instancia de parte (artículo 106 de la Ley procesal penal (LA LEY 1/1882) y 130.5 y 639 del Código Penal). Ahora bien, en los delitos contra menores o incapacitados, los Tribunales, tras audiencia del Ministerio Fiscal, pueden rechazar la eficacia del perdón, otorgado por los representantes de aquellos (artículo 130.5 del Código Penal (LA LEY 3996/1995)). Respecto de los delitos de agresión, abuso y acoso sexual, el perdón de la víctima o su representante legal, no extingue la acción penal (artículo 191.2 del Código Penal (LA LEY 3996/1995)).

Existen unos supuestos que cabe calificar como desistimiento tácito o de presunto abandono del ejercicio de la acción penal. Así, se entiende extinguida la acción penal, si tratándose de delitos privados, que únicamente pueden ser perseguidos a instancia del ofendido mediante querella, como ocurre con los delitos de calumnia e injuria, si únicamente se ejercita la acción civil que nace del delito, se considera extinguida la acción penal (artículo 112 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882)). O si tratándose de dichos delitos privados, cuando interpuesta querella se deja de instar el procedimiento durante diez días después de ser requerido judicialmente (artículo 275 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882)).

Otro supuesto, puede tener lugar, cuando habiendo fallecido o haberse declarado la incapacidad del querellante, no comparecieren sus herederos o representantes legales a continuarla a los treinta días de haber sido requeridos judicialmente (artículo 276 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882)).

También se extingue la acción penal por la prescripción del delito (artículo 130.6 del Código Penal (LA LEY 3996/1995)), salvo que se trate de los delitos de lesa humanidad, genocidio, y de delitos contra personas y bienes protegidos en casos de conflicto armado, que no prescriben en ningún caso (artículo 131.4 del Código Penal (LA LEY 3996/1995)).

En dichos supuestos de extinción de la acción, subsistiría la acción civil contra los herederos y causahabientes del imputado, pero entonces, esta acción civil, ya no cabe ejercitarla en el seno del proceso penal, sino ante los tribunales de lo civil (artículo 115 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882)).

En el proceso penal de menores, se permite la extinción de la acción penal, por razones de oportunidad o conveniencia para el menor, cuando se trate de delitos menos graves sin violencia o intimidación en las personas o faltas, siempre que éste no haya cometido con anterioridad otros hechos de la misma naturaleza (artículo 18 de la Ley 5/2000, de 12 de enero (LA LEY 147/2000)).

VII. ¿ES POSIBLE QUE UN ESTADO DESISTA DEL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, Y REMITA LAS DILIGENCIAS PRACTICADAS A OTRO ESTADO, PARA QUE SEA ÉSTE EL QUE EJERCITE DICHA ACCIÓN?

La respuesta en el caso de nuestro país, y de otros muchos es afirmativa. Resulta interesante conocer, la existencia en el ámbito del Consejo de Europa, de un antiguo Convenio de 15 de mayo de 1972, sobre transmisión de procesos penales, ratificado por España el 24 de junio de 1988 (Boletín Oficial del Estado de 10 de noviembre de 1988), que implicando la renuncia de un Estado a su propia jurisdicción, permite solicitar de otro Estado contratante la instrucción de un procedimiento, siempre que, se respeten los principios de doble incriminación, es decir que en ambos Estados los hechos sean constitutivos de delito, y el de non bis in idem, es decir que no se condene dos veces a la misma persona, y concurran diversas circunstancias establecidas en el artículo 8 del citado Convenio, entre ellas las de: residencia o nacionalidad del sospechoso en el Estado requerido, cumplimiento de otra condena privativa de libertad en el Estado requerido, o porque los elementos de prueba más importantes se hallan en el Estado requerido, o si la ejecución de la condena en el Estado requerido puede mejorar sus posibilidades de readaptación social.

Y ya más concretamente en el seno de la Unión Europea, la institución de cooperación y coordinación judicial en dicho ámbito denominada Eurojust, creada por la Decisión del Consejo de la Unión el 28 de febrero de 2002 (Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 6 de marzo de 2002) para reforzar la lucha contra las formas graves de delincuencia, en los supuestos de delincuencia organizada, tiene entre sus funciones, la de solicitar, tras las pertinentes reuniones de coordinación, a las autoridades competentes de los Estados miembros afectados (artículos 6.a.ii y 7.a.ii.de la Decisión Marco) "que reconozcan que uno de ellos puede estar en mejores condiciones para llevar a cabo una investigación o unas actuaciones judiciales sobre hechos concretos".

Y como consecuencia de dicha previsión, la Ley española de 26 de mayo de 2006 que regula el Estatuto del Miembro Nacional de Eurojust y las relaciones con este órgano de la Unión Europea. (Boletín Oficial del Estado de 27 de mayo 2006), prevé que el Fiscal General del Estado será competente para recibir las solicitudes de Eurojust, cuando se refieran al reconocimiento de que las autoridades de un Estado miembro están en mejor condición para llevar a cabo una investigación o unas actuaciones judiciales sobre hechos concretos.

Y respecto de la remisión a España de las actuaciones penales iniciadas en otro Estado miembro de la Unión Europea, que a solicitud de Eurojust o del miembro nacional se realicen, el Ministerio Fiscal podrá instar de los jueces de instrucción que inicien un procedimiento judicial o amplíen a otros hechos el procedimiento ya abierto en España, como consecuencia de la declaración efectuada por una autoridad competente de otro Estado miembro de la Unión Europea por la que se acuerde la remisión a España del procedimiento. Sólo se podrá acceder a lo solicitado cuando la jurisdicción española resultase competente para conocer de los hechos a los que se refiere el procedimiento judicial que se traslada y el delito presuntamente cometido no hubiera prescrito de conformidad con el derecho español.

Publicado: 27 de Noviembre de 2014