El final de la legislatura ha traído consigo la aprobación in extremis de multitud de normas, algunas de gran calado. Otras, sin embargo, tendrán que esperar. Es el caso de la modificación de la decimonónica Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyo anteproyecto fue presentado sin tiempo material para su tramitación y debate sosegados, por lo que, una vez más, la más acuciante reforma de nuestro ordenamiento procesal quedó postergada sine die.

Sin embargo, sí se ha aprobado una norma con importantes implicaciones en el proceso penal -así como en el civil o contencioso-administrativo, si bien éstas no serán estudiadas en este artículo-: la Ley de Medidas de Agilización Procesal.

Esta Ley completa, desde la vertiente procesal, la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 5/2010 de 23 de junio, cuya principal novedad fue la posibilidad de sancionar penalmente a las personas jurídicas, quebrando así con el tradicional principio societas delinquere non potest. Sin embargo, no se previó en aquel momento el tratamiento que desde el punto de vista procesal se daría a los procedimientos penales contra personas jurídicas, lo que generó lógicas dudas acerca de la manera en que serían abordadas por todos los agentes que en éstos intervienen: jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados y las propias corporaciones implicadas.

Por parte de la Fiscalía General del Estado se propusieron algunas pautas de actuación a través de su “Circular 1/2011 relativa a la responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica número 5/2010”. Sin embargo, como es sabido, las Circulares de la Fiscalía General solo vinculan a los miembros de esa Carrera, por lo que no suponía una solución ni mucho menos definitiva a esta incertidumbre.

Finalmente, en la última sesión del Pleno del Congreso, celebrada el pasado 21 de septiembre, se aprobó la norma que define los aspectos nucleares de los procesos penales contra personas jurídicas. En particular, regula cuestiones relativas al régimen de la competencia de los Tribunales, derecho de defensa de las personas jurídicas, intervención en el juicio oral y conformidad, así como su rebeldía. Repasaremos sucintamente los aspectos más destacados a este respecto.

La comparecencia de la persona jurídica imputada se practicará con el representante especialmente designado por ésta, y solo en el caso de que dicho representante no comparezca se practicará con el abogado de la entidad. Esta es, desde mi punto de vista, una de las mejoras más sustanciales que se ha producido durante la tramitación parlamentaria del proyecto remitido por el Gobierno. Dicho proyecto preveía la comparecencia en todo caso mediante el abogado de la entidad, algo que carecía de base y de coherencia con nuestro sistema, siendo la solución alcanzada la correcta desde un punto de vista técnico.

Por lo que respecta a la declaración de la persona jurídica a la que se impute un delito, esta ley garantiza los derechos del representante de la persona jurídica a guardar silencio, a no declarar contra los intereses de ésta y a no confesar la culpabilidad de su entidad. En caso de incomparecencia de dicho representante, se tendrá por celebrado el acto, entendiéndose que se acoge a su derecho a no declarar. Estos mismos derechos le asisten en el acto del juicio, en el que además tendrá derecho a la última palabra.

En cuanto a la conformidad de la persona jurídica, podrá prestarla el representante que ésta haya designado siempre que cuente con poder especial. Dicha conformidad podrá realizarse con independencia de la posición que adopten los demás acusados y su contenido no vinculará en el juicio que se celebre en relación con éstos.

Finalmente, por lo que respecta a la rebeldía, se declarará cuando la persona jurídica que haya sido llamada mediante requisitoria (algo que solo ocurrirá cuando no haya sido posible su citación para el acto de primera comparecencia por falta de un domicilio social conocido) no comparezca transcurrido el plazo fijado.

En conclusión, más remiendos –si bien necesarios- a nuestra vieja LECrim, que esperemos sea reformada íntegramente por el Gobierno que salga de las urnas tras las próximas elecciones.

Publicado: 27 de Noviembre de 2014