La posición jurídica del imputado en el proceso se va modificando conforme transcurre el mismo; así, el art. 118 LECRIM se refiere a imputado, otorgando a éste un conjunto de derechos desde el momento en que se le comunique el procedimiento o haya sufrido la medida de detención, o cualquier otra medida cautelar, lo que supone que en el momento de la medida restrictiva gubernativa ya podemos hablar de imputado o inculpado.
Por tanto, se le denomina imputado durante la primera fase del proceso, cuando se están realizando las primeras diligencias de investigación y se tiene un conocimiento sólo indiciario y derivado de afirmaciones de personas que trasladan al juez la notitia criminis. Algún autor se refiere en esta situación al «sospechoso», sujeto sobre el que recae la sospecha de la realización de un acto punible, que origina diligencias policiales y judiciales (Prieto-Castro, Derecho Procesal Penal, 3.ª ed., Madrid, 1987, págs. 120-121). Sin embargo, lo cierto es que la LECRIM nunca utiliza este término y sí el de querellado o denunciado para referirse a este momento inicial del proceso.
Fácilmente pueden advertirse dos momentos en la concreción de la imputación en el proceso penal: un momento inicial, que viene dado por el traslado a la autoridad judicial de la notitia criminis, y que le obliga a la apertura del procedimiento penal si la noticia no es inverosímil o fantástica. Pero la imputación se ha de concretar en un momento posterior, marcado por la idea que el juez de instrucción se ha ido formando a partir de las diligencias practicadas en el procedimiento que le llevan a entender que existen suficientes indicios contra una persona determinada (De Llera, «La inculpación en el proceso penal. Especial referencia al procedimiento abreviado», en Revista del Ministerio Fiscal, núm. 2, julio-diciembre, 1995, pág. 166).
Este momento de la concreción judicial de la imputación se produce en los procedimientos seguidos por delitos graves a partir del momento en que se dicte el auto de procesamiento, esto es, desde que resultare del sumario algún indicio racional de criminalidad contra determinada persona (art. 384 LECRIM), en cuyo caso pasará a ser procesado.
En los procedimientos por delitos menos graves no se dicta auto de procesamiento, pero en todo caso la autoridad judicial debe tomar declaración al imputado e informarle en su primera declaración, y antes de que la preste, de los hechos que se le imputan, para evitar imputaciones sorpresivas.
STC 186/1990
7. [...] el art. 790.1 de la LECRIM no puede erigirse en obstáculo a la intervención previa del imputado en el proceso. Dicho de otro modo, y en contra de lo afirmado en el Auto de planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, el mencionado precepto no obliga o limita a que la intervención del imputado se produzca después de haberse decretado  previa acusación  la apertura del juicio oral, sino que, antes al contrario, presupone dicha intervención previa. En efecto, en la primera fase jurisdiccional del procedimiento abreviado  fase de instrucción preparatoria o diligencias previas , la Ley ordena expresamente la intervención del imputado  en la obligada comparecencia e interrogatorio judicial: art. 789.4 LECRIM  y le autoriza que, en cuanto parte personada, pueda «tomar conocimiento de lo actuado e instar lo que a su derecho convenga, acordando el Juez lo procedente en orden a la práctica de estas diligencias (las del núm. 3 del art. 789) cuando fuesen necesarias para abrir el juicio oral, sin perjuicio de acordar, en su caso, que se practiquen durante las sesiones del mismo». Es claro, por tanto, que en esta primera fase de instrucción el imputado, en primer lugar, ha de ser llamado a comparecer en la fase instructora y, en segundo, tiene abierta la posibilidad de formular en ella las alegaciones que estime oportunas para su defensa, así como la de pedir cuantas diligencias estime pertinentes, sin perjuicio, como es obvio, de la facultad del Juez para decidir sobre la pertinencia y utilidad de lo alegado e interesado. Es evidente, por lo demás, que su intervención en esta concreta fase del proceso aparece fundamentalmente dirigida a instar y, en su caso, probar la procedencia de alguna de las resoluciones que el propio art. 789, en su núm. 5, contempla, a saber: Primera, archivo o sobreseimiento provisional de las actuaciones. Segunda, reputar falta el hecho que hubiere dado lugar a la formación de las diligencias, remitiendo las actuaciones, en su caso, al órgano competente. Tercera, inhibición en favor de la jurisdicción competente. Cuarta, continuar el procedimiento abreviado en sentido estricto. Quinta, la remisión directa a juicio oral en los casos en los que el imputado haya reconocido los hechos que se le atribuyen y tanto el Ministerio Fiscal como la propia defensa así lo soliciten. Así, pues, es indudable que al imputado no sólo no le está legalmente vedada la posibilidad de comparecer en las diligencias previas, sino que el examen del art. 789.4, a la luz del art. 24 CE, ha de llevar también a la siguiente conclusión: en primer lugar, la de que el juez de Instrucción, en cualquier caso, está siempre obligado a determinar dentro de la fase instructora (haya dirigido ab initio o no las diligencias previas) quien sea el presunto autor del delito, a fin de citarlo personalmente de comparecencia, comunicarle el hecho punible cuya comisión se le atribuye, ilustrarle de la totalidad de los derechos que integran la defensa (y de modo especial, de su derecho a la designación de abogado en los términos de los arts. 788 y 118.4) y tomarle declaración con el objeto de indagar, no sólo dicha participación, sino también permitir que el imputado sea oído por la autoridad judicial y pueda exculparse de los cargos contra él existentes con independencia de que haya prestado declaración ante otras autoridades que hayan intervenido en el sumario. De la anterior afirmación se desprende, en segundo lugar, la lógica consecuencia de que la acusación no pueda, exclusivamente desde un punto de vista subjetivo, dirigirse contra persona que no haya adquirido previamente la condición judicial de imputada, puesto que, de otro modo, se podrían producir, en la práctica, acusaciones sorpresivas de ciudadanos con la consiguiente apertura contra ellas del juicio oral, aun cuando no hubieren gozado de la más mínima posibilidad de ejercitar su derecho de defensa a lo largo de la fase instructora. En este sentido, no hay que olvidar que una de las funciones esenciales de la instrucción es la de determinar la legitimación pasiva en el proceso penal (cfr. arts. 299 y 789.3.º, en cuya virtud constituye objeto de las diligencias previas determinar «las personas que en él hayan participado»), función que en el proceso común se realiza a través del procesamiento y que en el proceso penal abreviado, suprimido el procesamiento dicha función debe llevarse a cabo mediante la previa imputación judicial, pues, de lo contrario, las panes acusadoras, públicas o privadas, serían enteramente dueñas de dirigir la acusación contra cualquier ciudadano, confundiéndose el principio acusatorio con el dispositivo, con sustancial merma de las garantías de la defensa, permitiéndose, en definitiva, que personas inocentes pudieran verse innecesariamente sometidas a la «penalidad» de la publicidad del juicio oral.
En el juicio de faltas tampoco se dicta auto de procesamiento, si bien, dado el carácter liviano de las infracciones, en muchas ocasiones el inculpado acude al juicio sin conocer la imputación precisa que contra él se dirige.
Por último, en el juicio ante el tribunal del jurado, habida cuenta de las modificaciones que la LO 5/1995 introduce en la instrucción, puede considerarse que el imputado también adquiere dicha condición desde la comparecencia para concretar la imputación.
La condición de acusado la adquiere el sujeto cuando se formalizan por cualquiera de las partes acusadoras los escritos de calificación o acusación y como tal aparece en el juicio, y para el caso de que se dicte una sentencia condenatoria pasará a ser reo o condenado. Así como no es necesario que al inicio de la investigación judicial esté determinado el imputado o inculpado, de modo que el procedimiento puede iniciarse sin que exista persona determinada, tal determinación ha de existir inexcusablemente en el momento de la apertura de juicio oral, porque de no ser así el procedimiento ha de ser sobreseido.

Publicado: 3 de Marzo de 2016