El Consejo de Ministros acordó la creación de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) con el mandato de realizar un estudio integral dirigido a modernizar el sector público español, dotarle de una mayor eficacia y eliminar las duplicidades que le afectaban y simplificar los procedimientos a través de los cuales los ciudadanos y las empresas se relacionan con la Administración. En el informe resulante se hizo evidente la necesidad de dotar a nuestro sistema legal de un derecho administrativo sistemático, coherente y ordenado, para ello se previó la elaboración de dos leyes: una, reguladora del procedimiento administrativo, que integraría las normas que rigen la relación de los ciudadanos con las Administraciones. Otra, comprensiva del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, donde se incluirían las disposiciones que disciplinan el sector público institucional.

La primera es la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que supone la derogación de la Ley 30/1992 , de 26 de noviembre, y una de sus novedades es que los anteriores procedimientos especiales sobre potestad sancionadora y responsabilidad patrimonial que la Ley 30/1992 regulaba en títulos separados, ahora se han integrado como especialidades del procedimiento administrativo común. Este planteamiento responde a uno de los objetivos que persigue esta Ley, la simplificación de los procedimientos administrativos y su integración como especialidades en el procedimiento administrativo común, contribuyendo así a aumentar la seguridad jurídica. De acuerdo con la sistemática seguida, los principios generales de la potestad sancionadora y de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, en cuanto que atañen a aspectos más orgánicos que procedimentales, se regulan en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

La segunda es la Ley 40/2015 , de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que contiene los principios relativos al ejercicio de la potestad sancionadora y los que rigen la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

Dispone el art. 32 que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.

La asunción, por parte de la Administración, "de los riesgos y consecuencias dañosas derivados de su actuar en el ejercicio de sus potestades y, consiguientemente, al margen y con independencia de la condición de quien ejerce dichas potestades y de su intencionalidad o culpabilidad". Así lo ha reconocido reiteradamente la jurisprudencia, y entre otras muchas, la SAN Sala de lo Contencioso-Administrativo de 24 febrero de 2004, que a su vez cita la STS Sala 3ª de 5 junio de 1989STS Sala 3ª de 29 mayo de 1991 y STS Sala 3ª de 5 febrero de 1996, aludiendo a estas consecuencias "al margen de cuál sea el grado de voluntariedad y previsión del agente, incluso cuando la acción originaria es ejercida legalmente"

Tal responsabilidad es de carácter objetivo y directo, es decir "no sólo no es menester demostrar para exigir aquella responsabilidad que los titulares o gestores de la actividad administrativa que ha generado un daño han actuado con dolo o culpa, sino que ni siquiera es necesario probar que el servicio público se ha desenvuelto de manera anómala, pues los preceptos constitucionales y legales que componen el régimen jurídico aplicable extienden la obligación de indemnizar a los casos de funcionamiento normal de los servicios públicos". (STS Sala 3ª de 25 febrero de 1998). Ello implica el reconocimiento del derecho de los particulares al resarcimiento de todos aquellos daños y lesiones que pudieran haber sufrido en sus bienes y derechos, en los casos y con las condiciones expresamente tasados por la Ley.

Este principio, convertido en un deber para todas las Administraciones Públicas sin excepción (estatal, autonómica y local), observa actualmente el mayor grado de reconocimiento jurídico posible, estando consagrado en la propia Constitución. El art.106.2 CE dispone, que:

"Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos".

No obstante lo anterior, cabe destacar que el Tribunal Supremo tiene declarado que el derecho a la indemnización no deriva directamente de la Constitución, sino que se trata de un derecho de configuración legal. La STS Sala 3ª de 5 febrero de 1996 así lo declaró expresamente cuando señaló que:

"En primer lugar ha de resaltarse que el principio de Responsabilidad Patrimonial proclamado en el art.106 CE , en cuanto establece que "los particulares, en los términos establecido por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes o derechos, salvo casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos", conlleva un derecho de los llamados de configuración legal. Es decir, que no se trata de un derecho que derive directamente de la Constitución, sino que exige la interposición de una Ley, y es exigible, no en los términos abstractos establecidos en la Constitución, sino en los términos concretos en que figure en la Ley ordinaria que lo regule, porque tras la primera coma del párrafo transcrito se reconoce el derecho "en los términos establecidos por la Ley".

Publicado: 8 de Enero de 2018