Es obligado comenzar señalando que el RD Leg. 1/2010, de 2 de julio , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, no realiza una enumeración de los derechos que la participación social confiere a su legítimo titular, esto es, un "estatuto" formal de la condición de socio, de modo que los derechos y obligaciones que configuran su posición jurídica en la sociedad, se encuentran de manera dispersa a lo largo del articulado de la Ley. Como señala el art. 91 LSC , cada participación social y cada acción confieren a su titular legítimo la condición de socio y le atribuyen los derechos reconocidos en esta ley y en los estatutos.

Así el art. 93 LSC , contiene el régimen jurídico básico del estatuto del socio, cualidad que le otorga la acción a su titular legítimo, estableciendo que como mínimo ostentará los siguientes derechos:

  • - Derecho a la participación en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio resultante de la liquidación [art. 93 a) LSC ]. 
  • - Derecho de suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones o de obligaciones convertibles en acciones [art. 93 b) LSC ].
  • - Derecho de asistir y votar en las juntas generales y el de impugnar los acuerdos sociales [art. 93 c) LSC ] derecho que podemos definir como el derecho de participación en la formación de la voluntad y decisiones sociales con voz y con voto (por todas, Sentencia de AP Córdoba de 16 de junio de 2009). Este derecho fundamental del socio, encuentra como limitación aquéllas situaciones en que exista conflicto de intereses -art. 190 LSC -, así como en el caso del socio-administrador que ve excluido su derecho de voto cuando el acuerdo se refiera a la dispensa de la prohibición de competencia o al establecimiento con la sociedad de una relación de prestación de obra o servicio. La jurisprudencia ha configurado el derecho  como derecho complementario al derecho al voto (por todas, las Sentencias del TS de 22 de mayo de 2002 y de 12 de noviembre de 2003). Cierto es que tal derecho no es ilimitado, sino que ha de ceñirse a los extremos concretos sometidos a la Junta (Sentencias del TS de 22 de mayo de 2002 y de 3 de diciembre de 2003, entre otras), ni puede ser llevado a una situación en que se impida o se obstaculice gravemente el funcionamiento correcto y normal de la sociedad, como han dicho las Sentencias del TS de de 31 de julio de 2002 y de 8 de mayo de 2003, sino que ha de ser ejercitado de buena fe, como todos los derechos subjetivos (vgr., Sentencia del TS de 10 de noviembre de 2004, y las que allí se citan) por lo que se han de rechazar los modos de ejercicio que resulten abusivos. En este sentido, más recientemente, Sentencia de AP Valencia de 11 de mayo de 2009 
  • - Derecho de información [art. 93 d) LSC ], que analizamos más abajo y que la Resolución de la DGRN de 18 de abril de 2007 que estudia su alcance así como la naturaleza jurídica del mismo; por todas, la Sentencia de AP Córdoba de 16 de junio de 2009, al afirmar que "(...) Con carácter general, el derecho de información, sustancialmente ligado a la condición de socio, es de naturaleza pública y por lo tanto de carácter imperativo, por lo que no puede ser modificado o excluido por pactos particulares, y además es de cumplimiento inexcusable para el órgano ejecutivo de la sociedad, cuyo incumplimiento permite el ejercicio de acciones dirigidas a impugnar los acuerdos aprobados por el órgano deliberante, en cuya gestión se haya impedido u obstaculizado el referido derecho que tiene todo socio a ser informado; y como consecuencia de ello, obtener la declaración de nulidad de los referidos actos o acuerdos. En las sociedades de responsabilidad limitada, como es el caso de la que es administradora la apelante, este derecho de información se configura en el artículo 51 de su Ley rectora como uno de los derechos imprescindibles del socio en relación con la junta general". Como ha señalado el Tribunal Supremo, es un derecho que no tiene caracter ilimitado e incondicionado, sino que sobre todo ha de ceñirse a los temas que son objeto del orden del día, así la Sentencia del TS de 4 de octubre de 2005 manifiesta que "cierto es que tal derecho no es ilimitado, sino que ha de ceñirse a los extremos concretos sometidos a la Junta (Sentencias del TS de 22 de mayo de 2002 y de 3 de diciembre de 2003, entre otras), ni puede ser llevado al paroxismo, esto es a una situación en que se impida o se obstaculice gravemente el funcionamiento correcto y normal de la sociedad, como han dicho las Sentencias del TS de 8 de mayo de 2003 y de 31 de julio de 2002 y muchas otras, sino que ha de ser ejercitado de buena fe, como todos los derechos subjetivos (vgr., Sentencia del TS de 10 de noviembre de 2004, y las que allí se citan) por lo que se han de rechazar los modos de ejercicio que resulten abusivos (...). Ello es así porque la finalidad del derecho de información es la de obtener el conocimiento de los datos precisos para decidir el sentido del voto en relación e los puntos del orden del día debatidos y decididos, y no la de efectuar una suerte de pseudoauditoria paralela de la sociedad". 

En síntesis, podemos señalar, como más relevantes, los siguientes derechos:

  • - Derecho del socio a que se inscriban, en el libro registro de socios, sus participaciones, a examinar este libro, así como a obtener certificación de las participaciones, derechos o gravámenes registrados a su nombre (art. 104 LSC). En este sentido, Sentencia de AP Guadalajara de 2 de diciembre de 2002
  • - Derecho a la transmisión de las participaciones (art. 107 LSC ), siendo uno de los derechos fundamentales que otorga el estatuto de socio, con las limitaciones legales o que puedan establecerse estatutariamente.  
  • Salvo disposición contraria de los estatutos, será libre la transmisión voluntaria de participaciones por actos «ínter vivos» entre socios, así como la realizada en favor del cónyuge, ascendiente o descendiente del socio o en favor de sociedades pertenecientes al mismo grupo que la transmitente.
  • En los demás casos, la transmisión está sometida a las reglas y limitaciones que establezcan los estatutos y, en su defecto, las establecidas legalmente (Sentencias de AP Valladolid de 22 de febrero de 2002 y de AP Málaga de 30 de junio de 2006).  
  • - Derecho a solicitar, por sí o junto con otros socios y siempre que alcancen el 5% del capital social, la convocatoria de junta (art. 166 LSC ), derecho de participación social, teniendo como mínimo derecho a que se convoque una junta general ordinaria cada año, para censura de la gestión social. 
  • - Derecho a solicitar, del juez de lo mercantil del domicilio social, la convocatoria de junta general ordinaria, cuando no sea convocada dentro del plazo legal (art. 166 LSC ).
  • - Derecho a solicitar la convocatoria judicial de Junta General para el nombramiento de los administradores o, en su caso, liquidadores arts. 166 y 375 LSC ). 
  • Esto se dará en caso de muerte o de cese del administrador único, de todos los administradores que actúen individualmente, de alguno de los administradores que actúen conjuntamente, o de la mayoría de los miembros del Consejo de Administración, sin que existan suplentes.
  • - Derecho de asistencia y representación en las juntas (arts. 179 y 183 LSC ). La Resolución de la DGRN de 30 de marzo de 1999 analiza la naturaleza de este derecho, afirmando al respecto que "(...) para la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada la asistencia a las Juntas es un derecho y no una obligación, pero como dice la exposición de motivos, lo que en la Ley se recoge es tan sólo el imprescindible mínimo imperativo, siendo uno de sus tres postulados fundamentales el de la flexibilidad del régimen jurídico (...) a fin de que la autonomía de voluntad de los socios tenga la posibilidad de adecuar el régimen aplicable a sus específicas necesidades y conveniencias, que es precisamente lo que hace el precepto estatutario al introducir la obligación de acceder a las Juntas generales". 
  • Todos los socios tienen derecho a asistir a la Junta General, sin que los estatutos puedan exigir para la asistencia la titularidad de un número mínimo de participaciones.
  • Asimismo, el socio podrá hacerse representar en las reuniones de la Junta General ya sea por medio de otro socio, su cónyuge, ascendientes, descendientes, ya sea por persona que ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional, o por aquellas personas que autoricen los estatutos (Sentencias de AP Madrid de 20 de enero de 2001, de AP Baleares de 28 de septiembre de 2004, de AP Guadalajara de 12 de enero de 2005, de AP Cáceres de 29 de junio de 2005, de AP Santa Cruz de 19 de septiembre de 2005 y del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Bilbao de 5 de junio de 2009). 
  • - Derecho de información (art. 196 LSC y Resolución de la DGRN de 18 de abril de 2007).  En este sentido, las Sentencias de AP Cádiz de 29 de diciembre de 2004, de AP Alicante de 28 de junio de 2005 y de AP Las Palmas de 19 de diciembre de 2005.
  • Los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día (Sentencias de AP Barcelona de 1 de marzo de 1999, de AP Las Palmas de 31 de marzo de 1999, de AP Baleares de 7 de abril de 1999, de AP Baleares de 15 de abril de 1999, del TS de 25 de febrero de 2002, de AP Alicante de 16 de junio de 2003, del TS de 21 de marzo de 2006 y de AP Pontevedra de 29 de junio de 2006).
  • El órgano de administración estará obligado a proporcionárselos, en forma oral o escrita de acuerdo con el momento y la naturaleza de la información solicitada, salvo en los casos en que, a juicio del propio órgano, la publicidad de ésta perjudique los intereses sociales (no podrá negarse la información cuando los socios solicitantes ostenten al menos el 25% del capital social). En este sentido, las Sentencias de AP Valencia de 24 de mayo de 2002, de AP Zaragoza de 29 de diciembre de 2003, de AP Barcelona de 15 de septiembre de 2004, del Juzgado de lo Mercantil de 21 de diciembre de 2004 y de AP Guipúzcoa de 12 de enero de 2005.
  • Derechos específicos dentro del derecho a la información, lo son a efectos de convocatoria de las Juntas Generales para la modificación de estatutos (art. 292 LSC ), así como en relación con los procesos de fusión y escisión que en la actualidad regula la Ley 3/2009, de 3 de abril , sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.
  • - Derecho de voto (art. 198 LSC ).
  • En principio, cada participación social concede a su titular el derecho a emitir un voto, aunque se establece la posibilidad de disposición contraria de los estatutos.
  • Así, cabe que los estatutos exijan la titularidad de un número mínimo de participaciones para poder ejercitar el derecho de voto, o, a la inversa, que se limite estatutariamente el número de votos que puede emitir un solo socio, con independencia del número de participaciones que ostente. E igualmente, es posible la existencia de participaciones que otorguen a su titular el derecho a emitir más de un voto, o la atribución a determinados cargos (vgr. el presidente de la junta) de un voto de calidad en caso de empate.
  • Sin embargo, parece más dudosa la admisibilidad de participaciones sociales sin derecho a voto.
  • - Derecho a solicitar el levantamiento de acta notarial (art. 203 LSC ). 
  • - La impugnación de los acuerdos de la Junta General, de acuerdo con lo establecido para la impugnación de los acuerdos de la junta general de accionistas de las sociedades anónimas ( arts. 204 a 208 LSC). Sobre la idea de orden público como principio esencial del funcionamiento societario, se han pronunciado las Sentencias del TS de 18 de mayo de 2000 y de 26 de septiembre de 2006. La idea de referir el orden público a los "principios configuradores de la sociedad" se encuentra en otras decisiones (Sentencias del TS de 30 de mayo de 2007 y de 19 de julio de 2007). 
  • - Derecho a solicitar el cese del administrador que haya infringido la prohibición de competencia (art. 230.3 LSC ).
  • - Derecho al ejercicio de la acción individual de responsabilidad de los administradores (art. 238 LSC ). 
  • - Impugnación de acuerdos del Consejo de Administración (art. 251 LSC ). 
  • - Derecho de preferencia en la suscripción de participaciones sociales (art. 304 LSC ). En este sentido, por todas, la Sentencia del TS de 5 de marzo de 2009.
  • En los aumentos del capital con creación de nuevas participaciones sociales -salvo cuando el aumento se deba a la absorción de otra sociedad o de todo o parte del patrimonio escindido de otra sociedad- cada socio tendrá derecho a asumir un número de participaciones proporcional al valor nominal de las que posea.
  • Este derecho debe ejercitarse en el plazo que se hubiera fijado al adoptar el acuerdo de aumento, sin que pueda ser inferior a un mes desde la publicación del anuncio de la oferta de asunción de las nuevas participaciones en el Boletín Oficial del Registro Mercantil o de la fecha en que hubiera sido enviada la comunicación escrita a cada uno de los socios, y, en su caso, a los usufructuarios inscritos en el libro registro de socios, en sustitución de la publicación del anuncio. En este sentido la Resolución de la DGRN de 26 de noviembre de 1999y la Sentencia de AP Valencia de 30 de abril de 2002. Sin embargo, la Junta General, -Sentencia de AP Pontevedra de 29 de junio de 2006- al decidir el aumento del capital, puede acordar la supresión total o parcial del derecho de preferencia, aunque para ello deberán observarse los requisitos establecidos en el art. 308 LSC :
    • * Que en la convocatoria de la junta se haya hecho constar la propuesta de supresión del derecho de preferencia.
    • * Que se haga constar asimismo el derecho de los socios a examinar en el domicilio social el informe que debe elaborar el órgano de administración, especificando el valor real de las participaciones de la sociedad y justificando detalladamente la propuesta y la contraprestación que se deba satisfacer por las nuevas participaciones, con indicación de las personas a las que éstas habrán de atribuirse.
    • * Que con la convocatoria de la junta se ponga a disposición de los socios el referido informe.
    • * Que el valor nominal de las nuevas participaciones más, en su caso, el importe de la prima, se corresponda con el valor real atribuido a las participaciones en el informe de los administradores.
  • - Derecho al reparto del beneficio (art. 275 LSC ).  
  • Salvo disposición contraria de los estatutos, se realizará a los socios en proporción a su participación en el capital social (Resolución de la DGRN de 21 de mayo de 1999).
  • - Derecho al examen de la Contabilidad, derecho que es configurado legalmente, tal y como recuerda la Sentencia de AP Córdoba de 16 de junio de 2009, como concreción del derecho fundamental del socio a la información (art. 196 LSC ), afirmando al respecto que "(...) Asimismo, el artículo 86 LSRL (actuales arts. 279 y siguientes LSC ) que concreta respecto del derecho de información sobre la contabilidad la formulación genérica del art. 196, distingue dos supuestos distintos de examen de la contabilidad, como manifestación específica del derecho de información: a) En su apartado primero se regula la obtención, en cualquier momento entre la convocatoria de la junta general y su celebración, de los documentos contables que van a ser sometidos a aprobación, incluyendo además el informe de gestión y el de auditoria, si lo hubiere; b) En el apartado segundo se establece que, salvo disposición estatutaria en contra, en el mismo plazo, el socio o socios que representen al menos el cinco por ciento del capital social, tienen derecho a examinar en el domicilio social, por sí o en unión de un experto contable, los documentos que sirvan de soporte y antecedente de las cuentas anuales. Es decir, se trata de un doble derecho: por un lado obtener copia de los documentos contables que se someten a aprobación, y por otro, examinar los soportes documentales de tal contabilidad. En concreto, el régimen establecido en los arts. 279  y siguientes LSC, tiene un contenido de gran intensidad, puesto que aumenta el volumen de información de la minoría social al permitir el examen de los documentos que sirven de soporte y de antecedente de las cuentas anuales, lo que supone la configuración de un derecho de información, o mejor aún, de examen y fiscalización, de mayor alcance que el previsto en el art. 197 LSC , en la que no existe una previsión semejante en la específica regulación de las cuentas anuales del Capítulo VII de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, actualmente regulado en los arts. 279 a 284 LSC. Igualmente, debe tenerse en cuenta que en la sociedad de responsabilidad limitada no cabe que los administradores denieguen el ejercicio de este derecho de información y examen de la contabilidad por razones de interés social, a salvo una específica previsión estatutaria en este sentido (arts. 279 a 284 LSCResolución de la DGRN de 10 de abril de 2001). Como límite a este derecho el Tribunal Supremo ha afirmado que el art. 197  LSC, no autoriza al accionista a investigar en la contabilidad y en los libros de la sociedad y, menos aún, en toda la documentación de la sociedad (Sentencia del TS de 7 de marzo de 2006) pues el derecho de información queda reducido a solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la correspondiente junta de accionistas, o verbalmente durante la misma, los informe o aclaraciones que estimase precisos en relación a los puntos debatidos. 
  • Desde la convocatoria de la Junta General, en la que se deberá hacer mención de este derecho, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y, en su caso, el informe de los auditores de cuentas (Sentencias de AP Las Palmas de 31 de marzo de 1999 y de AP Barcelona de 1 de marzo de 1999).
  • Además, aunque en este punto cabe previsión en contra de los estatutos, durante el mismo plazo, el socio o socios que representen al menos el 5% del capital podrán examinar en el domicilio social, por sí o en unión de experto contable, los documentos que sirvan de soporte y de antecedente de las cuentas anuales; sin perjuicio del derecho de la minoría a que se nombre un auditor de cuentas con cargo a la sociedad (Sentencias de AP Baleares de 15 de abril de 1999, de AP Asturias de 10 de mayo de 1999, de AP Alicante de 22 de mayo de 2002, de AP Valencia de 24 de mayo de 2002 y del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Córdoba de 21 de diciembre de 2004).
  • - Derecho de separación ( arts. 346 a 348 bis LSC).  
  • - Derecho a ejercitar la acción de exclusión de un socio en nombre de la sociedad (art. 352 LSC ). 
  • - Derecho a solicitar de los administradores la convocatoria de junta cuando concurra causa de disolución, si no es convocada dentro del plazo señalado al efecto (art. 364 LSC ).  
  • - Derecho a solicitar, del juez de lo mercantil del domicilio social, la separación de los liquidadores, cuando transcurran tres años desde la apertura del período de liquidación sin que se hay sometido a aprobación de la junta general el balance final de liquidación.  
  • - Derecho a la cuota de liquidación (art. 392 LSC ). 
  • Salvo disposición contraria de los estatutos sociales se distribuirá en forma proporcional a la respectiva participación en el capital social.
  • - Derecho a obtener certificación de los acuerdos adoptados y de las actas de las juntas. 

Publicado: 8 de Enero de 2018