I. EL PUNTO DE PARTIDA: LA AVALANCHA REFORMISTA EN MATERIA PROCESAL DEL 2015

A lo largo de 2015 distintos textos procesales han sufrido grandes modificaciones en materia de nuevas tecnologías debido a las últimas reformas operadas en la LECrim. (LA LEY 1/1882) y LEC. Nos encontramos ante un nuevo escenario que necesitará un desarrollo jurisprudencial potente y una actualización obligada de todos los profesionales jurídicos para adaptarse a todas las novedades introducidas por esta avalancha reformista (1) .

Por su parte, la LEC a través de la LO 42/2015 moderniza las cuestiones relativas a los actos de comunicación y a la presentación de escritos, encaminándonos hacia una política de «papel cero» en enero de 2016; fecha comprometida en el pasado a través de la Ley 18/2011 (2) . Igualmente cuestiones tecnológicas que afectan a la representación procesal, como los nuevos medios para el otorgamiento del apoderamiento apud acta por comparecencia electrónica no serán motivo de debate hasta el año 2017. De esta forma, en los próximos años pasaremos del papel físico a las copias electrónicas que guardarán información capital para el desarrollo de muchas causas con independencia del orden jurisdiccional al que pertenezcan. Nos encontraremos así ante un nuevo escenario en el que preservar las pruebas que constituyan dichos documentos electrónicos se tornará fundamental para ofrecer una verdadera tutela judicial efectiva a todo ciudadano.

Al mismo tiempo una de las reformas realizadas en la LECrim. (LA LEY 1/1882) durante el año 2015 tiene como objetivo la regulación de diversas medidas de investigación tecnológica. Así, la LO 13/2015 (LA LEY 15163/2015) ofrece una cobertura a cuatro bloques de diligencias: interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas, captación y grabación de comunicaciones orales e imágenes mediante la utilización de dispositivos electrónicos, utilización de dispositivos técnicos de seguimiento, localización y captación de imágenes y registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información (3) . Con esta actualización vemos como el legislador es consciente de que debe articular nuevos mecanismos para obtener pruebas en el campo del cibercrimen, pues estas diligencias de investigación servirán de base para la obtención de evidencias electrónicas con el fin de imputar determinados delitos a su presunto autor.

Con todas estas reformas llegamos a la conclusión inicial de que tener una regulación suficiente, coherente y completa de la prueba electrónica se vuelve indispensable si queremos ofrecer una justicia moderna y efectiva, con el objetivo no solo de adaptarse a los nuevos tiempo sino también de que sea capaz de colmar la cantidad de lagunas jurídicas y grietas legales que adolece el sistema y que son aprovechadas por muchas personas para cometer actos ilícitos bajo el amparo de una aparente impunidad.

Por estas razones es indispensable que, a falta de una regulación efectiva sobre el procedimiento de la prueba electrónica tenga lugar, se erija una jurisprudencia sólida y cohesionada sobre los requisitos para la obtención, proposición, admisión, práctica y valoración de estas evidencias. En este sentido destaca hasta el momento la STS 300/2015 de 19 de mayo (LA LEY 57273/2015), al abordar el tema de los «pantallazos» como medio de prueba. Una sentencia que ha sido muy mediática por la necesidad de este tipo de resoluciones que demandaba este campo, pero que, a nuestro parecer, adolece de ciertas contradicciones internas y puntos conflictivos que necesitan una reflexión más profunda; cuestiones a las que dedicaremos las siguientes líneas.

II. COMENTARIOS CRÍTICOS A LA STS 300/2015: LUCES Y SOMBRAS

La STS 300/2015 (LA LEY 57273/2015) se pronuncia acerca de los requisitos de validez que debe cumplir como prueba los conocidos de manera coloquial como «pantallazos». En este sentido muchos han sido los titulares que, a nuestro juicio, han magnificado el contenido de la sentencia (4) pues tras su lectura muchas de las cuestiones indicadas y advertidas por el propio tribunal no guardan posteriormente relación con el caso y dichas cautelas o advertencias no tienen un pragmatismo en las actuaciones llevadas a cabo.

Concretamente la sentencia resuelve el recurso de casación por infracción de ley, quebrantamiento de forma y vulneración de precepto constitucional planteado por el condenado por la Audiencia Provincial de Valladolid por un delito de abusos sexuales el 19 de noviembre de 2014. En este caso nos encontramos con un matrimonio con dos hijas que decidió poner fin a su relación. Con el paso del tiempo una de las hijas, Ana Belén, se quedó residiendo con la madre mientras que la otra hija, Micaela, fue a convivir con su padre. Posteriormente la madre de las niñas rehace su vida con otro hombre, Luis Francisco, quién empieza a convivir en la casa en la que habitan la madre y su hija Ana Belén.

En el transcurso de dos años, según Ana Belén, existen distintos episodios de abuso sexual por parte de Luis Francisco, quién en determinadas ocasiones mientras la niña estudia en su cuarto, se acerca a ella y le toca al pecho, así como en otras ocasiones coloca su mano sobre los genitales de la menor por encima de la ropa.

Todos estos sucesos fueron confesados por parte de la afectada a distintos amigos antes de ponerlo en conocimiento de una profesora, quién fue la que finalmente puso el tema en manos de la Guardia Civil. Entre esas confesiones una es la que centra el interés y el punto central de este comentario: una conversación a través de la red social Tuenti entre Ana Belén y su amigo Constancio. Concretamente, la prueba de estas conversaciones a través de una red social y que se incorporan al proceso a través de la técnica del «pantallazo» son admitidas por el juzgador al tiempo que son objeto de crítica por el mismo tribunal.

Pues bien, a nuestro parecer, el tribunal adopta una posición bastante contradictoria entre las valoraciones globales e iniciales que realiza sobre este tipo de pruebas electrónicas y la admisión posterior que realiza de estas conversaciones motivada en una serie de actuaciones basadas, creemos, en la buena fe de la parte proponente de la prueba pero que pueden denotar debilidades procedimentales a nivel técnico.

De esta manera, la Sala deja claro que las comunicaciones bidireccionales que se dan en redes sociales deben ser abordadas «con todas las cautelas». Así, el TS es consciente de que la volatilidad de estas conversaciones es muy alta, lo que conlleva una fácil manipulación. Si a todo esto además le sumamos, tal y como expresa la resolución, «el anonimato que autorizan tales sistemas y la libre creación de cuentas con una identidad fingida, hacen perfectamente posible aparentar una comunicación en la que un único usuario se relaciona consigo mismo» vemos como estas evidencias pueden ser alteradas con extrema facilidad.

Es decir, aquí el TS advierte la posibilidad de que cualquier persona con conocimientos tecnológicos suficientes podría crear pruebas electrónicas falsas ad hoc para guiar un fallo a su favor, más aún cuando la misma se puede capturar mediante un pantallazo e incorporarlo como una imagen digital fija o incluso mediante papel impreso. Sentimos aquí disentir de esta forma de admisión pues pensamos que la justicia vuelve a caer en errores del pasado y que cierra la puerta a una modernización efectiva. Este tipo de prueba será realmente bien tratada cuando dejemos de permitir «mutar» la naturaleza de una prueba electrónica con componentes intangibles en cuestiones digitales o incluso analógicas a través de la impresión y conversión de algo electrónico en algo físico como el papel. Por este motivo, nosotros siempre defenderemos que la aportación de este tipo de material probatorio se realice a través de dispositivos electrónicos con el fin de preservar su propia naturaleza.

Por supuesto, el TS nos indica que si tenemos alguna sospecha de que la prueba aportada no es auténtica tenemos en nuestro poder el despliegue del principio de contradicción a través de la impugnación de estas evidencias, con la que se desplazará la carga de la prueba hacia la parte proponente de dicho material probatorio. Cuestión está aún poco utilizada en los juzgados en cuanto a lo que pruebas electrónicas se refiere, debido al desconocimiento aún existente por parte de muchos abogados pero también de muchos juzgadores sobre este tipo de evidencias. Así, nosotros también recomendamos impugnar ante la más mínima duda, pues generará la aportación de alguna forma de autenticación por la parte aportante. No nos referimos aquí a acompañar siempre dictámenes elaborados por peritos informáticos pues sería algo realmente costoso e inviable para muchas personas pero si a intentar generar una especie de «cultura tecnológica» en las personas que usan y aportan este tipo de material en incorporar ciertas técnicas de autenticación de las conversaciones aportadas como pueden ser firmas electrónicas simples o sellados de tiempo realizados mediantes softwares gratuitos.

Por esta razón también nos mostramos en desacuerdo con la sentencia del TS al dar como única opción posible el recurso a la pericial informática en estos casos, ya que el tribunal defiende que si la contraparte procede a la impugnación la parte a la que se le impugna la evidencia deberá probar que el material probatorio es veraz a través de un peritaje electrónico que «identifique el verdadero origen de esa comunicación, la identidad de los interlocutores y, en fin, la integridad de su contenido». Con esta afirmación tan rotunda pensamos que desembocaríamos ante un proceso no solo más costoso sino también mucho más lento.

Una vez planteadas todas las advertencias consistentes en que cualquier parte que quiera aportar una prueba de este tipo así como cualquier juzgador que vaya admitirla debe tomar; al tiempo que el TS exponga lo fácil que es manipular una prueba de este tipo, criticar los pantallazos así como defender que sería conveniente aportar un dictamen pericial para verificar la autenticidad de este tipo de pruebas…el tribunal admite una prueba que no es realmente siquiera prueba electrónica y que no cumple con ninguna de las advertencias sugeridas.

En este sentido hablamos de una conversación mantenida en la red social Tuenti por la víctima y un amigo de ésta, que ya no se encontraba en el historial de su ordenador y para la que se tuvo que utilizar su aplicación APP del teléfono móvil para acceder al historial completo. En ese dispositivo móvil tampoco se pudo capturar de ninguna forma esa conversación por lo que los propios agentes tuvieron que utilizar otra técnica para incorporar la conversación como prueba en esta causa.

Así, estamos ante una prueba que ni siquiera se ha incorporado a través de un pantallazo pues ni la víctima ni la Guardia Civil supo realizar esta operación por lo que optaron por una «digitalización indirecta» de la conversación, a través de fotografiar los propios agentes la pantalla del móvil mediante otro dispositivo e incorporarlo así a la causa. Del mismo modo esta evidencia no conto con ninguna técnica de aseguramiento ni autenticación en su incorporación y proposición como prueba ni se realizó ningún dictamen pericial que avale su autoría ni su integridad. Dudamos firmemente que este tipo de prueba electrónica pase el «test de admisibilidad (5) » demandado por parte de la doctrina para entrar a valorar este tipo de evidencia.

El tribunal admite la prueba motivando su decisión en dos razones que, según los magistrados, hacen excluir cualquier duda sobre su veracidad. El primer motivo se basa en que la víctima ponga «a disposición del Juez de instrucción su contraseña de Tuenti con el fin de que, si esa conversación llegara a ser cuestionada, pudiera asegurarse su autenticidad mediante el correspondiente informe pericial». Aquí nos encontraríamos ante un «cibereconomiento judicial» en el que el juez observaría la conversación mantenida desde el teléfono móvil pero sin el asesoramiento de ningún perito que avale la manipulación o no de la conversación. Entendemos que el juez no tiene un conocimiento suficiente para saber si lo que se muestra en el aparato es una conversación íntegra o manipulada, pues es muy sencillo borrar partes de la conversación en este tipo de chats y dejar intacta el resto de la conversación. Igualmente entendemos que la contraparte no va a impugnar la misma al no ser parte activa en el diálogo dejando al arbitrio del amigo que conversaba la posibilidad de desdecirse de la misma o de afirmar que podría existir algún tipo de uso torticero del software del dispositivo. Aún así, siempre debemos poner en alza que el art. 269 LEC (LA LEY 58/2000) contempla que podrán ser aportados mediante imágenes digitalizadas, incorporadas a anexos firmados electrónicamente los documentos privados, por lo que la conversación en una red social podría encuadrase en este bloque. Por tanto, si la parte sólo posee copia simple del documento privado, podrá presentar ésta, ya sea en soporte papel o mediante imagen digitalizada en la forma descrita en el apartado anterior, que surtirá los mismos efectos que el original, siempre que su autenticidad no sea cuestionada por cualquiera de las demás partes (6) .

La segunda cuestión en la que se basan los magistrados es justamente la apuntada ahora mismo, pues se indica que el amigo con el que conversó por Tuenti fue llamado como testigo y que el hecho de acudir a la sala de vistas y reconocer que había mantenido esa conversación «sin que ninguno de los dos hiciera referencia a que se hubiera producido ninguna manipulación en la impresión de dicha conversación». Dos puntos a nuestro parecer discutibles pero que solventa el juez basándose en la buena fe de las partes y descartando de forma absoluta la posibilidad remota de que los menores hayan podido acordar estas previamente estas cuestiones. Entendemos que es un caso puntual, avalado por el equipo psicosocial del juzgado, y no cuestionamos el fondo de la decisión; pero no pensamos que estas pautas deban ser extrapolables a otros casos a la hora de dar veracidad a pruebas electrónicas a las que anteriormente se pide que se valoren «con la mayor de las cautelas». Así las cosas, insistimos en que el alto tribunal no practica en su resolución ni en su motivación las cuestiones que advierte pro futuro por lo que no pensamos que esta resolución deba tener más calado que la que se le deben dar a una especie de «guía de buenas prácticas» para la admisión y valoración de pruebas digitalizadas.

De esta forma nos encontramos ante cuestiones muy controvertidas que vuelven a ser «parcheadas» a través de la acusación particular, quién a través de una defensa técnica muy acertada, con el fin de crear un halo de veracidad solicita que si existiera «alguna duda técnica o probatoria, que se oficiara a "Tuenti España", indicando su dirección, para que se certificara el contenido de esa conversación, sin que la defensa haya hecho petición alguna al respecto». Estamos pues ante una buena estrategia pues la contraparte no intenta desvirtuar de alguna forma la autenticidad de esas conversaciones.

Siempre nos quedará la duda de por qué no se intentó esta opción ya que podemos elucubrar sobre la propia formación del abogado del acusado en materia tecnológica o que simplemente no le parecía necesario al poder ser una conversación previamente pactada por las partes, o que simplemente pudo no tener el control de la prueba al no ser parte de la misma. Debemos recordar que al final esta prueba mediante pantallazo se refiere a un testigo indirecto o referencial de los hechos al que la víctima le relata los abusos a los que le ha sometido esta persona. Así, estamos ante una actuación inteligente por la parte acusadora que pensamos que si debe sentar jurisprudencia, máxime cuando la anteriormente referida LO 13/2015 (LA LEY 15163/2015) impulsa la obligación de cooperación de los servidores de telecomunicaciones a colaborar en las actuaciones judiciales y proporcionar los datos que les fueran reseñados. Estas y otras cuestiones hacen que compartamos las reflexiones que exponemos a continuación.

III. REFLEXIONES FINALES Y PROPUESTAS DE FUTURO A TENOR DE LA LO 13/2015 Y SUS CONSECUENCIAS SOBRE LA MATERIA

Tras examinar las cuestiones más relevantes de la resolución debemos aclarar que no entramos a valorar ni cuestionar el sentido del fallo del caso, pues nuestra crítica no va enfocada en debatir la veracidad de los hechos acaecidos ni las actuaciones procesales adoptadas, sino que va destinada a valorar los pronunciamientos que han tenido repercusión más mediática que jurídica referidos a las cautelas ofrecidas para admitir y valorar pruebas electrónicas y las referencias a los coloquialmente conocidos como «pantallazos».

En cuanto lo referente a los «pantallazos», creemos que no existe aún una posición clara del alto tribunal pues falta protocolizar o definir con más profundidad como tratar este tipo de pruebas. En el caso concreto no podemos hablar claramente de un «pantallazo» al uso, entendiendo que lo que comúnmente la gente entiende como tal se refiere a la «captura de pantalla» a través de una imagen fija realizada desde el propio dispositivo; lo que hace que al menos la imagen generada por el dispositivo tenga una hora de realización y ciertas propiedades que garantizan mínimamente su autenticidad. En este caso nos encontramos con una fotografía realizada de un dispositivo móvil hacia la pantalla de otro dispositivo; por tanto no existe esa cristalización de contenido que produce la captura desde el propio terminal.

Esta postura colisiona frontalmente con las advertencias dadas al principio de la sentencia, pues realmente el juzgador no aplica ninguna cautela a la hora de admitir este tipo de prueba. Igualmente, admitir una digitalización indirecta o incluso un pantallazo sin ni siquiera adjuntar un archivo de sellado de tiempo genera cierta inseguridad. Esta afirmación viene motivada en razón a que tal y como reconoce el TS, la manipulación de este tipo de evidencias resulta relativamente fácil para personas con ciertos conocimientos tecnólogicos. Si a esto le sumamos que muchas aplicaciones como WhatssApp o Telegram o en redes sociales como Facebook o Tuenti, es muy sencillo borrar partes de la conversación o incluso, remitir mensajes de otras cuentas de correo por una misma persona y simular conversaciones falsas.

Por todo ello pensamos que es necesario que las instancias superiores protocolicen de forma más exhaustiva la presentación de pruebas electrónicas y se regulen unos criterios de autenticación e incorporación de pruebas electrónicas al proceso con especial hincapié en la aportación de al menos un peritaje electrónico o de un software que garantice la autoría de esas conversaciones y de que las pruebas no han sido manipuladas.

Así, vemos que se debería haber incorporado en la resolución algunas referencias a técnicas para preservar las fuentes de prueba electrónica, es decir, haber realizado una referencia mucho más amplia a técnicas de aseguramiento de prueba. Entre ellas destaca el mecanismo de sellado de tiempo o timestamp, consistente en realizar una especie de cristalización de contenido de un conjunto de datos en un momento temporal determinado. Al mismo tiempo a esta técnica se le incorpora un valor añadido consistente en una firma electrónica normalmente proporcionada por un tercero de confianza que da fe de que el sellado ha sido realizado correctamente. Todo esto le daría una autenticidad elevada a esta prueba pues ya no es la parte proponente de la prueba la que firma electrónicamente el documento electrónico sino que es alguien ajeno al proceso quién lo certifica (7) . Con todo ello las posibilidades de impugnación se reducen al tiempo que no es necesario desembolsar elevadas cantidades de dinero en periciales electrónicas pues muchas de estas funciones son ofrecidas por empresas informáticas mediante softwares creados a tal efecto. Pensamos que este tipo de técnica tendría beneficios para el propio proceso, al potenciar no solo el principio de economía procesal sino también por estar acorde con principios de aceleración del procedimiento al hacer que existan menos dilaciones a la hora de presentar informes.

Cierto es que el sellado de tiempo que aquí defendemos tiene una parte menos positiva referida a su automaticidad. Esto quiere decir que no existe alguien que realmente supervise el contenido de la prueba pues es un software informático el que sella los datos en un momento determinado pero no entra a valorar las manipulaciones que haya podido sufrir esa conversación. Por este motivo, siempre que hubiera dudas sobre la posible manipulación de la prueba deberíamos impugnar no el sellado de tiempo, si no la posible falsificación del contenido del archivo para que ya un perito informático dictamine si el archivo ha sido modificado en el pasado. Así las cosas defendemos una postura intermedia no tan sólida como una pericial informática pero si mucho más fiable que una digitalización indirecta como se presenta en el caso comentado o un «pantallazo» sin ningún tipo de garantía técnica adicional.

Debemos matizar que la nueva LO 13/2015 (LA LEY 15163/2015) también introduce una nueva garantía respecto a este tipo de conservación de material informático por parte de la contraparte, pues como medida de aseguramiento regula en el nuevo art. 588 octies LECrim. (LA LEY 1/1882) una orden de conservación de datos. Mediante dicha orden el «Ministerio Fiscal o la Policía Judicial podrán requerir a cualquier persona física o jurídica la conservación y protección de datos o informaciones concretas incluidas en un sistema informático de almacenamiento que se encuentren a su disposición hasta que se obtenga la autorización judicial correspondiente para su cesión con arreglo a lo dispuesto en los artículos precedentes». Este deber de conservación durara tres meses, prorrogables a otros tres más o hasta el momento que se autorice la cesión. Se dice que si no se cumple ese deber de conservación se incurrirá en un delito de desobediencia. Pensamos aquí que la ley nos dice el «qué» pero le falta por clarificar el «cómo», por lo que si al final depende del usuario el aseguramiento de la fuente de prueba deberemos facilitarle herramientas informáticas con bajo coste económico y que puedan utilizar fácilmente.

Del mismo modo, creemos acertada la postura de la contraparte al optar por instar en casos de duda un oficio a la compañía de telecomunicaciones para que emita un informe del contenido de la conversación. Esta idea está muy en línea con la nueva regulación dada por la LO 13/2015 en sus arts. 588 ter e (LA LEY 1/1882) y 588 septies b. (LA LEY 1/1882) Por su parte el art. 588 ter e regula en su punto primero que: «Todos los prestadores de servicios de telecomunicaciones, de acceso a una red de telecomunicaciones o de servicios de la sociedad de la información, así como toda persona que de cualquier modo contribuya a facilitar las comunicaciones a través del teléfono o de cualquier otro medio o sistema de comunicación telemática, lógica o virtual, están obligados a prestar al juez, al Ministerio Fiscal y a los agentes de la Policía Judicial designados para la práctica de la medida la asistencia y colaboración precisas para facilitar el cumplimiento de los autos de intervención de las telecomunicaciones». Por ello vemos que la labor de los prestadores obtiene gran relevancia, así como la de las propias personas propietarias de los aparatos investigados, pues también el art. 588 septies b habla de que no solo los prestadores de servicios, sino que también los titulares o responsables del sistema informático o base de datos objeto del registro están obligados a facilitar a los agentes investigadores la colaboración precisa para la práctica de la medida y el acceso al sistema. Pensamos que resulta acertada está regulación pero que las consecuencias penales para caso de no colaboración pueden resultar escasas en determinados delitos de crimen organizado.

Más discutible nos parece lo regulado en el apartado dos de este mismo art. 588 septies b al establecer que los agentes encargados de la investigación podrán ordenar a «cualquier persona que conozca el funcionamiento del sistema informático o las medidas aplicadas para proteger los datos informáticos contenidos en el mismo que facilite la información que resulte necesaria para el buen fin de la diligencia»; lo que abre la puerta a ayudas externas mediante hackers u otro tipos de perfiles que consigan acceder a esta información. Aún así, debemos tener claro que la regulación tiene un perfil garantista bastante alto por lo que estas cuestiones quedarían siempre amparadas por una autorización judicial, a salvo de las connotaciones éticas o morales que su utilización pudiera conllevar.

En este sentido, cualquiera de estas disposiciones podrían haberse contemplado en la resolución si no fuera porque la sentencia es de mayo de 2015 y estas disposiciones no entraron en vigor medio año más tarde. Por todo ello pensamos que la STS 300/2015 (LA LEY 57273/2015) quedará pronto desfasada y será recordada como la primera en la que el TS se pronunció sobre los «pantallazos» de una forma abstracta a través de una seria de recomendaciones que serán superadas tanto por el propio avance tecnológico como por la aplicación de una normativa más sólida y con nuevos preceptos como los introducidos en la LO 13/2015 (LA LEY 15163/2015) aquí mencionados.

Aún así, pensamos que el TS ha dejado pasar con esta sentencia una oportunidad importante para dar recomendaciones más amplias a la hora de aportar pruebas electrónicas, que fueran más acordes con las cautelas que establecen al principio de la misma resolución. Nos encontramos ante un texto lleno de buenas intenciones y con cautelas muy válidas, pero que se pierde entre recomendaciones que no son aplicables al caso concreto que se resuelve y que no da un criterio claro para aportar fuentes de prueba electrónicas ni para que las mismas sean admitidas.

Igualmente nos encontramos ante un nuevo tiempo con una potente regulación gracias a las reformas introducidas en los principales textos procesales que harán acomodar las resoluciones de las altas instancias a una normativa plagada de novedades a las que les falta obviamente un desarrollo jurisprudencial. Por este motivo pensamos que todos los poderes públicos deben ir encaminados a modernizar nuestro sistema judicial con el fin de ofrecer una mejor administración de justicia y vencer la resistencia al cambio de los diferentes operadores jurídicos. Aquí ponemos especial atención a la figura del juzgador como eje de actualización, pues será él quien en última instancia no solo tenga que admitir esta prueba, sino que también tendrá que tener los conocimientos suficiente para poder valorarla adecuadamente, ya que como bien exponía ORTEGA y GASSET, el valor del material probatorio «es la cuestión de derecho por excelencia, pues es el valor de la justicia atribuible a cada caso (8) ».

Así, es fundamental encaminar los esfuerzos de los próximos años en garantizar una puesta al día de todos los profesionales jurídicos para evitar que las nuevas normativas den al traste con la modernización pretendida. Debemos pues, intentar impulsar un plan de formación integral en informática jurídica que parta desde la propia universidad en sus diferentes etapas, así como en los propios máster de acceso a la abogacía y como no en los temarios de oposición y demás procedimientos de selección para acceder a plazas de la Administración de Justicia. Igualmente deberemos apostar por cursos de reciclaje y formación de otros profesionales del derecho a través de los colegios de abogados y procuradores.

Durante los años 2016 y 2017 nuestro sistema procesal sufrirá cambios sustanciales que requerirán un esfuerzo conjunto para que nos enfrentemos ante un temido «efecto 2000 judicial». Si queremos que el cambio y la adaptación culminen con éxito deberemos tener en cuenta no solo la vertiente legislativa, también los cambios organizativos y culturales que deberá llevar a cabo la propia Administración de Justicia y todos los agentes jurídicos implicados.

(1)

Vid. http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/10549-contenido-y-novedades-de-la-ley-42-2015-de-5... (Fecha de consulta: 21 noviembre de 2015).

Ver Texto (2)

La disp. adic. 2.ª de esta Ley disponía lo siguiente: «Para garantizar la efectividad del derecho a la tutela judicial reconocida en el artículo 24 de la Constitución, en el plazo de cinco años desde la entrada en vigor de esta Ley las Administraciones con competencia en materia de Administración de Justicia dotarán a las oficinas judiciales y fiscalías de sistemas de gestión procesal que permitan la tramitación electrónica de los procedimientos». El texto legal esta disponible en: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-11605 (Fecha de consulta: 22 de noviembre de 2015).

Ver Texto (3)

Vid. BUENO DE MATA, F. «Comentarios y reflexiones sobre la Ley Orgánica 13/2015 de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica.», Diario LA LEY, ISSN 1989-6913, n.o 8627, págs. 3 y ss.

Ver Texto (4)

Vid. http://www.abogacia.es/2015/06/29/la-actividad-probatoria-reforzada-en-las-evidencias-digitales/ (Fecha de consulta: 29 de octubre de 2015).

Ver Texto (5)

Término utilizado por ABEL LLUCH, X. «Prueba electrónica», La prueba electrónica, Libro de la Colección de Formación Contínua Facultad de Derecho ESADE, Barcelona, 2011, pág 81.

Ver Texto (6)

Vid. ILLÁN FERNÁDEZ, J. La prueba electrónica, eficacia y valoración en el proceso civil, 2009, pág. 420.

Ver Texto (7)

También viene definido por la Ley 18/2011, al ser el mecanismo que se pretendía impulsar. Según las definiciones dadas por esta ley en su anexo, sellado y sello de tiempo tendrían las siguientes definiciones:«– Sellado de tiempo: Acreditación a cargo de un tercero de confianza de la fecha y hora de realización de cualquier operación o transacción por medios electrónicos; Sello de tiempo: La asignación por medios electrónicos de una fecha y hora a un documento electrónico con la intervención de un prestador de servicios de certificación que asegure la exactitud e integridad de la marca de tiempo del documento.»

Ver Texto (8)

ORTEGA Y GASSET, en «Introducción a la estimativa», Obras completas, Tomo VI Editorial Revista de Occidente, 1952.

Publicado: 8 de Abril de 2016