Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano, Susana Quicios Molina

Editorial Tirant lo Blanch


Nulidad por falta o ilicitud de requisitos esenciales del contrato

A)    Cuestiones generales

Declara el art. 1261 CC que no hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes: consentimiento de los contratantes, objeto cierto que sea materia del contrato y causa de la obligación que se establezca. La generalidad del precepto, que es desarrollado por los artículos siguientes, determina que el Tribunal Supremo no lo considere idóneo para fundar en él un motivo de casación si no va acompañado de los preceptos que lo desarrollan[23].

El Tribunal Supremo habla indistintamente en estos casos de contratos inexistentes (probablemente por mimetismo con el tenor literal del art. 1261 CC) o de contratos nulos radicalmente, o de ambas cosas a la vez[24]. Pero ya hemos visto que esta imprecisión terminológica carece de trascendencia, pues la inexistencia no tiene un régimen específico en nuestro ordenamiento. La nulidad que se predica conlleva, en principio, que la legitimación activa para pedir judicialmente la nulidad la tengan todos los que acrediten un interés legítimo por resultar perjudicados por el contrato al que le falta consentimiento, objeto o causa (o forma, si se exigiera ad solemnitatem); que la acción no prescriba, y que el contrato no despliegue ningún efecto ni pueda en absoluto convalidarse. Estas consecuencias derivadas de la calificación dada a estos contratos no son compartidas por todos los estudiosos, existiendo bastante conformidad en que el régimen de los contratos nulos por vulneración de norma imperativa o prohibitiva no es equiparable totalmente al régimen de los contratos nulos por falta de algún elemento esencial[25].

De particular importancia resulta la afirmación de que podrían desplegar algún efecto, como la facultad para exigir responsabilidad contractual (o por el interés positivo, o de cumplimiento) al contratante que ha provocado la nulidad con culpa in contrahendo[26]. Se dice, por otra parte, que las partes pueden solucionar con posterioridad a la celebración del contrato la falta del elemento esencial de que se trate, pero como este arreglo no tiene efectos retroactivos frente a terceros habría que considerarlo como un nuevo contrato al que las partes pueden asignar efectos, entre ellas, pretéritos o con relación a la situación anterior que viene a ser novada (no es equiparable, pues, a la convalidación de los contratos anulables). Por lo que respecta a la legitimación activa, la contundencia del art. 1261 CC (“no hay contrato”) obliga a entender que en nuestro ordenamiento no puede ser tomado en consideración como contrato ningún acto al que le falte el consentimiento de las partes, el objeto o la causa. De ahí que sea indiscutible la extensión de la legitimación activa, para evitar que surta efectos, a más personas que las partes del contrato. Las dudas sobre la imprescriptibilidad de la acción para pedir la nulidad de estos contratos se relacionan con el problema general del tiempo en que puede ejercerse la acción de restitución derivada de una acción de nulidad, pues resulta evidente que la acción declarativa de nulidad (o la excepción pertinente) no prescriben.

B)    Falta de consentimiento

El contrato será nulo si carece del elemento esencial que lo define, que es el consentimiento de las partes (art. 1262.I CC). Cabe agrupar los supuestos más relevantes en dos grupos: casos en los que la voluntad interna diverge de la voluntad declarada y casos en los que celebra el contrato una persona sin capacidad natural de entender y querer[27].

La falta de consentimiento puede deberse a la prestación de uno en blanco o sin consideración a los elementos sobre los que debe recaer el consentimiento, como sería la firma de una hoja en blanco, posteriormente rellenada por la otra parte[28]. Puede ser considerado como error obstativo o error en la declaración cuando se ha rellenado la hoja en blanco de manera distinta a lo acordado y en lo que se confiaba[29].

Sufrir un error en la declaración de la voluntad correctamente formada se considera por la jurisprudencia, normalmente, causa de nulidad por falta de consentimiento (se dice que excluye la voluntad interna una divergencia inconsciente entre ésta y su declaración)[30]. El llamado error obstativo o error en la declaración se suele distinguir del error-vicio, o error en la formación de la voluntad o en los motivos, que es causa de anulabilidad (art. 1266 CC)[31]. No obstante, como el interés del contratante que ha confiado en la declaración emitida es igualmente digno de consideración, también es exigible, para que el contrato pueda considerarse nulo, que el error obsativo sea esencial y excusable (tal y como se exige del error-vicio del consentimiento)[32]. Si el error fue o pudo ser reconocido por la otra parte contratante, la nulidad se declarará aunque concurra falta de diligencia del declarante[33]. No obstante, si el destinatario de la declaración errónea reconoce el error aceptando la voluntad interna de la otra parte, no habrá lugar a la nulidad del contrato (falsa demonstratio non nocet). El sometimiento de este defecto contractual al régimen de la nulidad absoluta conlleva la extensión de la legitimación activa, para impugnar el contrato celebrado, a cualquier perjudicado y no sólo a los contratantes[34].

Un sector de la doctrina discrepa de la sanción que merecen los contratos en los que se aprecia un error obstativo. O bien defienden que el contrato debería ser anulable, por analogía con el régimen del error-vicio del consentimiento, o bien distinguen si el error recae sobre un elemento esencial del contrato, esto es, el objeto o la causa (sería entonces un supuesto de nulidad absoluta) o sobre otros extremos que no impiden el nacimiento del contrato aunque el error sí afecta a la organización de intereses pretendida (el contrato sería entonces anulable)[35].

Otro vicio del consentimiento que no acarrea la anulabilidad del contrato, como es lo normal en estos casos de vicios, sino su nulidad absoluta, es la violencia absoluta ejercida sobre una de las partes o vis ablativa, como cuando se dirige la mano del que firma un contrato. Se dice que entonces la voluntad del declarante no existe, a diferencia de cuando se ejerce violencia o intimidación, en que esa voluntad sí existe pero viciada porque no se ha formado libremente.

Además del error obstativo y la violencia absoluta, se consideran también supuestos de ausencia de consentimiento, por existir una divergencia entre voluntad interna y declaración, la declaración falta de seriedad (se emite la declaración iocandi o docenci causa), la declaración contractual falsificada, la declaración contractual inconsciente y la reserva mental. Aunque en su mayoría son supuestos escolásticos.

Los contratos simulados absolutamente pueden considerarse ineficaces por falta de consentimiento, en lugar o además de por falta de causa, como es usual entender. Esta falta de consentimiento vendría dada por una divergencia consciente entre la voluntad real y la declarada. Pero es importante resaltar que la ineficacia predicada, se entienda una cosa o la otra, es la misma, y por ello el régimen jurídico de los contratos simulados[36]. Para su estudio nos remitimos al epígrafe especial que se les dedica por su importancia práctica.

En relación con la nulidad por falta de consentimiento se plantea el supuesto de los contratos celebrados por personas no incapacitadas judicialmente, pero que en el momento de tal celebración carecen de capacidad natural de entender y querer por padecer ya una enfermedad mental[37]. Estos contratos se consideran, por la jurisprudencia, nulos absolutamente, ya que les faltaría un elemento esencial como es el consentimiento (STS 19.11.2004[38]). Ésta sería la ineficacia que cabría predicar, en general, de todos los contratos celebrados por una persona que en el momento de prestar el consentimiento carece de entendimiento y voluntad, por ejemplo por estar bajo los efectos del alcohol o de las drogas, o, estando ya incapacitada, se le reconoce una determinada capacidad contractual. Sobre el régimen jurídico de estos actos, debe tenerse presente que la capacidad de obrar de los mayores de edad se presume mientras una sentencia no declare judicialmente su incapacitación, de modo que ha de obtenerse concreta y específicamente la declaración de nulidad del acto impugnado, probando cumplidamente (de modo evidente y completo, dice la jurisprudencia) la incapacidad[39]. La carga de la prueba de la falta de razón natural en el momento de celebrar el contrato incumbe a quien alega tal carencia, sin que pueda invertirse tal carga por la existencia de indicios de la enfermedad. Se ha señalado, en este sentido, que la presunción de capacidad debe destruirse por una prueba concluyente en contrario, por una prueba directa adecuada[40]. Aunque el Notario autorizante del acto haya considerado capaz al contratante, tal enjuiciamiento sobre su capacidad natural no es inatacable, pues constituye una presunción iuris tantum que admite prueba en contrario[41].

Es evidente, pues, que la incapacitación judicial de una persona no es presupuesto imprescindible para anular los contratos celebrados sin la necesaria capacidad de obrar. Dicha incapacitación provocará que los contratos perfeccionados después por el incapacitado sean anulables (arts. 1263.2.º y 1.301 CC), salvo que el incapacitado actúe con carencia absoluta de entendimiento y voluntad. Entonces deberá considerarse el contrato nulo por falta de consentimiento. Como la sentencia de incapacitación no tiene efectos retroactivos, en nada afecta a la presunción de capacidad de obrar para celebrar todos los actos anteriores[42].

Algunos autores discuten la calificación dada a estos contratos, pues defienden que debe tratarse de contratos anulables, para así equipararlos a los contratos celebrados por incapacitados[43]. Si así fuera, sólo podrían pedir que se declarase la ineficacia los propios incapaces, una vez recuperada la plena capacidad o por medio de sus representantes legales tras haber sido incapacitados, quedando sometida la acción de nulidad a un plazo de caducidad de cuatro años, que no se contaría sino desde la recuperación de la capacidad o desde la muerte del incapaz. Pero si el defecto de que adolecen estos contratos es la falta total de consentimiento, pues en definitiva la falta absoluta de capacidad de enteder y querer a ello conduce, no creemos que pueda excluirse el régimen más severo de la nulidad absoluta, si bien con los matices que se ven más adelante.

También se plantea la doctrina si no sería más conveniente considerar anulables los contratos en que el contratante capaz confió, de buena fe, en una capacidad aparente. El Tribunal Supremo no incide en esta cuestión en sus sentencias, pero si no basta la comprobación del Notario sobre la capacidad del contratante para excluir la nulidad del contrato, tampoco parece que se sería favorable a dar relevancia a la capacidad aparente del contratante incapaz.

Aunque se considere nulo absolutamente, y no meramente anulable, el contrato celebrado por un incapaz no incapacitado, es perfectamente defendible que el incapaz no está obligado a restituir sino en cuanto se enriqueció con la cosa o precio que recibiera (art. 1304 CC). No olvidemos que varias de las normas sobre efectos de la nulidad, en concreto las contenidas en los arts. 1303, 1.307 y 1.308 CC, se aplican sin discusión tanto a los contratos nulos como a los anulables, y del tenor literal del art. 1304 se deduce claramente que es la incapacidad de la persona (natural o ya declarada por sentencia judicial) la que determina un régimen de restitución más perjudicial para el contratante capaz[44]. Puede, incluso, mantenerse que la persona capaz que contrató con el incapaz no está legitimada para pedir la nulidad del contrato, pues lo prohíbe el art. 1302 CC, que se aplicaría así tanto a los contratos celebrados por incapacitados como por incapaces (en ambos casos estaríamos hablando, como el precepto, de incapacidad). Ello no es óbice para admitir que no sólo está legitimado el incapaz (o su representante) para pedir la nulidad, sino cualquier tercero con interés legítimo. Lo que no parece posible es considerar sujeto al plazo de ejercicio de cuatro años la acción para pedir esta nulidad, pues el art. 1301.V CC, que fija tal plazo, se refiere concretamente a contratos celebrados por incapacitados[45]. Un estudio más detenido de los preceptos mencionados se contiene en otros apartados de este Capítulo.

C)   Falta de otros elementos esenciales (objeto, causa o forma)

En el Capítulo 4 de este Tratado se ha abordado extensamente el requisito del objeto del contrato, que ha de ser posible, lícito y determinado. De modo que aquí analizaremos algunos supuestos prácticos en que se ha declarado nulo el contrato por un defecto de su objeto.

Con base en los arts. 1272 y 1460 CC, se considera que el contrato carece de objeto, y es por ello nulo, cuando la prestación prometida es ya de imposible cumplimiento en el momento de celebrarse el contrato (imposibilidad originaria)[46].

La imposibilidad originaria puede ser desconocida por ambas partes, que actuarían por error al celebrar el contrato, o conocida por una de ellas, que provocaría el error en la otra o, por lo menos, no lo evitaría. Pero aunque quepa invocar el error, como causa de anulabilidad, la falta de objeto que en todo caso se produce obliga a aplicar el régimen más intenso de la nulidad absoluta (fundamentalmente por lo que respecta a la imprescriptibilidad de la acción). La culpa de una de las partes en la ineficacia del contrato debería sancionarse con la correspondiente in­demnización por daños y perjuicios (culpa in contrahendo), pues resulta difícil sustentar en nuestro Derecho positivo su falta de legitimación para accionar -co­mo ocurriría si el supuesto lo fuera de anulabilidad- o su responsabilidad por in­cumplimiento -partiendo de la existencia de un contrato válido que no se puede cumplir-.

Puede considerarse una aplicación legal de la nulidad por falta de objeto la contemplada por el art. 4 LCS, que declara nulo el contrato de seguro si al tiempo de concertarlo ha ocurrido ya el riesgo asegurado[47].

Tanto la STS 26.7.2000[48], sobre compraventa de una finca de superficie no adecuada a la mínima exigible por la normativa urbanística aplicable, como la STS 30.11.2006[49], sobre contrato de suministro de agua extraída de unos pozos particulares a una urbanización, declaran nulo el contrato, entre otros motivos, por imposibilidad jurídica del objeto (art. 1272 CC).

La indeterminación del objeto del contrato acarrea su nulidad. Ello puede ocurrir, como en el caso de la STS 16.6.2003[50], porque no se encuentre la voluntad conteste de las partes en cuanto a si el terreno vendido lo es con agua o sin agua[51]: el contrato no es válido por quedar indeterminada la localización de la finca «afectando esa (in)determinación a su concreta naturaleza o especie -terreno con agua o sin ella-». También da lugar a la nulidad del contrato, si así se solicita y prueba, y no a su resolución, la falta de determinación del precio en un contrato oneroso (STS 25.10.2007)[52]. En el mismo sentido, la STS 13.3.2002[53] declara inexistente una compraventa por no constar en el recibo del pago a cuenta el precio total.

Los contratos sin causa o con causa ilícita no producen efecto alguno (art. 1275 CC). Los contratos sin causa se consideran contratos simulados, y debido a su abundancia merecen ser tratados en un epígrafe aparte. Por lo que respecta al estudio completo de la causa, como elemento esencial del contrato, debemos remitirnos al Capítulo 4 de esta obra.

Cuando una determinada forma es esencial para que el contrato despliegue efectos, su falta acarrea la nulidad del contrato. Así, una donación mortis causa sin forma testamentaria será nula[54].

D)   Ilicitud del objeto o de la causa. En particular, los supuestos de fraude de acree­dores

Determina el art. 1271 CC que pueden ser objeto de contrato todas las cosas que no están fuera del comercio de los hombres y todos los servicios que no sean contrarios a las leyes o a las buenas costumbres. A tenor del art. 1275 CC, los contratos con causa ilícita no producen efecto alguno, definiéndose la causa ilícita como la que se opone a las leyes o a la moral. Con independencia de la dificultad de distinguir en la práctica si lo ilícito es el objeto o la causa del contrato celebrado[55], y sin necesidad de entrar en la polémica sobre la identificación o no de la causa con el objeto del contrato, lo más relevante es el concepto de ilicitud, ya sea de la causa o del objeto del contrato, y determinar si está presente en el contrato celebrado[56]. Porque aunque la causa torpe (ilícita), y no el objeto ilícito, es la única contemplada por el art. 1306 CC para establecer unas reglas especiales sobre restitución del objeto del contrato, tratar de defender que estas normas no se aplicarían en caso de objeto torpe no pasa de ser un ejercicio dialéctico (repárese en que el art. 1305 sí contempla tanto la causa como el objeto ilícitos).

La ilicitud puede provenir de una contravención del Derecho positivo imperativo (tanto el objeto como la causa no pueden ser contrarios a las leyes), supuesto que estaría también contemplado por el art. 6.3 CC[57]. Esto ha provocado que el control de legalidad de los contratos, en la práctica, se realice a través del art. 6.3 CC, en detrimento del recurso a la causa ilícita (como muestra el cada vez menor número de resoluciones que aplican el concepto de causa ilícita del art. 1275 CC)[58].

Respecto de los contratos inmorales, también se contemplan por el art. 1255 CC, que no admite los pactos contrarios a la moral ni al orden público, y por ello suelen invocarse conjuntamente los arts. 1255 y 1.275 CC para reforzar la pretensión de ilicitud moral[59]. Las buenas costumbres y la moral (social, económica) se refieren a lo mismo: aunque no pueda considerarse ilegal una determinada actuación, repugna a la conciencia social de una determinada época. Sólo en este caso de contratos ilícitos (no ilegales) se aplicarán los arts. 1305 y 1.306 CC.

Recientemente se ha considerado por el Tribunal Supremo que el acuerdo adoptado por el consejo de administración de una sociedad anónima, consistente en conceder a un consejero, para sí y sus herederos, una comisión de cartera (de un 2%, reducido a un 1% por renuncia del acreedor), por el total de las cuotas que se cobren anualmente, tiene causa ilícita pues sus dos finalidades lo son: la primera (burlar la prohibición legal del art. 74 de la Ley de Sociedades Anónimas de 1954, sería ilegal (fraude de ley), y la segunda (blindar una percepción económica para el futuro, no sólo para el consejero beneficiado, sino para sus herederos, sin límite temporal), sería contraria a la moral, dadas las circunstancias de cantidad y tiempo, “pues los principios éticos que rigen los comportamientos sociales, que trascienden al orden público, no permiten el aprovechamiento de situaciones de prevalencia o influencia personal para obtener beneficios futuros exorbitantes a cargo de otras personas, sin que existan razones que expliquen o justifiquen la desmesura”[60]. Ello conduce a aplicar la primera regla del art. 1306 CC.

Las cosas, objeto del contrato, que se consideran ilícitas son las inalienables: bienes de dominio público, cosas comunes a todos y bienes no incluidos en el patrimonio[61]. Si las cosas objeto del contrato son de tráfico limitado o restringido, no se entiende que el contrato que verse sobre ellas tenga objeto ilícito, sino que, en su caso, será aplicable el art. 6.3 CC[62].

En algún caso se alega ante los tribunales la nulidad del contrato celebrado por razón de la utilización del llamado «dinero negro», frente a lo que se opone la participación voluntaria y consciente en el uso del dinero negro por quien opone la nulidad, y la posible infracción administrativa o fiscal, pero en absoluto civil[63].

Consideramos ilícita la causa del contrato cuando los concretos móviles de las partes al celebrar el contrato son contrarios a las leyes o a la moral[64]. Los propósitos particulares de las partes no suelen considerarse parte integrante de la causa del contrato, salvo que se hayan incorporado expresamente a la causa, por ejemplo a través de una condición, o sean ilícitos. Porque teniendo todos los contratos una causa-tipo evidentemente lícita, no puede hablarse de causa ilícita si no es atendiendo a la finalidad concreta que las partes persiguen al celebrar el contrato.

Los contratos celebrados en daño de tercero (contratos que vulneran pactos de exclusiva, o contratos de compraventa que perjudican previos contratos de opción de compra o de compraventa, pues evitan que el primer comprador obtenga el debido cumplimiento) pueden ser considerados nulos por causa ilícita, en el caso de que sea de mala fe quien colabora con el contratante que pretende incumplir sus previas obligaciones contractuales[65].

Un problema práctico recurrente en relación con la causa ilícita es la calificación de los contratos celebrados con una clara intención fraudulenta[66]. En particular, los contratos celebrados con la pretensión de defraudar los derechos de los acreedores de una de las partes, se declaran nulos por algunos tribunales tanto por tener causa ilícita como por haber sido realizados en fraude de acreedores (admitiendo los términos poco técnicos de las demandas). Y cuando con toda corrección se hace ver por los recurrentes que es incongruente declarar nulo un contrato por causa ilícita y, al mismo tiempo, considerar que fue realizado en fraude de acreedores, pues los pronunciamientos son incompatibles (los contratos rescindibles son contratos válidamente celebrados), en nada ayuda a la clarificación de la cuestión que el Tribunal Supremo niegue en ocasiones la existencia de incongruencia, pues justamente se dio lo pedido en la demanda[67].

Aunque también el Tribunal Supremo, con toda corrección y claridad, ha razonado en otra reciente resolución que el fraude de acreedores no tiene el tratamiento legal correspondiente a la nulidad negocial, sino al de la rescisión: “no se trata de mera terminología; son dos acciones distintas, imprescriptible la de nulidad y sujeta a plazo de caducidad la rescisoria (art. 1299), además de que aquélla supone la nulidad ab initio del negocio jurídico, mientras que la segunda su plena validez hasta que no sea declarada judicialmente la rescisión”[68]. Como igualmente se deduce de esta sentencia, la correcta calificación de la acción que puede ejercerse cuando se da fraude de acreedores también resulta esencial si se interpone en un juicio de tercería de dominio, pues sólo puede oponerse frente al derecho del tercero la nulidad de su título.

Efectivamente, parece indiscutible que si el legislador ha individualizado una causa que a priori puede calificarse de ilícita (el fraude de acreedores) para asignarle una ineficacia específica, como es la rescisión del contrato, que presupone contratos válidos, debemos convenir en que no la considera con tal grado de ilicitud que conduzca a la nulidad absoluta del contrato, por lo menos como regla general[69]. Son incompatibles rescisión y nulidad absoluta, pues el régimen de la segunda deja sin sentido el de la primera, que alguna justificación tendrá si se establece por el legislador. De modo que probada la intención fraudulenta de las partes, y partiendo de que el contrato no es simulado, procederá su rescisión y no la declaración de su nulidad[70].

La única excepción a esta regla podría estar en los casos en que el deudor ha sido condenado por un delito de alzamiento de bienes, pues entonces el fraude, cualificado hasta el punto del delito, sería de tal intensidad que permitiría entender nulo el contrato por causa ilícita (sujeto por ello al régimen del art. 1305 CC y, sobre todo, sin que prescriba la acción para declararlo)[71].

Algún autor se plantea el problema de la causa ilícita sobrevenida, que no sería motivo de nulidad ex art. 1275 sino de resolución ex art. 1124 CC[72].

En resumen, se ha señalado por la doctrina que la generalidad del concepto de causa ilícita (o de objeto ilícito) ha provocado que se lleven a él, con mayor o menor acierto, un conjunto heterogéneo de supuestos, que puede ser prácticamente ilimitado[73]. El Tribunal Supremo no ha establecido criterios concretos que puedan ser aplicados por los órganos inferiores, y ha incluido en el concepto de causa ilícita supuestos muy diversos. Así, se consideran con causa ilícita contratos realizados para perjudicar a un tercero, contratos celebrados en fraude de los derechos de herederos legitimarios o acreedores (siendo estos contratos en realidad rescindibles, y no nulos), contratos realizados infringiendo normas legales (como los contratos que tienen por objeto bienes que no reúnen legalmente los requisitos necesarios para el destino pactado o los contratos usurarios), contratos realizados con lesión de intereses generales (contratos que tienen por objeto productos peligrosos, por ejemplo para la salud, o que establecen vinculaciones perpetuas), contratos por los que se retribuye la prestación de servicios gratuitos, la cesación en actividades ilegales o la no denuncia de delitos, contratos que contravienen normas urbanísticas y los contratos que tienden a suprimir o restringir la competencia[74].

NOTAS:

[23]       Por ejemplo, STS 24.10.2003 (Tol 460577).

[24]       Por ejemplo, STS 27.1.2003 (Tol 253634), en un supuesto de simulación de emisión de obligaciones hipotecarias, o STS 19.11.2004 (Tol 514302), en relación con un contrato celebrado por quien carece de capacidad natural.

[25]       Morales, Comentarios…, 1993, pp. 445-446.

[26]       Morales, Comentarios…, 1993, p. 445, que pone como ejemplo el caso del vendedor que engaña al comprador sobre la existencia de la mercancía vendida (la compraventa sería nula por falta de objeto).

[27]       Debe completarse lo que aquí se dirá con lo expuesto en el capítulo 4 de este Tratado sobre el consentimiento contractual.

[28]       Es el caso que condujo a la STS 31.3.2005 (Tol 619476), sobre un reconocimiento de deuda derivada de un arrendamiento de servicios.

[29]       Morales, El error…, 1988, p. 113.

[30]       Un supuesto de error obstativo, o error en la declaración, puede verse en la STS 19.12.2003 (Tol 340985), que sin embargo no discutió la calificación del contrato celebrado como anulable.

[31]       Unas atinadas reflexiones sobre esta distinción entre error en la declaración y error en los motivos realizó Morales, El error…, 1988, pp. 183 y ss.

[32]       Rams, Comentarios…, p. 24. En la STS 23.5.1935 (RJA 1124) se justifica el mantenimiento del contrato porque ha habido una actuación negligente en quien se equivoca al declarar su voluntad (el error sería inexcusable).

[33]       No hay confianza ninguna en la declaración que merezca ser protegida [esta consideración pesó, sin duda, en la resolución del caso de la STS 10.4.2001 (Tol 71750), en que los compradores de una finca con una superficie declarada superior a la real dieron muestras de querer asegurar su situación indebida].

[34]       STS 10.4.2001 (Tol 71750). En el caso, los compradores de una parcela piden la nulidad de la compraventa de la parcela colindante porque en la escritura pública se le atribuyó por el promotor, erróneamente, una superficie superior a la que tenía en el parcelario municipal. Téngase en cuenta que los actores, que podrían interponer una reivindicatoria, deben justificar la ausencia de título del propietario colindante invocando el error padecido por el vendedor de ambas parcelas.

[35]       Sobre las distintas posturas y sus representantes, Morales, El error…, 1988, pp. 116-118, quien rechaza que el régimen jurídico sea uniforme para todos los tipos de error obstativo (lo explica más detenidamente después -últ. ob. cit., pp. 137-142-).

[36]       Es representativa la Instrucción DGRN de 31 de enero de 2006, sobre los matrimonios de complacencia, que a pesar de decantarse por la tesis que estima nulos los negocios simulados, como lo serían estos matrimonios, por falta de consentimiento, reconoce que a la misma conclusión se llegaría si se defiende que se trata de negocios cuya causa no existe o es falsa (apartados IV, V y VI). Y acaba afirmando que por falta de consentimiento y por falta de causa estos matrimonios adolecen de una nulidad que se produce ipso iure, insubsanable y absoluta.

[37]       La jurisprudencia distingue incapacidad natural de incapacidad como estado civil (incapacitación). Debe completarse, y en algún punto contrastar, lo que se dirá inmediatamente con lo expuesto en el capítulo 4 de este Tratado sobre capacidad para prestar el consentimiento contractual.

[38]       Tol 514302. Se dictó en un supuesto de incapacidad natural por demencia senil de la vendedora. La doctrina así lo entiende mayoritariamente, desde que defendiera esta posición el profesor De Castro (Evangelio, Los contratos…, 1997, pp. 65 y ss.).

[39]       La STS 19.11.2004 (Tol 514302) recordó, en relación con este tema, que tanto la prueba pericial como la testifical deben ser valoradas por el juzgador según las reglas de la sana crítica, sin que tal valoración puede impugnarse en casación salvo que sea contraria a la racionalidad o a la lógica. Puede entenderse prueba suficiente de la incapacidad en el momento de contratar el padecimiento de una enfermedad mental incapacitante antes y después de celebrar el contrato (Delgado, CCJC, n.º 5, p. 1575).

[40]       STS 10.11.2005 (Tol 759112), y las que cita, en particular la STS 28.6.1990 (RJA 4942). En el caso resuelto por la primera, se valora que, a pesar de la manifestación testamentaria de la madre del vendedor sobre el estado mental de éste (en 1949), en fechas más cercanas a las compraventas impugnadas (de 1985) el informe médico y la sentencia de incapacitación coinciden en considerar no excesivo el deterioro mental del incapaz (aunque pensando en el futuro sea conveniente incapacitarlo ya -1992-). La STS 11.6.2001 (Tol 30855) declaró también que mientras una persona no sea incapacitada podrá ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones, sin perjuicio de la posibilidad de impugnar los actos anteriores a la incapacitación.

[41]       STS 19.11.2004 (Tol 514302).

[42]       SSTS 23.11.1981, 4.4.1984, 19.2.1996 (RJA 4543, 1926, 1413).

[43]       Particularmente, Delgado/Parra, Las nulidades…, 2005, pp. 141-142, con cita de otros autores.

[44]       La STS 9.10.2003 (Tol 324646) da por buena la aplicación que del art. 1304 CC hace la Audiencia en un supuesto de nulidad de contratos celebrados por incapaz no incapacitado.

[45]       Delgado/Parra, Las nulidades…, 2005, p. 143, consideran aplicables en todo caso los arts. 1302 y 1.304 CC a los contratos celebrados por incapaces no incapacitados.

[46]       Díez-Picazo, Fundamentos, I, pp. 202-203. Algún autor defiende que sería más adecuado regular el supuesto como incumplimiento que faculta al acreedor, desconocedor de la imposibilidad, para pedir el cumplimiento por equivalente o la resolución (San Miguel, Resolución del contrato…, 2004, p. 77, nota 1, que sigue a Pantaleón).

[47]       En el caso que condujo a la STS 30.9.2003 (Tol 314159), el accidente, por cuyas secuelas se reclama indemnización, se produjo antes de la celebración del contrato.

[48]       Tol 170860.

[49]       Tol 1019363.

[50]       RJA 5356.

[51]       Las partes parece que habían celebrado lo que el actor llamaba un contrato de compromiso, por el que la demandada se comprometía a entregar 10 hectáreas de una parcela, situadas en la parte norte de la misma (sin más especificaciones). El conflicto derivaba de la definitiva pertenencia de una balsa de agua ubicada en la parcela dividida, queriendo el actor que estuviera en sus 10 hectáreas y la demandada, por el contrario, en la finca matriz.

[52]       Tol 1174752.

[53]       RJA 5697.

[54]       STS 30.12.2004 (RJA 360).

[55]       Lo que lleva a aconsejar que se invoquen conjuntamente los arts. 1255, 1.271 y 1.275 CC (Clavería, La causa…, 1998, pp. 115-116).

[56]       Lacruz, Elementos, II-2.º, p. 181.

[57]       Así, hay casos en que se declara la nulidad tanto por contravención de norma imperativa como por causa ilícita [STS 30.11.2006 (Tol 1019363), sobre contrato de suministro -clandestino- de agua extraída de unos pozos particulares a una urbanización].

[58]       Vázquez de Castro, Ilicitud contractual…, 2003, pp. 94-95.

[59]       Vázquez de Castro, Ilicitud contractual…, 2003, p. 94.

[60]       STS 24.10.2006 (Tol 1006919).

[61]       Vid., con más detalle, el Capítulo 4 del Tratado.

[62]       Vázquez de Castro, Ilicitud contractual…, 2003, p. 62.

[63]       En la STS 18.10.2004 (RJA 6077) no se entró a conocer del motivo porque la cuestión se alega por primera vez en casación. Se trataba de un contrato de suministro en el que se había intercambiado oro por dinero.

[64]       La STS 27.3.2007 (Tol 1053711) recuerda la doctrina jurisprudencial que eleva el móvil, cuando es ilícito, a la categoría de causa en sentido jurídico.

[65]       Para rechazar la ilicitud de la causa no basta con traer a colación que quien contrata con el incumplidor es un tercero respecto del contrato vulnerado [como hace la STS 7.10.2007 (Tol 1161159)], sino que debe considerarse además de buena fe (lo que se presume).

[66]       Se ha considerado nula, por tener causa ilícita, la donación encubierta en una compraventa por pretender defraudar los intereses de los herederos legitimarios [STS 20.6.2007 (Tol 1113031)]. Se distingue el supuesto de las donaciones inoficiosas por lesionar la legítima, en las que falta la intención fraudulenta.

[67]       Como aconteció en la STS 4.2.2005 (RJA 946).

[68]       STS 20.10.2006 (RJA 9371).

[69]       Algún comentario incidental del Tribunal Supremo hace pensar, sin embargo, que puede haber excepciones, como veremos. Así, en la STS 10.3.2004 (RJA 1818) señala en un momento dado que «el fraude de acreedores [no] puede excluirse como dato determinante de la ilicitud de la causa negocial».

[70]       En ocasiones es difícil saber si el contrato se declara nulo por simulado o por ser ilícita su causa, cuando debería rescindirse si concurre causa e intención de defraudar. Así, en el caso que condujo a la STS 26.5.2004 (RJA 3975), que enjuicia una compleja operación realizada entre el deudor de obligaciones tributarias y su suegro, se declaró su nulidad, por no tener causa o ser ésta ilícita, aunque se pedía subsidiariamente la rescisión por la Administración del Estado.

[71]       La STS 27.3.2007 (Tol 1053711) ha declarado claramente que el fraude no da lugar sólo a la rescisión sino que puede tratarse de una causa ilícita que produce la nulidad, conforme al art. 1275 CC; contemplando el art. 1305 la nulidad de proviene de la ilicitud de la causa si el hecho constituye un delito o falta. "La comisión de un delito lleva más allá de la ineficacia sobrevenida del negocio jurídico, como es la rescisión".

[72]       Clavería, La causa…, pp. 116-117, 119-121 y 181.

[73]       Albacar y Santos Briz, Código Civil…, T. IV, 1991, p. 690.

[74]       Vid. más extensamente Vázquez de Castro, Ilicitud contractual…, 2003, pp. 96-103.

Tratado de Contratos 

Publicado: 1 de Diciembre de 2014