Uno de los rasgos fundamentales del urbanismo es la mutabilidad natural de los Planes. Pese a que todas las leyes urbanísticas autonómicas, sin excepción, reconocen la vigencia indefinida de los mismos, lo cierto es que la propia idea de la ciudad lleva implícita la necesaria revisión o modificación de aquellos para adaptarse a una realidad que, en sí misma, también es cambiante.

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Teniendo en cuenta que la clasificación y calificación de los suelos constituye uno de los contenidos fundamentales de la planificación urbanística, la natural alteración de la misma conllevará en gran medida, la de estos elementos.

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Todo cambio en la clasificación de los suelos supone una "reclasificación" pese a que coloquialmente sólo se aluda a ella cuando la alteración se produce desde el suelo rural al urbanizado.

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La legislación urbanística no ha acuñado el término de la "desclasificación", pero éste es utilizado por la jurisprudencia (STS Sala 3ª de 3 marzo de 1999) para aludir al efecto contrario al que se acaba de comentar. En rigor, puede argumentarse que ambos supuestos constituyen una alteración de la clasificación del suelo, por lo que supondrían una nueva clasificación o "reclasificación" del mismo.

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Los mismo cabe argumentar en relación con la "recalificación" de los terrenos, que técnicamente hablando, constituye una modificación de los parámetros urbanísticos que hasta ese momento han constituido la calificación originaria de aquéllos. Ello es así, tanto si el efecto conseguido es el aumento de aprovechamiento urbanístico, como su disminución. Se tratará en todo caso de una alteración del mismo.

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En cualquier caso, las dos técnicas comentadas inciden directamente en el contenido económico del derecho de propiedad, por lo que todas aquellas modificaciones que sean susceptibles de incorporar nuevos contenidos económicos al patrimonio del propietario del suelo (reclasificaciones que permiten la transformación urbanística de los suelos, o recalificaciones que aumentan el aprovechamiento urbanístico previamente otorgado) serán bien recibidas, mientras que aquellas otras en las que se pase de una situación favorable a otra más desfavorable (reclasificación de suelo urbanizado a rural o disminución de los aprovechamientos reconocidos por un planeamiento anterior) generarán conflictos y, normalmente, el ejercicio de la acción indemnizatoria por responsabilidad patrimonial de la Administración.

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La jurisprudencia ha resaltado reiteradamente que el "ius variandi de la Administración no encuentra su límite en el respeto a los derechos adquiridos en el ordenamiento anterior" (STS Sala 3ª de 27 abril de 1999). Como expuso el Tribunal Supremo en la STS Sala 3ª de 23 febrero de 1993 el éxito alegatorio en contra del ejercicio del ejercicio del "ius variandi" en la ordenación del suelo ", sólo podrá basarse en una clara actividad probatoria que acredite que la Administración ha incurrido en error, o se ha alejado de los intereses a los que debe servir, o no ha tenido en cuenta la función social de la propiedad, o ha actuado con desviación de poder, etc."

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No obstante, las peticiones de responsabilidad patrimonial ante actuaciones administrativas del tipo de las comentadas son habituales. La STS Sala 3ª de 7 noviembre de 2000, reconoció la aparición de una responsabilidad patrimonial de la Administración por la "desclasificación urbanística" de unos terrenos, que siendo con anterioridad susceptibles de ser urbanizados pasaron a no serlo con la entrada en vigor de la Ley Baleares 1/1991 de 30 enero de 1991    Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y de régimen urbanístico de las áreas de especial protección de las Islas Baleares., de Espacios Naturales y Régimen Urbanístico de Especial Protección de las Islas Baleares. Quedando acreditado que la parte recurrente sufrió un perjuicio real y cuantificable al haber incurrido en gastos de preparación de los instrumentos urbanísticos necesarios para la ejecución de aquellos suelos, el TS entendió que existían no meras expectativas aún no patrimonializadas, sino un efectivo y real detrimento del patrimonio privado, el cual debía ser oportunamente indemnizado. En cualquier caso, debe recordarse que sólo aquellos supuestos expresamente tasados por la Ley serán susceptibles de generar derecho a indemnización.

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En relación al derecho a edificar, la STS Sala 3ª de 9 octubre de 2015 hace referencia a las actuaciones urbanísticas sustanciales y satisfecho las cargas y deberes que legalmente se establecen para la patrimonialización del derecho y la obtención de los beneficios reconocidos por el planeamiento, y añade que cuando en ese periodo de ejecución, en el que se hace efectiva la participación del propietario en el proceso urbanizador, se han cumplido los deberes urbanísticos cumpliendo las cargas y deberes correspondientes, es cuando puede considerarse que el propietario ha incorporado a su patrimonio los contenidos artificiales que se adicionaron a su derecho de propiedad inicial.

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Sí deben indemnizarse, dice la STS Sala 3ª de 9 octubre de 2015, las obras cuya realización se ha acreditado, y ha tenido lugar la correspondiente recepción por el Ayuntamiento.

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Al margen de la jurisprudencia, la legislación urbanística ha comenzado a establecer reglas que limitan las posibilidades de reclasificación de determinados suelos, o establecen alguna compensación a cargo de los propietarios en cuyos patrimonios se produce un enriquecimiento como consecuencia de tales actuaciones públicas.

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La limitación más importante de las que pueden encontrarse en la legislación urbanística, es la que impide reclasificar suelos no urbanizables como urbanizables en los supuestos en los que los valores específicos que formaban parte de dichos suelos hayan desaparecido como consecuencia de un incendio, y ello al margen de que el mismo haya sido fortuito. En algunos casos esta prohibición se vincula a un plazo determinado, y en otros, no se sujeta a plazo alguno, con lo que la limitación es eterna o, al menos, indefinida. El art.16 Ley Madrid 9/2001 de 17 julio de 2001   art.16 Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid., del Suelo de la Comunidad de Madrid dispone, por ejemplo, que "Si como consecuencia de incendio o agresión ambiental, sean cuales fueran sus causas, quedasen dañados el suelo, la vegetación y la fauna o sus hábitats, y los terrenos perdieran el valor que dio lugar a su protección, quedarán sujetos desde el mismo momento de la producción del daño a restitución medio ambiental. En todo caso, no podrá incluirse este suelo en ninguna otra clase, dentro de los treinta años siguientes al daño sufrido, salvo su previa autorización por Ley aprobada por la Asamblea de Madrid, en la que quede justificada la imposibilidad de dicha restitución medio ambiental".

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El art.28.2 Ley País Vasco 2/2006 de 30 junio de 2006   art.28.2 Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo., de Suelo y Urbanismo del País Vasco, dispone que "El suelo no urbanizable en el que existan masas arbóreas y que esté calificado como forestal, en caso de incendio, daño medioambiental o tala ilegal que produzca la pérdida de las características que hubieran justificado su calificación, no podrá ser objeto de nueva clasificación ni calificación que implique su desvinculación del destino forestal durante al menos los veinte años siguientes, sin perjuicio de un plazo mayor que disponga la legislación básica".

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Ese plazo mayor, que pudiera disponer la legislación básica se contiene en la Ley Montes    Ley Montes de acuerdo con la cual, es de 30 años. Tal plazo es asumido por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, cuya disp. adic.6    dad.6 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.dedicada a los "Suelos forestales incendiados", dispone que dichos terrenos "se mantendrán en la situación de suelo rural a los efectos de esta ley y estarán destinados al uso forestal, al menos durante el plazo previsto en el artículo 50 de la Ley de Montes, con las excepciones en ella previstas".

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Las excepciones a que se refiere esta dad.6 RDLeg. 7/2015 de 30 octubre de 2015   dad.6 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. son aquéllas que prevé la mencionada Ley sectorial, y que afectan tanto al plazo de los 30 años, como a la prohibición de realizar actividades que sean incompatibles con la regeneración de la cubierta vegetal. Deben estar previstas expresa y singularmente por la legislación autonómica y afectan a los suelos en los que, con anterioridad al incendio forestal, ya estuviera previsto un cambio de uso de acuerdo con un instrumento de planeamiento previamente aprobado, o pendiente de aprobación y siempre que hubiera sido objeto, ya, de evaluación ambiental favorable -en el caso de que fuese exigible- y, al menos, al trámite de información pública. Como excepción específica se admiten, también, los casos en los que exista alguna directriz de política agroforestal que contemple el uso agrario o ganadero extensivo de montes no arbolados con especies autóctonas, incultos o en estado de abandono.

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Es preciso destacar que el art. 13.3   art apa.3 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. se establece que "sólo podrá alterarse la delimitación de los espacios naturales protegidos o de los espacios incluidos en la Red Natura 2000, reduciendo su superficie total o excluyendo terrenos de los mismos, cuando así lo justifiquen los cambios provocados en ellos por su evolución natural, científicamente demostrada. La alteración deberá someterse a información pública, que en el caso de la Red Natura 2000 se hará de forma previa a la remisión de la propuesta de descatalogación a la Comisión Europea y la aceptación por ésta de tal descatalogación.".

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Publicado: 8 de Enero de 2018