I.    Cuestión a analizar

La proliferación de los contratos a distancia ha ido exigiendo del legislador la plasmación de un auténtico marco regulador que fije los requisitos y las circunstancias balo los cuales deben las partes de un contrato de estas características seguir su pauta de actuación. Y ello por las propias particularidades que existen en esta contratación al referirse a una contratación a distancia por la que el consumidor acepta unas condiciones fijadas en el comercio electrónico, pero siempre y cuando esta oferta en la contratación del empresario venga rodeada de las debidas condiciones de transparencia e información que han sido destacadas por el Tribunal Supremo recientemente (en Sentencia de fecha 9 mayo 2013 EDJ 2013/53424) para fijar que el oscurantismo en la negociación dará lugar a la nulidad del propio contrato, o a la de las cláusulas que sean perjudiciales para el consumidor por haber sido aceptadas por este en condiciones de no transparencia.

Por eso, el legislador español aprueba la Ley 34/2002, de 11 julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico EDL 2002/24122 para fijar las condiciones y requisitos en esta contratación bajo los siguientes parámetros:

1.    Validez y eficacia de los contratos celebrados por vía electrónica

a.- Requisitos del art. 1261 CC EDL 1889/1

Se fija en el art. 23.1 de esta Ley EDL 2002/24122 que:

1. Los contratos celebrados por vía electrónica producirán todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico, cuando concurran el consentimiento y los demás requisitos necesarios para su validez.

b.- Marco regulador.

En el apdo. 1º, párrafo 2º de este art. 23 EDL 2002/24122 se fija que:

Los contratos electrónicos se regirán por lo dispuesto en este Título, por los Códigos Civil EDL 1889/1 y de Comercio EDL 1885/1 y por las restantes normas civiles o mercantiles sobre contratos, en especial, las normas de protección de los consumidores y usuarios y de ordenación de la actividad comercial.

c. Inexigencia de que en el contrato conste que las partes aceptan la contratación electrónica, sino que basta con las condiciones que constan en el contrato.

En el apdo. 2º EDL 2002/24122 consta que:

2. Para que sea válida la celebración de contratos por vía electrónica no será necesario el previo acuerdo de las partes sobre la utilización de medios electrónicos.

d.- El soporte electrónico del contrato equivale a la constancia por escrito.

Aclara el apdo. 3º EDL 2002/24122 que:

3. Siempre que la Ley exija que el contrato o cualquier información relacionada con el mismo conste por escrito, este requisito se entenderá satisfecho si el contrato o la información se contiene en un soporte electrónico.

2.    Prueba de los contratos celebrados por vía electrónica

Aspecto importante a considerar es el relativo a cómo probar cualquiera de las partes que el contrato existió, parea lo que el art. 24 de esta Ley EDL 2002/24122 valida el sistema del contrato electrónico como forma de acreditar su existencia, siendo práctica recomendable que el consumidor imprima el documento que se expide vía electrónica del contrato. Para ello, este art. 24 señala que:

1. La prueba de la celebración de un contrato por vía electrónica y la de las obligaciones que tienen su origen en él se sujetará a las reglas generales del ordenamiento jurídico y, en su caso, a lo establecido en la legislación sobre firma electrónica.

2. En todo caso, el soporte electrónico en que conste un contrato celebrado por vía electrónica será admisible en juicio como prueba documental.

3.    El uso del tercero de confianza para servir de medio de prueba

Importante ha sido hoy en día a efectos de prueba la existencia de empresas que hoy en día ofrecen sus servicios para llevar a efecto actos de comunicación y que sirvan, también, para documentar las relaciones comerciales entre dos personas físicas y jurídicas, ya que su carácter de "tercero" ajeno a la relación comercial le permite estar en condiciones de acreditar que el contrato se celebró y cuál es su contenido. Para ello, el art. 25 de la Ley EDL 2002/24122 señala que:

1 . Las partes podrán pactar que un tercero archive las declaraciones de voluntad que integran los contratos electrónicos y que consigne la fecha y la hora en que dichas comunicaciones han tenido lugar. La intervención de dichos terceros no podrá alterar ni sustituir las funciones que corresponde realizar a las personas facultadas con arreglo a Derecho para dar fe pública.

2. El tercero deberá archivar en soporte informático las declaraciones que hubieran tenido lugar por vía telemática entre las partes por el tiempo estipulado que, en ningún caso, será inferior a cinco años.

4.    Exigencia del cumplimiento del deber de transparencia e información en la celebración de estos contratos

Tal y como la jurisprudencia ya viene exigiendo en la contratación entre empresas y consumidores la propia Ley ya señala de forma expresa en el art. 27EDL 2002/24122 la exigencia de que se cumplan estos requisitos de transparencia e información, para puntualizar que:

1. Además del cumplimiento de los requisitos en materia de información que se establecen en la normativa vigente, el prestador de servicios de la sociedad de la información que realice actividades de contratación electrónica tendrá la obligación de informar al destinatario de manera clara, comprensible e inequívoca, y antes de iniciar el procedimiento de contratación, sobre los siguientes extremos:

a) Los distintos trámites que deben seguirse para celebrar el contrato.

b) Si el prestador va a archivar el documento electrónico en que se formalice el contrato y si éste va a ser accesible.

c) Los medios técnicos que pone a su disposición para identificar y corregir errores en la introducción de los datos, y

d) La lengua o lenguas en que podrá formalizarse el contrato.

Sin embargo, la Ley excluye de la exigencia de este deber de información cuando en el apdo. 2º de este art. 27 EDL 2002/24122 apunta que:

2. El prestador no tendrá la obligación de facilitar la información señalada en el apartado anterior cuando:

a) Ambos contratantes así lo acuerden y ninguno de ellos tenga la consideración de consumidor, o

b) El contrato se haya celebrado exclusivamente mediante intercambio de correo electrónico u otro tipo de comunicación electrónica equivalente, cuando estos medios no sean empleados con el exclusivo propósito de eludir el cumplimiento de tal obligación.

5.    La aceptación del consumidor al contrato y la confirmación del oferente

La teoría de la oferta y la aceptación y posterior confirmación por el oferente en este tipo de contratos en los que no existe una "unidad de acto" es fundamental para otorgar cobertura a esta contratación. No olvidemos que se trata de una contratación atípica en la que las partes no se reúnen alrededor de un documento escrito y coexiste una negociación entre ellas, sino que se trata de una contratación a distancia y para ello el art. 28 de la Ley EDL 2002/24122 destaca que:

1. El oferente está obligado a confirmarla recepción de la aceptación al que la hizo por alguno de los siguientes medios

a) El envío de un acuse de recibo por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente a la dirección que el aceptante haya señalado, en el plazo de las veinticuatro horas siguientes a la recepción de la aceptación, o

b) La confirmación, por un medio equivalente al utilizado en el procedimiento de contratación, de la aceptación recibida, tan pronto como el aceptante haya completado dicho procedimiento, siempre que la confirmación pueda ser archivada por su destinatario.

En los casos en que la obligación de confirmación corresponda a un destinatario de servicios, el prestador facilitará el cumplimiento de dicha obligación, poniendo a disposición del destinatario alguno de los medios indicados en este apartado. Esta obligación será exigible tanto si la confirmación debiera dirigirse al propio prestador o a otro destinatario.

2. Se entenderá que se ha recibido la aceptación y su confirmación cuando las partes a que se dirijan puedan tener constancia de ello.

En el caso de que la recepción de la aceptación se confirme mediante acuse de recibo, se presumirá que su destinatario puede tener la referida constancia desde que aquél haya sido almacenado en el servidor en que esté dada de alta su cuenta de correo electrónico, o en el dispositivo utilizado para la recepción de comunicaciones.

3. No será necesario confirmar la recepción de la aceptación de una oferta cuando

a) Ambos contratantes así lo acuerden y ninguno de ellos tenga la consideración de consumidor, o

b) El contrato se haya celebrado exclusivamente mediante intercambio de correo electrónico u otro tipo de comunicación electrónica equivalente, cuando estos medios no sean empleados con el exclusivo propósito de eludir el cumplimiento de tal obligación.

Luego veremos de todas maneras el caso de una sentencia en la que pese a ello se aplica la teoría del abuso del derecho para no dar por celebrado un contrato y los efectos de este derivados.

6.    Lugar de celebración del contrato y competencia que ello arrastra

Importante a estos efectos es la redacción del art. 29 de la Ley EDL 2002/24122 para destacar que:

Los contratos celebrados por vía electrónica en los que intervenga como parte un consumidor se presumirán celebrados en el lugar en que éste tenga su residencia habitual.

Los contratos electrónicos entre empresarios o profesionales, en defecto de pacto entre las partes, se presumirán celebrados en el lugar en que esté establecido el prestador de servicios.

II.    Jurisprudencia aplicable

1.    STSJ Madrid, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sec. 9ª, de 14 febrero 2012, núm. 77/2012, rec. 162/2007. Pte: Huet de Sande, ÁngelesEDJ 2012/107357

Objeto:

En este caso existe falta de información clara sobre una contratación de acceso a internet por lo que el Tribunal entiende que se ha acreditado el incumplimiento de la normativa reguladora de la actividad comercial y de prestación de servicios por falta de remisión a los clientes de los términos de la contratación efectuada y falta de información previa, así como por haber dado de alta a consumidores que no lo han solicitado.

Resumen:

"... debemos entender que la conducta de la actora de tener a disposición de los posibles contratantes en una página web las condiciones generales de contratación de la prestación del servicio de internet no puede considerarse un "medio eficaz" de información previa a la contratación del completo contenido contractual, que es lo que exige el art. 2 del RD 1906/1999 EDL 1999/63997 , ya que, precisamente, el consumidor carece del servicio de internet , pues es dicho servicio el que pretende contratar telefónicamente, y es sólo en internet donde puede acceder a conocer las condiciones de su contratación. Y en cuanto a la posibilidad de acceder a las condiciones del contrato cuando se les remite el paquete informático para la instalación del acceso a internet y antes de concluir el proceso de su instalación, tampoco respeta la exigencia del precepto reglamentario mencionado de facilitar dicha información, al menos, con tres días de antelación a la celebración del contrato."

2.    SAP Valencia, Sec. 9ª, de 3 junio 2009, núm. 150/2009, rec. 289/2009. Pte: Caruana Font de Mora, Gonzalo EDJ 2009/155792

Objeto:

En la contratación de vuelos vía internet es obligación del consumidor facilitar a la compañía aérea una dirección de correo electrónico para que la empresa pueda comunicarles cualquier incidencia en el vuelo y si no se hace y la compañía cambia los horarios del vuelo será culpa del consumidor la falta de comunicación de esta dirección electrónica.

Resumen:

"La parte demandante ya en el acto del juicio concluyó que aún no otorgando una dirección de correo electrónico válida, la compañía de vuelos tenía dos teléfonos y un número de fax para comunicar con ellos, el cambio de horario de vuelo. Ciertamente tal aseveración es correcta, a la vista de los documentos, pero ello no puede elevarse a la categoría de obligación, primero porque la contratación telemática suscrita por litigantes no incluye comunicaciones vía telefónica; luego tales datos telefónicos son otorgados por los contratantes de motu propio y en segundo lugar, porque aún en caso de incorrección del correo electrónico, no tiene obligación alguna la empresa de efectuar a los pasajeros contratantes comunicaciones vía telefónica. Por consiguiente si bien es cierto que... disponía de otros medios para notificar con la antelación suficiente a los demandantes el cambio de vuelo, no puede solaparse que la causa del desconocimiento del cambio horario es imputable a la comunicación errónea de un correo electrónico, pues la demandada en cumplimiento de su obligación dirigió las dos comunicaciones anunciando dicho cambio horario con la antelación suficiente a los actores."

3.    Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Bilbao, Auto de 1 septiembre 2008, proc. 401/2008. Pte: Rodríguez Achutegui, Edmundo EDJ 2008/304797

Objeto: La competencia territorial en los contratos perfeccionados a través de Internet .

Resumen:

"... La razón esencial es que la contratación por Internet supone, en definitiva, que también en San Sebastián, como en cualquier otro punto del orbe, la compañía demanda tiene «establecimiento abierto al público», como exige el art. 51.1 LEC EDL 2000/77463, y en tal ciudad nace «la situación o relación jurídica a que se refiere el litigio», de modo que existe punto de conexión para que el demandante plantee allí su reclamación.

La contratación utilizando las posibilidades que abre Internet supone un cambio sustancial respecto de la oferta/aceptación realizada en un establecimiento físico. La contratación a distancia es posible gracias a los medios técnicos y la seguridad que la encriptación de datos asegura a las transacciones comerciales, de modo que el comercio electrónico varía la concepción tradicional y la hace evolucionar en beneficio de todos. Del empresario, que amplía sus potenciales mercados sin necesidad de realizar cuantiosas inversiones en sucursales o delegaciones, o sin recurrir a la colaboración de otros empresarios. Y del adquirente, que gozan de la facilidad de adquirir en cualquier momento y desde su propio domicilio, con suma facilidad, del bien o servicio que pretende obtener.

Cuando una empresa, que normalmente actuará como persona jurídica lo que permite citar el art. 51 LEC EDL 2000/77463 , ofrece sus servicios en Internet , está abriendo una establecimiento al público de forma universal, aunque virtual. Cualquiera puede acceder desde cualquier terminal de ordenador con conexión a Internet a los productos y servicios que se ofrecen. Obviamente el empresario no exige que la transacción se verifique en su domicilio social, que puede estar situado muy lejos del lugar donde se perfecciona el consentimiento que propicia el nacimiento del contrato.

Lo fundamental es que Internet permite que un empresario ofrezca sus productos en todo el mundo, que cualquier cliente puede adquirirlos sin salir siquiera de su casa, abonando el precio correspondiente y percibiendo la contraprestación, bien o servicio, que corresponda. Todo el proceso se perfecciona por la comunicación entre el terminal del comprador o adquirente, casi siempre un consumidor, situado en su propio domicilio, en su centro de trabajo o un espacio público que disponga de esos medios técnicos, y el servidor donde facilita sus servicios la página web del empresario.

En este caso el doc. n.º 1 revela que el demandante, donostiarra, compra desde su domicilio unos billetes de avión en la página web de ..., paga con su tarjeta de crédito y recibe un correo electrónico que confirma la contraprestación, un vuelo entre Dortmund y París. Se adquiere el servicio en un establecimiento virtual, abierto al público en Donosti y en todo el mundo, que es la web de .... Por eso es de aplicación el art. 51.1 LEC EDL 2000/77463, y por eso el demandante planteó correctamente su demanda en el Juzgado de lo Mercantil de San Sebastián.

Como acertadamente señala el demandante cuando es oído sobre el particular, el art. 29 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico EDL 2002/24122 confirma esa conceptuación del contrato de adquisición del billete de avión. El precepto indica que «Los contratos celebrados por vía electrónica en los que intervenga como parte un consumidor se presumirán celebrados en el lugar en que éste tenga su residencia habitual». Sólo es posible comprender la presunción legal admitiendo que la norma presume, en consecuencia, que el empresario oferente tiene sus servicios a disposición del consumidor en el lugar de su residencia. Es decir, que tiene establecimiento abierto al público en aquel lugar, pues de lo contrario difícilmente podría decir la ley que el contrato se entiende celebrado en domicilio del consumidor.

La opción legislativa es coherente, además, con todo el sistema de protección del consumidor que pone de manifiesto la evolución legislativa favorable al fuero del domicilio de aquél. Ya lo hacía el art. 1 de la Ley de Represión de la Usura de 1908 EDL 1908/41, el art. 14 de la Ley de Venta de Bienes Muebles a PlazosEDL 1998/44322, o el art. 24 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro EDL 1980/4219. Más recientemente dice el art. 4 de la Ley 7/1995, de 23 de marzo, que regula el crédito al consumo (LCC) EDL 1995/13452, que «Será competente para el conocimiento de las acciones derivadas de la presente Ley y de los contratos sujetos a ella el Juez del domicilio del consumidor». También lo hizo la DA 1ª. 27 de la derogada Ley 26/1984, de 19 de julio, General de Defensa de los Consumidores y Usuarios EDL 1984/8937. Sin embargo, no lo recoge con carácter general el vigente RDL 1/2007, de 16 de noviembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias EDL 2007/205571.

Nuestro Tribunal Supremo también lo entiende así. En su Auto de 10 de octubre de 2007 EDJ 2007/184701 se refiere precisamente a la contratación por Internet , optando por el domicilio de quien acepta la oferta. En el mismo sentido ATS de 7 octubre 2004 EDJ 2004/227260 , y 5 noviembre 2004 EDJ 2004/227289 , en este último caso por una adquisición mediante subasta realizada en Internet .

Finalmente, incluso la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en Auto de 16 de enero de 2007 EDJ 2007/25472, lo entiende así en un supuesto en que una persona con domicilio en Vitoria adquiere a través de una web unos teléfonos de una empresa de Portugalete, considerando que es competente el primer de los Juzgados, que se inhibió a Barakaldo, por ser el domicilio del consumidor aceptante de la oferta.

En definitiva, la primera razón de que proceda la competencia del domicilio del consumidor es que toda la transacción se realizó en San Sebastián, donde se contrató y abonó el precio, y donde la demandada tiene un establecimiento abierto al público, si bien virtual, cual es su web, lo que supone la aplicación...".

4.    SAP Sevilla, Sec. 6ª, de 17 septiembre 2010, núm. 258/2010, rec. 4226/2010. Pte: Sarazá Jimena, Rafael EDJ 2010/325460

Objeto:

Contratación vía electrónica en la que ante una oferta realizada por un establecimiento público por internet de unos productos a precios muy bajos un cliente lo acepta y al ir a ejecutar el contrato el oferente manifiesta que ha habido un error en el precio sensiblemente bajo por error. El tribunal entiende que no hay abuso de derecho por el cliente y que el contrato quedó perfeccionado.

Resumen:

a) Perfección de los contratos por internet .

"No es controvertido que nos encontramos ante lo que la Ley 34/2002, de 11 julio , de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (en lo sucesivo, LSSICE) EDL 2002/24122 , en la letra h de su anexo, califica como «contrato celebrado por vía electrónica» o «contrato electrónico», al tratarse de un contrato, en este caso de compraventa, en el que la oferta y la aceptación se transmitieron por medio de equipos electrónicos de tratamiento y almacenamiento de datos, conectados a una red de telecomunicaciones. La oferta de ...se contenía en su web, alojada en un servidor de Internet , y se transmitió a PCD a través de la utilización por ésta de Internet a través de un equipo informático conectado a la citada red, y la aceptación de PCD se realizó a través de las herramientas que posibilitaban la realización de pedidos en la citada web de ..., como resulta de la documentación aportada.

La validez y eficacia de estos contratos se produce sin necesidad del previo acuerdo de las partes sobre la utilización de medios electrónicos (art. 23.2 LSSICEEDL 2002/24122), con tal de que concurran el consentimiento y los demás requisitos necesarios para su validez (art. 23.1 EDL 2002/24122).

La perfección del contrato de compraventa se produce por el mero consentimiento de ambos contratantes sobre el objeto y el precio (art. 1450 del Código CivilEDL 1889/1). En el caso de contratos electrónicos, hay consentimiento desde que se manifiesta la aceptación (art. 1262 del Código Civil EDL 1889/1, inciso final), criterio este que difiere del previsto en el párrafo anterior para los contratos a distancia no celebrados en forma electrónica, en los que el criterio para considerar prestado el consentimiento es el del conocimiento de la aceptación, bien porque tal conocimiento sea efectivo, bien porque habiéndose remitido la aceptación no pueda el oferente ignorarla sin faltar a la buena fe.

Habiéndose producido una oferta pública de... a través de su página web, ofertando la venta de determinados ordenadores por determinado precio, la aceptación de PCD se manifestó realizando el pedido a través de las herramientas dispuestas al efecto en dicha página web. ... no niega que se realizaran ambos pedidos. Reconoce que se realizaron, que el primero fue incluso registrado, siendo comunicada la aceptación a PCD, y el segundo no fue registrado por la configuración dada a las citadas herramientas informáticas en la web, que no registraban los pedidos sucesivos realizados desde una misma terminal.

Estando reconocida la realización de tales pedidos por PCD, el contrato de compraventa (o los dos contratos, que a estos efectos es indiferente) se perfeccionó, pues al realizar los pedidos PCD manifestó su aceptación de la oferta. No pueden aceptarse objeciones como las esgrimidas por ... de que en el segundo de los pedidos el mismo no fue registrado, y en el caso del primero, lo fue pero quedaba supeditado a una aceptación posterior, dado que tal alegación no tiene encaje en la regulación de los contratos electrónicos contenida en la LSSICE EDL 2002/24122 y en el propio Código Civil EDL 1889/1, reformado por dicha ley.

El art. 28 LSSICE EDL 2002/24122 configura la confirmación de la recepción de la aceptación (que ... realizó sólo respecto del primer pedido) como una información que el oferente está obligado a realizar en un momento posterior a la perfección del contrato, lo que confirma que es la aceptación, y no un posterior visto bueno o comunicación del registro del pedido por parte del oferente, la que perfecciona el contrato electrónico de compraventa concertado por las partes.

En consecuencia, ha de considerarse que el consentimiento se perfeccionó respecto de la compraventa de los 15 ordenadores."

b) Inexistencia de abuso de derecho.

"La segunda cuestión objeto de debate en este recurso es si PCD actuó con infracción de las exigencias de la buena fe y está actuando con abuso de derecho al pretender obligar a ... a venderle 15 ordenadores al precio de 36 euros la unidad que, se alega, se consignó en la web por un error, puesto que el precio al que se quería haber ofertado era el de 369 euros, dado que el precio de adquisición por parte de ... fue de 280 euros.

No se plantea por ... la existencia de un error invalidante del consentimiento (para lo cual debería además haberse ejercitado una acción de anulación del contrato, siquiera en vía reconvencional), sino que simplemente se invocan las reglas de la buena fe y el abuso de derecho para oponerse a la estimación de la pretensión de la actora.

Es cierto que en los supuestos de errores en la consignación del precio por parte de los oferentes de bienes o servicios (bien sea error tipográfico, como era usual cuando la mayoría de las ofertas públicas se realizaban mediante folletos, bien sea por error en la confección de la página web, como sucede ahora por la generalización del uso de Internet ) no pueden darse reglas rígidas, aplicables en todos los casos, desligadas de las circunstancias fácticas concurrentes en cada supuesto objeto de enjuiciamiento. La valoración judicial, cuando se trata de enjuiciar si se ha infringido la buena fe o se ha actuado con abuso de derecho, es fundamentalmente fáctica, pues debe tomar en consideración los concretos datos concurrentes en el supuesto enjuiciado.

Es cierto que en el caso de errores patentes y manifiestos, en que se haya indicado un precio ridículo, no puede ampararse la pretensión del cliente que, consciente de tal error, pretende que se le facilite un bien o servicio a un precio manifiestamente erróneo o, lo que es peor, que realiza un pedido en una cantidad tal que resulta claramente indicativa de la intención del adquirente de aprovecharse ilícitamente del error sufrido por el oferente.

Ahora bien, ha de tenerse en cuenta que en el comercio actual, y en concreto en el de los artículos informáticos o electrónicos, la rápida obsolescencia de estos productos y la práctica de las empresas de minimizar los costes de almacenamiento y gestión de stocks, hace que no sean infrecuentes rebajas drásticas en este tipo de artículos, con las que las empresas buscan desprenderse de los mismos cuanto antes.

En el caso de autos, reconociendo la Sala que se está ante un supuesto fronterizo, las características de los productos ofertados (productos informáticos) y el precio por el que lo fueron (36 euros), no permiten considerar probado que el cliente fuera consciente de que se trataba de un error. Es más, siendo quince las unidades que se solicitaron, no se trató de un número claramente desproporcionado que mostrara la intención del cliente de aprovecharse del error de... de modo contrario a las exigencias de la buena fe. Ha de recordarse que, según reiterada jurisprudencia, la buena fe se presume, y es la mala fe la que ha de ser probada. En el caso de autos, no existen datos suficientes para considerar probada la actuación de mala fe de PCD al adquirir los quince ordenadores por el precio ofertado de 36 euros la unidad, por cuanto que siendo un precio muy bajo, no puede considerarse como claramente indicativo de la existencia de un error por las razones dadas anteriormente respecto de la existencia en el comercio actual de ese tipo de ofertas con recortes drásticos de precios. Esta falta de prueba suficiente debe llevar a rechazar la alegación de la infracción por parte de PCD de las exigencias derivadas de la buena fe.

Las alegaciones realizadas en el recurso de... sobre la actividad de PCD son meras elucubraciones inaceptables, no sólo por la falta de base de la mayoría de las mismas, sino porque no puede exigirse a una empresa que demanda judicialmente el cumplimiento de un contrato que justifique en el proceso los pormenores de su naturaleza y actividad.

Sentado que el contrato de adquisición de los 15 ordenadores por el precio ofertado en la página web de... quedó perfeccionado por la aceptación de PCD concretada en la realización del pedido, y que no existe prueba suficiente para afirmar que PCD actuó de mala fe, la pretensión formulada para que ... dé cumplimiento al contrato concertado no puede considerarse como un abuso de derecho, pues no abusa de su derecho quien se limita a ejercitarlo, como es el caso de PCD al exigir a ... el suministro de los ordenadores adquiridos.

Por lo expuesto, el recurso interpuesto por ... ha de ser desestimado, y estimada la impugnación formulada por PCD, salvo, como se verá, en lo relativo a la imposición de las costas de primera instancia."

Vicente Magro Servet

Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante. Doctor en derecho.

Publicado: 3 de Marzo de 2016