El debate sobre la necesidad de mejorarla Administraciónde Justicia en España viene de muy lejos, tanto que este escenario de crisis económica que vivimos apenas ha aportado novedades al deteriorado y – presupuestariamente – olvidado sistema judicial. Muchos son los problemas que podríamos enumerar al describir la situación actual dela Justiciaen nuestro país, y también muchas las soluciones que se han propuesto ya para mejorarla, gran parte de ellas en el tintero pendientes de aplicación por parte de quienes han ejercido y ejercen el poder de decisión.

El último Plan de Modernización dela Justicia, tan celebradamente anunciado en su momento por el Ministerio, camina con pies de plomo e incluso parece haber perdido fuelle a lo largo de la legislatura. La implantación dela NuevaOficinaJudicial, la creación de nuevos juzgados o la generalización de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones en la administración de Justicia parecen a veces una partitura olvidada que, de cuando en cuando, alguien se acuerda de interpretar. Por no hablar de la situación en muchas de las Comunidades con las competencias transferidas en esta materia, territorios donde los problemas se acentúan aún más por la elevada deuda autonómica y las dificultades presupuestarias para acometer las necesarias reformas, cuando no para retribuir los servicios ya existentes.

Sin embargo, a pesar de los escollos, la hoja de ruta sigue estando ahí. Todos los agentes jurídicos conocemos los mecanismos necesarios que hay que poner en marcha para engrasar el engranaje judicial agilizando su actividad y generando una respuesta eficaz y eficiente para el ciudadano, es decir, lo exigible en un Estado de Derecho.

Si hablamos de colapso judicial, por ejemplo, sabemos que la solución no es sólo crear más juzgados y más plazas de jueces, sino también atajar la elevada tasa de litigiosidad existente desarrollando y aplicando mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos. Fomentar el arbitraje y la mediación es el camino para instalar en nuestra sociedad un cambio de mentalidad, un nuevo paradigma que sustituya el litigio por el acuerdo previo, por la negociación, por el diálogo entre las partes. Se trata de algo más profundo que evitar que un asunto llegue al juzgado, con la ingente carga de costes que acarrea. Se trata de generar un cambio social en beneficio de la convivencia ciudadana.

Dice la vocal del Consejo General del Poder Judicial Margarita Uría en una entrevista a este mismo medio que en países como Francia e Inglaterra la mediación ha contribuido a reducir la tasa de litigiosidad en un 30 por ciento. En España, por ejemplo, cuya media de litigiosidad es actualmente de 49,9 asuntos por cada 1.000 habitantes (según datos del segundo trimestre de 2011 publicados por el CGPJ), estaríamos hablando de reducir cerca de 700.000 asuntos, que a una media de 2.000 euros por cada uno de ellos supondría un ahorro económico de más de 1.400 millones de euros, cifra nada despreciable en los tiempos que corren.

Fomentar arbitraje y mediación: cambio de mentalidad 

En materia de arbitraje y mediación, en los últimos años se han dado importantes pasos aunque no definitivos, pero afortunadamente cada vez son más las voces que reclaman integrar estos mecanismos en el día a día de las instituciones, de las Administraciones públicas, de las empresas e incluso de los particulares. Las ventajas son múltiples. Además de la garantía de alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes, consensuado y aceptado por ellas en la mayoría de los casos, existe una importante diferencia en cuanto a dilación del proceso (un asunto en el juzgado puede tardar en resolverse años agotando todas las instancias, mientras que por las vías del arbitraje o la mediación sólo tarda meses) y también en cuanto a costes económicos, dada la menor duración del proceso.

Pero no es lo único que se puede mejorar en nuestra Administración de Justicia. También deberían protegerse sus pilares más básicos, como el derecho a la justicia gratuita de quienes no tienen suficientes recursos para costearse su defensa, tal como establece el artículo 119 de nuestra Constitución.

Contrariamente a lo que debería suceder, vemos que la justicia gratuita o turno de oficio está llegando a ser cuestionada cuando no directamente maltratada en muchas zonas de nuestro país, entre ellas Madrid, Cataluña ola Comunitat Valenciana, dondela Conselleriade Justicia debe ya a los abogados más de 7,7 millones de euros correspondientes al ejercicio 2011. En este último caso, presupuestos insuficientes e irreales se han sumado a baremos desactualizados y, en los últimos años, las circunstancias se han visto agravadas por un aumento de la litigiosidad en áreas comola Civilcomo consecuencia directa de la crisis económica.

Respeto político a justicia gratuita

Sin embargo, el modelo de justicia gratuita sí es el adecuado, lo que falta es el respeto político hacia este servicio y, por consiguiente, una dotación presupuestaria adecuada. La gestión por parte de los Colegios de Abogados es la garantía de independencia y calidad de unos profesionales que prestan casi vocacionalmente su bagaje y su tiempo a quienes más lo necesitan, colectivos vulnerables como mujeres maltratadas, extranjeros, menores y personas sin recursos.

En el caso de Valencia,la Abogacíaha propuesto además no pocas soluciones a los dirigentes políticos para mejorar el servicio de justicia gratuita, entre ellas la implantación del expediente electrónico, que agilizará el proceso de concesión de abogado de oficio y ahorrará costes ala Administración.NuestroColegio ha llegado incluso a negociar soluciones alternativas para asegurar a los letrados el cobro adelantado de sus honorarios aunquela Administraciónse retrasara, confiando en vano en la buena fe de ésta. También hemos mostrado siempre nuestra mejor disposición para dialogar y negociar hasta donde fuera necesario, como siempre hemos hecho y haremos.

Pero, paralelamente a todo esto, también existen otros aspectos que limar en nuestra Administración de Justicia. Queda pendiente, por ejemplo, el análisis de los posibles efectos de la actual Ley de Agilización Procesal, recientemente aprobada en el Congreso e intento fallido de agilizar los procedimientos judiciales que, al igual que en otras instancias, aprovecha la vía del recorte de derechos de los ciudadanos para reducir costes económicos. En opinión de este abogado, eso jamás debería suceder.

En momentos como el actual, donde el debate sobre el futuro pasa inevitablemente por el análisis económico del presente, no deberíamos perder nunca de vista qué es lo fundamental y qué es lo accesorio.La Justicia necesita voluntad política y apoyo presupuestario para no convertirse en un sistema de injusticias perpetuado y generalizado. Debemos esforzarnos desde todas las instancias para evitar que el ciudadano siga desconfiando de un sistema ideado precisamente para protegerle. Debemos mejorarla Justiciaen beneficio de los ciudadanos, sus destinatarios. Es una tarea de todos.

Publicado: 27 de Noviembre de 2014