En nuestro ordenamiento societario el carácter esencialmente cerrado de la sociedad de responsabilidad limitada se manifiesta, entre otros aspectos, en el régimen de transmisión voluntaria de las participaciones sociales por actos inter vivos. Dicha transmisión es restringida, excepto en casos de adquisición por el cónyuge, ascendiente o descendiente del socio o por sociedades pertenecientes al mismo grupo que la transmitente, que, en defecto de cláusula estatuaria en contrario, constituyen supuestos de transmisión libre (Res. DGRN de 15 noviembre 2016. Registro Mercantil).

El art. 107 LSC , establece el principio de libre transmisión de las participaciones sociales, salvo disposición contraria de los estatutos, para el caso de que la transmisión voluntaria por actos inter vivos de las mismas se efectúe entre socios o bien, en favor del cónyuge, ascendiente o descendiente del socio o en favor de sociedades pertenecientes al mismo grupo que la transmitente (por todas, STS de 29 noviembre 2002 AP Málaga de 30 junio 2006).

Salvo estos casos excepcionales, la transmisión está sometida a las reglas y limitaciones que establezcan los estatutos, si bien, para el caso de imprevisión estatutaria, se establece un régimen legal supletorio caracterizado por la sujeción de tales transmisiones al consentimiento de la sociedad mediante acuerdo de la junta general. Según este régimen supletorio, el precio de las participaciones, la forma de pago y las demás condiciones de la operación, serán las convenidas y comunicadas a la sociedad por el socio transmitente; y en los casos en que la transmisión proyectada sea a título oneroso distinto de la compraventa o a título gratuito, el precio de adquisición será el fijado de común acuerdo por las partes y, en su defecto, el valor razonable de las participaciones, determinado éste por un experto independiente, distinto al auditor de la sociedad (Res. DGRN de 15 noviembre 2016. Registro Mercantil).

En cuanto a los casos restantes, la transmisión estará sometida a las reglas y limitaciones que establezcan los estatutos y, en su defecto, las establecidas en la Ley. Nada impide que se combinen las previsiones estatutarias con las restricciones contenidas en la Ley.

El régimen de transmisión de las participaciones sociales que se aplique a cada caso es el vigente en el momento en el que el socio hubiera comunicado a la mercantil su intención de transmitir. En el supuesto de que se modifique el régimen, los socios que no hayan votado a favor del acuerdo podrán ejercer su  .

Las transmisiones que no se ajusten al régimen legal (art. 112 LSC ) no producen efectos frente a la sociedad. Ninguna declaración contiene el precepto acerca de los efectos de la transmisión inter partes. Pero es claro que, al no cumplirse los requisitos para la validez frente a la sociedad de la transmisión, no se adquirirá la cualidad de socio, por lo que, el pretendido adquirente podrá, ya sea instar al socio vendedor al cumplimiento de las formalidades precisas para la validez de la operación, ya, en el caso de no lograr el consentimiento de la sociedad, reclamar la devolución del precio de la transmisión y, en su caso, la indemnización de los daños y perjuicios que se le hubieren causado. 

Las disposiciones legales al respecto se resumen en los siguientes puntos (en este sentido, SAP Madrid de 21 mayo 2010):

1.- Deber de comunicación; el socio que se proponga transmitir su participación o participaciones deberá comunicarlo por escrito a los administradores, haciendo constar el número y características de las participaciones que pretende transmitir, la identidad del adquirente y el precio y demás condiciones de la transmisión (art. 107.2 a) LSC ). 

2.- Autorización de la sociedad; la transmisión quedará sometida al consentimiento de la sociedad, expresado mediante acuerdo de la junta general, previa inclusión del asunto en el orden del día, adoptado por la mayoría ordinaria establecida por la Ley (art. 107.2 b) LSC ).

Hay que tener en cuenta, a este respecto, lo establecido en el arts. 198 y s. LSC :

  • - Que dicha mayoría podrá ser reforzada por los estatutos sociales.
  • - Que deberán excluirse del capital social (art. 199 LSC ) para el cómputo de la mayoría de votos, las participaciones del socio de cuya transmisión se trate. 

La sociedad sólo puede denegar el consentimiento comunicando al transmitente, por conducto notarial, la identidad de uno o varios socios o terceros que adquieren la totalidad de las participaciones. Esta comunicación no es necesaria si el transmitente concurre a la junta general donde se adoptan estos acuerdos (

art. 107.2 c) LSC

 ).

Cuando no es posible comunicar la identidad de uno o varios socios o terceros adquirentes de la totalidad de las participaciones, la junta general puede acordar que sea la propia sociedad la que adquiera las participaciones que ningún socio o tercero aceptado por la junta quiera adquirir, conforme a lo establecido en la ley respecto de las adquisiciones derivativas de participaciones propias.

Si transcurren tres meses desde que el socio ha puesto en conocimiento de la sociedad su propósito de transmitir las participaciones sin que la sociedad le haya comunicado la identidad del adquirente o adquirentes,el socio puede llevar a cabo la transmisión, aunque siempre en las condiciones comunicadas a la sociedad.

3.- Derecho de preferencia de los socios concurrentes a la junta general para la adquisición de las participaciones sociales. En el caso de que fueran varios los socios concurrentes interesados en adquirir, las participaciones sociales deberán distribuirse entre ellos a prorrata de su participación en el capital social (art. 107.2 c) LSC ).

En el caso de que los concurrentes a la junta no ejerciten su derecho de suscripción preferente, la sociedad puede obviar a los no asistentes y presentar directamente a terceros.

4.- Condiciones de la transmisión (art. 107.2 d) LSC ); el precio de las participaciones, la forma de pago y las demás condiciones de la operación, serán las convenidas y comunicadas a la sociedad por el socio transmitente.

Además, se establecen una serie de reglas adicionales:

  • - Si el pago de la totalidad o de parte del precio estuviera aplazado en el proyecto de transmisión, para la adquisición de las participaciones será requisito previo que una entidad de crédito garantice el pago del precio aplazado. 
  • - En los casos en que la transmisión proyectada fuera a título oneroso distinto de la compraventa o a título gratuito, el precio de adquisición será el fijado de común acuerdo por las partes y, en su defecto, el valor razonable de las participaciones el día en que se hubiera comunicado a la sociedad el propósito de transmitir. Se entenderá por valor razonable el que determine un auditor de cuentas, distinto al auditor de la sociedad, designado a tal efecto por los administradores de ésta.
  • - En los casos de aportación a sociedad anónima o comanditaria por acciones, se entenderá por valor real de las participaciones el que resulte del informe elaborado por el experto independiente nombrado por el registrador mercantil.

5.- Documentación de la transmisión; el documento público de transmisión debe otorgarse en el plazo de un mes a contar desde la comunicación por la sociedad de la identidad del adquirente o adquirentes. El incumplimiento de esta obligación de otorgar la escritura pública en el plazo legalmente previsto, tiene las siguientes consencias legales:

  • - En caso de incumplimiento de la sociedad, el socio titular de las participaciones queda liberado de su obligación sin necesidad de requerimiento previo.
  • - En caso de incumplimiento del socio, cabe plantearse si podrá exigirse por la sociedad el otorgamiento de escritura pública. Hay que tener en cuenta que, a salvo de cuanto puedan establecer los estatutos, la Ley sólo exige al socio transmitente la comunicación del proyecto de transmisión, a los fines de que la misma sea consentida por la sociedad, pero ello no constituye al socio en la obligación de aceptar la oferta de adquisición que debe trasladarle la sociedad para negarle dicho consentimiento.

En relación con el valor razonable de las participaciones, que menciona el 

art. 107.2 d) LSC

 , afirma la 

Res. DGRN de 15 noviembre 2016. Registro Mercantil

, que es el valor de mercado, sin bien, al no existir propiamente un mercado de participaciones sociales, dicho valor debe determinarse por aproximación, según la normativa contable.

No obstante, la norma establecida en el art. 107.2 d) LSC , tiene carácter subsidiario, sólo es aplicable a falta o por insuficiencia del régimen estatutario. Es en los estatutos donde la sociedad puede establecer las reglas para esta valoración, teniendo en cuenta que están sujetos a los límites generales derivados de las leyes y de los principios configuradores del tipo social elegido, así como a las limitaciones específicas establecidas en el art. 108 LSC .

Los límites dentro de los cuales han de quedar encuadradas las restricciones estatutarias a la transmisibilidad de las acciones cobran especial importancia respecto de la fijación del precio que los titulares del derecho de adquisición preferente en que tales restricciones se traducen han de satisfacer en caso de discrepancia sobre tal importe con el accionista afectado. En este extremo, debe admitirse la validez de la cláusula estatutaria siempre que, por asegurar al accionista la razonable posibilidad de transmitir sus acciones, no pueda entenderse que le convierta en una suerte de «prisionero de sus títulos» (Res. DGRN de 20 marzo 2001. Registro Mercantil). Así, una cláusula que por el sistema de fijación de dicho precio impida, prima facie, al accionista obtener el valor razonable de las acciones ha de reputarse nula conforme al art. 123.2 LSC en tanto en cuanto haga prácticamente intransmisible la acción. Éste es el sentido que, en consideración a su rango normativo, debe darse a la norma del art. 123.6 RRM y, por ende, no pueden proscribir los pactos que, amparados en la autonomía de la voluntad de los socios, no contradigan el mencionado precepto legal (Res. DGRN de 1 diciembre 2003. Registro Mercantil).

El art. 123.6 RRM establece que no podrán inscribirse las restricciones estatutarias que impidan al accionista obtener el valor real de las acciones. La Res. DGRN de 4 mayo 2005. Registro Mercantil, entendió que aunque el art. 188 RRM en relación con las participaciones de sociedades de responsabilidad limitada no recoja una prohibición como la que se establece en el art. 123.6 RRM para las sociedades anónimas, debe respetarse el principio de responder o buscar el valor real o el “valor razonable”, y de ahí la doctrina de la DGRN según la cual, el valor resultante del balance no puede equipararse al valor real, ni hoy en día al valor razonable, por cuanto la contabilización en el balance está sujeta a una serie de principios, tales como la prohibición de incluir determinados elementos como puede ser el fondo de comercio no adquirido a título oneroso, o la obligación de hacerlo con otros elementos esenciales del activo por el precio de adquisición, y en general el de prudencia que si impide la inclusión de beneficios potenciales obliga a hacerlo con las pérdidas y riesgos que tengan tal carácter y que si son lógicos en cuanto a otros fines de interés público, en especial la protección de los acreedores sociales, quiebran a la hora de proteger el derecho del socio a obtener el valor de su participación en la sociedad si se fija en atención de los datos contables. En la citada Res. DGRN de 4 mayo 2005. Registro Mercantil se pone de relieve que otra solución implicaría para el socio una prohibición indirecta de disponer sin las garantías establecidas en la Ley o la atribución de los demás socios de la facultad de obtener un enriquecimiento injusto o sin causa, contrario a uno de los principios generales que informan nuestro ordenamiento jurídico.

Entre las limitaciones legales no existe ninguna que prohíba pactar como precio o valor de las participaciones objeto del derecho de adquisición preferente el valor contable que resulte del último balance aprobado por la junta general.

En cuanto a las cláusulas estatutarias prohibidas, la STS de 1 marzo 2012 o la de 15 febrero 2012, afirman que la transmisión de participaciones sociales, bien que sujeta a ciertas restricciones está expresamente permitida por la norma que por el contrario, mira con disfavor las restricciones que las hagan prácticamente intransmisibles.

El art. 108.1 LSC dispone que serán nulas las cláusulas estatutarias que hagan prácticamente libre la transmisión voluntaria de las participaciones sociales por actos inter vivos, por lo que la compraventa o permuta de particiones sociales y su causa típica -la entrega de las participaciones (rectius, la transmisión de la titularidad de las participaciones) a cambio de un precio en dinero o en bienes-, no constituye per se causa ilícita determinante de su nulidad.

La prohibición del art. 108.1 LSC significa que los estatutos sociales no podrán ampliar la libertad de transmisión a otras personas no comprendidas en la relación del art. 107(socios, el cónyuge, ascendiente o descendiente del socio o de sociedades pertenecientes al mismo grupo que la transmitente). Esta característica es la que principalmente configura a la sociedad de responsabilidad limitada como una sociedad cerrada.

Son también nulas (art. 108.2 LSC ) las cláusulas estatutarias por las que el socio que ofrezca la totalidad o parte de sus participaciones quede obligado a transmitir un número diferente al de las ofrecidas. Se prohíbe así la obligatoriedad para el socio del ejercicio parcial del derecho de adquisición preferente, sin perjuicio de que, planteado éste, pueda el socio transmitente aceptar dicha oferta. Pero este precepto tiene un mayor alcance, cual es el de admitir, implícitamente, la previsión estatutaria de conferir un carácter irrevocable a la oferta de transmisión de participaciones. En cualquier caso, lo que no se impide es la posibilidad de que se establezcan restricciones que afecten de manera distinta a unas y otras participaciones (art. 188.1 RRM). En este caso, los estatutos deben dejar claro el régimen aplicable a cada grupo, identificando qué participaciones pertenecen a cada uno.

Se prohíben asimismo las cláusulas que impidan la transmisión voluntaria de las participaciones sociales por actos "inter vivos", con las excepciones siguientes (art. 108.3 LSC ):

  • - Que los estatutos reconozcan al socio el derecho a separarse de la sociedad en cualquier momento.
  • - Que dicha prohibición, o la imposibilidad de ejercitar el derecho de separación se establezcan durante un período de tiempo no superior a cinco años a contar desde la constitución de la sociedad, o para las participaciones procedentes de una ampliación de capital, desde el otorgamiento de la escritura pública de su ejecución.
  • Nada impide que la prohibición se establezca después de la constitución de la sociedad o de la ejecución de la ampliación de capital. Pero, en tal caso, debe respetarse el límite temporal señalado y el derecho de separación que se reconoce en beneficio del socio que no haya votado a favor del acuerdo.
  • En cualquier caso, la incorporación de estas cláusulas a los estatutos sociales exigirá el consentimiento de todos los socios.

Este régimen previsto en la LSC debe completarse con lo previsto en el art. 188.2 y 3 RRM :

  • - Cabe que la restricción consista en el reconocimiento de un derecho de adquisición preferente en favor de todos o de algunos de los socios o de terceros (determinados o determinables). Será necesario que se precise las transmisiones que generen esta preferencia, las condiciones de ejercicio del derecho y el plazo máximo para realizarlo.
  • - También es posible que la restricción consista en la imposición de una obligación para el socio de transmitir sus participaciones a los demás socios o a terceros determinados, siempre que concurran unas circunstancias que de forma clara y precisa se hallan dispuesto en estatutos.
  • STSJ Andalucía (Gra) Sala de lo Contencioso-Administrativo de 30 abril 2012

Publicado: 8 de Enero de 2018