Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano, Manuel Jesús Marín López

Editorial Tirant lo Blanch


Los vicios del consentimiento

El contrato, como acuerdo de voluntades que es, exige que la voluntad de cada contratante se haya formado de manera consciente, racional y libre. Hay casos, sin embargo, en que la voluntad contractual se ha formado defectuosamente, bien por falta de conocimiento de la verdadera realidad (error, dolo), bien por la falta de libertad que sufre un contratante (intimidación, violencia). Son eéstos los casos de vicios de consentimiento (o vicios de la voluntad). Nuestro Código los enumera en el art. 1265, y los regula en los preceptos siguientes (arts. 1266 a 1270 CC). En estos supuestos hay consentimiento, pues el contratante tiene un voluntad interna de contratar, que coincide, además, con la voluntad declarada. El problema es que esa voluntad interna se ha formado de manera incorrecta, y esa es la razón por la que ese contratante precisa de tutela jurídica.

No toda incorrecta formación de la voluntad interna constituye vicio del consentimiento. El art. 1265 CC sólo regula cuatro vicios del consentimiento: error, violencia, intimidación y dolo. Y, además, únicamente hay vicio jurídicamente relevante cuando concurren los requisitos legalmente exigidos (así, el error ha de ser esencial; el miedo ha de provocar un temor inminente y grave; el dolo ha de ser grave, etc.). Por lo tanto, se protege a un contratante, concediéndole la posibilidad de anular el contrato, no (sólo) porque su voluntad esté viciada, sino porque confluyen otros factores que llevan al legislador a estimar que es justo que ese sujeto pueda desvincularse del contrato.

La jurisprudencia parte de que se presume que la prestación del consentimiento ha sido libre. Por eso, es necesaria la prueba irrefutable de que existe un vicio del consentimiento[95].

A)    La violencia e intimidación

La violencia e intimidación están reguladas en los arts. 1267 y 1268 CC. Hay violencia “cuando para arrancar el consentimiento se emplea una fuerza irresistible” (art. 1267.I CC), mientras que existe intimidación “cuando se inspira a uno de los contratantes el temor racional y fundado de sufrir un mal inminente y grave en su persona o bienes, o en la persona o bienes de su cónyuge, descendientes o ascendientes” (art. 1267.II CC).

El Código distingue entre violencia e intimidación. ¿Se trata en realidad de dos vicios del consentimiento distintos? Tradicionalmente se ha hecho hincapié en los medios empleados (fuerza física y coacción moral), en lugar de incidir en los efectos producidos (vicio de la voluntad). Si se toma en consideración este último aspecto, habrá que concluir que se trata de un mismo vicio del consentimiento. Así, hay violencia o intimidación cuando un contratante celebra el contrato por el temor causado por la amenaza injusta de sufrir un mal inminente y grave, amenaza que puede tener su origen en la fuerza física (violencia) o en la coacción moral (intimidación).

a)    La violencia viciante

Hay que distinguir entre violencia absoluta y violencia relativa o compulsiva. La violencia absoluta se caracteriza por el empleo de una fuerza física sobre una persona que excluye totalmente su voluntad[96]. En este caso no hay vicio del consentimiento, sino ausencia absoluta de consentimiento (art. 1261.1º CC). En la violencia relativa (o cumpulsiva) se emplea una fuerza sobre una persona, de modo que afecta a su consentimiento, pero no lo suprime.

La violencia absoluta no es un supuesto de vicios del consentimiento. Es una hipótesis de falta absoluta de consentimiento (art. 1261.1º CC). Por eso no está contemplada en el art. 1267.I CC[97]. La violencia regulada en este último precepto es la violencia relativa o compulsiva, también llamada violencia viciante (pues provoca un vicio del consentimiento).

Hay violencia viciante “cuando para arrancar el consentimiento se emplea una fuerza irresistible” (art. 1267.I CC). Al igual que la intimidación, la violencia provoca en el contratante un temor racional y fundado de sufrir un mal inminente y grave. E, igualmente, la amenaza ha de ser injusta. La diferencia radica en el medio empleado para amenazar: la fuerza física, que no suprime la voluntad del contratante, sino que la modaliza (la vicia). Esta fuerza física ha de ser “irresistible”, en el sentido de que no ha podido ser repelida por el sujeto que la padece; dadas las circunstancias, el sujeto no ha podido oponerse eficazmente a esa fuerza[98]. Por otra parte, cuando se emplea fuerza física contra el violentado y éste, atemorizado, efectúa una declaración de voluntad contractual, para impugnar ese contrato no tendrá que alegar y probar el temor (prueba siempre difícil), sino que bastará con probar el empleo mismo de esa fuerza irresistible[99]. En cualquier caso, los supuestos de violencia viciante son marginales, en comparación con los de intimidación.

b)    La intimidación: requisitos

La prestación del consentimiento ha de ser libre. Por tanto, el consentimiento estará viciado cuando la declaración de voluntad se emita sin libertad. Así sucede cuando el sujeto se encuentra en un estado de temor de sufrir un mal, causado por una amenaza injusta, que le deja sin más alternativa que celebrar el contrato. Al sujeto se le coloca en la tesitura de tener que elegir entre dos males: el mal con el que se le amenaza o el mal que supone concluir el contrato (que no se quiere, o no en esas condiciones). Dadas las características del mal con el que se le amenaza, a la víctima no le queda otra opción que celebrar el contrato, por lo que puede afirmarse que lo hace coaccionado, sin falta de libertad. Por eso es razonable que se le permita impugnarlo y obtener su nulidad.

En ocasiones, en un mismo supuesto puede existir intimidación y un problema en la causa del contrato. Así, por ejemplo, si se realiza una donación bajo intimidación, concurre, además, ausencia de causa. También hay una anomalía causal cuando el acreedor consigue de su deudor, mediante intimidación, una novación por una cuantía muy superior a la inicialmente debida[100].

La apreciación de los hechos de los que se deduce la intimidación corresponde al tribunal de instancia, y sólo es recurrible en casación a través del error en la valoración de la prueba. En cambio, la calificación jurídica de esos hechos es casacionalmente revisable como “questio iuris”[101].

Desde la perspectiva jurídico-privada, la intimidación produce los siguientes efectos: i) autoriza a la víctima a solicitar la nulidad del contrato, que dispone para ello de un plazo de cuatro años, que comienza a correr desde el día en que ha cesado la intimidación (art. 1301 CC); ii) surge la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados, que podrán ser reclamados a quien amenaza (el contratante o un tercero); iii) en ciertos casos, su concurrencia provoca otro tipo de efectos: incapacidad para suceder por causa de indignidad (art. 756.5º y 6º CC), nulidad del testamento (art. 673 CC), etc.

Volviendo al concepto de intimidación, no todo contrato celebrado por temor a sufrir un mal podrá ser impugnado. Hay que tomar en consideración la situación de temor de la víctima, pero también hay que considerar el principio de estabilidad del tráfico jurídico, del que deriva el mantenimiento de la eficacia de los contratos. Por eso, únicamente existirá intimidación, desde el punto de vista jurídico, cuando la falta de libertad de la víctima reúna ciertos caracteres.

El Tribunal Supremo ha acuñado una definición de intimidación que utiliza, repetidamente, desde hace décadas[102]. De esta formulación jurisprudencial, que toma como punto de partida la dicción del art. 1267 CC, se infiere que hay intimidación cuando concurren los siguientes requisitos: 1) un contratante presta el consentimiento en un estado de temor racional y fundado; 2) este temor deriva de una amenaza de un mal cualificado; 3) nexo causal entre la amenaza y el consentimiento prestado; 4) la amenaza ha de ser dolosa o culposa; 5) la amenaza tiene carácter injusto; 6) ha de ser provocada por el otro contratante o por un tercero[103]. Vamos a detenernos ahora en los requisitos 1 a 4, dejando para más adelante los contemplados en los números 5 y 6.

a')     El temor racional y fundado

Para que haya intimidación la víctima debe prestar el consentimiento en un estado de miedo o temor racional y fundado de sufrir un mal (art. 1267.II CC). Por tanto, no basta un temor insignificante. El temor ha de ser razonable, y para averiguar si lo es o no habrá que atender a diversas circunstancias: carácter de la amenaza (más o menos grave e inminente), medio con el que se amenaza, posibilidad de la víctima de evitar las consecuencias de la amenaza, etc. Pero el dato decisivo es cómo esas circunstancias habrían de afectar -si le provocarían o no un temor razonable- a una persona de la misma condición de la víctima en esas mismas circunstancias. A ello es a lo que alude el art. 1267.III CC, cuando establece que “para calificar la intimidación debe atenderse a la edad y a la condición de la persona”. Por lo tanto, el modelo de referencia no debe ser el del hombre ideal, que por nada se siente atemorizado; tampoco puede atenderse al ánimo subjetivo de la persona concreta afectada por la intimidación, lo que siempre es difícil de averiguar y probar. Se trata de individualizar la figura de persona abstracta normal que se encuentra en la misma situación y en las mismas condiciones que la víctima, y preguntarse si para esa persona el temor también sería racional y fundado (razonable)[104]. Evidentemente, el temor que sufre la víctima también dependerá de las circunstancias personales de quien le infunde el miedo; así, la inexperiencia, desamparo o incultura de la víctima harán que sufra un temor mayor si el causante del mismo está en una situación de superioridad (intelectual, cultural o social).

b')     La amenaza de un mal cualificado

Para que haya intimidación, el temor que lleva al contratante a prestar el consentimiento ha de tener su origen en la amenaza de un mal inminente y grave (art. 1267.II CC).

i) Hay una amenaza cuando “se inspira a uno de los contratantes”, por el otro contratante o por un tercero, el temor a sufrir un mal. La amenaza consiste en el anuncio de un mal. Esta amenaza puede realizarse mediante cualquier procedimiento; puede hacerse de manera expresa, empleando palabras, o de manera tácita, mediante signos que en una circunstancia concreta puedan tener un significado intimidatorio (p. ej., un guiño, una mala cara).

ii) La amenaza anuncia que se sufrirá un mal. El término “mal” debe entenderse de manera flexible. Se trata de cualquier transformación desfavorable en la situación del sujeto que lo padece. En cuanto a la naturaleza del mal, puede consistir en una acción (“o me vendes ese cuadro, o te mato”) o una omisión, siempre que el autor de la amenaza ocupe una posición de garante respecto a la evitación del mal, esto es, se encuentre obligado a prevenirlo o evitarlo (“o me donas ese reloj, o no te rescato del mar”). La amenaza puede consistir en un mal futuro, o en la continuidad del mal presente. La ejecución del mal que se anuncia debe depender de la voluntad del sujeto que amenaza, aunque no es preciso que la ejecución de ese mal la lleve a cabo personalmente el que intimida; también puede hacerlo un tercero bajo su control.

Sólo hay intimidación cuando el mal afecta a la persona o bienes del contratante, su cónyuge, descendientes o ascendientes (art. 1267.II CC). La eficacia intimidatoria de la amenaza se hace depender de la proximidad que hay entre la víctima y los titulares de los bienes amenazados. Se admite legalmente que la víctima acepte limitar su libertad personal para evitar la causación de un mal a esos sujetos, dada la especial vinculación que con ellos mantiene. La limitación de las personas a las que debe afectar el mal puede ser objeto de crítica, en el sentido de que no tiene por qué coincidir con las personas que realmente importan a la víctima[105]. Pero lo cierto es que se presenta como un listado cerrado, de modo que si el mal afecta a otros sujetos no habrá intimidación[106] (aunque podrá existir dolo o vicio de la causa). El mal ha de afectar a la persona (p. ej., amenaza de muerte, o de privación de libertad (STS 13.6.1935[107]), o a los bienes, y no sólo a los materiales (también al honor, reputación o fama (STS 21.6.1943[108]).

iii) El mal ha de ser “inminente y grave”. La idea de “mal inminente” suele relacionarse con la mayor o menor proximidad del mal, y en consecuencia, con la mayor o menor posibilidad de evitarlo por la víctima. En particular, el mal es inminente cuando la víctima no puede reaccionar ante la amenaza y escapar de ella; no puede elegir no contratar porque el mal es difícilmente evitable. Por otra parte, la idea de “mal grave” suele entenderse en el sentido de que el mal ha de tener cierta entidad. Esta aproximación es correcta, pero sólo parcialmente. El mal es grave si es un mal mayor, esto es, si tiene una entidad superior o los daños causados por la celebración del contrato.

En definitiva, si la amenaza anuncia un mal grave e inminente, la víctima sólo puede sucumbir a la amenaza y dar su consentimiento contractual. No puede elegir no contratar y sufrir el mal anunciado, porque ese mal es de mayor entidad que el mal que provoca la celebración del contrato (mal grave). Tampoco puede elegir no contratar e intentar escapar de la amenaza porque el mal es difícilmente evitable (mal inminente).

iv) Ha de existir una relación de causalidad entre la amenaza y el consentimiento. En realidad, la amenaza provoca temor en la víctima, y ese temor es el que lleva a ese sujeto a celebrar el contrato. Por tanto, no hay intimidación si, aún existiendo una amenaza, ello no provoca temor en la víctima, o si no es la amenaza la que lleva al contratante a concluir ese contrato. El contrato debe ser consecuencia directa de la amenaza del mal.

c')     La intimidación culposa

El Código Civil exige que la amenaza del mal provenga de un sujeto, pero no alude al grado de culpabilidad exigible a ese sujeto. Es evidente que hay intimidación cuando la amenaza es dolosa, esto es, cuando el sujeto desea provocar ese temor de sufrir un mal, o acepta esa provocación. También la hay cuando la amenaza se ha provocado por culpa, es decir, de manera negligente o imprudente, porque se pudo prever que se estaba provocando miedo o podría provocarse. Fuera de estos casos no hay intimidación. Por tanto, no basta la mera causación de temor por un sujeto, sino que se exige que la amenaza sea culposa[109].

c)    El carácter injusto de la amenaza

Para que exista intimidación, es necesario que la amenaza sea injusta o antijurídica. Se trata de un requisito no contenido expresamente en el Código Civil, pero exigido por la jurisprudencia desde principios del siglo XX[110]. Es, además, el requisito que plantea mayores problemas interpretativos, y que encierra las cuestiones más importantes de la intimidación como vicio del consentimiento. Si la amenaza es lícita, estamos en el ámbito de las presiones negociales admisibles, tan habituales en una sociedad competitiva como la actual.

El problema fundamental radica en determinar cuándo una amenaza puede calificarse como injusta o antijurídica. Como puede advertirse, se trata de una cláusula general, que habrá que concretar caso a caso. A estos efectos, conviene aclarar que no parece acertado reducir la cuestión a la injusticia del mal con el que se amenaza. Es cierto que si el mal con el que se amenaza es claramente injusto (por ejemplo, se amenaza con propinar una paliza), la amenaza será injusta; pero es igualmente cierto que la amenaza puede ser injusta a pesar de ser justo el mal con el que se amenaza.

A efectos expositivos, hay que diferenciar los casos de amenazas de un mal injusto de los casos de amenazas de un mal no injusto[111].

1) La amenaza de un mal injusto. Estos casos son poco problemáticos. La amenaza es injusta cuando el mal anunciado es contrario a un mandato legal claro, y cuando el mal supone un ataque a los derechos subjetivos de carácter absoluto de la víctima. Así, por ejemplo, si el mal consiste en dañar la reputación y el honor de la víctima (SSTS 30.12.1995[112], 2.4.2000[113]), propinarle una paliza, prenderle fuego a su vivienda, o cualquier otra conducta tipificada como delito o susceptible de producir un daño que es contrario a un mandato específico del legislador. El mal con que se amenaza es contrario a Derecho, y en consecuencia, la amenaza es injusta.

Distinto es el caso en el que se amenaza con un mal injusto para obtener un resultado debido (p. ej., para obligar a un sujeto a pagar su deuda, el acreedor le amenaza con publicar sus relaciones extramatrimoniales, o con causar graves daños en su vehículo). Conforme a la postura tradicional, el acto o contrato realizado para evitar el mal es anulable, pues la amenaza es antijurídica[114]. Sin embargo, también hay voces que defienden la validez del acto o contrato, considerando la amenaza justa[115]. Aunque la cuestión es dudosa, parece preferible la primera tesis.

2) La amenaza de un mal no ilícito. Más dificultades plantean el supuesto en el que el mal con que se amenaza no es ilícito. Así sucede, por ejemplo, cuando se amenaza con el ejercicio de una acción civil. Lo que caracteriza a estos casos es que la amenaza tiene un aspecto exterior legal. En realidad, el resultado de la amenaza (el mal) puede tener un contenido muy variado[116]. Puede consistir: i) en el ejercicio de acciones en procesos penales o civiles, o en procedimientos administrativos; ii) en el ejercicio de derechos o facultades de origen legal o convencional, que en muchos casos son remedios defensivos de los que disfruta un contratante frente a otro (p. ej., se amenaza con anticipar el pago en un contrato de préstamo, resolver por incumplimiento, suspender el pago del precio, ejercitar la facultad de retener, etc.); iii) en el ejercicio de una posibilidad de actuación lícita (reconocida o, al menos, no prohibida por el Derecho) por quien intimida, como puede ser la denuncia penal o administrativa (por infracción de normas fiscales), o la realización de actos que remiten a la libertad de celebrar un contrato y/o pactar su contenido.

La regla general de la que debe partirse es la siguiente: la amenaza del ejercicio de un derecho, facultad o posibilidad legal es lícita (no es injusta)[117]. Pero existen excepciones, casos en los que la amenaza es injusta a pesar de que el medio que se emplea en amenazar es justo.

Para valorar si la amenaza es injusta, puede acudirse a la teoría de la congruencia[118] o de “equivalencia de resultados”. Conforme a la misma, hay que analizar el resultado de lo que el autor de la amenaza podría obtener con el ejercicio lícito de su derecho o facultad, y compararlo con el resultado que obtiene por medio del contrato celebrado. Si hay coincidencia o equivalencia, la amenaza será justa; si no la hay, será injusta. La jurisprudencia del TS es clara en el sentido de que no cabe la utilización abusiva de derechos o vías judiciales para obtener una ventaja contractual injustificada y desligada por completo de los intereses verdaderamente protegidos por el derecho o acción[119].

Aún ser lo anterior cierto, no hay que desconocer que, por regla general, los derechos son negociables por sus titulares. Y que, en consecuencia, no toda desproporción o falta de equivalencia entre el contenido del derecho y el resultado obtenido por el contrato permite calificar a la amenaza como injusta. Es posible, por ejemplo, que una parte acepte celebrar un contrato con un contenido desfavorable para él por la presión que ejerce el otro contratante, con la esperanza de “conservar” ese cliente y poder concertar con él futuros contratos más beneficiosos; no hay intimidación (la amenaza no es antijurídica), pues se trata de una presión negocial lícita. En definitiva, la clave de la licitud de la amenaza se halla en la proporcionalidad y causalidad entre el mal con que se amenaza y el fin perseguido por el ejercicio del derecho o facultad[120]. Desde esta premisa, una desproporción exagerada es un claro indicio de que hay una amenaza antijurídica. Pero en ocasiones será necesario acudir a otros elementos para advertir el carácter injusto de la amenaza.

Una buena manera de averiguar qué amenazas son injustas es distinguir entre varios casos[121]:

a) Se amenaza con el ejercicio de un derecho para obtener del otro sujeto un resultado conforme a Derecho, resultado que puede consistir en una atribución patrimonial (pago) o en una declaración de voluntad. Si existe una total correspondencia entre el contenido del derecho con que se amenaza y el resultado obtenido, la amenaza es lícita, y no hay intimidación. Por ejemplo, cuando ante la amenaza de reclamar judicialmente el cumplimiento de una deuda, el deudor paga[122].

b) Siguiendo el modelo anterior, puede suceder que no haya una plena identidad entre el contenido del derecho y el resultado obtenido. Por ejemplo, cuando ante el incumplimiento de el deudor el acreedor le amenaza con interponer una demanda ante los tribunales, y finalmente acuerdan conceder al deudor un nuevo plazo, a cambio de una subida del tipo de interés de los pagos aplazados y/o de añadir una garantía y/o una cláusula penal. En este caso, hay que preguntarse si el resultado del nuevo acuerdo encuentra su justificación en el derecho preexistente, admitiendo que si la encontrará sí puede justificarse como cauce adecuado para la total o parcial satisfacción del derecho previo. De ser así la amenaza será justa.

c) Se amenaza con denunciar un ilícito penal, o una infracción tributaria o administrativa (denuncia que constituye una actuación lícita, incluso obligada en algunos casos) con el fin de obtener un resultado conforme a Derecho (por ejemplo, el pago de una deuda, o la constitución de la hipoteca que el deudor prometió constituir -art. 1862 CC-). En estos casos la amenaza es injusta, pues el medio coactivo utilizado no es adecuado para obtener ese concreto resultado.

d) Visto lo anterior, es evidente que la amenaza es injusta cuando consiste en la denuncia de un ilícito penal o una infracción tributaria o administrativa a cambio de obtener una prestación que no es obligado realizar. La amenaza es injusta pues se utiliza con fines distintos a aquellos que le son propios (la participación y defensa de los intereses generales)[123].

e) En ocasiones, la amenaza de denuncia de la infracción administrativa o tributaria se utiliza para obtener del otro sujeto una prestación que no está obligado a realizar y, además, a un precio notoriamente inferior al de mercado o incluso de manera gratuita. Por ejemplo, el lesionado en un accidente de circulación amenaza con denunciarlo, y obtiene del conductor una suma superior a la cuantía del daño causado; el antiguo administrador de una sociedad amenaza con denunciar los delitos fiscales por ella cometidos, y obtiene de forma gratuita un vehículo (disimulado bajo un contrato de compraventa). En estos casos, además de intimidación, hay ilicitud o ausencia de causa.

f) La amenaza de incumplir un contrato merece un tratamiento aparte. Un buen ejemplo sería el siguiente: el contratista, cuando tiene las obras de reforma de la vivienda a medias, anuncia al comitente que la obra sólo la terminará si se pacta una elevación del precio inicialmente pactado. Si se llega a ese acuerdo, ¿podrá posteriormente el comitente impugnarlo por intimidación?[124] La cuestión, de gran complejidad, ha sido abordada por el TS en varias resoluciones[125]. Para que la amenaza de incumplimiento contractual pueda considerarse como intimidación, es necesario, en primer lugar, que la víctima consienta porque la amenaza la ha colocado en una posición en la que no tiene más alternativa razonable que consentir. Y ello porque la víctima no tiene alternativa de mercado (no encuentra en el mismo una fuente alternativa de suministro que pueda sustituir a la que le proporcionaría el cumplimiento del contrato) ni alternativas jurídicas (lo que sucederá cuando la respuesta que un juez dé al hecho de que el deudor incumpla su obligación no evitará que el acreedor sufra un daño especial debido a ese incumplimiento; esto es, cuando ese daño sea difícilmente indemnizable en vía judicial, dado su carácter de daño incierto). Pero la amenaza de incumplir ha de ser, en segundo lugar, injusta. A primera vista, parece claro que toda amenaza de incumplir debe considerarse injusta. Sin embargo, en ocasiones puede existir una causa que justifique el incumplimiento. Así sucederá cuando el contrato ya no le vincula al deudor, o cuando existen razones para modificar los términos iniciales del mismo, por haberse alterado sobrevenidamente la base del negocio, lo que autoriza al deudor a solicitar y obtener una modificación equitativa del contrato[126].

d)    La violencia e intimidación provocada por un tercero

La violencia e intimidación puede ser provocada por el otro contratante. Pero a diferencia de lo que sucede con el dolo (art. 1269 CC), puede tener su origen en la amenaza de un tercero (art. 1268 CC)[127]. De ese modo, no hay intimidación en los casos de miedo espontáneo. Este distinto tratamiento del dolo y la intimidación se justifica por la especial gravedad de esta última, en tanto que afecta a la libertad del sujeto. En este caso, el legislador ha preferido dar preferencia a la tutela de la víctima de la violencia en lugar de primar la protección de la confianza de la contraparte y la estabilidad de los contratos. El tercero que infunde el temor puede ser una persona determinada, una persona jurídica[128], o incluso cabe que no se conozca su identidad. Es dudoso si puede haber intimidación en los casos en que una parte contractual está integrada por una pluralidad de sujetos, y uno de ellos es quien infunde temor al otro. También es problemático el caso en el que es el representante el que sufre el temor, y el representado decide impugnar el contrato por esa causa. En mi opinión, en ambos casos concurre intimidación.

El contratante que no sufre la intimidación, y que no la ha provocado, queda en una difícil situación, pues contrata de buena fe (cuando desconoce la intimidación del tercero). En tal caso, dispone de una acción indemnizatoria contra el causante de la amenaza. El objeto del resarcimiento es el interés contractual negativo, esto es, los daños que derivan de la invalidez del contrato o de haber confiado en su validez (gastos preparatorios, asesoramiento, desplazamientos). La indemnización ha de colocar a ese contratante en la misma posición que si el contrato no se hubiera celebrado.

En relación con el sujeto causante de la amenaza, conviene analizar un par de cuestiones adicionales:

i) En primer lugar, cabe plantearse si existe intimidación en los casos de miedo o temor ambiental, producido, por ejemplo, en una situación de guerra o de posguerra. La respuesta ha de ser negativa: no hay intimidación, pues no existe un sujeto concreto (el otro contratante o un tercero) a quien imputar la amenaza[129]. Sin embargo, la STS 15.1.2004[130] declara la nulidad de las capitulaciones matrimoniales, al existir una situación continuada de violencia doméstica[131]. Cuestión distinta es que, junto a ese temor ambiental, concurra una concreta amenaza de un sujeto determinado, que sí podrá calificarse como intimidación[132].

ii) En segundo lugar, hay que analizar qué sucede en aquellos otros en los que un contratante se aprovecha de la situación de necesidad, apremio, inexperiencia o circunstancias angustiosas de un sujeto para celebrar con él un contrato en condiciones beneficiosas (por ejemplo, capitán de un barco a punto de hundirse que acepta la oferta de rescate que le hace el único remolcador que está en las proximidades). La situación del que consiente en esta situación se asimila a la intimidación, en la medida en que existe una falta de libertad: consiente porque no tiene más remedio que consentir. Sin embargo, existen varias diferencias entre esta hipótesis y el contrato celebrado con intimidación: 1) ni el contratante ni un tercero han realizado una amenaza de un mal inminente y grave; 2) no hay una amenaza antijurídica; 3) el contratante obtiene una ventaja excesiva que no podría obtener legítimamente (lo que no siempre sucede en la intimidación).

La conducta de quien se aprovecha de la situación de necesidad del otro contratante es digna de reproche. Pero no puede utilizarse el mecanismo de la intimidación[133]. Habrá que acudir al dolo -cuando el otro contratante, mediante maquinaciones insidiosas, se aprovecha de esa situación para obtener un provecho injustificado-, o a la ilicitud de la causa, por inmoral (art. 1275 CC)[134].

e)    El temor reverencial

El temor reverencial (“el temor a desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto”) es irrelevante, y no permite anular el contrato (art. 1267.IV CC). La solución legal es acertada, pues en tal hipótesis no concurre intimidación. Por una parte, porque el temor no es provocado por otro sujeto, sino que es un temor espontáneo, esto es, deriva de la percepción subjetiva que tiene el atemorizado de los vínculos que mantiene con ciertos sujetos. Por otra, porque no existe una amenaza injusta.

Cuestión distinta es que, además de ese temor reverencial, en un concreto caso se den los requisitos que permiten hablar de intimidación (por ejemplo, amenaza injusta del padre hacia el hijo, que lleva a éste a contratar con un tercero). Si así sucede, habrá intimidación. Por otra parte, es posible que quien goza de esta situación de preeminencia o jerarquía se aproveche de ello para celebrar con el atemorizado un contrato en condiciones beneficiosas. En tal caso no hay intimidación, aunque el contrato podrá anularse por dolo -si concurren sus presupuestos- o por ilicitud de la causa (causa inmoral; art. 1275 CC).

B)    El dolo

a)    Concepto

El dolo como vicio del consentimiento está regulado en nuestro Derecho en los arts. 1269 y 1270 CC, aunque el Código Civil contiene reglas especiales sobre el dolo que vicia la voluntad en determinados negocios o actos jurídicos[135]. Según el art. 1269 CC, “hay dolo cuando, con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes, es inducido el otro a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho”. Por tanto, existe dolo cuando la conducta ilícita de un contratante provoca una captación de la voluntad del otro. Dolo es sinónimo de insidia, de engaño, en la fase de formación del contrato. “El dolo es el engaño causado maliciosamente haciendo creer al otro contratante lo que no existe u ocultando la realidad” (SSTS 3.10.2003[136], 31.5.2004[137])[138]. El bien jurídico protegido es la libertad del contratante, que queda debilitada al haber sido captada su voluntad por el otro contratante.

Conviene advertir que el Código Civil utiliza también el término “dolo” con otro significado. En particular, se alude al dolo para calificar la conducta de quien causa daño a otro por acción u omisión (art. 1902) o de quien incumple una obligación (arts. 1101, 1102, 1107, 1726). Para distinguirlo de estas otras acepciones, el dolo vicio de la voluntad se denomina también dolo in contrahendo.

Del art. 1269 CC se infiere cuáles son los dos requisitos indispensables para que exista dolo. En primer lugar, una conducta antijurídica de un contratante (“palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes”). En segundo lugar, que esa conducta capte la voluntad del otro contratante, en el sentido de que le lleve a celebrar el contrato (“es inducido el otro a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho”). Pero para que el dolo pueda considerarse vicio del consentimiento y tenga virtualidad anulatoria, deberán concurrir otros presupuestos, como más adelante se advertirá.

El dolo se diferencia del error y de la intimidación en que, mientras que en éstos se tiene en cuenta básicamente la situación de la víctima (que sufre el error o presta el consentimiento atemorizada), en aquél se toma en consideración el carácter reprobable de quien lleva a cabo una conducta insidiosa contraria al ordenamiento jurídico.

En cualquier caso, en ocasiones el dolo y el error están en una relación de causa-efecto. De hecho, la manifestación más habitual del dolo es el engaño que provoca un error en el otro contratante; en tal caso, el dolo no es sino un error inducido por la mala fe de la otra parte contractual. Pero de ello no cabe deducir que todo supuesto de dolo sea recondu­cible al error[139]. Pues existen casos de dolo en los que no hay error en el contratante que es víctima del engaño[140]. Así parece afirmarlo alguna sentencia del Tribunal Supremo[141], y así se deduce de la propia doctrina jurisprudencial que admite la existencia de dolo en los casos en que uno de los contratantes se aprovecha de mala fe de la situación de debilidad de la contraparte para captar ilícitamente su voluntad, sin inducirlo a error. En definitiva, aún reco­nociendo que muchos casos de dolo constituyen también un supuesto de error, se trata de dos vicios del consentimiento diferentes, cada uno de ellos con un su­puesto de hecho y unos requisitos distintos[142]; diferencias que también pueden tener trascendencia procesal[143].

Llama la atención que en aquellos casos en que concurre simultáneamente dolo y error, la mayoría de las veces los tribunales anulan el contrato por este último vicio del consentimiento (evidentemente, cuando se dan los requisitos del error legalmente previstos)[144]. Ello se debe, fundamentalmente, a que en la hipótesis de error inducido por la conducta dolosa del otro contratante, la prueba del error es más fácil que la prueba del dolo, por dos razones: i) porque en el dolo la víctima tiene que acreditar el ánimo de engañar (animus decipiendi), lo que no ocurre en el error; ii) y porque la mala fe del otro contratante es utilizada por los tribunales como un indicio de error y de su carácter excusable[145]. Se produce así una suerte de “decadencia” del dolo como vicio del consentimiento, en beneficio del error[146].

El dolo no se presume; debe ser acreditado inequívocamente por quien lo alega, sin que basten meras conjeturas o indicios[147].

El dolo produce los siguientes efectos: 1) el contrato es anulable, en los términos de los arts. 1300 y ss. CC; 2) la conducta insidiosa constituye un ilícito civil, que autoriza a la víctima a solicitar la indemnización de los daños causados, si es que se han producido. Se trata de un supuesto de responsabilidad “in contrahendo”, que obliga a indemnizar el interés negativo o interés de confianza. La STS 18.1.2007[148] señala, con acierto, que es posible el ejercicio conjunto de las dos acciones (acción de anulación y de reparación de daños y perjuicios), aunque también cabe el ejercicio aislado de cada una de ellas (acción de nulidad sin petición de daños, y acción indemnizatoria sin solicitud de nulidad).

b)    Requisitos

El dolo como vicio del consentimiento exige la concurrencia de varios requisitos. Son los siguientes: 1) existe una conducta dolosa, esto es, una acción u omisión intencionada dirigida a provocar la declaración contractual; 2) esa conducta dolosa capta la voluntad de un contratante, que emite su declaración de voluntad sin plena libertad y conocimiento; 3) existe una relación de causalidad entre la conducta dolosa y la celebración del contrato; 4) el dolo ha de ser grave; 5) el dolo ha de ser determinante (causante) de la celebración del contrato; 6) el dolo ha de ser causado por el otro contratante, y no por un tercero; 7) no hay dolo cuando éste ha sido empleado por las dos partes contratantes (dolo recíproco).

Cada uno de estos requisitos merece un tratamiento específico, que se realizará en los siguientes epígrafes. Ahora procede detenerse en los requisitos segundo (sub i) y tercero (sub ii), y analizar si es necesario que concurran otros dos presupuestos; en concreto, si para que exista dolo es preciso que haya un perjuicio patrimonial (sub iii), y si la conducta de quien padece el dolo ha de ser excusable (sub iv).

i) El requisito segundo conforma, junto con el primero, la propia definición de dolo. Hay dolo cuando uno de los contratantes emite su declaración de voluntad sin plena libertad o sin un completo conocimiento de la situación, debido a la conducta insidiosa del otro contratante. Esa falta de libertad es la que permite calificar la situación como vicio de consentimiento (la declaración está viciada), y es la razón por la que el ordenamiento jurídico protege a ese sujeto, permitiéndole anular el contrato. No hay dolo, por tanto, cuando la víctima de la conducta insidiosa llega a tener conocimiento del engaño, pues en tal caso su libertad no se ve amenazada.

ii) Para que haya dolo se requiere que exista una relación de causalidad entre la conducta insidiosa de un contratante y la celebración del contrato. Como señala el art. 1269 CC, si no hubiera existido esa conducta insidiosa el contrato no se hubiera celebrado. Pero no es necesario que la conducta insidiosa sea la única causa de la celebración del contrato, pues puede concurrir con otras[149].

iii) Hay que plantearse si la declaración de dolo exige un perjuicio patrimonial en la víctima, o una ventaja en el contratante que lo causa. La respuesta ha de ser negativa. Cierto es que en la mayoría de los casos el causante del dolo pretenderá obtener alguna ventaja patrimonial, a costa de la víctima, y que, de hecho, esa ventaja se plasme en el contrato. Pero el Código Civil no exige un perjuicio patrimonial; más bien al contrario, pues el art. 1300 CC dispone que la acción de anulación existirá aunque no haya lesión para los contratantes. Ésta es una decisión acertada, pues en el dolo el bien jurídico protegido es la libertad del contratante, y no su indemnidad patrimonial. El perjuicio patrimonial de la víctima no es un requisito del dolo, pero sí puede servir de indicio de la falta de libertad contractual de ese sujeto.

iv) También hay que averiguar si es necesario para que exista dolo que la conducta de quien lo sufre sea excusable. En materia de error, a pesar de que el art. 1266 CC no lo establece, la jurisprudencia viene exigiendo que el error sea excusable, esto es, que no pueda atribuirse a negligencia de la parte que lo alega. En sede de dolo, ¿cabe exigir que éste sea excusable? Se trata de analizar la conducta de quien sufre el dolo, e indagar si ese sujeto, obrando con una normal diligencia, hubiera podido advertir las maquinaciones insidiosas. La respuesta es, en mi opinión clara: en el dolo no se requiere la excusabilidad, o lo que es lo mismo, no excluye el dolo el hecho de que la víctima no haya actuado con la diligencia media necesaria para advertir la conducta insidiosa[150]. A esta solución llega también el Tribunal Supremo[151]. Y existe una justificación para que así sea. Se exige que el error sea excusable para evitar que la víctima saque ventaja de su negligencia, en perjuicio de la otra parte contractual que ha confiado legítimamente en la validez del contrato. En el dolo, en cambio, el conflicto de intereses es distinto, pues el causante del vicio es el otro contratante, y por eso hay que declarar el carácter invalidante del dolo sin necesidad de un previo juicio acerca de la diligencia de la víctima[152].

c)    La conducta dolosa

Para que haya dolo, uno de los contratantes debe llevar a cabo una conducta dolosa. Esta conducta se caracteriza por la confluencia de dos elementos: uno objetivo, que es el carácter ilícito de la conducta; y otro subjetivo, que atiende a la intención del sujeto.

a')     El elemento objetivo. La reticencia dolosa

El elemento objetivo de la conducta dolosa son las “palabras y maquinaciones insidiosas”. Se trata de una conducta positiva, pues el contratante pretende captar la voluntad del otro sujeto mediante el uso de expresiones (palabras) o utilizando determinados actos (maquinaciones). Lo relevante es que ese comportamiento tenga carácter ilícito, es decir, que incurra en una infracción del principio de la buena fe y de los deberes de lealtad precontractual. No constituyen una conducta ilícita las que se integran en el denominado dolus bonus: opiniones, esperanzas, alabanzas genéricas, etc.

La conducta es claramente dolosa cuando se realizan manifestaciones falsas, parciales o engañosas. Los ejemplos jurisprudenciales son numerosos: se vende un camión del que se predican determinadas cualidades que no existen realmente (STS 4.12.1956[153]); el vendedor afirma que los pisos vendidos disfrutan de ciertas bonificaciones tributarias, lo que no era cierto (STS 28.2.1969[154]); el vendedor oculta las grietas que hay en el edificio realizando obras de albañilería y pintura (STS 18.7.1988[155]); se hace creer al constructor que la obra ha invadido el fundo colindante, para forzar así su venta (STS 19.2.1996[156]).

Conviene analizar otras tres situaciones diferentes. En primer lugar, juzgar la viabilidad de la doctrina jurisprudencial que admite la existencia de dolo cuando uno de los contratantes se aprovecha de mala fe de la situación de debilidad de la contraparte para captar ilícitamente su voluntad, sin inducirlo a error (sub i). En segundo lugar, indagar si puede considerarse dolosa la conducta que inspira al otro contratante un temor no relevante o le ocasiona un error no sustancial (sub ii). Por último, hay que referirse al dolo omisivo o reticencia dolosa (sub iii).

i) En ocasiones, el Tribunal Supremo ha calificado como dolo el aprovechamiento de circunstancias no provocadas por el agente, pero que le colocan en una posición negociadora muy favorable. Hay dolo cuando el agente se prevale de esa asimetría negociadora para conseguir la celebración del contrato, que, además, por su contenido resulta beneficioso para él. En todas las resoluciones del Tribunal Supremo que admiten el dolo[157] concurren ambas circunstancias: debilidad negociadora de una parte que es aprovechada maliciosamente por la otra para celebrar el contrato, y celebración de un contrato con un contenido muy beneficioso para una parte y muy perjudicial para la otra. Como ejemplo puede citarse el caso resuelto por la STS 15.7.1987[158].

La cuestión es dudosa, y depende, en último extremo, de la configuración que se haga del dolo en particular, y de los vicios del consentimiento en general. Se han defendido dos posiciones. Conforme a una primera tesis[159], los casos de “abuso de posición” no tienen cabida en el concepto de dolo. Parte de la base de que la doctrina de los vicios de la voluntad sólo opera en los casos más graves, cuando el temor, el error y el engaño (dolo) reúnen los caracteres especialmente previstos en el Código Civil. En el concreto caso del dolo, sólo es jurídicamente relevante cuando concurren en él los requisitos de los arts. 1269 y 1270 CC. Si no es así, no habrá dolo, aunque la conducta del agente sea contraria a la buena fe[160]. Según una segunda tesis[161], que me parece preferible, la redacción del art. 1269 CC es tan amplia que permite calificar como conducta insidiosa cualquier infracción de los deberes que impone la buena fe, si se emplea con el fin de captar la voluntad del contratante. Conforme a esta interpretación, es claro que existe dolo en los casos de aprovechamiento de la situación de debilidad de la contraparte para captar su voluntad[162].

ii) Esta interpretación expansiva del elemento objetivo de la conducta insidiosa permite calificar como dolo aquellos comportamientos de un contratante que ins­piran al otro un temor que no reúne los requisitos de la violencia del art. 1267 CC (por ejemplo, el mal anunciado afecta a sujetos distintos del cónyuge, descendien­tes o ascendientes) o le provocan un error que no satisface los parámetros del art. 1266 CC (por ser insustancial, excusable, tratarse de error de cálculo, etc.)[163].

iii) A pesar de que el art. 1269 CC describe la conducta insidiosa como un comportamiento activo, se admite también el dolo negativo o por omisión (reticencia dolosa). La reticencia dolosa consiste en el callar consciente de un contratante cuando según la ley o la buena fe le es obligado manifestarse. La jurisprudencia es clara en este punto: el dolo comprende no sólo la conducta insidiosa que induce a contratar al otro contratante, “sino también la reticencia dolosa del que calla o no advierte a la otra parte en contra del deber de informar que exige la buena fe” (STS 29.3.1994[164]). El elemento objetivo de la conducta consiste en el simple silencio.

Numerosas sentencias admiten la reticencia dolosa. Especialmente fructífera es en relación con el contrato de seguro, cuando el tomador, al rellenar el cuestionario previo, silencia padecer una enfermedad que influye en la determinación del riesgo asegurado. Así, en las SSTS 13.10.1989[165], 6.2.2001[166], 26.7.2002[167], 31.5.2004[168]. En otros casos, el dolo omisivo consiste en silenciar el vendedor que la cosa vendida tiene algún vicio o defecto oculto (STS 18.7.1988[169]), que sobre la finca enajenada existen limitaciones urbanísticas (STS 27.3.1989[170], 1.10.1986[171]), o que los conejos vendidos padecen una grave enfermedad contagiosa (STSJ Nava­rra 23.6.1992[172]). Por otra parte, la STS 17.1.2005[173] anula por dolo el contrato de préstamo concedido a un cliente por una entidad de crédito y el posterior contrato de compraventa de acciones de esa entidad entre esas mismas partes, por no informar al cliente de los graves problemas financieros que atravesaba la entidad de crédito y de los riesgos que asumía con la adquisición de las acciones; se desmarca así de dos sentencias anteriores (SSTS 2.11.2001[174] y 30.9.2002[175]) que, en esa misma hipótesis, negaban la existencia de dolo.

El problema consiste, por tanto, en averiguar cuándo el silencio de un contratante es contrario a la buena fe; o lo que es lo mismo, cuándo es lícito que una parte guarde silencie, aún conociendo que el otro contratante celebra el contrato por carecer de la información que él sí tiene. Esta cuestión está directamente relacionada con los deberes precontractuales de información y, más exactamente, con la extensión y límites de los mismos[176].

En algunos casos, es el propio legislador el que impone un deber precontractual de información. En esta hipótesis la omisión de la información debida es, sin más, ilícita. Las dificultades se plantean fuera de estos supuestos. La regla es la siguien­te: no existe un deber precontractual de información -y en consecuencia, la reticencia es lícita- cuando el contratante ha llegado a conocer el error silenciado como consecuencia de un proceso de búsqueda de información costoso, que ponga de manifiesto la existencia de cualidades positivas que incrementan el valor de un bien, y siempre que, además, los costes de obtención de dicha información sean simétricos o, siendo asimétricos, no puedan ser repercutidos en el precio del bien en cuestión[177]. Para ello habrán de tenerse en cuenta las circunstancias del caso concreto.

Hay que partir de la premisa de que existe un deber precontractual de advertencia del error esencial ajeno. Este deber tiene un fundamento jurídico: la buena fe impone a las partes una obligación recíproca de lealtad durante la fase previa a la celebración del contrato. Sin embargo, este deber precontractual de información no tiene carácter absoluto. No existe siempre, sino sólo en algunos casos, depen­diendo de una serie de factores (por ejemplo, los conocimientos que el destinatario pueda fácilmente obtener, según su situación y condición, y las posibilidades del declarante de evitar su propio error). En realidad, la existencia de un deber precontractual de información debe delimitarse con arreglo a criterios fundamentalmente económicos.

En primer lugar, hay que examinar si la obtención de la información que posee un contratante ha sido o no costosa. Si la información no es costosa, porque quien la posee no desplegó una especial diligencia para obtenerla ni destinó recursos para adquirirla, deberá transmitir esa información al otro contratante. En cambio, si la información sí es costosa, porque ha sido adquirido como consecuencia de un proceso deliberado de búsqueda que ha originado costes, en principio quien la obtiene no está obligado a trasladarla a la otra parte, pudiendo guardar silencio.

Pero esta afirmación ha de ser matizada, en función de que la información aumente o disminuya el valor del bien transmitido. Así, si la información se refiere a cualidades positivas del bien (que aumentan su valor), no hay que imponer al adquirente de ese bien la obligación de desvelar esa información[178]. Por el contrario, si la información consiste en una cualidad negativa que disminuye el valor de un bien, el transmitente tiene el deber de informar de ello al adquirente[179].

En segundo lugar, hay que averiguar si los costes de obtención de esa información son simétricos o asimétricos. Los costes son simétricos cuando son iguales para las dos partes contractuales, y asimétricos cuando son más altos para una de ellas. Si los costes son simétricos (por ejemplo, porque las dos partes son profesionales del sector), no hay un deber de información precontractual. Pero si los costes son asimétricos, la parte que soporta unos costes más bajos tiene el deber de informar a la otra de la información que para ésta sea relevante para contratar. Pero con una condición: que pueda repercutir el coste de la información en el precio del producto. Si no es posible repercutir ese coste en el precio (lo que sucederá, por ejemplo, cuando quien realiza la inversión destinada a obtener la información sea el adquirente del bien) no existirá deber de informar. En definitiva, aunque los costes de obtención de la información sean asimétricos, no hay deber precontractual de informar del error esencial ajeno si el conocimiento del mismo obedece a un proceso deliberado de búsqueda, cuyos costes no pueden ser repercutidos en el precio[180].

En cualquier caso, para que la omisión de información pueda calificarse como conducta dolosa no basta con que esa omisión suponga una vulneración del deber precontractual de informar. Es necesario, además, que concurra el elemento subjetivo de la conducta dolosa, esto es, el animus decipiendi: es preciso que el contratante que omite esa información sea consciente de que es su conducta (omisiva) la que conduce a la víctima a celebrar ese contrato. Evidentemente, deberán concurrir también el resto de los requisitos exigidos en los arts. 1269 y 1270 (dolo grave, dolo causante, no recíproco, etc.)[181].

b')     El elemento subjetivo: el animus decipiendi

Para poder calificar la conducta como dolosa, es preciso que concurra un elemento subjetivo: el animus decipiendi. Se da este elemento cuando el contratante tiene intención o propósito de engañar, en el sentido de que con su conducta pretende captar la voluntad de otro sujeto, con el fin de que concluya el contrato. Lo relevante es que sea consciente de que su conducta (activa u omisiva) influirá de modo determinante en la decisión del otro sujeto de perfeccionar el contrato[182]. No es necesario que se tenga la intención de perjudicar al otro contratante[183], aunque es evidente que en la mayoría de los ocasiones se pretende que la víctima concluya un contrato que le perjudique a él y beneficie a la contraparte. Tampoco se exige que sea consciente de que su conducta es ilícita, por ir contra la buena fe, si bien lo habitual es que tenga conciencia de ello.

d)    El dolus bonus

Tradicionalmente se distingue el dolo vicio del consentimiento (dolus malus) del dolus bonus. Con esta última expresión se alude a las exageraciones y afirmaciones empleadas por un sujeto para ensalzar las cualidades de los productos que vende, con el fin de atraer clientes y realizar más ventas. Se consideran válidas en la medida en que no sobrepasen los límites tolerados por los usos negociales, y sea reconoscible el carácter publicitario o propagandístico de las afirmaciones[184].

En realidad, el dolus bonus no constituye un supuesto de dolo porque no concurren en él los requisitos exigidos en los arts. 1269 y 1270 CC. En particular, falta el elemento objetivo que caracteriza la conducta dolosa: que se trate de un comportamiento ilícito o antijurídico. En efecto, el comportamiento es lícito y conforme a la buena fe, pues emplea medios tolerados por el ordenamiento jurídico y la común conciencia social. Además, con mucha probabilidad, tampoco se darán otros requisitos imprescindibles en el dolo: que exista una relación de causalidad entre la conducta de un contratante y la celebración del contrato, o que el contratante haya emitido su consentimiento con un vicio (falta de libertad)[185].

En la actualidad el campo operativo del dolus bonus se ha reducido considerablemente, debido al fuerte desarrollo de los deberes precontractuales de información, especialmente en relación con la protección de los consumidores, y a la fuerza obligatoria de la publicidad.

e)    La gravedad del dolo

Para que el dolo pueda invalidar el contrato “deberá ser grave” (art. 1270.I CC). Existen distintas interpretaciones sobre el alcance del requisito de la gravedad del dolo. En primer lugar, se ha identificado el dolo grave con el dolo causante; esto es, el dolo es grave cuando es la causa determinante de la celebración del contrato[186]. Así entendido, no sería necesario considerar la gravedad como requisito independiente del dolo, pues su exigencia ya está contemplada en la descripción del dolo del art. 1269 CC (“es inducido a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho”). En segundo lugar, cabe entender la gravedad como la exigencia de una entidad objetiva importante en la conducta insidiosa[187]. A esta postura puede hacerse la misma objeción que a la anterior: que, en realidad, tal exigencia de gravedad resultaría ya en la propia noción de dolo del art. 1269. En tercer lugar, la gravedad del dolo puede deducirse por referencia a la materia sobre la que el dolo recae, con el fin de introducir elementos objetivos, para evitar que el engaño sobre cualquier motivo no incorporado a la causa del contrato se convierta en causa de anulación[188]. En cuarto lugar, se ha definido al dolo grave como dolo malo, en contraposición al dolus bonus, que sería un dolo no grave.

La interpretación más acertada es, a mi juicio, la segunda. El dolo es grave cuando tenga envergadura bastante para, a tenor de las circunstancias, producir el engaño y conseguir la perfección del contrato. Cierto es que su inclusión en el art. 1270.I CC puede resultar redundante, pues del art. 1269 CC ya se infiere que la conducta insidiosa ha de ser tal que ha de captar la voluntad de la víctima, existiendo una relación de causalidad entre esa conducta dolosa y la celebración del contrato. Pero su mención en el Código Civil obedece a un doble motivo: al carácter restrictivo con el que se concibe en la codificación el dolo, por el peligro que suponía para la estabilidad de los contratos y la seguridad del tráfico, y al haberse tomado como modelo el Código Civil argentino, donde el requisito de la gravedad sí tenía pleno sentido[189].

f)    Dolo causante y dolo incidental

Dispone el Código Civil que “el dolo incidental sólo obliga al que lo empleó a indemnizar daños y perjuicios” (art. 1270.II CC). Sin embargo, no define qué es el dolo incidental; se limita a señalar que no anula el contrato, aunque autoriza a la víctima a reclamar daños y perjuicios (“sólo” a eso).

El Código Civil se ocupa de regular el dolo causante (también denominado dolo causal o determinante) en el art. 1269. Es la conducta insidiosa que provoca un engaño determinante de la celebración del contrato, de modo que si no hubiera existido esa conducta el contrato no se hubiera celebrado. Hay dolo incidental, en cambio, cuando la conducta insidiosa no determina la celebración del contrato, aunque facilita su conclusión; de modo que el contrato se hubiera celebrado igualmente de no existir la conducta insidiosa, aunque en otras condiciones o con otro contenido[190]. El origen de la distinción está en evitar una generalizada anulación de contratos por dolo, lo que sería catastrófico para la seguridad del tráfico[191]. Con el fin de garantizar la conservación del contrato, se procede a una graduación en el dolo: sólo el dolo que determina la celebración del contrato es jurídicamente relevante a efectos de la posible nulidad del contrato. En los demás casos, a pesar de que la conducta insidiosa sea grave, limite la libertad de la víctima, y exista una relación de causalidad entre el engaño y el consentimiento, no cabe solicitar la nulidad del contrato. Por lo tanto, el dolo incidental se concibe en el art. 1270.II CC como un límite a la anulabilidad del contrato por dolo.

Aunque desde el punto de vista teórico la distinción entre dolo causante y dolo incidental es clara, su aplicación práctica resulta muy complicada. En efecto, la información acerca de que sin el engaño el otro contratante no habría contratado en absoluto, o lo habría hecho en otras condiciones, es muy difícil de obtener. Es posible, incluso, que tal información no exista, lo que obligaría a moverse en el terreno de las puras hipótesis. Además, existe un problema adicional: la dificultad de la prueba. La víctima del dolo tendrá que acreditar que éste es causante, y no meramente incidental. Como rara vez será posible una prueba directa, habrá que acudir a la prueba de presunciones: reconstruir, a través de un juicio hipotético, lo que hubiera podido ser la voluntad del sujeto, de no haberse dado el engaño. Pero la elaboración de este juicio hipotético es problemática, si ha de realizarse conforme a criterios subjetivos. La jurisprudencia del Tribunal Supremo no puede servir de ayuda, pues no ha llegado a conclusiones útiles[192].

Como en tantos otros asuntos, es el juez quien debe valorar si el motivo alegado por la víctima es suficiente para que la operación no se hubiera realizado en ningún caso. A estos efectos, y a falta de una prueba directa, el juez deberá partir de cómo las partes miden y reglamentan sus intereses según los criterios ordinarios del tráfico. Se trata, por tanto, de valoraciones objetivas[193]. Si la víctima pretende fundar el carácter causante del dolo en motivos subjetivos (distintos de los objetivos), deberá acreditarlo ante el juez, lo que le resultará muy difícil.

Si hay dolo incidental, la víctima podrá solicitar los daños y perjuicios causados. Se trata de una acción de reclamación de daños contractuales, en los que el causante de los mismos está obligado, tratándose de un contrato oneroso, a indemnizar el interés positivo (de cumplimiento)[194].

g)    Dolo del otro contratante y dolo de tercero

El dolo exige que la conducta insidiosa provenga de un contratante, y no de un tercero. Así se deduce claramente del art. 1269 CC (“palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes”), y de la interpretación a contrario del art. 1268 CC, que admite la violencia e intimidación que proviene de un tercero. El distinto tratamiento del dolo y la violencia está justificado, en la medida en que en ésta el ataque contra la libertad del contratante es más importante. En el dolo de tercero, aunque ciertamente existe un déficit de libertad de un contratante, prima la seguridad del tráfico y la protección de la confianza del otro contratante (inocente). Pero la aplicación de esta regla tiene sus límites. No se aplica a los negocios unilaterales[195], y tampoco a los gratuitos (donación)[196].

Si la razón para considerar irrelevante el dolo de tercero es la protección de la confianza del otro contratante, dicha regla quiebra cuando esa protección no está justificada. Así sucede cuando el dolo proviene del representante o el mandatario del otro contratante, cuando el autor del dolo es cómplice del contratante o se ha confabulado con él para realizar la conducta insidiosa, y cuando el dolo proviene realmente de un tercero pero el contratante lo ha conocido y se ha aprovechado de él. Más dudoso es determinar qué sucede cuando el dolo proviene de un tercero y no es conocido por el otro contratante, aunque podría haber sido conocido por éste si hubiera empleado una normal diligencia. Parece que en tal caso no puede hablarse de “aprovechamiento de la maniobra ajena”, por lo que habrá que considerarlo como dolo de tercero[197]. Por otra parte, no hay dolo de tercero cuando éste proviene de un sujeto que se integra en la misma parte contractual (por ejemplo, si son varios vendedores, el dolo causado por uno a otro de ellos).

El dolo de tercero no permite anular el contrato. Aunque es posible que la víctima del dolo incurra en error jurídicamente relevante, que provoca la anulabilidad del contrato. En cualquier caso, la conducta insidiosa constituye un ilícito civil, por lo que su autor está obligado a indemnizar los daños y perjuicios causados.

h)    El dolo recíproco

El dolo, para que pueda considerarse vicio del consentimiento, no debe “haber sido empleado por las dos partes contratantes” (art. 1270.I CC). En tal caso existe un dolo recíproco, que se caracteriza por el hecho de que las dos partes han actuado con dolo: cada parte realiza una conducta insidiosa, contraria a la buena fe, con el fin de inducir a la otra parte a celebrar el contrato. Hay dolo recíproco cuando cada una de las conductas de los contratantes, analizada individualmente, puede calificarse como dolo, por concurrir todos los requisitos legalmente exigidos. Si alguno de los dos engaños no es en realidad dolo, por faltar alguno de estos requisitos, no hay dolo recíproco (habrá dolo unilateral o ausencia de dolo por las dos partes).

Así, no hay dolo si un contratante no realiza una conducta dolosa, en los términos ya conocidos (por ejemplo, porque no existe el animus decipiendi); si el dolo no es grave o causante; si falta la relación de causalidad entre la conducta insidiosa y la prestación del consentimiento; si la víctima del dolo conoce que el otro contratante ha llevado a cabo esa conducta insidiosa con el fin de influir en su decisión de celebrar el contrato, etc. Si uno de los contratantes realiza una conducta calificable jurídicamente como dolo, y el otro contratante actúa con culpa, en el sentido de que no ha conocido la conducta insidiosa pero podía haberla advertido si hubiera obrado con la diligencia debida, hay dolo unilateral, y no dolo recíproco. Tampoco hay dolo recíproco cuando un contratante realiza una conducta dolosa y el otro contratante incumple dolosamente ese contrato; existe dolo unilateral, que sufre el contratante incumplidor, y que podrá alegar incluso en el proceso en que el otro contratante le exige judicialmente el cumplimiento (o la resolución) y los daños y perjuicios causados.

El art. 1270.I CC lo único que establece es que cuando concurre dolo en ambas partes contratantes, ninguna de ellas podrá ejercitar la acción de anulabilidad del art. 1300 y ss. No se señala, en cambio, cuál es el régimen jurídico del contrato. Para la mayoría de la doctrina española, el contrato con dolo recíproco es válido[198]; se compensan las actuaciones maliciosas de ambos contratantes, por lo que ninguno de ellos podrá pedir la anulación del contrato. Pero también se ha defendido que el contrato con dolo recíproco es nulo de pleno derecho[199]. Según esta tesis, falta uno de los elementos esenciales del contrato, que es el consentimiento (art. 1261.1º CC). El contrato se celebra concurriendo mala fe en las dos partes contractuales, por lo que ninguna de ellas merece protección. De admitir su validez, se estaría “premiando” la conducta antijurídica de las partes, que pueden estar interesadas en la validez del contrato[200]. Conforme a esta interpretación, que me parece más acertada, la validez del contrato no puede ampararse en una suerte de “compensación de culpas”, ni fundamentarse en razones de equidad.

Si admitimos que el contrato con dolo recíproco es nulo de pleno derecho, hay que concluir que los daños que cada conducta dolosa haya causado a la contraparte podrán ser resarcidos como daños extracontractuales (art. 1902 CC),

En el dolo recíproco, ambas partes emplean el engaño sin que quien lo sufre conozca las citadas maniobras; los dos contratantes actúan dolosamente, pero ignoran el dolo de la parte contraria. Si las dos partes conocen la mala fe de la contraria no hay dolo recíproco (no hay ninguno de los dos dolos), sino que se trata de un contrato con causa ilícita.

C)   El error

a)    Concepto

El error como vicio del consentimiento está regulado en un único precepto, el art. 1266 CC[201]. Aunque este artículo no lo define, consiste en una falsa representación mental de la realidad por parte de un sujeto que afecta a la formación de su voluntad, de modo que, de no haber incurrido en el mismo, aquél no hubiera celebrado el contrato, o no en esas condiciones. El error implica una apreciación errónea de aquellos aspectos de la realidad que han sido tomados en cuenta, como determinantes, para que nazca la voluntad de contratar. El consentimiento del sujeto está viciado, pues se ha formado de manera inexacta, al tomar como presupuesto un inexacto conocimiento de la realidad o una equivocada creencia o representación mental[202].

Hay que distinguir el error vicio del consentimiento (error en los motivos) del error obstativo (error en la declaración). En aquél, como se ha expuesto, la voluntad se ha formado de manera incorrecta, pero la declaración de voluntad coincide con la voluntad interna. En el error obstativo, en cambio, la voluntad interna se ha formado correctamente, aunque existe una discordancia inconsciente entre esa voluntad interna y la declarada, debido a una inadecuada expresión (declaración) de la voluntad interna. El error obstativo será objeto de análisis más adelante[203].

No todo error que sufre un contratante en la formación de su contrato es jurídicamente relevante. Y ello porque, junto a la tutela que precisa ese sujeto, han de tomarse en consideración otras circunstancias, como la seguridad del tráfico y el principio de confianza del otro contratante. En este punto, conviene advertir que, a diferencia de los otros vicios del consentimiento (violencia e intimidación y dolo), en el error no es necesario un comportamiento ilícito o antijurídico de otro sujeto. En realidad, la relevancia del error debe juzgarse en atención al conflicto de intereses que existe entre los contratantes: el interés del que sufre el error en desvincularse del contrato, y el interés del otro contratante en mantener su validez. El error no es sino un modo de distribuir entre los contratantes el riesgo de una defectuosa información: quién debe soportar la falta o deficiente información que provoca a ese sujeto una apreciación errónea de la realidad[204]. A estos efectos, habrá que atender a la importancia que el elemento sobre el que recae el error tenía para las partes y, en particular, para el contratante equivocado, y al comportamiento de los dos contratantes, del que incurrió en el error (si puede o no imputársele a él) y de su contraparte (si él también incurrió en error, si lo provocó, si actuó con dolo o culpa, etc.).

La apreciación del error de uno de los contratantes tiene carácter excepcional[205], pues lo normal es que las partes estén a lo pactado. Además, la apreciación de los datos fácticos en que se funda el error es cuestión de hecho, por lo que queda reservada a las jueces de instancia (y excluida de casación), aunque la valoración jurídica de esos hechos sí es susceptible de ser revisada en casación[206].

Si existe error, el contratante que lo ha sufrido podrá pedir la anulación del contrato, disponiendo para ello de un plazo de cuatro años, contados desde la perfección del contrato (art. 1301 CC). Además, si el error tiene su origen en una conducta jurídicamente reprobable del otro contratante o de un tercero, este sujeto estará obligado a resarcir los daños y perjuicios causados, si es que se han producido (arts. 1902 CC).

b)    Requisitos

Para que exista error deben concurrir dos requisitos: su carácter esencial y su excusabilidad (STS 4.1.1982[207])[208]. Sin embargo, en algunas sentencias[209] el Tribunal Supremo presenta como requisitos autónomos lo que no son sino aspectos subsumibles en los dos mencionados. Así, se afirma que para que el error invalide el contrato es preciso: a) que recaiga sobre la sustancia de la cosa o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubieran dado lugar a su celebración (esencialidad); b) que derive de hechos desconocidos por el obligado voluntariamente (de lo contrario, no habría una falsa representación de la realidad); c) que no sea imputable a quien lo padece (extremo subsumido en la excusabilidad); y d) que exista un nexo causal entre el mismo y la finalidad que se pretendía con el negocio jurídico concertado (aspecto que sirve para determinar la sustancialidad del vicio).

c)    La esencialidad del error

a')     Criterios para determinar su carácter esencial

Para que el error sea jurídicamente relevante ha de tener cierta importancia. Ha de tratarse de un error “esencial” (también denominado “error en la sustancia” o “error sustancial”). La dificultad estriba en determinar cuándo el error es esencial. Conforme a una primera concepción (tesis subjetiva), ha de valorarse la importancia que el error tiene para el concreto sujeto que lo padece. Esta interpretación debe rechazarse, pues la “esencialidad” del error debe apreciarse, no sólo en función de lo que el mismo significa para el contratante que lo sufre, sino teniendo en cuenta, además, la importancia que deba atribuírsele según el contrato.

Siguiendo a Morales Moreno[210], el error debe considerarse esencial cuando recae sobre elementos que puedan ser considerados presuposiciones del contrato. Hay que partir de que el contrato se implanta en una realidad en la que va a actuar, organizando los intereses de las partes de un determinado modo. Desde esta premisa, puede definirse la presuposición del contrato como esa representación de la realidad que se refleja en el contrato. Lo que sea presuposición del contrato depende de varios criterios:

i) En primer lugar, habrá de estarse a la voluntad de las partes. Éstas pueden, de mutuo acuerdo, determinar las presuposiciones básicas del contrato. A veces este acuerdo se realiza de forma expresa. En otras ocasiones, sin embargo, la finalidad perseguida por un sujeto con la celebración del contrato se ha exteriorizado, y ha sido compartida o conocida y aceptada por la otra parte, y, en consecuencia, incorporada a la causa. Los errores sólo son relevantes en la medida en que se han incorporado a la causa del contrato por los contratantes, dejando de ser meras y aisladas expectativas subjetivas de cada parte. Los errores sobre los motivos no incorporados al contrato son jurídicamente irrelevantes. Para averiguar el carácter esencial del error, es imprescindible realizar una interpretación del contrato e identificar las circunstancias que han sido consideradas presuposiciones por las partes.

ii) En aquellos supuestos en los que la voluntad no se ha expresado suficientemente, habrá que acudir a un segundo criterio: los parámetros económico-sociales que permitan realizar una valoración sobre la magnitud y significado del error. Estos mecanismos objetivos de determinación de las presuposiciones básicas del contrato son la ley[211], los usos sociales[212], y la buena fe.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo va en esta misma línea. Es cierto que algunas sentencias, en muchos casos como obiter dicta, señalan que el art. 1266 CC adopta una concepción subjetiva estricta a la hora de valorar la esencialidad del error (así, SSTS 25.11.1932[213], 30.9.1963[214], 5.3.1960[215]). Pero son mayoría las decisiones judiciales que rechazan esta tesis. Unas asumen expresamente un criterio subjetivo, relacionado con la común intención de los contratantes, que incorporan un motivo a la causa del contrato (SSTS 27.2.1954[216], 28.2.1974[217], 21.6.1978[218], 23.11.1989[219], 18.2.1994[220], 12.4.1996[221]). En otras ocasiones, el contrato se anula por error en cualidades objetivamente importantes, lo que, si bien no prueba que no se siga la tesis subjetiva estricta, destaca la importancia de los parámetros objetivos para valorar la relevancia del error. En fin, cuando una parte ha pretendido la anu­lación del contrato por error en una cualidad accidental subjetivamente importante para ella, pero que no ha sido elevada a la categoría de motivos incorporados a la causa, el Tribunal Supremo siempre la ha rechazado (así, SSTS 30.9.1963[222], 20.11.1973[223], 9.4.1980[224], 7.7.1981[225]); aunque en muchos de estos casos esto no es porque el Tribunal Supremo rechace la tesis subjetiva estricta, sino porque o no ha quedado demostrada que esa circunstancia tuviera especial importancia, o porque falta el requisito de la excusabilidad.

b')     Materias sobre las que puede recaer el error

El art. 1266 CC analiza tres manifestaciones del error: el error sobre el objeto, el error sobre la persona, y el error de cuenta. Los dos primeros son jurídicamente relevantes, mientras que el tercero no. Ahora vamos a analizar por separado los dos primeros supuestos (sub. i y ii).

i) Error sobre el objeto. Según el art. 1266.I CC, el error deberá recaer “sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo”. El término “cosa” debe ser entendido como cosa objeto del contrato, por lo que comprende tanto el objeto de las obligaciones de dar, como el contenido del hacer o no hacer que incumbe al deudor. En definitiva, el error puede recaer sobre la identidad, materia o cualidades del objeto. Son numerosos los casos jurisprudenciales en los que el error recae sobre aquellas cualidades del objeto que afectan a su funcionalidad, esto es, a su idoneidad para la utilidad que le es típica.

En la jurisprudencia, se han planteado problemas de error, en relación con los inmuebles: error sobre el estado de conservación del edificio vendido (STS 21.6.1978)[226], sobre la extensión del terreno vendido (STS 9.4.1980)[227], sobre la potabilidad y susceptibilidad de explotación de los manantiales de aguas minerales de la finca (STS 4.1.1982)[228], sobre el carácter expropiable de la finca vendida (STS 6.6.1953)[229], sobre las condiciones jurídicas de edificabilidad del terreno (SSTS 27.10.1964[230], 28.9.1996[231], 26.7.2000[232]), sobre el carácter productivo de un pozo cuyos derechos de explotación se compran (STS 17.7.2000)[233], sobre la calificación urbanística del suelo y el grado de edificabilidad (STS 17.7.2006)[234]. En relación con los bienes muebles: error sobre la autenticidad (STS 9.10.1981)[235] o antigüedad de un cuadro (STS 28.2.1974)[236], sobre la susceptibilidad de circulación de un camión (STS 4.12.1956)[237], sobre la raza de un caballo (STS 29.4.1986)[238], sobre el rendimiento de una máquina (STS 20.11.1973)[239], sobre los defectos administrativos que impiden navegar a la embarcación comprada (STS 4.1.1989)[240]. En relación con los bienes incorporales y derechos: error sobre el éxito comercial de la edición de una obra (STS 12.6.1982)[241], sobre la susceptibilidad de explotación de la empresa adquirida (STS 4.1.1982)[242], sobre los beneficios de la empresa cuyas acciones se adquieren (STS 27.1.1988)[243], sobre el valor patrimonial de las acciones transmitidas (STS 26.10.1981)[244]. Por otra parte, es dudoso si puede ser tratado como un problema de error el que padece el comprador que ignora que la cosa vendida no es propiedad del vendedor, aunque el Tribunal Supremo entiende que sí (SSTS 7.4.1971, 5.10.1973)[245].

ii) Error sobre la persona. “El error sobre la persona sólo invalidará el contrato cuando la consideración a ella hubiera sido la causa principal del mismo” (art. 1266.II CC). El error in personam sólo es relevante cuando afecta a la causa del contrato. En el caso de error sobre la identidad de la persona, esto sucede cuando se trata de un contrato “intuitu personae”, esto es, cuando la identidad del otro contratante es un elemento determinante de la celebración del contrato, lo que en unos casos habrá que probar (por ejemplo, compraventa), y en otros sucede siempre por la propia naturaleza del contrato (por ejemplo, mandato). En los contratos a título gratuito, en principio la identidad del otro contratante es siempre relevante, pues en ellos se pretende siempre favorecer a alguien en concreto. El error jurídicamente relevante puede recaer, no sobre la identidad de la persona, sino sobre determinadas cualidades de la misma[246]. Como regla general, no es jurídicamente relevante el error sobre la solvencia del otro contratante.

d)    La excusabilidad del error

Aunque no se establece expresamente en el Código Civil, doctrina y jurisprudencia exigen desde hace décadas que el error, además de esencial, sea excusable[247]. La excusabilidad, que se deduce de los principios de autorresponsabilidad y de buena fe (art. 7 CC), implica que el error no es imputable al contratante que lo padece, pues no lo ha advertido a pesar de haber actuado con una normal diligencia. Por el contrario, el error es inexcusable cuando pudo ser evitado empleando una diligencia media[248]. La función básica de la excusabilidad es “impedir que el ordenamiento proteja a quien ha padecido el error, cuando éste no merece esa protección por su conducta negligente” (STS 4.1.1982)[249].

Admitida la excusabilidad como requisito del error, la dificultad consiste en determinar los criterios que deben utilizarse para apreciarla[250]. A estos efectos, la excusabilidad es un requisito complejo, en el sentido de que para su apreciación debe valorarse la conducta del contratante que sufre el error (para comprobar si actuó con la diligencia debida), pero también el comportamiento del otro contratante, que en determinadas circunstancias puede tener gran relevancia a los efectos de apreciar la excusabilidad.

1) El primer criterio al que debe acudirse es el de la normal diligencia del contratante víctima del error. El error es inexcusable cuando quien lo padece no ha empleado la diligencia normalmente exigible, de tal modo que cualquiera en su situación habría tenido un conocimiento exacto de la realidad. La regla es, por tanto, que el error se imputa a quien lo invoca cuando actúa sin la diligencia que le era exigible. La diligencia ha de apreciarse valorando las circunstancias de toda índole que concurren en el caso concreto; en particular, las circunstancias personales del errans (edad, nivel cultural, etc.); así, su condición de profesional o experto en la materia del contrato es relevante, pues en tal caso la diligencia exigible para desvanecer el error es superior a la normal[251]. Pero también hay que tomar en consideración otras circunstancias externas a la persona del contratante; por ejemplo, el asesoramiento jurídico de letrados[252], o la posibilidad de consultar los registros públicos[253].

2) Sin embargo, para apreciar la excusabilidad no sólo hay que tomar en consideración la diligencia del errans, sino que también debe analizarse la conducta del otro contratante. En efecto, el comportamiento del otro contratante puede ser de tal naturaleza que sea razonable imputarle a él el error. En tal caso, el error será excusable, y es posible que esto suceda incluso aunque el errans haya actuado sin la diligencia debida[254]. De este modo se consigue un mejor reparto del riesgo del error entre los contratantes: el contratante que padece el error debe, en principio, soportar sus consecuencias, salvo en aquellos casos en los que, debido a la conducta del otro contratante, pueda afirmarse que su interés a la conservación del contrato (frente al interés del errans en su anulación) no sea digno de protección. Esto puede suceder en tres hipótesis: a) error conocido por el otro contratante; b) error recognoscible por ese contratante; c) error provocado por él.

a) Error conocido por el otro contratante. En principio, cabe sostener que si al tiempo de la conclusión del contrato el otro contratante conoce el error esencial que padece el errans, y no le informa de ello, el error será excusable. Y ello aunque se trate de un error negligente (el errans no ha actuado con la diligencia debida). Pero esta regla debe matizarse: debe aplicarse exclusivamente cuando la reticencia del otro contratante (que conoce el error y calla) es ilícita, por ser contraria a la buena fe[255]. Si sobre el otro contratante recae un deber precontractual de información, y lo incumple, la reticencia es ilícita, y ello determina el carácter excusable del error (con independencia de la negligencia o diligencia del errans). Esta consecuencia es lógica: no es merecedor de tutela el interés a la conservación del contrato del contratante que realiza un comportamiento contrario a la buena fe, que incumple el deber de informar del error esencial ajeno. Por el contrario, si la reticencia es lícita (pues no existe deber precontractual de información), el dato de que el error sea conocido por el otro contratante es, en cierto modo, irrelevante, por lo que la excusabilidad del error deberá juzgarse atendiendo a si el errans desplegó la diligencia ordinaria o actuó negligentemente.

b) Error recognoscible por el otro contratante. Se parte de la siguiente hipótesis: el otro contratante no conoce el error, pero el error era para él recognoscible, pues de haber usado una normal diligencia lo habría advertido. La recognoscibilidad del error no es un requisito adicional, complementario de la excusabilidad[256]. Es un parámetro más para juzgar el carácter excusable del error. Si el error no es recognoscible por el otro contratante, la excusabilidad se apreciará en función de la diligencia empleada por el errans. Pero si el error es recognoscible, ¿será siempre excusable, aunque el errans se haya comportado negligentemente? Creo que no, y que el error recognoscible es excusable sólo en el caso de recognoscibilidad ilícita: cuando el otro contratante hubiera estado obligado a informar al errans del error (por existir un deber precontractual de información) que debería haber advertido si hubiera actuado con la diligencia normal. En los demás supuestos de error recognoscible, la excusabilidad se apreciará conforme a la diligencia empleada por el errans[257].

c) El error provocado o inducido por el otro contratante. Es el error que ha sido ocasionado por la conducta del otro contratante, ya sea activa u omisiva (reticencia). Hay que distinguir varias hipótesis:

i) Error provocado dolosamente. Acontece cuando la conducta del otro contrantante constituye una conducta dolosa, en los términos de los arts. 1269 y 1270 CC. En tal caso, el error es siempre excusable, incluso aunque pueda considerarse negligente la conducta del errans[258].

ii) Error provocado negligentemente. Sucede cuando el error tiene su origen en una conducta del otro contratante antijurídica, contraria a la buena fe, pero no dolosa[259]. Aunque la cuestión es dudosa, debe considerarse que el error es siempre excusable[260]. Y ello aunque la conducta del errans no alcance la diligencia media. Así debe ser, pues el error ha sido causado por la conducta ilícita del otro contratante, que ha violado negligentemente los deberes de lealtad derivados de la buena fe in contrahendo. El errans contrató en la confianza creada por el comportamiento negligente del otro contratante, por lo que, aunque también él actuara negligentemente, el error será excusable.

iii) Error provocado por un comportamiento negocial del otro contratante no constitutivo de dolo o culpa. Se trata del error que ha sido inducido por una conducta (activa u omisiva) del otro contratante que no implica una violación del deber, que pesa sobre los contratantes, de desplegar una diligencia media con el fin de evitar comportamientos que puedan originar en el otro contratante un error esencial[261]. Es evidente que el hecho de que el error haya sido provocado por el otro contratante, aunque ese comportamiento sea lícito, ha de ser valorado en el juicio de excusabilidad. Así lo ha establecido con claridad el Tribunal Supremo[262]. Pero, a diferencia de los dos casos anteriores (conducta dolosa o culposa), el error no será considerado siempre excusable. Que el error tenga su origen en un comportamiento lícito del otro contratante constituye un indicio de excusabilidad, y ese dato deberá valorarse con todas las demás circunstancias del caso concreto, para advertir si el error pudo haber sido evitado por el errans mediante el uso de una normal diligencia.

e)    El error de derecho

Aunque tradicionalmente se ha sostenido la irrelevancia del error de derecho, hoy es comúnmente admitido que en el art. 1266 CC cabe también este tipo de error. El error de derecho se caracteriza por el carácter jurídico (y no fáctico) de la realidad erróneamente representada. Se produce cuando un contratante celebra el contrato en la “ignorancia, defectuoso conocimiento o equivocada interpretación” de una disposición legal (STS 27.5.1982)[263]. En unos casos, el error de derecho se presenta como error acerca de las cualidades jurídicas del objeto[264]. En otros, como error en los motivos incorporados al contrato[265]. Por otra parte, conviene no confundir el error de derecho con el principio de que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, pues se trata de cuestiones distintas. Evidentemente, no puede alegarse error para eludir el cumplimiento de lo que impone una dispoción legal.

El error de derecho debe reunir los mismos requisitos que el error de hecho: esencialidad y excusabilidad. En relación a este último presupuesto, su apreciación debe hacerse atendiendo a las características del error padecido, y a la condición de las personas que celebran el contrato. Desde esta premisa, la jurisprudencia ha señalado que el error de derecho es excusable cuando lo sufre una persona poco versada en leyes[266], en tanto que es inexcusable cuando el error recae sobre normas aplicables a la actividad comercial del sujeto[267]. Igualmente, el error de derecho es inexcusable cuando el contratante actúa asesorado por letrados[268].

f)    El error de cuenta

El error de cuenta no constituye un vicio del consentimiento que permita impugnar el contrato. Así lo establece el art. 1266.III CC, según el cual en tal caso sólo cabe la corrección del error. El error de cuenta es el que se produce en las operaciones de cálculo, y puede subsanarse fácilmente mediante una simple operación aritmética. Sí es jurídicamente relevante, en cambio, el error sobre el establecimiento de las bases del cálculo, o sobre los factores necesarios para realizar el cálculo, cuando concurren los requisitos de esencialidad y excusabilidad[269]. El error de cuenta, que da lugar a su corrección, exige para su apreciación la necesaria prueba que precise el alcance contable de la equivocación[270].

Hay que analizar también otro tipo de errores cuantitativos. Así, si un contratante sufre en un error acerca de la cantidad, volumen, o peso del objeto, el contrato es anulable, siempre que el error sea esencial y excusable. Precisamente por no concurrir este último requisito (un contratante diligente lo hubiera advertido), el error sobre la cantidad será, en la mayoría de las ocasiones, jurídicamente irrelevante[271]. En cuando al error sobre el valor de un bien, es jurídicamente irrelevante, salvo que el error sobre el valor sea consecuencia de un error previo sobre las cualidades del objeto (que sí puede considerarse como un error vicio).

NOTAS:

[95]       STS 25.11.2000 (Tol 10987).

[96]       Como sucede, por ejemplo, cuando uno levanta la mano en una subasta porque otro se la levanta por la fuerza, o cuando un sujeto toma la mano de otra persona para colocar sus huellas dactilares en un escrito, como muestra de su conformidad.

[97]       Morales Moreno, "Comentario a arts. 1267 y 1268", en Albaladejo/Díaz Alabart (Dir.), Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, Tomo XVII, Vol. 1-B, p. 345; Gordillo, "Violencia viciante, violencia absoluta e inexistencia contractual", RDP, 1983, pp. 223 y 230; Jordano Fraga, Falta absoluta de consentimiento, interpretación e ineficacia contractuales, Bolonia, Real Colegio de España, 1988, p. 271.

[98]       De Castro, El negocio…, cit., pp. 135; Morales Moreno, "Comentario a arts. 1267 y 1268", en Albaladejo/Díaz Alabart (Dir.), Comentarios al Código Civil…, cit., p. 347. La posibilidad o imposibilidad de resistir frente a la fuerza deberá ser valorada de acuerdo con las circunstancias de cada caso concreto.

[99]       De Castro, El negocio…, cit., p. 135; Díez-Picazo, Fundamentos…, vol. I, p. 161.

[100]      De Castro, El negocio…, cit., pp. 138 y ss.; A. M. Morales Moreno, "Comentario a arts. 1267 y 1268", en Albaladejo/Díaz Alabart (Dir.), Comentarios al Código Civil…, cit., pp. 362 y ss.

[101]      SSTS 31.12.1979 (RJA 4499), 26.11.1985 (RJA 5903), 21.7.1993 (RJA 6102), 5.10.1995 (Tol 210770), 13.12.2000 (Tol 99668), 21.10.2005 (Tol 731293).

[102]      Para que haya intimidación es preciso que uno de los contratantes o persona que con él se relacione, valiéndose de un acto injusto y no del ejercicio correcto y no abusivo de un derecho, ejerza sobre el otro una coacción o fuerza moral de tal entidad que por la inminencia del daño que pueda producir y el perjuicio que hubiere de originar, influya sobre su ánimo induciéndole a emitir una declaración de voluntad no deseada y contraria a sus propios intereses [SSTS 25.5.1944 (RJA 800), 27.2.1964 (RJA 1153), 31.12.1979 (RJA 4499), 22.4.1991 (RJA 3014), 21.7.1993 (RJA 6102), 4.10.2002 (Tol 225416), 21.10.2005 (Tol 731293)].

[103]      El TS exige también que la declaración de voluntad de la víctima sea "contraria a sus propios intereses". En realidad, esta exigencia de decidir contra el propio interés no es un requisito de la intimidación, sino un mero indicio de que existe intimidación (Pasquau Liaño, en Pasquau Liaño (Dir.), Jurisprudencia civil comentada. Código Civil, T. II, Granada, Comares, 2000, p. 2193).

[104]      La Ley 11/1990 modificó el art. 1267 CC, eliminando de su párrafo tercero la referencia al sexo como uno de las circunstancias a las que hay que atender para calificar la intimidación. A pesar de ello, el sexo de la víctima es un dato más que puede ser tomado en consideración a esos efectos.

[105]      Así, De Castro, El negocio…, cit., pp. 143 y 144.

[106]      Salvo que se admita que en estos casos el daño recaería directamente en el amenazado, que experimentaría una pérdida o daño moral.

[107]      RJA 1232.

[108]      RJA 732.

[109]      Morales Moreno, "Comentario a arts. 1267 y 1268", en Albaladejo/Díaz Alabart (Dir.), Comentarios al Código Civil…, cit., p. 351. Según este autor, esta solución provoca un adecuado reparto de los riesgos entre los contratantes, pues quien causa temor sólo deberá soportar las consecuencias de la protección a la persona que lo padece si pudo advertir que lo provocaba.

[110]      Fue introducido por las SSTS 12.2.1915 (JC 132, núm. 72, pp. 443 y ss.) y 16.12.1915 (JC 134, núm. 142, pp. 955 y ss.).

[111]      Se sigue, en este punto, a Del Olmo García, La amenaza de incumplir un contrato como vicio del consentimiento, Valencia, Tirant lo blanch, 2003, pp. 46 y ss.

[112]      Tol 210364.

[113]      RJA 3991.

[114]      Morales Moreno, "Comentario a arts. 1267 y 1268", en Albaladejo/Díaz Alabart (Dir.), Comentarios al Código Civil…, cit., pp. 363 y 364. Justifica esta tesis con el argumento de que el ordenamiento jurídico no puede consagrar resultados alcanzados utilizando medios ilícitos para realizar el propio derecho.

[115]      De Castro, El negocio…, cit., p. 145; Del Olmo García, La amenaza…, cit., pp. 68 y ss. Según este autor, el pago o cumplimiento es un acto debido, por lo que la voluntad de las partes desempeña un papel pequeño en este tipo de actos. Por ello, no existe en el pago una voluntad relevante sobre la que se pueda afirmar la existencia de intimidación.

[116]      García Vicente, "La intimidación en los contratos (estudio jurisprudencial)", RdP, 2002-2, nº 9, pp. 127 y 128.

[117]      García Vicente, "La intimidación…", cit., p. 127. Como señala este autor, esta regla deriva del principio del "agotamiento del derecho": el titular del derecho puede apurar al máximo todas sus ventajas, ejerciendo todas las posibilidades que comprende, haciéndolo valer en toda su extensión.

[118]      Así denominada por Del Olmo García, La amenaza…, cit., p. 54.

[119]      SSTS 18.2.1944 (RJA 295), 21.3.1950 (RJA 1950), 6.12.1985 (RJA 6324), 22.4.1991 (RJA 3014), 21.7.1993 (RJA 6102), 4.10.2002 (Tol 225416), 21.10.2005 (Tol 731293).

[120]      García Vicente, "La intimidación…", cit., pp. 128 y 129.

[121]      Del Olmo García, La amenaza…, cit., pp. 65 y ss.; A. M. Morales Moreno, "Comentario a arts. 1267 y 1268", en Albaladejo/Díaz Alabart (Dir.), Comentarios al Código Civil…, cit., pp. 359 y ss.

[122]      Más ejemplos: producido un daño extracontractual, acreedor y deudor pactan en un convenio la cuantía de los daños, ante la amenaza de aquél de reclamar judicialmente los daños. Ante la posible comisión de una apropiación indebida por uno de sus empleados, la entidad de crédito le amenaza con denunciarlo si no le restituye lo indebidamente apropiado; el sujeto amenazado, que restituye esa partida, no podrá alegar intimidación, pues la amenaza no es injusta [STS 5.3.1992 (Tol 178661)].

[123]      Ejemplo de esta hipótesis en la STS 11.12.1986 (RJA 7432).

[124]      Otro ejemplo: los pescadores, que ya están en alta mar, anuncian que no realizarán su trabajo si el patrón que los contrató no aumenta los salarios pactados en un 15%.

[125]      SSTS 7.2.1995 (Tol 211256), 5.10.1995 (Tol 210770), 21.7.1998 (Tol 2699), 25.11.2000 (RJ 9302). Se sigue la exposición de Del Olmo García, La amenaza…, cit., pp. 130 y ss.

[126]      En definitiva, cuando desaparece sobrevenidamente la base del negocio, el deudor puede lícitamente amenazar con incumplir el contrato, pues tiene el derecho a solicitar una modificación del contrato, y la amenaza de incumplimiento no es sino un ejercicio extrajudicial de este derecho. Ahora bien, la amenaza de incumplir sólo es lícita cuando los términos de la novación propuesta por el deudor son equitativos, esto es, cuando el ejercicio del derecho a modificar el contrato permitiera una revisión del mismo en los términos propuestos por el deudor.

[127]      En la práctica, la violencia e intimidación provocada por un tercero tienen poca relevancia. La STS 21.3.1950 (RJA 709) contempla un caso de intimidación de tercero en la celebración de un matrimonio.

[128]      Así, en la STS 25.6.1953 (RJA 1995) se trata de "organizaciones sindicales rojas" y "organismos marxistas".

[129]      Sentencias del Tribunal especial de contratación en zona roja de 15.2.1943 (RJA 148), 16.6.1944 (RJA 831), 7.2.1945 (RJA 151), y 30.4.1947 (RJA 608).

[130]      Tol 341428.

[131]      El marido, de marcado carácter violento, amenazaba constantemente a su esposa, a la que tenía atemorizada. La situación se asemeja bastante al temor ambiental.

[132]      Así, en SSTS 30.6.1944 (RJA 948), 20.2.1947 (RJA 154), y 25.6.1953 (RJA 1995).

[133]      Así, expresamente, STS 16.7.1991 (RJA 5391).

[134]      De Castro, El negocio…, cit., p. 142. También se ha propuesto acudir a la rescisión por lesión, en tanto que se produce la obtención de ventajas excesivas (Martín Pérez, La rescisión del contrato (En torno a la lesión contractual y al fraude de acreedores), Barcelona, Bosch, 1995, pp. 252 y ss.).

[135]      Por ejemplo, en los testamentos (art. 673), en la aceptación o repudiación de la herencia (art. 997), en el pago de lo perdido en juego de suerte, envite o azar (art. 1798), o en la transacción (art. 1817).

[136]      Tol 316423.

[137]      Tol 448415.

[138]      El Tribunal Supremo utiliza expresiones muy variadas para definir esta situación: "actuación maliciosa [STS 1.3.1949 (RJA 281)], "actividad preconcebida y dirigida maliciosamente a engañar" [STS 28.2.1969 (RJA 1034)], "mecanismo engañoso captatorio de la voluntad del contratante" [STS 27.1.1988 (RJA 151)], "astucia, falacia o maquinación empleada para sorprender, engañar o defraudar al otro" [STS 18.7.1988 (RJA 5727)].

[139]      Como hace Díez-Picazo, Fundamentos…, Vol. I, p. 172.

[140]      De Castro, El negocio…, cit., p. 149; Morales Moreno, "Comentario a arts. 1269 y 1270", en Albaladejo/Díaz Alabart (Dir.), Comentarios al Código Civil…, cit., p. 384.

[141]      Según la STS 26.10.1081 (RJA 4001), "la noción de dolo carga su acento, en cualquiera de sus formas, en la conducta «insidiosa» del agente…, no en el error inducido de éste, independientemente de que esta situación psicológica se dé o no en él" (la cursiva es mía).

[142]      Las diferencias son notables. Por una parte, el error ha de ser esencial: sólo es jurídicamente relevante cuando recae sobre la sustancia de la cosa, sobre aquellas cualidades de la cosa que principalmente hayan dado motivo a celebrar el contrato, o sobre la identidad de la persona del otro contratante (art. 1266). Estos límites no existen en el dolo, a través del cual puede alcanzar relevancia el error de cálculo, el error de valoración o el error sobre los motivos. Por otra parte, el error ha de ser excusable, circunstancia ésta que no debe concurrir en el dolo. Además, en el dolo (y no en el error) ha de existir una conducta de la contraparte, que ha de ser antijurídica, y que tiene el propósito de engañar (animus decipiendi).

[143]      Desde el punto de vista de la cosa juzgada, si una sentencia rechaza la existencia de dolo, es posible presentar una nueva demanda por error.

[144]      Así sucede, por ejemplo, en las SSTS 6.6.1953 (RJA 1638), 20.1.1964 (RJA 355), 14.2.1994 (Tol 204817).

[145]      De Verda y Beamonte, "El dolo in contrahendo", RdP, 2006-1, nº 16, pp. 59 y 60.

[146]      Como indica Rojo Ajuria, El dolo en los contratos, Madrid, Cívitas, 1994, p. 206), "cuanto más ampliamente se admite la relevancia jurídica del error, tanto desde la construcción dogmática como desde el punto de vista práctico, el dolo tiende a ocupar un papel secundario, subordinado al del error" (la cursiva es del autor).

[147]      SSTS 13.5.1991 (RJA 3664), 29.3.94 (Tol 199649), 12.6.2003 (Tol 286091).

[148]      Tol 104023.

[149]      En casos de causalidad concurrente, Rojo Ajuria (El dolo…, cit., p. 183) propone aplicar la doctrina del incremento del riesgo utilizada por Pantaleón en el ámbito de la responsabilidad extracontractual: no cabe imputar a una determinada conducta (engaño) un concreto evento (error), si dicha conducta no ha incrementado el riesgo de que se produzca el evento (error); cuando, suprimida mentalmente aquella conducta, o introducida mentalmente la acción debida (en los casos de omisión), el evento (vicio del consentimiento), en su configuración totalmente concreta, se hubiera producido también, con seguridad o con una probabilidad rayana en la certeza.

[150]      Rojo Ajuria, El dolo…, cit., pp. 231, 244 y 245; Díaz Alabart, "La gravedad del dolo", Act. Civ., 1987-2, p. 2647.

[151]      La STS 15.7.1987 (RJA 5494) declara que "no elimina la existencia del dolo empleado por una parte la circunstancia de la ingenuidad o buena fe de la otra". La STS 26.10.1981 (RJA 4001) establece que "no se puede ni se debe premiar la mala fe insita en el dolo so pretexto de la confianza ajena, calificando a ésta de ingenuidad ("simplicitas"), como si el Derecho debiera ser más el protector de los astutos que el defensor de los confiados". En la misma línea, la STS 20.12.1967 (RJA 5173).

[152]      Lo dicho no significa que haya que desatender las circunstancias personales de la víctima del dolo, pues éstas pueden ser relevantes para determinar si hubo captación de su voluntad y nexo de causalidad entre la conducta insidiosa y la declaración de voluntad.

[153]      RJA 4121.

[154]      RJA 1034.

[155]      RJA 5727.

[156]      Tol 216956.

[157]      Entre otras, SSTS 23.2.1934 (RJA 278), 13.2.1967 (RJA 660), 20.12.1967 (RJA 5173), 15.7.1987 (RJA 5494), 27.2.1989 (RJA 1403), 21.7.1995 (Tol 211050).

[158]      RJA 5494. Un matrimonio, aprovechándose de las especiales características de la víctima ("mujer de avanzada edad y viuda desde hace muchos años, que vive sola y carente de ambiente y afecto familiares, y que consagra su vida e inquietudes al cuidado y atención de los animales"), se gana su confianza y construyen una relación de familiaridad tal que consiguen que les venda un piso en Madrid y una extensa finca por un precio muy inferior al de mercado.

[159]      Rojo Ajuria, El dolo…, cit., pp. 250 y ss.

[160]      Según Rojo Ajuria, la solución a estos supuestos se encuentra en el art. 7 CC (El dolo…, cit., p. 253).

[161]      Defendida por De Castro, El negocio…, cit., pp. 150 y ss., a quien sigue Morales Moreno, "Comentario a arts. 1269 y 1270", en Albaladejo/Díaz Alabart (Dir.), Comentarios al Código Civil…, cit., pp. 384 y 385.

[162]      De acogerse esta postura, habrá que reputar como acertada la doctrina jurisprudencial que califica estos casos como dolo. Y llevada esta tesis a sus últimas consecuencias, habrá que admitir que hay dolo porque un contratante se aprovecha de mala fe de la situación de debilidad de la contraparte, con independencia de que exista un desequilibrio de prestaciones (pues esta circunstancia no es un requisito del dolo).

[163]      De Castro, El negocio…, cit., p. 150.

[164]      Tol 199649.

[165]      RJA 9616.

[166]      Tol 60993.

[167]      Tol 213002.

[168]      Tol 448415.

[169]      RJA 5727.

[170]      RJA 2201.

[171]      RJA 5229.

[172]      RJA 8375.

[173]      Tol 564813.

[174]      Tol 136354.

[175]      Tol 225620.

[176]      Sobre el particular, en detalle, Gómez Calle, Los deberes precontractuales de información, Madrid, La Ley, 1994.

[177]      De Verda y Beamonte, "El dolo…", cit., p. 51, que en lo sustancial sigue a Gómez Calle, Los deberes…, cit., pp. 18 y ss.

[178]      Así, si el comprador de una finca tiene la información -desconocida por el vendedor- de que en ella hay un yacimiento minero, no está obligado a transmitírsela al vendedor.

[179]      Por ejemplo, el que vende un violín que el comprador considera un Stradivarius, no siéndolo en realidad, tiene el deber precontractual de comunicar al comprador esa información.

[180]      Ejemplo: una compañía minera emplea mucho dinero en descubrir que en el subsuelo de un terreno existen grandes cantidades de sulfato, circunstancia ésta que es desconocida por el vendedor. El comprador no tiene el deber precontractual de informar sobre ello.

[181]      Si falta alguno de estos requisitos, la reticencia debe considerarse negligente (y no dolosa). Así sucederá, por ejemplo, cuando falta el animus decipiendi (porque el contratante que calla no tiene intención en influir en la voluntad del otro sujeto o porque, conociendo que su silencio influirá en su voluntad de contratar, ignora que esa es la causa determinante de la celebración del contrato, circunstancia de la que se podía haber percatado si hubiera desplegado una normal diligencia). Se trata de una reticencia ilícita, pero no dolosa, que no constituye dolo. Pero si provoca en la víctima un error esencial podrá solicitarse la nulidad por error. En este punto, conviene señalar que el error provocado por una reticencia negligente del otro contratante es siempre excusable.

[182]      Como afirma la jurisprudencia, la conducta dolosa es una conducta "intencionada o dirigida a provocar la declaración negocial" [STS 29.3.1994 (Tol 199649)]. En la misma línea, SSTS 11.6.2003 (Tol 276114) y 12.6.2003 (Tol 286091).

[183]      El animus decipiendi "no implica precisamente la intención deliberada de ocasionar perjuicios a la otra parte" [STS 1.10.1986 (RJA 5229)]. Aunque existen sentencias que afirman expresamente lo contrario [STS 29.12.1999 (Tol 11142)].

[184]      Recogen supuestos de dolus bonus las SSTS 21.2.1956 (RJA 1104), y 12.6.1982 (RJA 3416). En ésta última, califica como tal la afirmación que un autor hace a un editor de que un libro se venderá "de forma masiva".

[185]      El dolus bonus no puede constituir un caso de error, pues por su propia naturaleza se trata de un error inexcusable: si la víctima hubiera actuado con diligencia habría advertido el carácter exagerado de las afirmaciones del vendedor.

[186]      Díez-Picazo, Fundamentos…, Vol. I, p. 172. Así lo entiende el Tribunal Supremo; entre otras, SSTS 18.6.1955 (RJA 2385), 22.12.2001 (Tol 129903).

[187]      Rojo Ajuria, El dolo…, cit., pp. 232 y ss.; Díaz Alabart, "La gravedad…", cit., pp. 2644 y ss.

[188]      Morales Moreno, "Comentario a arts. 1269 y 1270", en Albaladejo/Díaz Alabart (Dir.), Comentarios al Código Civil…, cit., p. 403.

[189]      Sobre el particular, Rojo Ajuria, El dolo…, cit., p. 232.

[190]      Esta distinción se plasma ya en la STS 31.10.1924 (JC 57).

[191]      Según Rojo Ajuria, El dolo…, cit., pp. 149, esta es una afirmación recurrente en autores de la época, como García Goyena, Pothier o Demolombe.

[192]      En unos casos, porque considera dolo incidental el que se produce después de la celebración del contrato, confundiéndolo con el incumplimiento [así, en la STS 31.10.1924 (JC 57)]. En otros, porque se alude a la distinción para confirmar, sin más, que en el caso de autos el dolo es causante. En fin, hay sentencias que se limitan a señalar que el supuesto que analiza es de dolo incidental, sin dar mayores explicaciones [SSTS 14.12.1995 (RJA 9101), 8.11.1997 (Tol 215403), 30.6.2000 (RJA 6747)].

[193]      Rojo Ajuria, El dolo…, cit., p. 175. Como señala la STS 1.10.1986 (RJA 5229), hay dolo causante cuando "pueda racionalmente presumirse que, de no haber existido el comportamiento doloso, no se hubiera efectuado la operación".

[194]      Carrasco, "Comentario al art. 1101", en Albaladejo/ Díaz Alabart (Dir.), Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, Tomo XV, Vol. 1, p. 432.

[195]      En los que no se puede distinguir entre contratante y tercero, sino entre interesado o beneficiario y extraño (De Castro, El negocio…, cit., p. 154).

[196]      Morales Moreno, "Comentario a arts. 1269 y 1270", en Albaladejo/Díaz Alabart (Dir.), Comentarios al Código Civil…, cit., p. 395. Según este autor, "el carácter gratuito de la causa y la conexión de esta causa con la voluntad del disponente debe influir en la ponderación del conflicto de intereses".

[197]      Rojo Ajuria, El dolo…, cit., pp. 115 y 116.

[198]      Algunos autores se limitan a señalar que el contrato no se puede anular, sin sostener expresamente que sea válido (así, Rojo Ajuria, El dolo…, cit., p. 117; Morales Moreno, "Comentario a arts. 1269 y 1270", en Albaladejo/Díaz Alabart (Dir.), Comentarios al Código Civil…, cit., p. 403). Otros parecen admitir la validez del contrato (Díez-Picazo, Fundamentos…, vol. I, p. 175; Díez-Picazo/Gullón, Sistema…, II, p. 59; Lacruz, Elementos de Derecho Civil, II-1º, p. 375), o declaran directamente su validez (Puig I Ferriol/Gente-Alonso y Calera/Gil Rodríguez/Hualde Sánchez, Manual de Derecho Civil, II, 3ª ed., Madrid, Marcial Pons, 2000, p. 615).

[199]      Fuenteseca, El dolo recíproco, Madrid, Dykinson, 2002, pp. 150 y ss., y pp. 261 y ss.

[200]      Como señala la citada autora, "no es posible mantener la validez de un negocio en que ambas partes han actuado con dolo, es decir, contra un principio general del derecho plasmado en los arts. 7.1º y 1.25 CC. Creo que resulta contradictorio afirmar, por un lado, que si el dolo es unilateral el negocio sería anulable, es decir, susceptible de desaparecer del panorama jurídico ejercitando la acción destinada al efecto y, simultáneamente, afirmar que si el dolo es recíproco, prescindiendo de lo anterior, no cabe impugnación alguna" (p. 151). Más adelante añade que "no es posible mantener, con fundamento en la idea de reciprocidad, que el dolo, cuando concurre en ambas partes, transforma el contrato en válido, precisamente por esa nota de reciprocidad. No creo que sea ese el efecto correspondiente de dos comportamientos contrarios a la buena fe que coinciden en un determinado negocio".

[201]      Aunque existen otros muchos artículos del Código Civil que se refieren al error: 73.4º, 76, 773, 997, 1081, 1265, 1817, 1895, 1901.

[202]      Por ejemplo, se compra un cuadro en la creencia de que su autor es un afamado pintor, cuando en realidad es obra de un autor desconocido.

[203]      En el epígrafe II.7.A.

[204]      Morales Moreno, El error en los contratos, Madrid, Ceura, 1988, pp. 88 y ss.

[205]      La doctrina del TS en este punto es constante: SSTS 14.6.1943 (RJA 719), 14.5.1968 (RJA 3733), 12.2.1979 (RJA 439), 9.4.1980 (RJA 1411), 21.4.2004 (Tol 392354).

[206]      SSTS 2.3.1965 (RJA 1237), 14.5.1968 (RJA 3733), 22.5.1971 (RJA 2906), 30.5.1995 (Tol 210390).

[207]      RJA 179.

[208]      Parte de la doctrina exige un tercer requisito: la recognoscibilidad del error por la otra parte contratante. En realidad, la recognoscibilidad debe analizarse al hilo de la excusabilidad, pues no es sino un parámetro más para advertir si el error es o no excusable.

[209]      SSTS 20.11.1989 (RJA 7894), 6.2.1998 (RJA 408), 26.7.2000 (Tol 170860).

[210]      En El error…, cit., pp. 194 y ss.

[211]      Por ejemplo, la ley puede imponer determinados niveles cualitativos en un producto.

[212]      Como señala la STS 4.1.1982 (RJA 179), los criterios del tráfico económico jurídico son decisivos para valorar lo que es relevante y primordial en el bien objeto del contrato.

[213]      RJA 1316.

[214]      RJA 3958.

[215]      RJA 950.

[216]      RJA 709.

[217]      RJA 742.

[218]      RJA 2359.

[219]      RJA 7902.

[220]      Tol 208617.

[221]      Tol 214540.

[222]      RJA 3958.

[223]      RJA 4234.

[224]      RJA 1411.

[225]      RJA 3052.

[226]      RJA 2359.

[227]      RJA 1411.

[228]      RJA 179.

[229]      RJA 1638.

[230]      RJA 1469.

[231]      Tol 214516.

[232]      Tol 170860.

[233]      RJA 6803.

[234]      Tol 995548.

[235]      RJA 3595.

[236]      RJA 742.

[237]      RJA 4121.

[238]      RJA 2067.

[239]      RJA 4234.

[240]      RJA 92.

[241]      RJA 3416.

[242]      RJA 179.

[243]      RJA 151.

[244]      RJA 4001.

[245]      RJA 3557.

[246]      En la STS 7.1.1964 (RJA 118) el error recaía sobre los conocimientos técnicos del socio industrial.

[247]      Es la STS 14.6.1943 (RJA 719) la primera que formula este requisito como tal.

[248]      Es reiterada doctrina jurisprudencial la de que, "para ser invalidante, el error padecido en la formación del contrato, además de ser esencial, ha de ser excusable" [STS 18.2.1994 (Tol 208617)], de modo que "un error que se haya podido evitar con una regular diligencia no puede ser invocado por el que haya incurrido en él para anular la declaración" [STS 14.6.1943 (RJA 719)].

[249]      RJA 179.

[250]      Estos criterios han ido perfilándose poco a poco en la jurisprudencia. Una formulación acabada de los mismos se contiene en la STS 18.2.1994 (Tol 208617), que es seguida por sentencias posteriores: SSTS 28.9.1996 (Tol 214516), 6.2.1998 (RJA 408).

[251]      SSTS 28.2.1974 (RJA 742), 9.4.1980 (RJA 1411), 12.6.1982 (RJA 3416), 17.5.1988 (RJA 6360).

[252]      El hecho de haber celebrado el contrato con asesoramiento jurídico e intervención de letrados es un claro indicio de inexcusabilidad, sobre todo en relación con el error de derecho [SSTS 4.12.1985 (RJA 6202), 30.5.1991 (RJA 3948)].

[253]      El error es inexcusable cuando el contratante podría haber advertido el error de haber consultado el Registro de la Propiedad o algún registro administrativo [STS 13.4.1998 (Tol 169384)].

[254]      Por eso no cabe identificar las nociones error negligente y error inexcusable. Pues aun siendo negligente la conducta del errans, el error será excusable si puede imputársele al otro contratante.

[255]      Sobre cuándo la reticencia es ilícita, me remito a lo expuesto al hilo del estudio de la reticencia dolosa [epígrafe II.6.B.c.1)].

[256]      Aunque un sector doctrinal lo considera como un tercer requisito del error, y así se establece también obiter dicta en algunas sentencias [SSTS 2.3.1965 (RJA 1237), 1.6.2005 (Tol 656583)].

[257]      Así, Morales Moreno, El error…, cit., pp. 229 y ss. En contra, De Verda y Beamonte, Error…, cit., p. 134, para quien todo supuesto de recognoscibilidad provoca que el error sea excusable.

[258]      No es admisible que quien engaña pueda obtener una posición de ventaja, en perjuicio de quien (negligente o no) fue engañado.

[259]      Ejemplos: el vendedor no pone la debida diligencia al informar sobre las cualidades del producto, e incurre en inexactitudes respecto a las mismas; o cuando las inexactitudes de las informaciones suministradas por el vendedor derivan de un dictamen sobre la cosa por él solicitado a un perito incompetente; o cuando quien calla conoce el error del otro contratante, pero ignora su carácter esencial (aunque si hubiera actuado con diligencia habría advertido esa circunstancia).

[260]      Rojo Ajuria, El dolo…, cit., p. 215; De Verda y Beamonte, Error y responsabilidad en el contrato, Valencia, Tirant lo blanch, 1999, p. 194. En contra, Morales Moreno, El error…, cit., pp. 228 y 229, para quien la negligencia del otro contratante no permite calificar siempre al error de excusable, si bien es cierto que permite una apreciación más benigna de la eventual negligencia en la que pudiera haber incurrido el errans en orden a remediar su equivocación.

[261]      Ejemplos: error inducido por las afirmaciones exageradas del otro contratante que no sobrepasan los límites tolerados por la buena fe (dolus bonus); error provocado por la reticencia lícita del otro contratante (por ejemplo, el contratante conoce el error del errans, pero no le advierte de él, lo cual es lícito pues no existe un deber precontractual de información).

[262]      SSTS 18.2.1994 (Tol 208617), 28.9.1996 (Tol 214516).

[263]      RJA 2605.

[264]      Por ejemplo, cuando recae sobre la habitabilidad jurídica de un trastero [STS 3.6.2003 (Tol 276074)], sobre la situación urbanística de un terreno, sobre las servidumbres legales que existen sobre un inmueble, o sobre la imposibilidad jurídica de instalar un supermercado en un local [STS 18.2.1994 (Tol 208617)].

[265]      Por ejemplo, la renuncia parcial a derechos hereditarios ex lege por la errónea creencia de que la adquisición de los mismos derivada del testamento en el que se le imponía esa renuncia [STS 27.2.1954 (RJA 709)]; reconocimiento de una deuda debido a la errónea interpretación de un testamento [STS 20.12.1967 (RJA 5173)]; error en la interpretación del alcance de una concesión administrativa, que constituía la premisa del contrato de compraventa [STS 6.7.1992 (Tol 189669)]; ignorancia por el adquirente de la necesidad de autorización administrativa para la transmisión de acciones de entidades dedicadas a la explotación de una sala de bingo [STS 26.11.1996 (Tol 217058)]; error sobre la vigencia temporal de un arrendamiento rústico, que determinó la renuncia parcial a la prórroga legal [STS 17.10.1989 (RJA 6929)].

[266]      STS 20.12.1967 (RJA 5173)

[267]      Así, es irrelevante (por inexcusable) el error sobre la situación urbanística de un terreno que sufre el profesional de la construcción.

[268]      STS 4.12.1990 (RJA 9546).

[269]      Así sucede en la STS 25.10.1999 (Tol 2351).

[270]      STS 27.10.2000 (Tol 7478).

[271]      Así, STS 9.4.1980 (RJA 1411).

Tratado de Contratos 

Publicado: 1 de Diciembre de 2014