Ya en el año 2003, en concreto, en la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal, la responsabilidad penal de la persona jurídica aparecía reflejada en la Exposición de Motivos II, apartado l), exponiéndose así:

“ l) Se aborda la responsabilidad penal de las personas jurídicas, al establecerse que cuando se imponga una pena de multa al administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica por hechos relacionados con su actividad, ésta será responsable del pago de manera directa y solidaria. Asimismo, en los supuestos de tráfico de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, se prevé la posibilidad de que si el delito se ha cometido a través de una sociedad u organización ésta, además de poder ser clausurada, suspendida en su actividad, disuelta o intervenida, pueda ser privada del derecho a obtener beneficios fiscales y puedan ser sus bienes objeto de comiso”.


De esta forma, se modifica el apartado 1 del artículo 129 del Código Penal, introduciendo en el mismo una serie de consecuencias directas para la sociedad:

“ a) Clausura de la empresa, sus locales o establecimientos, con carácter temporal o definitivo. La clausura temporal no podrá exceder de cinco años.

  1. b) Disolución de la sociedad, asociación o fundación.
  2. c) Suspensión de las actividades de la sociedad, empresa, fundación o asociación por un plazo que no podrá exceder de cinco años.
  3. d) Prohibición de realizar en el futuro actividades, operaciones mercantiles o negocios de la clase de aquellos en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá tener carácter temporal o definitivo. Si tuviere carácter temporal, el plazo de prohibición no podrá exceder de cinco años.
  4. e) La intervención de la empresa para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo necesario y sin que exceda de un plazo máximo de cinco años”

Es decir, desde ese instante, entra en vigor la máxima de “societat delinquere potest” frente a la línea anterior y defensora de “societat delinquere non potest”. Y más que definir a las anteriores como “consecuencias”, observamos que se trata de auténticas penas o sanciones a aplicar a la persona jurídica.

Sin embargo, como podemos observar, de esta reforma no se desprende la posibilidad de que la empresa pueda eludir esas “consecuencias” o penas que se le pudieran imponer al imputársele un delito.

Más adelante, la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que modifica la anterior, añade el artículo 31 bis, que aborda de manera más amplia la responsabilidad penal de la persona jurídica y, ante todo, detalla una serie de circunstancias atenuantes de la pena que pudiera serle impuesta. Así, en el apartado 4.d) expone:

“d) Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica”.

Analizando este apartado, se infiere, de forma general, tan y como se expresa, la adopción de medidas eficaces para prevenir y descubrir el delito, pero sin especificar qué forma deben tener esas medidas, de qué manera van a servir como atenuante de la pena, ni quiénes deben tomar la decisión de su adopción, por poner algunos ejemplos básicos.

Dada la ambigüedad del texto, entra en vigor la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que supone la solución definitiva, tanto al hecho de fijar que la persona jurídica puede ser objeto de imputación en materia penal, por comisión de delitos, como la determinación de qué medidas van a resultar eficaces para atenuar e incluso eximir la pena que pudiera serle impuesta.

En la Exposición de Motivos III de la citada Ley Orgánica, el legislador viene a aclarar lo ya previsto en el año 2003:

“La reforma lleva a cabo una mejora técnica en la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, introducida en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, con la finalidad de delimitar adecuadamente el contenido del «debido control», cuyo quebrantamiento permite fundamentar su responsabilidad penal.

Con ello se pone fin a las dudas interpretativas que había planteado la anterior regulación, que desde algunos sectores había sido interpretada como un régimen de responsabilidad vicarial, y se asumen ciertas recomendaciones que en ese sentido habían sido realizadas por algunas organizaciones internacionales. En todo caso, el alcance de las obligaciones que conlleva ese deber de control se condiciona, de modo general, a las dimensiones de la persona jurídica.

Asimismo, se extiende el régimen de responsabilidad penal a las sociedades mercantiles estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general, a las que se podrán imponer las sanciones actualmente previstas en las letras a) y g) del apartado 7 del art. 33 del Código Penal.”

De esta forma, asienta una serie de pautas a seguir en cuanto a la responsabilidad penal, que desarrolla de forma más sistemática, en la modificación del artículo 31 bis, e introducción de los artículos 31 ter, 31 quarter y 31 quinquer; podemos fijar estas pautas en las siguientes:

  • Delimitación adecuada del contenido del “debido control”: ya habíamos visto el vacío legal en las primeras referencias a la responsabilidad penal de la persona jurídica. Ahora sí se establecen cuáles son los mecanismos de control que servirán para atenuar y eximir a la sociedad de la pena que pudiera imponérsele en caso de verse imputada por un ilícito penal.
  • Se pone fin a dudas interpretativas y se adecua nuestra legislación a recomendaciones de organizaciones internacionales. Lógicamente, y volviendo al principio, la exigua mención inicial a “medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos”, suponía actuar ante un concepto indeterminado, totalmente vacío de contenido, y que daba lugar a múltiples interpretaciones doctrinales y jurisprudenciales contradictorias.
  • Se condiciona los deberes de control a la dimensión de la persona jurídica: lo que parece completamente acertado, puesto que no podemos tratar de igual forma a una empresa que tenga ámbito de actuación en distintas comunidades autónomas, o incluso en países extranjeros, que a una pyme que tenga su centro de negocio en una localidad determinada.

Hasta aquí, el desarrollo legislativo que ha tenido la responsabilidad penal de la persona jurídica en nuestro ordenamiento jurídico.

Pero hemos de ir más allá, porque el hecho que introdujo la necesidad de implantar dentro de la empresa una verdadera cultura de cumplimiento que fuera más allá, incluso, de servir para atenuar o eximir de una condena penal, fue la redacción de la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2016, de 22 de enero, “sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por la Ley Orgánica 1/2015”.

En la misma se aborda el modelo de responsabilidad de la persona jurídica tras la reforma del artículo 31 bis del Código Penal; personas jurídica imputables e inimputables; personas jurídicas pública exentas de responsabilidad; régimen de exención: los modelos de organización y gestión.

Si a esto unimos el dictado de la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 29 de febrero de 2016, número 154/2016, de la que fue ponente D. José Manuel Maza Martín, quien llegó a ser Fiscal General del Estado y fallecido recientemente, (firme defensor de la responsabilidad penal de la persona jurídica), nos vemos ante lo que incluso podríamos denominar “revolución” en el sector jurídico respecto al tema que nos está ocupando, que incluso está poniendo en tela de juicio la administración y buen gobierno que las sociedades estaban gestionando hasta ahora.

Si bien esta resolución no fue la primera en abordar la perspectiva de responsabilidad penal (el Tribunal Supremo en sentencia de fecha 2 de septiembre de 2015, número 514/2015, ponente Don Manuel Marchena Gómez, hace una pequeña mención, de tan sólo un párrafo, al inferir que “ya se opte por un modelo de responsabilidad por el hecho propio, ya por una fórmula de heterorresponsabilidad, parece evidente que cualquier pronunciamiento condenatorio de las personas jurídicas habrá de estar basado en los principios irrenunciables que informan el derecho penal”), sí supuso un punto de partida para el dictado de numerosas resoluciones tanto del Tribunal Supremo como de Audiencias Provinciales que están condenando a la persona jurídicas en base a la disposición contenida en el artículo 31 bis del Código Penal.

Como vemos, nos enfrentamos a una materia amplia, que requiere de estudios minuciosos sobre los modelos de prevención de delitos o compliance penal, análisis de la figura del responsable del cumplimiento normativo o compliance officer, interpretación jurisprudencial de la responsabilidad penal a la luz de las resoluciones judiciales dictadas por nuestros Tribunales, diferencias entre la exigencia de los modelos de prevención en torno a la dimensión de la empresa, aplicación de las normas de calidad que ya se encuentran en vigor y que servirán para justificar la adecuación de la sociedad a la legislación y jurisprudencia, coordinación entre la responsabilidad penal y legislación específica de delitos, y un sinfín de cuestiones que pretendemos abordar en sucesivas entregas.


Diario Jurídico.com 

Autora: Amparo Ruiz Aguilar

Abogada especialista en Derecho mercantil. Administradora concursal, compliance officer y Agente de la Propiedad Inmobiliaria.

Publicado: 29 de Diciembre de 2017