El Diccionario de la Real Academia Española define el Urbanismo como el conjunto de conocimientos relativos a la planificación, desarrollo, reforma y ampliación de los edificios y espacios de las ciudades. Así, el urbanismo es una ciencia multidisciplinar que se dedica al estudio y análisis de todo lo que atañe al desarrollo de las ciudades, que toma elementos de la arquitectura, la ingeniería, la sociología, la economía urbana, y del derecho. También puede definirse como la organización u ordenación de dichos edificios y espacios; y como la concentración y distribución de la población en ciudades.

Desde el punto de vista del derecho, el Urbanismo es la técnica jurídica que se dedica a regular la organización y ordenación del desarrollo urbano, mediante un conjunto de normas legales y reglamentarias, y finalmente mediante los planes urbanísticos, documentos en los que finalmente se plasma la ordenación de los espacios urbanos, aprobados por el poder público, y de carácter normativo y obligatorio.

Múltiples son las definiciones que los diferentes autores han dado del Urbanismo a lo largo de los años. El Tribunal Constitucional en la trascendental Sentencia 61/1997manifiesta que, sin perjuicio de ulteriores concreciones, el urbanismo, como sector material susceptible de atribución de competencias, alude a la disciplina jurídica del hecho social o colectivo de los asentamientos de población en el espacio físico, lo que, en el plano jurídico, se traduce en la "ordenación urbanística", como objeto normativo de las leyes urbanísticas (recogida en la primera Ley del Suelo de 1956, art. 1).

Sin propósito definitorio, el contenido del urbanismo se traduce en concretas potestades (en cuanto atribuidas a o controladas por entes públicos), tales como las referidas al planeamiento, la gestión o ejecución de instrumentos planificadores y la intervención administrativa en las facultades dominicales sobre el uso del suelo y edificación, a cuyo servicio se arbitran técnicas jurídicas concretas; a lo que ha de añadirse la determinación, en lo pertinente, del régimen jurídico del suelo en tanto que soporte de la actividad transformadora que implica la urbanización y edificación.

El contenido que acaba de enunciarse se traduce en la fijación de lo que pudiéramos llamar políticas de ordenación de la ciudad, en tanto en cuanto mediante ellas se viene a determinar el cómo, cuándo y dónde deben surgir o desarrollarse los asentamientos humanos, y a cuyo servicio se disponen las técnicas e instrumentos urbanísticos precisos para lograr tal objetivo.

Ha de añadirse que, si bien la Constitución no define lo que haya de entenderse por urbanismo, sí proporciona, junto al derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (art. 47.1 ), una serie de importantes principios rectores de la política, en este caso, urbanística, a las que han de atenerse en el ejercicio de sus respectivas competencias, los Entes públicos, a saber: la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación (art. 47.1); y la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística de los Entes públicos (art. 47.2).

Con arreglo a lo establecido en el art. 53.2 , inciso primero, el reconocimiento, el respeto y la protección de tales contenidos del art. 47.1 "informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos.

El 31 de octubre se publicó el Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, que entró en vigor el mismo día de su publicación.

Con esta norma se pretende la refundición del Real Decreto Legislativo 2/2008 y los artículos 1 a 19, las disposiciones adicionales primera a cuarta, las disposiciones transitorias primera y segunda y las disposiciones finales duodécima y decimoctava; así como las disposiciones finales decimonovena y vigésima y la disposición derogatoria, de la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

Responde básicamente a dos objetivos: de un lado aclarar, regularizar y armonizar la terminología y el contenido dispositivo de ambos textos legales, y de otro, estructurar y ordenar en una única disposición general los preceptos de diferente naturaleza y alcance que contienen aquéllos.

Su finalidad es regular, para todo el territorio estatal, las condiciones básicas que garantizan:

a) La igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, relacionados con el suelo.

b) Un desarrollo sostenible, competitivo y eficiente del medio urbano, mediante el impulso y el fomento de las actuaciones que conducen a la rehabilitación de los edificios y a la regeneración y renovación de los tejidos urbanos existentes, cuando sean necesarias para asegurar a los ciudadanos una adecuada calidad de vida y la efectividad de su derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

Asimismo, establece las bases económicas y medioambientales del régimen jurídico del suelo, su valoración y la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en la materia.

Supone la derogación de las disposiciones que refunde.

Según el art. 4 la ordenación territorial y la urbanísticason funciones públicas no susceptibles de transacción que organizan y definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo con el interés general, determinando las facultades y deberes del derecho de propiedad del suelo conforme al destino de éste. Esta determinación no confiere derecho a exigir indemnización, salvo en los casos expresamente establecidos en las leyes.

Publicado: 8 de Enero de 2018